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Sabbatella apuntó contra el proyecto Ficha Limpia: “Es una cortina de humo que busca la proscripción de Cristina”
Como ex titular de la AFSCA, el líder de Nuevo Encuentro vivió en carne propia el lawfare judicial-mediático. El también dos veces intendente de Morón, ahora alza su voz contra el intento de la ultraderecha de proscribir a Cristina Fernández de Kirchner.
Condenado por aplicar la Ley de Medios cuando encabezaba la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y crítico de la Ficha Limpia, Martín Sabbatella denuncia un sistema que combina poder judicial, medios y ajuste social. Su caso expone el doble rasero de la Justicia en la Argentina.
“Un sector putrefacto del poder judicial no puede digitar elecciones”
Martín Sabbatella, líder de Nuevo Encuentro (NE), definió la Ley de Ficha Limpia como «una cortina de humo para proscribir a Cristina Kirchner y ocultar la catástrofe social». En un comunicado sostuvo: «El Gobierno ve a Cristina como una amenaza a su plan de ajuste. Por eso buscan que un sector judicial corrupto decida quién puede competir». Su crítica se amplía al vincular la iniciativa con un esquema de persecución: «No combaten la corrupción; quieren una democracia débil para proteger privilegios».
Y la ironía no es menor: Sabbatella enfrenta una condena firme y “ejemplar” de lawfare por intentar que el Grupo Clarín cumpliera la Ley de Medios, ya que en octubre de 2024, la Corte Suprema confirmó su sentencia a seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos, bajo el cargo de «abuso de autoridad».
Lawfare en carne propia: la condena que expone alianzas judiciales-mediáticas
Cabe destacar que Sabbatella fue condenado por acciones realizadas en 2014, cuando era director de la AFSCA, por exigirle al Grupo Clarín adecuar su estructura a la Ley de Medios, aprobada por el Congreso en 2009, por amplia mayoría, y declarada constitucional en 2013. Para él, el fallo judicial es un castigo por desafiar al poder mediático: «Condenaron al funcionario que aplicó la ley, no a quienes la evadieron. Es un pacto entre Héctor Magnetto (dueño de Clarín) y un sector judicial macrista».
Nuevo Encuentro lo resumió en un comunicado: «Esta causa inventada busca disciplinar a quienes se enfrentan a las mafias enquistadas. Nunca seremos mascotas del poder». La sentencia, impulsada por el juez Claudio Bonadio, vinculado inequívocamente a casos de lawfare, fue ratificada por la Corte Suprema con los votos de Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti.
Ficha Limpia: otro eslabón en la cadena de proscripciones
Sabbatella también está en la mira de la Ley de Ficha Limpia. Según trascendió, el proyecto incluye inhabilitar a figuras con condenas en segunda instancia, como él, Cristina Kirchner y otros ex funcionarios kirchneristas. «Es una herramienta para borrar opositores mientras el 88% desconfía de la justicia», señaló, refiriéndose a estudios de la Universidad Torcuato Di Tella.
El dirigente subraya la selectividad del sistema: «Mientras a mí me condenan por aplicar una ley, los mismos jueces que validan la Ficha Limpia ignoran los delitos de Clarín o las causas contra Macri». Ejemplo de esto es que, en paralelo a su condena, un juez liberó a seis detenidos en los incendios de El Bolsón por falta de pruebas, evidenciando arbitrariedades judiciales .
El “Partido Judicial” y Clarín: una alianza estratégica
El dos veces intendente de Morón y también ex titular de Acumar, acusa al «Partido Judicial», término usado para describir jueces alineados con el macrismo y poderes económicos, de operar en simbiosis con Clarín. «Es una asociación para proteger monopolios y perseguir opositores», afirmó . Esta crítica se sostiene en hechos como la denuncia de Fernando Torrillate (exAFSCA): «La misma Corte que avaló la Ley de Medios en 2013 hoy castiga a quien la hizo cumplir».
El caso Sabbatella refleja un patrón: salvando las diferencias, ex funcionarios kirchneristas como Guillermo Moreno y Aníbal Fernández también enfrentaron condenas por decisiones tomadas en sus cargos, mientras figuras afines al macrismo rara vez son judicializadas.
Puntos clave de la denuncia de Sabbatella:
- Sabbatella fue condenado por aplicar la Ley de Medios a Clarín, en un fallo ratificado por la Corte Suprema.
- El líder de NE denunció que el proyecto “Ficha Limpia” busca inhabilitar opositores, articulando maniobras políticas y bajo el armado de causas digitadas por un desprestigiado Poder Judicial (Partido Judicial).
- Su caso paradójicamente ejemplifica el accionar del lawfare en la Argentina: condenas selectivas contra críticos del poder mediático-económico.
- El 88% de los argentinos desconfía de la imparcialidad judicial, según la UTDT.
- La doble vara judicial: la Ley de Medios, aunque constitucional, fue boicoteada judicialmente para proteger los intereses del Grupo Clarín.
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Morón
Narcofuncionaria en Morón: Ghi no fue a la interpelación y su enviado lo contradijo cuatro veces
El intendente de Morón evitó presentarse ante el Concejo Deliberante y delegó en su secretario de Seguridad la defensa por el escándalo de Luna Ortigoza, la exdirectora de Género prófuga con medio kilo de cocaína. El enviado contradijo al jefe comunal al menos cuatro veces y aprovechó la sesión para promocionar su propia figura.
Ghi mandó a Cardoso y él mismo lo hundió: cuatro contradicciones en la interpelación por la narcofuncionaria
★ El intendente de Morón, Lucas Ghi, no fue. En la sesión extraordinaria convocada para este jueves en el Concejo Deliberante por el escándalo de la exdirectora de Género Luna Suyai Ortigoza, prófuga desde el 21 de mayo tras el hallazgo de más de medio kilo de cocaína en su domicilio de Castelar Sur, el jefe comunal decidió no comparecer personalmente y delegar la tarea en su secretario de Seguridad, Damián Cardoso. La decisión no pasó inadvertida: todos los ediles que tomaron la palabra en el recinto lo señalaron con la misma frase: «Esperábamos a Lucas Ghi».
Lo que siguió fue una sesión de cuatro horas y media que, lejos de acotar el daño político, lo amplificó. Cardoso zigzagueó sobre la participación de su área en los operativos judiciales y policiales, se jactó de eficiencia en algunos momentos y tomó distancia en otros, y terminó contradiciendo a su propio jefe al menos en cuatro puntos centrales del relato oficial.
El comunicado de Ghi versus la versión de Cardoso
La primera contradicción emergió en el punto más sensible del caso: si el Municipio sabía o no de los allanamientos antes de que derivaran en el hallazgo de la droga en la casa de la funcionaria. Cuando el escándalo estalló, Ghi emitió un comunicado oficial en el que sostuvo que los procedimientos habían sido «impulsados desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana para combatir el delito en el distrito». La afirmación resultaba políticamente conveniente: sugería que el propio gobierno municipal había activado la operación.
Cardoso desmintió esa versión ante los concejales. El secretario de Seguridad aseguró que su área no tenía conocimiento previo de los operativos y que fue informada con posterioridad por la Unidad Fiscal de Investigación. El contrapunto no es menor: sobre Ortigoza pesa la sospecha, planteada por varios concejales durante la sesión, de que pudo haber sido alertada con anticipación sobre la realización de los allanamientos, lo que explicaría su fuga antes de que los efectivos llegaran a su domicilio.
«La nombró Ghi el 1° de febrero de 2020»
La segunda contradicción llegó cuando Cardoso refutó una frase que el propio intendente había utilizado públicamente para tomar distancia del caso. Ghi había dicho que Ortigoza «venía de otras gestiones», intentando así construir una distancia entre su administración y la funcionaria imputada. Cardoso lo desmintió con precisión: «La nombró el intendente Lucas Ghi el 1° de febrero de 2020″.
El dato se corrobora en el decreto de designación. Según fuentes consultadas por distintos medios, Ortigoza fue nombrada como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad en junio de 2025, aunque previamente había tenido pasos por el área de Salud del Municipio como empleada temporaria. Su madre, Silvina Ortigoza, se desempeña actualmente como directora de la UGC N° 5 de El Palomar.
Sin formación para el cargo y sin objeciones del oficialismo
La tercera contradicción alcanzó el terreno de las capacidades. Cardoso descartó que Ortigoza tuviera la formación adecuada para desempeñarse en políticas de Género, una afirmación que contradice directamente la decisión del oficialismo de designarla en ese puesto. La pregunta que quedó flotando en el recinto es cómo alguien sin la idoneidad para el cargo llegó a conducir un área de alta sensibilidad territorial durante años sin que nadie en la administración lo advirtiera, o sin que, si lo advirtió, actuara en consecuencia.
El debate «perfecto» que nadie del luquismo esperaba
La cuarta contradicción fue de orden político. En los días previos a la sesión, el entorno del intendente había denunciado públicamente que la interpelación era un intento de desestabilización, una maniobra opositora para debilitar a Ghi de cara a 2027. Cardoso, ante los concejales, bajó esa tensión con una frase que dejó descolocados a varios ediles del propio oficialismo: «Me parece perfecto el debate y el intercambio respetuoso con los concejales que tienen derecho a recibir las explicaciones pertinentes».
El contexto político: ruptura con Sabbatella y crisis acumulada
La interpelación se realizó en un contexto de creciente erosión institucional para la gestión de Ghi. El caso Ortigoza no es el primero que sacude al municipio: en febrero de este año fue detenida Karen Yael Cufré, empleada del centro de monitoreo de la Secretaría de Seguridad, acusada de integrar una banda dedicada a extorsiones digitales vinculada al suicidio del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, ocurrido en la Quinta Presidencial de Olivos en diciembre de 2025. Los propios concejales que impulsaron la interpelación lo consignaron en el texto del decreto: Morón atravesó «en menos de un año, de tener extorsionadoras infiltradas en el área encargada de cuidarnos a tener funcionarias de alta jerarquía, con firma, poder político y manejo de recursos, prófugas y sospechadas de integrar bandas dedicadas al narcotráfico».
La votación que habilitó la interpelación (16 a 8) reflejó además la fractura del peronismo local. Los concejales del bloque de Nuevo Encuentro, que responden a Martín Sabbatella, votaron junto con la oposición contra el oficialismo ghista, consolidando una ruptura que el propio Ghi cuando eligió distanciarse de su antecesor y ex socio político.
Cardoso, entre la derecha y la autopromoción
Lejos de limitarse a defender al intendente, Cardoso dedicó una porción considerable de su presentación a publicitarse a sí mismo y a su área. Aprovechó la sesión para proponer la creación de una policía local y, para sorpresa de varios ediles del bloque oficialista, destacó como modelos de gestión de seguridad a los municipios de San Miguel (Juntos por el Cambio) y Tres de Febrero (La Libertad Avanza).
El perfil político de Cardoso tiene antecedentes propios: fue diputado provincial por Unión PRO entre 2007 y 2011 y exhibe una línea punitivista en materia de seguridad. Está asociado, en la ONG Control Ciudadano, al empresario Ariel Diwan, principal dirigente de La Libertad Avanza en Morón.
La conclusión que circuló en los pasillos del HCD al cierre de la sesión fue unánime: Cardoso no fue a defender a Ghi, fue a defender a Cardoso.
Puntos clave
- El intendente Lucas Ghi no se presentó a la interpelación del Concejo Deliberante de Morón y delegó en el secretario de Seguridad, Damián Cardoso.
- Cardoso contradijo al propio Ghi al menos cuatro veces: sobre el conocimiento previo de los allanamientos, el origen de la designación de Ortigoza, su idoneidad para el cargo y la legitimidad del debate legislativo.
- Luna Suyai Ortigoza permanece prófuga desde el 21 de mayo con una orden de captura vigente; en su domicilio se secuestraron 509 gramos de cocaína.
- El caso se suma al de Karen Cufré, exempleada municipal detenida por integrar una banda de extorsionadores vinculada al suicidio del soldado Rodrigo Gómez.
- La interpelación se aprobó 16 a 8 con el voto del sabbatellismo junto a la oposición, evidenciando la fractura del peronismo en Morón.
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