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CABA S.A.: «De a poco van despojándonos de calidad de vida»

Advierten que los proyectos inmobiliarios del Gobierno porteño promueven «que los desarrolladores propongan negocios inmobiliarios con mayor capacidad constructiva que la permitida a cambio de dinero».

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Los proyectos arquitectónicos habilitados por la Legislatura porteña, impulsadas por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, «van quitando calidad de vida de manera paulatina» y tendrán un impacto negativo para la Ciudad en, al menos, las dimensiones jurídica, urbana, ambiental y social, según Bárbara Rossen, del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas.

«Se está perdiendo la seguridad jurídica. En 2018, la Legislatura aprobó el Código Urbanístico alegando previsibilidad morfológica, es decir que todos sepamos la altura de cada área ambiental. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad promueve y fomenta incumplir el marco jurídico«, dijo la arquitecta en diálogo con Télam.

La especialista indicó que «se encuentra vigente un código urbanístico que establece la capacidad constructiva y los usos de cada distrito», pero «el Gobierno de la Ciudad está promoviendo que los desarrolladores propongan negocios inmobiliarios con mayor capacidad constructiva que la permitida a cambio de dinero» y «esa disfunción morfológica la padecen los vecinos linderos», advirtió.

La semana pasada, Juntos por el Cambio, el interbloque oficialista en la Legislatura porteña, logró aprobar cuatro proyectos inmobiliarios del Poder Ejecutivo, entre ellos un expediente que contiene 10 convenios urbanísticos con empresas privadas para construir torres con más altura de lo permitido en parcelas de varios barrios.

Además, los diputados sancionaron un «régimen especial de regularización» de obras que fueron realizadas en contravención del Código Urbanístico y de Edificación, que permitirá legalizarlas a través del pago de una multa.

En la misma sesión, también votaron la habilitación para construir edificios privados en los predios ribereños Costa Salguero y Punta Carrasco, que pertenecen al Estado local, y un acuerdo con la empresa IRSA para que esta firma inmobiliaria construya un nuevo barrio, «Costa Urbana», en la ex Ciudad Deportiva de Boca, que tiene 71 hectáreas, también se encuentra sobre el Río de la Plata y estaba habilitada sólo para «equipamiento deportivo».

Sobre Costa Salguero, la especialista afirmó que «se vulnera además la Constitución de la Ciudad, que dice que la costa tiene que ser pública y de libre acceso».

«Los espacios públicos nos permiten una mejor calidad de vida a todos, sin distinción de clases sociales, edades, géneros. Todo proyecto que nos vaya quitando el contacto con la naturaleza nos perjudica«, añadió.

«De a poco van despojándonos de calidad de vida, pero no podemos acostumbrarnos, tenemos que salir de esta inercia donde el mercado fija la pauta de cómo tiene que ser la ciudad. El rol del Estado es ponerse firme y encausar al mercado de manera que le convenga a la mayoría. Gobernar es defender el bien común, no gestionar negocios«, sostuvo.

Sobre los efectos urbanísticos de este paquete de proyectos, advirtió que «la cantidad de metros cuadrados que van a construirse» requerirán «una infraestructura muy cara» que terminarán pagando «todos los vecinos» que tienen «otras necesidades, como la de terminar las obras de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo». «Sin embargo, están priorizando hacer infraestructura para viviendas de lujo: obras que no necesitamos con recursos que no tenemos«, agregó.

El proyecto Costa Urbana es promocionado por IRSA como un barrio de «perfil residencial» que «levantará el nivel general del área». Cercano a Puerto Madero y con capacidad para unas 6.000 viviendas, el nuevo barrio tendrá también «tiendas, oficinas, hoteles, clubes deportivos y de yates», anuncia la empresa en su sitio web.

En referencia a Costa Urbana, la arquitecta alertó que «las áreas ribereñas son frágiles al cambio climático», ya que son zonas de «amortiguación entre el paisaje natural y el paisaje artificial de la ciudad, y esta masa construida sobre el borde del río genera perjuicios ambientales relacionados con el escurrimiento de las aguas de lluvia y el aumento del efecto isla de calor».

Sobre las consecuencias de este emprendimiento desde el punto de vista social, explicó que «la cantidad de metros cuadrados que se construyen para hacer viviendas de lujo no resuelven el problema del hábitat digno, porque se convierten en reserva de valor para grupos económicos y terminan alterando el valor del metro cuadrado en la ciudad«. «Como consecuencia, impactan en la dificultad del acceso a la vivienda: aumentan los alquileres y la dificultad para comprar una primera vivienda«, concluyó Rossen.

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Ciudades inteligentes sin política laboral: el vacío que dejó el congreso de intendentes en CABA

Casi 300 gobiernos locales y 82 intendentes de distintas provincias se reunieron en la Usina del Arte para debatir inteligencia artificial, transformación digital y su impacto en el trabajo. Jorge Macri advirtió que la IA va a plantear ganadores y perdedores y reclamó que los gobiernos garanticen que la mayoría de la sociedad quede del lado de los beneficiados.

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Jorge Macri admitió que la IA creará ganadores y perdedores; nadie explicó quién protegerá a los segundos.

La primera edición de URBAN CITIES Buenos Aires 2026, el Congreso Federal de Ciudades Inteligentes, reunió este miércoles en la Usina del Arte, en el barrio de La Boca, a representantes de casi 300 municipios y a 82 intendentes de todo el país para discutir uno de los desafíos más urgentes de la gestión pública contemporánea: cómo incorporar la inteligencia artificial a los servicios del Estado sin que esa transformación profundice las desigualdades existentes en el mercado laboral y en el acceso a la educación.

El evento fue organizado por la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional del Gobierno de la Ciudad, encabezada por César Torres. La apertura estuvo a cargo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien planteó el eje político del encuentro con una frase que sintetiza la tensión de fondo: «Estamos frente a una revolución tecnológica y nuestro desafío es que la mayoría de la sociedad esté del lado de los ganadores».

La IA ya modificó el mercado laboral; la pregunta es quién paga el costo

Macri puso sobre la mesa una preocupación que los datos ya respaldan con crudeza. Un relevamiento publicado meses atrás por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA), con asesoría de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estableció que el 67% del empleo porteño tiene algún grado de exposición a la inteligencia artificial generativa, con un índice de 0,353 que supera al de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Las ocupaciones más afectadas son precisamente las más numerosas del distrito: empleados administrativos, contables, de atención al público y profesionales de TIC.

En ese contexto, el jefe de Gobierno reconoció que una parte importante de quienes integran hoy el mercado laboral se formó en un mundo analógico y debe adaptarse a herramientas que cambian a una velocidad que los sistemas educativos no pueden seguir. «La IA va a plantear ganadores y perdedores», admitió, y llamó a que los gobiernos asuman ese desafío sin naturalizarlo. El planteo, sin embargo, no vino acompañado de ninguna medida concreta de protección para los sectores laborales más vulnerables a la automatización.

La tensión entre el discurso de la oportunidad tecnológica y la ausencia de políticas activas de reconversión laboral fue la que atravesó, de manera implícita, toda la jornada. Hablar de ciudades inteligentes sin debatir quién financia la transición y quién carga con sus costos es, en el mejor de los casos, una omisión; en el peor, una decisión política.

La educación, entre el discurso y la contradicción

Macri también colocó el problema educativo en el centro del debate. «En las escuelas hay chicos estudiando para trabajos que hoy no existen», afirmó, y señaló que la formación no puede concebirse como una etapa que cierra con el egreso escolar o universitario: «Necesitamos que los ciudadanos sigamos aprendiendo a lo largo de la vida».

La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, también expuso en el congreso. Su presencia tiene una lectura política específica: el gobierno de Macri incorporó el uso de inteligencia artificial como contenido obligatorio en la escuela primaria porteña, con un anexo curricular elaborado, según trascendió, con herramientas de IA generativa. La apuesta plantea preguntas abiertas sobre cómo se garantiza la equidad en el acceso a esas herramientas en un sistema educativo con brechas tecnológicas notorias entre escuelas.

Un mapa federal con lecturas cruzadas

La convocatoria tuvo un componente político que no pasó desapercibido: reunió a intendentes de distintos partidos y provincias bajo la conducción del gobierno porteño. Entre los presentes se contaron Julio Alak, intendente de La Plata; Daniel Passerini, de Córdoba; Soledad Martínez, de Vicente López; Rodrigo Aybar, de Tres de Febrero; Santiago Passaglia, de San Nicolás; Leonel Chiarella, de Venado Tuerto; y varios jefes comunales de la Patagonia y Cuyo, como Carlos Koopmann (Zapala), Bruno Pogliano (El Bolsón), Lino Yonar (Campo Quijano) y Susana Laciar (San Juan).

La presencia de Alak, intendente del principal municipio bonaerense y figura del kirchnerismo, en un evento organizado por la administración macrista no es un dato menor. Sugiere que la agenda de las ciudades inteligentes, con todo lo que implica en términos de infraestructura digital, datos ciudadanos y relación con el sector privado tecnológico, empieza a configurar un espacio de disputa política que cruza las fronteras partidarias tradicionales.

Entre los expositores también estuvieron el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el presidente de la Fundación País Abierto y Digital, Andrés Ibarra, ex funcionario macrista con vínculos en el ecosistema tecnológico, y el emprendedor Mateo Salvatto. La participación de empresas tecnológicas y startups completó un cuadro en el que el sector privado tuvo un lugar central en la definición de la agenda pública.

Qué significa ciudad inteligente y para quién

Durante el encuentro también se discutió qué significa en la práctica aplicar tecnología a la gestión municipal. Macri planteó que «una ciudad inteligente no es algo que se compra» y señaló que requiere también una ciudadanía y equipos preparados. La frase es razonable, pero evade la pregunta más incómoda: qué pasa con los municipios que no tienen los recursos, la conectividad ni el capital humano técnico para implementar esas transformaciones sin asistencia del Estado nacional o provincial.

La jornada había comenzado el martes 1 de septiembre con una sesión técnica destinada a los equipos de gobiernos locales y provinciales, donde se trabajó sobre herramientas concretas de gestión de datos, seguridad, salud y movilidad. La intención declarada es que las experiencias exitosas puedan replicarse en otros distritos. El desafío real es que esa replicación no reproduzca también las asimetrías de partida.

Puntos clave

  • Casi 300 gobiernos locales y 82 intendentes participaron del primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes en la Usina del Arte.
  • Jorge Macri advirtió que la IA va a plantear ganadores y perdedores, sin anunciar medidas concretas de protección laboral.
  • El CESBA y la OIT establecieron que el 67% del empleo porteño tiene exposición a la IA generativa, con un índice superior al de EE.UU. y Europa.
  • El intendente kirchnerista de La Plata, Julio Alak, participó del evento organizado por la administración macrista.
  • El congreso no incluyó propuestas concretas de reconversión laboral para los sectores más vulnerables a la automatización.
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