La Cámara de Diputados fue convocada a una sesión especial este miércoles a las 12 del mediodía, impulsada por una amplia mayoría de bloques opositores con el objetivo de tratar una batería de proyectos que el Gobierno nacional rechaza, entre ellos el financiamiento a las universidades públicas y la declaración de emergencia del Hospital Garrahan.

La citación fue formalizada este lunes por el secretario parlamentario, Adrián Pagan, tras el pedido presentado por los jefes de bloque de Unión por la Patria (UxP), Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Coalición Cívica y diputados provinciales como Sergio Acevedo (Santa Cruz). La sesión se realizará en un contexto de fuerte tensión con el Ejecutivo, que este mismo lunes oficializó el veto a tres leyes clave: la nueva fórmula jubilatoria, la prórroga de la moratoria previsional y una ley de asistencia a personas con discapacidad.

El temario, cargado y con alto voltaje político

Según pudo confirmar este medio, la sesión se abrirá con el debate sobre el financiamiento universitario, a partir de un proyecto elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que propone llevar el presupuesto universitario al 1% del PBI, recomponer los salarios docentes y no docentes y establecer una pauta de actualización trimestral por inflación.

También se tratará un proyecto para declarar la emergencia del Hospital Garrahan, con el objetivo de garantizar fondos para la atención pediátrica y la recomposición salarial del personal de salud. El texto establece que la recuperación salarial no podrá ser inferior a los niveles reales de noviembre de 2023.

Otro eje será el rechazo al veto presidencial de la ley de emergencia para Bahía Blanca, que contempla un fondo de $200.000 millones para damnificados por las inundaciones. Como esa ley ya fue aprobada por ambas cámaras, si Diputados ratifica la sanción original, quedará firme a pesar del veto.

Un juego de mayorías y minorías

Para habilitar la sesión, la oposición deberá reunir al menos 129 diputados sentados. El desafío posterior será conservar esa mayoría en cada votación, ya que muchos de los proyectos no cuentan con dictamen o requieren los dos tercios para ser tratados sobre tablas.

Tal es el caso de las iniciativas sobre la coparticipación del impuesto a los combustibles, impulsadas por los gobernadores, y la reasignación de fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Si fracasa el intento de tratamiento inmediato, buscarán emplazar a las comisiones de Presupuesto y de Energía para emitir dictamen conjunto el martes 12.

Lo mismo ocurre con otros proyectos sin dictamen, como el de emergencia del sistema nacional de Ciencia y Tecnología, la reforma de la comisión investigadora del “criptogate”, o la ley impulsada por Facundo Manes sobre el tratamiento del Alzhéimer. En esos casos también se buscarán emplazamientos a comisiones para acelerar los tiempos.

Los vetos y decretos en el centro del conflicto

Pese a que los vetos a las leyes jubilatorias ya fueron publicados en el Boletín Oficial, la oposición aún no puede pedir su rechazo formal, ya que no fueron enviados oficialmente al Congreso. Por eso, solo se prevé que haya discursos críticos durante la sesión, sin posibilidad de votación sobre el tema.

Sin embargo, sí están incluidos en el temario varios Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que Unión por la Patria pretende derogar, como el que disuelve la Dirección Nacional de Vialidad y el que desmantela organismos históricos como el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Sanmartiniano, la Comisión de Monumentos Históricos y el Instituto sobre Juan Manuel de Rosas.

También se intentará derogar el DNU que modificó el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y otros que transformaron estructuras del Ministerio de Economía.

Aunque varios de estos puntos probablemente no sean tratados por falta de consenso o de mayoría especial, los bloques opositores buscan visibilizar los retrocesos institucionales que, a su criterio, el Poder Ejecutivo intenta imponer mediante decretos sin discusión parlamentaria.