El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, encabezaron una cumbre con ocho mandatarios provinciales para oficializar su adhesión al llamado Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos. La reunión incluyó a gobernadores de Chaco, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis y San Juan, además del ministro de Hacienda de Misiones.

El acuerdo implica el compromiso de las provincias a no aplicar regímenes informativos propios y a compartir datos fiscales con la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo creado por decreto para reemplazar a la AFIP en funciones sensibles.

“Seguimos consolidando una transformación profunda basada en una estructura impositiva más simple y eficiente”, expresó Francos en redes sociales, celebrando el respaldo a un paquete que, según Caputo, busca “atraer a los argentinos de bien hacia la formalidad”.

El blanqueo que desarma los controles

El plan, anunciado el 22 de mayo, se desarrollará en dos fases: la primera por decreto y la segunda con una ley para “blindar a los ahorristas frente a futuras administraciones”, según explicó el vocero presidencial Manuel Adorni. La medida central es un blanqueo fiscal que permitirá declarar dólares no registrados sin penalidades.

Pero lo que despertó mayor polémica fue la decisión de eliminar decenas de regímenes de información que venían funcionando como instrumentos para detectar evasión, inconsistencias patrimoniales y maniobras de lavado. Entre las principales derogaciones, se destacan:

• Se eliminó la obligación de informar compras con tarjeta, transferencias en billeteras virtuales y consumos de luz, agua y gas.
• Los escribanos no deberán reportar operaciones inmobiliarias ni transferencias.
• Se derogó el código de oferta de transferencia de inmuebles, y ya no habrá trazabilidad automática de ventas de propiedades.
• Los montos mínimos a partir de los cuales los bancos deben informar operaciones pasaron de $1 millón a $50 millones para personas físicas.
• Se eliminó la exigencia de presentar declaraciones juradas para abrir cuentas o contratar servicios financieros.

Para Caputo, se trata de un “cambio de régimen” en el que “los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario”. Según el ministro, “el exceso de impuestos y controles empujó a muchos al sector informal”.

Críticas y dudas sobre la transparencia

Especialistas en derecho tributario y prevención del lavado advirtieron que las medidas debilitan seriamente los mecanismos de control del Estado. “Lo que están haciendo es desarmar el sistema preventivo que se construyó durante dos décadas para combatir el lavado de dinero”, señaló la abogada fiscalista Marcela Losardo en diálogo con El Destape.

El ex titular de la UIF, Mariano Federici, también alertó en redes sociales que “si bien es razonable actualizar montos, eliminar masivamente regímenes de información sin reemplazo efectivo expone al país frente a estándares internacionales como los del GAFI”.

La oposición parlamentaria anticipó que pedirá explicaciones en el Congreso. Desde Unión por la Patria denunciaron que “el blanqueo beneficia a evasores y lavadores” y que “se trata de una amnistía fiscal encubierta”.

Incluso dentro del oficialismo, hubo reparos. Algunos legisladores cercanos a los gobernadores firmantes expresaron “preocupación” por la posible caída de la recaudación provincial en caso de que se consolide el desfinanciamiento de ARCA y AFIP como entes centrales de control.

Un giro liberal con respaldo político fragmentado

El plan forma parte de la estrategia general del Gobierno para consolidar su base fiscal sin subir impuestos ni recurrir a deuda externa. La eliminación de controles y el nuevo régimen “simplificado” de Ganancias apuntan a incentivar la repatriación de dólares escondidos, una masa que, según el propio Caputo, puede llegar a superar los 200.000 millones.

Sin embargo, el proceso depende de dos factores:

1. La confianza de los evasores en que la amnistía será sostenible en el tiempo.
2. La aprobación del Congreso para blindar el régimen mediante una ley específica.

Hasta el momento, el respaldo llegó desde gobernadores cercanos a La Libertad Avanza y espacios dialoguistas como el PRO, la UCR y partidos provinciales. Sin embargo, otros mandatarios rechazaron adherirse o pusieron condiciones. Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y La Pampa aún no firmaron.