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El PJ denunció proscripción y apuntó a la Corte: “Esto no es un fallo, es un acto político”

El partido justicialista rechazó el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la sentencia en la Causa Vialidad. Lo consideró un intento de proscripción y llamó a enfrentar el modelo económico vigente.

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El Partido Justicialista repudió este martes el fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena a seis años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. En un comunicado firmado por el Consejo Nacional, el partido calificó la decisión judicial como “un acto político de carácter antidemocrático” y advirtió sobre las consecuencias institucionales del fallo.

“Reviste un nivel inédito de gravedad institucional. No estamos frente a un fallo judicial, sino frente a un acto político”, expresó el texto. Para el PJ, el objetivo de fondo fue “ponerle voto al cepo popular” y limitar la participación electoral de una de las figuras centrales del peronismo.

La declaración no se limitó al cuestionamiento legal: trazó un paralelismo histórico con los ciclos de proscripción del movimiento. “Nuestro partido conoce de proscripciones, detenciones ilegales, fusilamientos, bombardeos y desaparecidos. No será la primera vez que el poder económico intente resolver de manera ilegal, irregular y anticonstitucionalista su problema principal: el peronismo”, afirmó el documento.

Una condena con impacto político inmediato

El fallo confirmado por la Corte dejó firme la condena dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2, que sentenció a la ex presidenta por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La decisión judicial no está firme respecto a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dado que esa parte aún puede ser revisada por la Corte. Sin embargo, el efecto político ya generó reacciones en cadena.

La dirigencia del PJ nacional sostuvo que la sentencia “daña profundamente la credibilidad de las instituciones argentinas” y consideró que debería ser repudiada por todas las fuerzas democráticas. También convocó a su militancia y a sectores sociales a “pelear” contra “la Argentina de la proscripción”.

“Convocamos a quienes creen que hay una alternativa a este modelo económico y a todos los argentinos y argentinas que creen en el derecho de nuestro pueblo a elegir a sus representantes”, concluyó el comunicado, dejando entrever un llamado a la acción política frente al contexto judicial.

Reacciones divididas y clima preelectoral

La declaración del PJ se produjo en un clima de creciente tensión entre el oficialismo y la Corte Suprema. La Casa Rosada evitó pronunciarse de forma oficial, aunque varios dirigentes del peronismo respaldaron el texto difundido por el partido. Entre ellos se expresaron públicamente Axel Kicillof, Máximo Kirchner y referentes de la agrupación La Cámpora.

En cambio, desde el oficialismo libertario y Juntos por el Cambio, celebraron la ratificación judicial como un gesto de “independencia de poderes” y “fortalecimiento institucional”. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que “la Justicia actuó con pruebas y no con discursos”.

Cristina Kirchner, por su parte, no habló públicamente tras conocerse la ratificación, aunque en reiteradas oportunidades denunció que la causa tuvo “motivaciones políticas” y forma parte de una estrategia de lawfare para excluirla del escenario electoral.

Un antecedente que reabre el debate sobre la proscripción

El fallo de la Corte Suprema reactivó el debate sobre la utilización de la Justicia como herramienta para condicionar la representación política. El peronismo ya había utilizado la consigna “proscripción” durante las elecciones de 2023, cuando CFK anunció que no sería candidata pese a las presiones internas. Ahora, con la sentencia firme, el tema volvió al centro de la escena.

Varios constitucionalistas cuestionaron la oportunidad del fallo y advirtieron sobre el deterioro de la legitimidad institucional del máximo tribunal. “Es grave que la Corte intervenga en un expediente con implicancias políticas tan evidentes sin resguardar las formas ni los tiempos”, sostuvo el jurista Eduardo Barcesat en diálogo con Página 12.

Para el PJ, la condena no sólo busca eliminar a una dirigente, sino disciplinar a un proyecto político con vocación popular. La advertencia no parece dirigida sólo a sus militantes, sino a todo el sistema democrático.

Cultura

Más destrucción de Milei: buscan derogar la Ley que protege a las librerías

Un anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado propone eliminar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera. Libreros, editoriales y entidades del sector alertaron que la medida favorecería la concentración del mercado, pondría en riesgo a las librerías independientes y afectaría la bibliodiversidad en la Argentina.

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El Gobierno nacional impulsa un anteproyecto para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y la iniciativa encendió las alarmas en toda la cadena del libro. Desde editoriales, librerías independientes y cámaras del sector advirtieron que la eliminación de la norma favorecería la concentración del mercado, reduciría la oferta editorial y pondría en riesgo cientos de comercios dedicados a la venta de libros en todo el país.

La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y apunta a eliminar una legislación vigente desde hace más de dos décadas que establece el precio único de venta al público para los libros.

Qué establece la Ley de Defensa de la Actividad Librera

La Ley 25.542, sancionada en 2001 y vigente desde 2002, obliga a que cada libro tenga el mismo precio de venta en cualquier librería del país, independientemente del canal comercial donde se adquiera.

La norma contempla excepciones para determinadas operaciones, como descuentos de hasta el 10% durante ferias del libro o ventas a bibliotecas e instituciones culturales, y rebajas de hasta el 50% para compras destinadas a programas públicos de distribución gratuita. También excluye a libros usados, de colección, artesanales, descatalogados o importados a precio de saldo.

El objetivo de la ley fue evitar que grandes cadenas comerciales o plataformas con mayor poder económico utilicen los libros como producto de atracción mediante descuentos imposibles de igualar para las librerías independientes.

El sector advirtió por el impacto de la derogación

La posible eliminación de la norma recibió un amplio rechazo de las principales entidades vinculadas al mundo editorial.

Desde la Cámara Argentina del Libro (CAL) sostuvieron que el precio único «es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado», además de garantizar el acceso federal a la lectura y preservar la bibliodiversidad.

En la misma línea, la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI) consideró que la iniciativa constituye «un ataque contra la cultura» y remarcó que cada librería representa un espacio de encuentro, promoción de nuevos autores y desarrollo de la industria editorial.

La Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, también expresó su preocupación y afirmó que la legislación permitió sostener durante más de veinte años una amplia red de librerías independientes en todo el territorio nacional, reconocida internacionalmente por su diversidad y alcance.

Advierten por el futuro de las librerías de barrio

Libreros de distintas provincias coincidieron en que la derogación pondría en desventaja a los comercios independientes frente a las grandes cadenas y plataformas de venta online.

María Eugenia Ajamil, responsable de Boutique del Libro de Ushuaia, sostuvo que la normativa permitió que libros de editoriales pequeñas llegaran a todos los rincones del país y alertó que, sin esa protección, «solo sobrevivirán los títulos más rentables».

En el mismo sentido, Giselle Ale, titular de Fray Mocho y Libros de la Arena, de Mar del Plata, recordó que la ley «no le cuesta un peso al Estado» y aseguró que garantiza condiciones equitativas de competencia entre librerías independientes, cadenas comerciales y plataformas digitales.

Desde el sector también remarcaron que la experiencia internacional muestra que, en los países donde se eliminó el precio único del libro, desaparecieron numerosas librerías independientes y el mercado quedó concentrado en pocos actores, con una oferta editorial más reducida y menos espacio para autores emergentes y editoriales de menor escala.

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