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Buenos Aires

D’Onofrio enfrenta dos causas por las fotomultas: ya fue procesado por lavado y ahora va a indagatoria por coimas

El exministro de Transporte bonaerense deberá declarar el 15 de diciembre en una investigación paralela a la que ya lo procesó por lavado de activos. La Justicia apunta a una red que habría desviado entre 4 y 10 millones de dólares mensuales mediante descuentos ilegales y comisiones truchas en el sistema de multas y la VTV.

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★ Jorge D’Onofrio enfrenta un cerco judicial cada vez más apretado. El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires no solo fue procesado hace dos semanas por presunto lavado de activos, sino que ahora deberá presentarse a declaración indagatoria el próximo 15 de diciembre a las 10 en el marco de una segunda causa que investiga coimas y negociados en el sistema de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

El fiscal Álvaro Garganta lo citó junto a ocho empresarios vinculados a las contrataciones de la VTV: Sebastián Desio, Martín Hernán Serrano, Germán Rebolo, Leonardo Sclafani, Aitor Reter Aguado, Juan Manuel Funes Bige, Juan Pablo Pesculich y Germán Jorge Neuss. A todos se les investiga por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

Dos expedientes, dos frentes judiciales

La situación procesal de D’Onofrio se divide en dos causas paralelas que, aunque relacionadas, tramitan en jurisdicciones diferentes:

Causa 1 – Juzgado Federal de Campana: El juez Adrián González Charvay procesó a D’Onofrio por presunto lavado de activos y ordenó un embargo de $350 millones sobre sus bienes. En el mismo expediente también procesó a Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control, con un embargo de $300 millones. Esta resolución fue dictada hace aproximadamente dos semanas, en la segunda quincena de noviembre de 2024.

Causa 2 – Fiscalía de La Plata: El fiscal Garganta investiga la mecánica concreta de las maniobras: el sistema de coimas, los gestores intermediarios, las comisiones ilegales en la VTV y el desvío de fondos públicos. Es en este expediente donde D’Onofrio deberá declarar el 15 de diciembre.

El origen: una denuncia que destapó todo

La causa arrancó el 5 de septiembre de 2024 con una denuncia que señalaba al entonces ministro y a la concejal Pilar Pombo como cabezas de una «estructura criminal con división de roles». Según la acusación inicial, el objetivo era desviar fondos públicos del sistema de fotomultas de la provincia.

El expediente judicial describe un esquema complejo en el que funcionarios bajo la órbita del exministro habrían actuado en connivencia con terceros que operaban como «gestores». La investigación avanzó rápido: en menos de tres meses pasó de la denuncia al procesamiento, y ahora llega a la instancia de indagatoria en la causa por cohecho.

La maniobra: descuentos truchos y pérdidas millonarias

De acuerdo con la investigación, estos gestores ofrecían a los infractores descuentos del 50% en las multas o directamente la eliminación de las infracciones a cambio de un pago irregular. Esta operatoria habría generado pérdidas de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales a Secutrans, la empresa encargada de administrar el sistema de fotomultas en la provincia.

El mecanismo era simple pero efectivo: mientras el Estado dejaba de percibir los montos completos de las multas, los intermediarios se quedaban con una tajada del negocio. La magnitud del perjuicio fiscal es considerable: en el peor escenario, se habrían evaporado más de 100 millones de dólares al año de las arcas provinciales.

El negocio de los turnos de la VTV

La investigación no se limita al sistema de fotomultas. También apunta a presuntas irregularidades en las contrataciones vinculadas a la VTV. Según el expediente, siete empresas habrían sido obligadas a contratar a «Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.» para la asignación de turnos de la revisión técnica.

Esta empresa cobraba una comisión del 8,5% más IVA por cada operación, lo que en la jerga judicial se conoce como «peaje»: un cobro que no agrega valor pero que resulta obligatorio para poder operar. El esquema habría generado ganancias ilegítimas significativas a costa de encarecer el servicio y comprometer la transparencia del sistema.

El rol de CECAITRA y los cinemómetros municipales

Otro eje de la investigación pasa por CECAITRA, una asociación civil que administraba los ingresos derivados de las infracciones captadas por al menos 155 cinemómetros distribuidos en municipios como La Matanza, Tigre, Campana, Moreno y Brandsen.

Se detectaron presuntas irregularidades en la forma en que esta organización manejaba los fondos públicos. La figura de CECAITRA resulta clave porque operaba como intermediaria entre los municipios y el sistema provincial, con escasos controles sobre la administración del dinero recaudado.

La renuncia express y el daño político

D’Onofrio presentó su renuncia en diciembre de 2024, apenas tres meses después de que estallara el escándalo, en un intento por contener el daño político al gobierno de Axel Kicillof. Fue reemplazado por Martín Marinucci, quien asumió con el mandato de ordenar un área que quedó bajo sospecha.

La salida del exministro no frenó la investigación judicial. Por el contrario, el procesamiento por lavado y ahora la indagatoria por cohecho muestran que la Justicia Federal avanza sin contemplaciones sobre un caso que tiene todos los condimentos: funcionarios públicos, empresarios, desvío de fondos y una red de complicidades que habría operado durante meses.

Las implicancias políticas

El caso D’Onofrio representa uno de los golpes más duros para la gestión de Kicillof en materia de transparencia. Aunque el gobernador se desligó rápidamente del exministro tras su renuncia, la oposición aprovechó el escándalo para cuestionar los controles internos del gobierno provincial.

La investigación también reabre el debate sobre la tercerización de servicios públicos sensibles como las fotomultas y la VTV. ¿Hasta qué punto la delegación en empresas privadas facilita este tipo de maniobras? La pregunta quedó flotando en un contexto donde la gestión de la obra pública y los servicios estatales está bajo lupa permanente.

La declaración indagatoria del 15 de diciembre será un momento clave. D’Onofrio tendrá la oportunidad de defenderse de las acusaciones, pero también de aportar información sobre cómo funcionaba realmente el sistema. Los empresarios citados, por su parte, deberán explicar su rol en una trama que, según la investigación, convirtió un servicio público en un negocio privado e ilegal.

El cerco judicial se cierra: entre el procesamiento por lavado en Campana y la indagatoria por coimas en La Plata, el exministro enfrenta un escenario procesal complejo que podría terminar con condenas en ambas causas si la Justicia logra probar lo que viene investigando desde septiembre.

Puntos clave

• Jorge D’Onofrio enfrenta dos causas judiciales paralelas: ya fue procesado por lavado de activos en Campana con un embargo de $350 millones, y ahora va a indagatoria el 15 de diciembre por cohecho y negociaciones incompatibles.

• La investigación señala un esquema de descuentos ilegales en multas que habría generado pérdidas de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales al Estado provincial.

• Siete empresas habrían sido obligadas a contratar a una firma intermediaria para la asignación de turnos de VTV, pagando comisiones del 8,5% más IVA.

• También fue procesado Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control, con un embargo de $300 millones.

• D’Onofrio renunció en diciembre de 2024, tres meses después del inicio de la causa, y fue reemplazado por Martín Marinucci.

Buenos Aires

Kicillof presiona por el endeudamiento y denuncia “asedio financiero” de la gestión Milei

El gobernador bonaerense reclama autorización para tomar deuda por 3.685 millones de dólares y advierte que la provincia enfrenta una crisis con 5.000 empresas cerradas y 171.000 empleos perdidos. La negociación legislativa se traba mientras se reparten cargos en el Banco Provincia y fondos para municipios.

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★ El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a presionar este lunes sobre la Legislatura provincial para que apruebe el pedido de endeudamiento que considera vital para el funcionamiento de la provincia en 2026. En una conferencia de prensa en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, sostuvo que la provincia «necesita herramientas claras para transitar este tiempo sin desproteger a nuestro pueblo».

«No estamos dispuestos a afrontar vencimientos de deuda, de una deuda que no tomamos originalmente, con recursos que se retraigan de salud o educación. La Legislatura debe decidir en favor del orden económico y social de nuestra provincia. No hay negociación que debiera condicionar algo de esta importancia», afirmó el mandatario bonaerense.

El acto en Casa de Gobierno reunió a intendentes del conurbano, ministros del gabinete provincial, la futura senadora Malena Galmarini, el dirigente camporista Facundo Tignanelli y subsecretarios y directores. Llamó la atención la ausencia de varios jefes comunales como Mayra Mendoza de Quilmes y Julián Álvarez de Lanús.

«No es deuda nueva», insiste Kicillof

El mandatario destacó que esos recursos no implican incrementar el stock de deuda: «No tenemos un pedido de nueva deuda, sino de los recursos para atender parte de los vencimientos del año pasado y de este». Indicó que la deuda provincial bajó del 9% al 6% del producto y que la carga de intereses descendió del 8,7% al 3% del presupuesto.

Kicillof argumentó que cuando asumió la gestión provincial recibió una deuda equivalente al 9% del producto bonaerense que hoy se ubica en 6%. La carga de intereses, explicó, representaba el 7,8% del presupuesto anual y hoy representa el 3%. «Hubo un manejo y una administración de una deuda que había que pagar en cuatro años, que había sido tomada y aprobada por la Legislatura, en una magnitud muchísimo mayor durante la época de Vidal. Y no para refinanciar nada sino para generar un ingreso adicional», denunció.

El impacto de la crisis económica en territorio bonaerense

El mandatario describió una recesión profunda que golpea a múltiples sectores productivos y remarcó que en el país cerraron 28.000 empresas, de las cuales 5.000 corresponden a territorio bonaerense. Según sus datos, se perdieron 171.000 puestos de trabajo y se frenaron cerca de mil obras públicas. como consecuencia directa de las políticas implementadas por el gobierno nacional de Javier Milei.

«Hay cerca de mil obras frenadas en todos los rubros. Despidos, suspensiones, cierres de empresas en casos como Whirlpool, con pérdidas de cientos de fuentes de trabajo», sostuvo el gobernador y sumó los casos de despidos, cierres y suspensiones en los sectores de neumáticos, laboratorios, textiles, calzados, comercio y turismo.

«Esto se traduce para nosotros en demanda de medicamentos, acompañamiento económico para pagar el alquiler y gastos fijos que se multiplicó hasta por cinco en todos los municipios. Hay gente buscando trabajo en cantidades que no ocurría hace mucho tiempo», lamentó.

El reclamo por la coparticipación: 38% de lo que aporta, 7% de lo que recibe

El gobernador bonaerense denunció el manejo discrecional de fondos que realiza el gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires. «La provincia de Buenos Aires es la que menos gasta por cantidad de habitantes, es la más austera y junto a Córdoba somos la provincia que menos empleados tiene por cantidad de habitantes. Es el estado más pequeño y contribuye con el 38% de los recursos impositivos que se recaudan en todo el territorio y recibe un 7%, o menos», señaló.

Kicillof denunció un «asedio financiero» que, según afirmó, afecta a todas las provincias debido a la retracción de partidas automáticas y fondos específicos vinculados a seguridad, transporte, cajas previsionales e incentivo docente.

Fondo para municipios: 350 mil millones garantizados

Ante la preocupación planteada por intendentes por la caída de ingresos y el pago de aguinaldos, Kicillof anunció un fondo específico para municipios, equivalente al 8% del financiamiento solicitado. Detalló que ya se garantizó una partida de 200.000 millones de pesos, a distribuir en cinco pagos fijos, independientemente del monto final que alcance la colocación de deuda.

El 8% del total del endeudamiento se distribuirá entre los 135 distritos bonaerenses, lo que representa un Fondo de unos 350 mil millones de pesos. De esa cifra, el mandatario aseguró que 250 mil millones se abonarán en 5 pagos fijos. «Está garantizado, más allá del nivel de volumen que alcance la deuda», precisó.

Sobre la forma en que se distribuirá el Fondo, el Coeficiente Único de Distribución (CUD) sería la herramienta que se utiliza hace más de una década. Según fuentes del gobierno provincial, puede que haya un porcentual directo para obras. La posibilidad de que se conformara una bicameral que definiera cómo se distribuirán los fondos quedó totalmente descartada por el Ejecutivo.

La estrategia legislativa: dos sesiones y reparto de cargos en el Bapro

En las próximas 48 horas habrá dos sesiones totalmente dispares en la Legislatura. El martes por la tarde, en la Cámara de Diputados se daría la sesión preparatoria para elegir las nuevas autoridades que estarán a partir del 10 de diciembre. Desde el gobierno provincial pidieron posponerlo para la semana entrante. «No tiene sentido hacerla ahora», argumentaron.

El miércoles será la tercera sesión de la Cámara Baja para tratar el pedido de endeudamiento con la actual composición. Para conseguir los votos hubo varias negociaciones en los últimos días. Entre ellas se logró la ampliación de las sillas en el directorio del Banco Provincia: se modificará la carta orgánica del Banco y el directorio pasará de tener ocho integrantes a doce. Fue una de las llaves que destrabó la negociación, ya que serán más lugares para la oposición.

Las negociaciones por la ampliación del directorio del Banco Provincia avanzan sobre un esquema que reservaría siete lugares para el peronismo y cinco para opositores, lo que abrió una competencia interna por los nombres que podrían ocupar esos espacios.

La estrategia del gobierno bonaerense es clara: necesita los dos tercios de los votos en ambas cámaras para aprobar el endeudamiento, lo que obliga a conseguir acuerdos tanto con la oposición como con las distintas vertientes del peronismo. El plazo límite es el 10 de diciembre, cuando asumirá la nueva composición de la Legislatura surgida de las elecciones de octubre, un escenario que complicaría aún más las negociaciones.

Según fuentes del gobierno provincial consultadas, el verdadero motivo por el cual no sale el endeudamiento serían acuerdos políticos entre varias bancadas. Desde Gobernación fueron directos: «Si no sale, comunicaremos públicamente cada uno de los pactos que hay».

Críticas de la oposición

La negociación no estuvo exenta de cuestionamientos. El exintendente de San Nicolás y diputado electo Manuel Passaglia denunció la ampliación del directorio del Banco Provincia como una «contradicción escandalosa». Según Passaglia, Kicillof «pide endeudarse y tomar crédito en dólares porque la plata no alcanza», pero al mismo tiempo «amplía la planta política creando más cargos, más estructura y más gastos que, por supuesto, somos los bonaerenses los que tendremos que afrontar a través de subas a nuestros impuestos».

El dirigente del espacio Hechos cuestionó que se agreguen cuatro cargos al directorio del banco oficial en medio de una crisis fiscal y acusó al gobernador de «doble discurso». También apuntó contra sectores del PRO que analizaban acompañar la medida pese a discursos contra el crecimiento del gasto político.

Puntos clave:

• Kicillof reclama autorización para tomar deuda por 3.685 millones de dólares destinada a refinanciar vencimientos heredados de la gestión Vidal

• El gobernador afirma que en Buenos Aires se perdieron 5.000 empresas y 171.000 puestos de trabajo por la crisis económica provocada por las políticas de Milei

• El Fondo para municipios garantiza 250 mil millones de pesos en cinco pagos fijos, independientemente del volumen final del endeudamiento

• Para destrabar la negociación, el gobierno acordó ampliar el directorio del Banco Provincia de 8 a 12 miembros, lo que generó críticas de la oposición

• La Legislatura debe aprobar el endeudamiento antes del 10 de diciembre con la actual composición, ya que después será más difícil conseguir los dos tercios necesarios

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