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Furiase en la mira: crédito VIP del BNA, tercera casa y un conflicto de interés difícil de tapar

La lista de beneficiados alcanza a 25 funcionarios y legisladores del oficialismo que acumularon financiamiento por 6.500 millones de pesos. Los hombres del Ministerio de Economía entre los más beneficiados.

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Festival de créditos libertarios: los hombres de Caputo entre los más beneficiados

★ El secretario de Finanzas, Federico Furiase, quedó en el centro del escándalo por el uso de un crédito hipotecario del Banco Nación para adquirir una propiedad valuada en 300.000 dólares en un country de Pilar, mientras ejercía como director del Banco Central. La lista de beneficiados alcanza a 25 funcionarios y legisladores del oficialismo que acumularon financiamiento por 6.500 millones de pesos.

La nómina de funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza que ingresaron al festival de créditos VIP del Banco de la Nación Argentina todavía no está cerrada. Según reveló el periodista Alejandro Bercovich y ratificó la diputada nacional Mónica Frade en sede judicial, al menos 25 miembros del oficialismo recibieron financiamiento hipotecario por un total de 6.500 millones de pesos, en un período en que el propio Gobierno denostaba a la banca pública y trabajaba activamente en su privatización.

Entre esos 25 beneficiarios figuran siete integrantes del equipo económico del ministro Luis «Toto» Caputo, diez diputados del bloque oficialista o aliados, dos funcionarios de la Presidencia, dos de Capital Humano, uno de Jefatura de Gabinete, uno de Defensa, un director de YPF y el sobrino del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En varios casos, los créditos no se usaron para adquirir una primera vivienda, sino para comprar casas de fin de semana.

El caso más complicado: Furiase y la propiedad en Los Pilares

El que acumula más flancos expuestos es Federico Furiase, secretario de Finanzas del Ministerio de Economía. Furiase recibió 367 millones de pesos del Banco Nación y, según el informe periodístico de Bercovich incorporado a la causa judicial, habría destinado ese dinero a adquirir una tercera propiedad: una casa de 200 metros cubiertos sobre un terreno de 880 metros cuadrados con pileta, valuada en 300.000 dólares, ubicada en el country Los Pilares, en la localidad de Pilar.

La línea crediticia está destinada a segundas viviendas. Si la operación corresponde a una tercera propiedad, el funcionario habría accedido a un crédito para el que no calificaba. La diputada Frade incorporó ese elemento a la causa que tramita la jueza María Eugenia Capuchetti.

Pero hay más. La solicitud del crédito fue realizada el 24 de julio de 2024 y, a mediados de agosto, la vivienda ya estaba escriturada. Un trámite que habitualmente demora alrededor de seis meses se resolvió en pocas semanas, en lo que la oposición calificó como un tiempo récord difícil de explicar.

El otro eje del problema es el conflicto de interés: al momento de tramitar el crédito, Furiase era director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el organismo regulador del sistema financiero y fijador de las tasas que inciden directamente sobre los préstamos hipotecarios. «Ahí hay negociaciones incompatibles. No solo tenía información privilegiada, sino que participaba de las decisiones. Son los que fijan las tasas del financiamiento», explicó la diputada Frade al ampliar la denuncia. Las acusaciones incluyen conflicto de intereses, abuso de autoridad, administración fraudulenta y tráfico de influencias.

La defensa de Furiase fue detallada pero inconsistente. El funcionario argumentó que no posee tres inmuebles porque uno de ellos es una donación de derechos de usufructo de sus padres, de la que le corresponde el 33 por ciento. «No se toma como una vivienda. Y no vivo ahí desde 2010», justificó.

Inchauspe, Núñez y el equipo económico

En el mismo cuadrante se ubican otros dos funcionarios del área económica. Pedro Inchauspe, también miembro del Banco Central, obtuvo 510 millones de pesos. Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor de Caputo, accedió a 373 millones de pesos. Entre los tres acumularon 1.250 millones de pesos en créditos del banco público.

Núñez eligió el programa de streaming Carajo para dar la cara y justificarse con la frase que se volvió símbolo del escándalo: «No hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino». La ironía del argumento no pasó desapercibida: el mismo Núñez había definido en el pasado al Banco Nación como «una cueva de acomodados políticos que solo sirve para timbear los ahorros de la gente».

Los hombres de Caputo en el Ministerio de Economía

El Ministerio de Economía aporta cuatro nombres adicionales. El más destacado es Felipe Berón, subsecretario de Servicios Financieros y hombre de extrema confianza de Luis Caputo, con quien compartió trabajo en la financiera Anker. Berón recibió 362 millones de pesos. Lo acompañan Juan Manuel Garzón, subsecretario de Programación Microeconómica, con 180 millones; Javier Matías Mana, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, con 242 millones; y Federico Ramos Nápoli, secretario de Asuntos Nucleares, con 197 millones. Entre los cuatro suman más de 980 millones de pesos.

Sharif Menem y la diputada embargada

Dos casos resaltan por razones distintas. Sharif Menem, de 24 años, sobrino del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, consiguió su primer trabajo registrado en esa misma Cámara por gestión de su tío. A pesar de contar con un cargo transitorio, obtuvo un préstamo de 357 millones de pesos. «Es un niño con un sueldo de 2 millones y medio de pesos. No conozco ningún joven de esa edad que califique para eso», cuestionó la diputada Frade.

El caso de la diputada Lorena Villaverde llama la atención por otro motivo. El crédito del Banco Nación le fue otorgado luego de que una sucursal en Cipolletti (Río Negro) le rechazara la solicitud porque tenía un embargo y un procesamiento en una causa por estafa, vinculada a la sobreventa de lotes en Las Grutas por una medida judicial de 31 millones de pesos.

«Desde la central alguien levantó un teléfono y se lo aprobaron», relató el diputado nacional Esteban Paulón, quien realizó un pedido de acceso a la información pública al Banco Central y al Banco Nación para conocer el marco regulatorio de los otorgamientos. Hasta la fecha, el Gobierno no respondió al requerimiento. En el historial de Villaverde también figuran, según fuentes periodísticas, presuntos vínculos con Claudio «Lechuga» Ciccarelli, primo del empresario Federico «Fred» Machado, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.

Las denuncias judiciales y la auditoría interna

El escándalo tiene estado judicial con dos frentes abiertos. La presentación de la diputada Frade, que será ratificada el próximo miércoles, apunta específicamente a Furiase, Núñez, Inchauspe, Sharif Menem y Villaverde. El expediente tramita ante la jueza Capuchetti.

La segunda denuncia la efectuó el abogado Alejandro Díaz Pascual por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública. El expediente recayó primero en el juzgado del juez Daniel Rafecas y fue luego derivado al del juez Ariel Lijo, quien acumula así causas sensibles para la Casa Rosada, entre ellas la sospechosa evolución patrimonial del portavoz presidencial Manuel Adorni.

Para intentar hacer control de daños, el Gobierno ordenó una auditoría interna sobre más de 40 personas políticamente expuestas. Según su relato oficial, todos los préstamos fueron correctamente otorgados, y prometió poner los resultados a disposición de la Justicia.

Caputo y Milei al frente de la defensa

Con la vocería presidencial clausurada por las investigaciones sobre el inexplicable enriquecimiento de Manuel Adorni, como informó este medio, los que salieron al frente fueron el presidente Javier Milei y el ministro Caputo. Las explicaciones generaron más confusión que certezas.

«¿Haber tomado ese crédito mató gente?», fue la extraña defensa del presidente. «No hubo nada ilegal ni inmoral. Eran una mega oportunidad», completó Caputo, sin tener en cuenta que el 90 por ciento de los argentinos percibe ingresos inferiores a 2 millones de pesos y no puede acceder a ningún préstamo hipotecario.

La paradoja es difícil de ocultar: el mismo Gobierno que predica contra el Estado y trabaja por la privatización del Banco Nación usó ese banco para financiar las viviendas de su propia dirigencia, en condiciones que el ciudadano común difícilmente pueda replicar.

Puntos clave:

  • 25 funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza y aliados recibieron créditos del Banco Nación por 6.500 millones de pesos en total.
  • Federico Furiase (secretario de Finanzas) obtuvo 367 millones mientras era director del BCRA; se investiga si destinó el dinero a una tercera vivienda en un country de Pilar valuada en 300.000 dólares.
  • Pedro Inchauspe (BCRA) accedió a 510 millones y Felipe Núñez (BICE) a 373 millones; entre los tres hombres del equipo económico suman 1.250 millones de pesos.
  • La diputada Mónica Frade amplió la denuncia judicial ante la jueza Capuchetti; una segunda denuncia tramita ante el juez Ariel Lijo.
  • El Gobierno ordenó una auditoría interna y asegura que todos los préstamos fueron otorgados correctamente, mientras el Banco Nación niega haber dado trato preferencial.

Denuncia

Viales presentaron denuncia penal contra Milei por el manejo de fondos jubilatorios

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Nación Argentina (STVyARA) presentó una denuncia penal ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas contra el presidente Milei y funcionarios por la presunta apropiación de fondos de la seguridad social canalizados hacia instrumentos privados bajo control de la CNV, en lo que el gremio califica como un retorno al esquema de las AFJP.

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El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Nación Argentina (STVyARA) presentó una denuncia penal ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) contra el presidente Javier Milei y sus funcionarios por el «presunto manejo irregular de fondos» de la Seguridad Social. La acción fue registrada bajo el número 204/2026 y fue llevada adelante por la secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, con la representación del abogado Eduardo Barcesat.

Los cargos y la acusación

En la presentación, el sindicato solicita la investigación de posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en concurso con administración fraudulenta. La denuncia apunta a la «presunta apropiación de fondos de la seguridad social para su inversión en el ámbito privado», los que habrían sido canalizados hacia instrumentos bajo control de la Comisión Nacional de Valores (CNV), un organismo ajeno al sistema de seguridad social y al régimen solidario de reparto que sostiene las jubilaciones de los trabajadores.

El STVyARA advirtió que esta situación representa «un retroceso hacia esquemas similares a los implementados durante el régimen de las AFJP«, que en su momento provocaron «perjuicios económicos» a los trabajadores y solo «benefició a las entidades financieras».

El alcance de la denuncia

La acción penal también comprende a funcionarios del ámbito político y administrativo que «participaron en la elaboración» del proyecto de la Ley de Modernización Laboral, así como a los legisladores nacionales que votaron a favor de la sanción de la Ley Nº 27.802. El escrito señala, además, la presunta vulneración del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el carácter integral e irrenunciable de la seguridad social.

El gremio también invocó tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establecen la protección de los derechos laborales bajo los principios de «dignidad, progresividad y no regresión». Desde el STVyARA sostuvieron que «las medidas cuestionadas implican un retroceso en materia de derechos sociales», en contraposición con los estándares de la jurisprudencia nacional e internacional.

Puntos clave

  • El STVyARA denunció penalmente a Milei ante la PIA (Nº 204/2026) por el «presunto manejo irregular de fondos» de la Seguridad Social.
  • La acusación incluye violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y administración fraudulenta.
  • Los fondos habrían sido canalizados hacia instrumentos privados bajo control de la CNV, en un esquema que el gremio equipara al de las AFJP.
  • La denuncia alcanza también a funcionarios y legisladores que participaron de la sanción de la Ley Nº 27.802.
  • El sindicato invocó el art. 14 bis de la Constitución y convenios de la OIT en defensa del régimen solidario de reparto.
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