El Frente de Todos buscará acelerar los trámites para impulsar el juicio político del procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, en una de las derivaciones del escándalo originado tras la difusión del video en el cual -el por entonces ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal- Marcelo Villegas, hablaba de una «Gestapo» para «terminar con los gremios».

En la Legislatura, a diferencia de lo que ocurrió en el debate sobre la reelección de intendentes, -en el que la coalición opositora votó partida- en la defensa del procurador Conte Grand se muestra unificada. El macrismo acusó al FdT de «intentar desestabilizar y forzar la renuncia» del titular del Ministerio Público bonaerense.

Conte Grand ya fue citado para el martes 18 de enero por la subcomisión de la Bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia que se creó para investigar la operatoria de ‘pre-armado’ de causas judiciales contra gremialistas con participación de ex espías de la AFI, funcionarios y representantes del Poder Judicial.

Los legisladores del oficialismo quieren preguntarle por los dichos de Villegas que se escuchan en la grabación de video hallada en un disco de archivo de la AFI, en particular por una expresión del ex ministro de Trabajo en una reunión del año 2017 en la que aseguraba haber chequeado «con la Procuración, con la fiscalía, con el juez» sobre la conveniencia de «pre-constituir» denuncias judiciales contra líderes de sindicatos.

Para avanzar con el juicio político a Conte Grand, el FdT necesita 18 votos adicionales a los que ya tiene en la Cámara de Diputados provincial y, de ese modo, alcanzar el número mínimo que se requiere para tratar el pedido sobre tablas: esto es, necesita una mayoría compuesta por los dos tercios del cuerpo.

En tanto, el Senado bonaerense se reunirá el martes próximo para responder lo pedido por el Juzgado Federal de La Plata que encabeza Ernesto Kreplak, quien hace cuatro días solicitó el allanamiento de las oficinas del senador provincial Juan Pablo Allan, del bloque de Juntos, electo por la octava sección electoral (que comprende a la capital bonaerense) y un hombre cercano al intendente local, Julio Garro.

Tanto Allan como el propio Garro estuvieron presentes en la reunión de 2017 que se celebró en una sede porteña del Banco Provincia en la que el ex ministro bonaerense Villegas analizaba cómo pre-armar causas contra gremialistas, sobre todo al ex titular de la UOCRA platense, Juan Pablo «Pata» Medina.

Esa reunión fue registrada por una cámara y la grabación almacenada en un disco que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunció haber hallado entre material en desuso de la ex SIDE, para luego hacer una presentación en la Justicia Federal de La Plata una vez que comprobó de qué trataba el contenido.

En la filmación se ven a tres funcionarios de jerarquía de la agencia de inteligencia en tiempos de Cambiemos, Darío Biorci, Juan Sebastián De Stefano y Diego Dalmau Pereyra.

En el caso del allanamiento a las oficinas del diputado Allan, el propio legislador ya se había puesto a disposición del juez Kreplak y es probable que se habilite el acceso judicial a su despacho, lo que primero debe ser votado formalmente por el Senado bonaerense.

LA RESPONSABILIDAD DE VIDAL

En el plano político, la ex gobernadora María Eugenia Vidal rompió -hace dos días- el largo silencio que se había impuesto tras la difusión del video que captó lo que se conversó en la reunión, como de sus derivaciones judiciales y políticas.

«En mi Gobierno no hubo ni Mesa Judicial ni causas armadas ni a sindicalistas ni a nadie. Todos aquellos que hoy se invocan como perseguidos fueron investigados por la Justicia, no por mi Gobierno; con pruebas claras y concluyentes», señaló para defenderse.

En cuanto a la frase de Villegas sobre la necesidad de una «Gestapo» que actúe contra los gremios, Vidal la consideró «repudiable e injustificable», aunque dijo que «no constituye delito», y recordó que el ex funcionario «pidió disculpas, no solo públicamente, sino que llamó a los presidentes de distintas entidades judías para pedir disculpas en privado y personalmente».

LA VERSIÓN DEL PRO

A través de un comunicado de ribetes insólitos, el partido fundado por Mauricio Macri atribuyó la saga de revelaciones a «otra operación judicial del Frente de Todos con el fin de deslegitimar la lucha contra las mafias que impulsó el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia».

Llamativamente, las demás fuerzas de la coalición opositora -la UCR, la Coalición Cívica- prefirieron el silencio y evitaron pronunciarse sobre un hecho incómodo.

Acaso una excepción fue la diputada Margarita Stolbizer, quien remarcó que «es necesaria una investigación hasta las últimas consecuencias», para «esclarecer» el episodio y «determinar responsabilidades», aunque en paralelo hizo equilibrio al definir a Vidal como una «víctima de las cuestiones de espionaje durante el gobierno de (Mauricio) Macri».

Mientras observan los cruces internos de la oposición, en el oficialismo proyectan avanzar judicialmente sobre la responsabilidad de Conte Grand al tiempo que descreen de los planteos que esboza Vidal para mostrarse ajena al escándalo.

Caamaño, la interventora de la AFI, lo resumió así: «Me parece que la couchearon durante diez días para que salga ayer (por el jueves) nuevamente, como nos tienen acostumbrados los de Juntos por el Cambio a negar y tergiversar todas las cosas», señaló en declaraciones a Télam.