Buenos Aires
D’Onofrio enfrenta dos causas por las fotomultas: ya fue procesado por lavado y ahora va a indagatoria por coimas
El exministro de Transporte bonaerense deberá declarar el 15 de diciembre en una investigación paralela a la que ya lo procesó por lavado de activos. La Justicia apunta a una red que habría desviado entre 4 y 10 millones de dólares mensuales mediante descuentos ilegales y comisiones truchas en el sistema de multas y la VTV.
★ Jorge D’Onofrio enfrenta un cerco judicial cada vez más apretado. El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires no solo fue procesado hace dos semanas por presunto lavado de activos, sino que ahora deberá presentarse a declaración indagatoria el próximo 15 de diciembre a las 10 en el marco de una segunda causa que investiga coimas y negociados en el sistema de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
El fiscal Álvaro Garganta lo citó junto a ocho empresarios vinculados a las contrataciones de la VTV: Sebastián Desio, Martín Hernán Serrano, Germán Rebolo, Leonardo Sclafani, Aitor Reter Aguado, Juan Manuel Funes Bige, Juan Pablo Pesculich y Germán Jorge Neuss. A todos se les investiga por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
Dos expedientes, dos frentes judiciales
La situación procesal de D’Onofrio se divide en dos causas paralelas que, aunque relacionadas, tramitan en jurisdicciones diferentes:
Causa 1 – Juzgado Federal de Campana: El juez Adrián González Charvay procesó a D’Onofrio por presunto lavado de activos y ordenó un embargo de $350 millones sobre sus bienes. En el mismo expediente también procesó a Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control, con un embargo de $300 millones. Esta resolución fue dictada hace aproximadamente dos semanas, en la segunda quincena de noviembre de 2024.
Causa 2 – Fiscalía de La Plata: El fiscal Garganta investiga la mecánica concreta de las maniobras: el sistema de coimas, los gestores intermediarios, las comisiones ilegales en la VTV y el desvío de fondos públicos. Es en este expediente donde D’Onofrio deberá declarar el 15 de diciembre.
El origen: una denuncia que destapó todo
La causa arrancó el 5 de septiembre de 2024 con una denuncia que señalaba al entonces ministro y a la concejal Pilar Pombo como cabezas de una «estructura criminal con división de roles». Según la acusación inicial, el objetivo era desviar fondos públicos del sistema de fotomultas de la provincia.
El expediente judicial describe un esquema complejo en el que funcionarios bajo la órbita del exministro habrían actuado en connivencia con terceros que operaban como «gestores». La investigación avanzó rápido: en menos de tres meses pasó de la denuncia al procesamiento, y ahora llega a la instancia de indagatoria en la causa por cohecho.
La maniobra: descuentos truchos y pérdidas millonarias
De acuerdo con la investigación, estos gestores ofrecían a los infractores descuentos del 50% en las multas o directamente la eliminación de las infracciones a cambio de un pago irregular. Esta operatoria habría generado pérdidas de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales a Secutrans, la empresa encargada de administrar el sistema de fotomultas en la provincia.
El mecanismo era simple pero efectivo: mientras el Estado dejaba de percibir los montos completos de las multas, los intermediarios se quedaban con una tajada del negocio. La magnitud del perjuicio fiscal es considerable: en el peor escenario, se habrían evaporado más de 100 millones de dólares al año de las arcas provinciales.
El negocio de los turnos de la VTV
La investigación no se limita al sistema de fotomultas. También apunta a presuntas irregularidades en las contrataciones vinculadas a la VTV. Según el expediente, siete empresas habrían sido obligadas a contratar a «Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.» para la asignación de turnos de la revisión técnica.
Esta empresa cobraba una comisión del 8,5% más IVA por cada operación, lo que en la jerga judicial se conoce como «peaje»: un cobro que no agrega valor pero que resulta obligatorio para poder operar. El esquema habría generado ganancias ilegítimas significativas a costa de encarecer el servicio y comprometer la transparencia del sistema.
El rol de CECAITRA y los cinemómetros municipales
Otro eje de la investigación pasa por CECAITRA, una asociación civil que administraba los ingresos derivados de las infracciones captadas por al menos 155 cinemómetros distribuidos en municipios como La Matanza, Tigre, Campana, Moreno y Brandsen.
Se detectaron presuntas irregularidades en la forma en que esta organización manejaba los fondos públicos. La figura de CECAITRA resulta clave porque operaba como intermediaria entre los municipios y el sistema provincial, con escasos controles sobre la administración del dinero recaudado.
La renuncia express y el daño político
D’Onofrio presentó su renuncia en diciembre de 2024, apenas tres meses después de que estallara el escándalo, en un intento por contener el daño político al gobierno de Axel Kicillof. Fue reemplazado por Martín Marinucci, quien asumió con el mandato de ordenar un área que quedó bajo sospecha.
La salida del exministro no frenó la investigación judicial. Por el contrario, el procesamiento por lavado y ahora la indagatoria por cohecho muestran que la Justicia Federal avanza sin contemplaciones sobre un caso que tiene todos los condimentos: funcionarios públicos, empresarios, desvío de fondos y una red de complicidades que habría operado durante meses.
Las implicancias políticas
El caso D’Onofrio representa uno de los golpes más duros para la gestión de Kicillof en materia de transparencia. Aunque el gobernador se desligó rápidamente del exministro tras su renuncia, la oposición aprovechó el escándalo para cuestionar los controles internos del gobierno provincial.
La investigación también reabre el debate sobre la tercerización de servicios públicos sensibles como las fotomultas y la VTV. ¿Hasta qué punto la delegación en empresas privadas facilita este tipo de maniobras? La pregunta quedó flotando en un contexto donde la gestión de la obra pública y los servicios estatales está bajo lupa permanente.
La declaración indagatoria del 15 de diciembre será un momento clave. D’Onofrio tendrá la oportunidad de defenderse de las acusaciones, pero también de aportar información sobre cómo funcionaba realmente el sistema. Los empresarios citados, por su parte, deberán explicar su rol en una trama que, según la investigación, convirtió un servicio público en un negocio privado e ilegal.
El cerco judicial se cierra: entre el procesamiento por lavado en Campana y la indagatoria por coimas en La Plata, el exministro enfrenta un escenario procesal complejo que podría terminar con condenas en ambas causas si la Justicia logra probar lo que viene investigando desde septiembre.
Puntos clave
• Jorge D’Onofrio enfrenta dos causas judiciales paralelas: ya fue procesado por lavado de activos en Campana con un embargo de $350 millones, y ahora va a indagatoria el 15 de diciembre por cohecho y negociaciones incompatibles.
• La investigación señala un esquema de descuentos ilegales en multas que habría generado pérdidas de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales al Estado provincial.
• Siete empresas habrían sido obligadas a contratar a una firma intermediaria para la asignación de turnos de VTV, pagando comisiones del 8,5% más IVA.
• También fue procesado Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control, con un embargo de $300 millones.
• D’Onofrio renunció en diciembre de 2024, tres meses después del inicio de la causa, y fue reemplazado por Martín Marinucci.
Buenos Aires
“Misma situación, igual reacción”: la clave forense que puede cambiar la lectura del caso Isabella
La muerte de Isabella, la niña de dos años fallecida en Villa Gesell mientras estaba al cuidado de su madre Lucía Sosa, reavivó el debate sobre el Trastorno Facticio Aplicado a Otro, conocido como Munchausen por Poder. Un psicólogo forense explicó cuáles son los patrones clínicos y conductuales que permiten a los especialistas distinguir una tragedia de una dinámica sistemática de maltrato o infanticidio.
La muerte de Isabella, la niña de dos años que falleció mientras estaba al cuidado de su madre, Lucía Sosa, volvió a colocar bajo la lupa judicial los antecedentes de una mujer que ya había sido investigada, y absuelta en 2018, por la muerte de otras dos hijas. El caso reavivó la discusión sobre un trastorno poco conocido fuera de los ámbitos clínicos y forenses: el Síndrome de Munchausen por Poder, técnicamente denominado Trastorno Facticio Aplicado a Otro, en el que un adulto provoca o induce síntomas de enfermedad en un menor a su cargo. El psicólogo Alexis Alderete (MP 85367) explicó en detalle cuáles son los indicadores que permiten a los especialistas sospechar que un episodio médico no responde a una sucesión de hechos desafortunados, sino que forma parte de una dinámica estructurada de daño.
El patrón que separa el infortunio del delito
«Lo que separa un infortunio médico recurrente de un Trastorno Facticio Aplicado a Otro o una dinámica de maltrato o infanticidio reside en la aparición de patrones relacionales e indicadores clínicos muy específicos», señaló Alderete. El especialista identificó como señal primaria la repetición de episodios graves cuando el niño se encuentra exclusivamente con el mismo adulto, y su desaparición o modificación cuando intervienen terceros. «Los eventos críticos ocurren exclusivamente cuando el progenitor está a solas con el menor. Nunca se desencadenan en presencia del equipo médico, enfermeros o terceros neutrales durante las internaciones», precisó.
A ese indicador se suma la incongruencia entre el relato del adulto y la evidencia médica acumulada: «Explicaciones que cambian o son poco creíbles sobre cómo ocurrió el evento; por ejemplo, justificar sofocaciones reiteradas bajo pretextos como que ‘el aire era tóxico'». Alderete también apuntó como alerta la desconexión emocional del progenitor ante situaciones de extrema gravedad: «Una extraña calma ante cuadros críticos, o un discurso enfocado en la atención recibida por parte del personal más que en el sufrimiento físico del hijo».
El fenómeno de la «habitación vacía»
Uno de los conceptos más precisos que desarrolló el especialista es el que denominó el fenómeno de la «habitación vacía», que describe la aparición de cuadros graves únicamente cuando el adulto tiene acceso exclusivo al niño. «Los episodios graves, apneas, sofocaciones, convulsiones, descompensaciones, suceden bajo la regla del testigo único. Cuando el niño es ingresado a observación y separado preventivamente del progenitor, o custodiado permanentemente por enfermería, el cuadro se estabiliza de forma drástica», describió.
A eso se agrega lo que Alderete definió como un «quiebre del principio de causalidad biológica»: cuadros raros, cambiantes o refractarios a todo tratamiento convencional, cuya sintomatología no responde a ninguna ley conocida de la anatomía o la fisiopatología, pero que encaja perfectamente con los tiempos de acceso a solas que tiene el adulto con el niño. Cuando estos elementos convergen, señaló el psicólogo, la alarma deja de ser una sospecha difusa y se convierte en una hipótesis de trabajo firme.
Los antecedentes como construcción de un perfil, no como suma de episodios
En el caso de Isabella, uno de los elementos que adquirió especial relevancia es la existencia de antecedentes judiciales de Lucía Sosa por las muertes de sus otras dos hijas, Candela (cinco meses, fallecida en 2013) y Jazmín (once meses, fallecida en 2016), aunque el Tribunal la absolvió en 2018. Alderete remarcó que el historial de una persona no puede analizarse como una simple sumatoria de hechos del pasado. «En la investigación psicológica forense, el historial no se evalúa como una sumatoria de hechos del pasado, sino como la construcción del perfil vincular y la probabilidad de repetición del patrón. Lo que se busca es cómo, ante las mismas situaciones, hay una conducta esperable de reacción: misma situación disparadora, igual reacción conductual», explicó.
En ese análisis, el especialista mencionó la denominada «autopsia psicológica del vínculo», una herramienta forense que permite reconstruir la manera en que un adulto ejercía la función parental. «La existencia de múltiples admisiones hospitalarias, diagnósticos contradictorios y desenlaces trágicos en lactantes anteriores rompe la premisa de la ‘muerte súbita aislada'», sostuvo. Alderete subrayó también que los testimonios de hijos mayores o familiares, como el que brindó Lucas Ruiz (17 años) ante la Fiscalía General de Mar del Plata el pasado miércoles, «adquieren una dimensión probatoria fundamental cuando coinciden con la mecánica detectada en las autopsias».
La advertencia contra el sesgo de confirmación
El especialista advirtió sobre dos errores opuestos pero igualmente graves que pueden cometerse en este tipo de investigaciones. El primero: «no ver el peligro real por la presuposición del ‘amor maternal'». El segundo: el sesgo de confirmación o sesgo retrospectivo, que consiste en leer absolutamente todo el historial de una persona a través del prisma del trastorno o del delito, «transformando cualquier caída, fiebre o llanto pasado en una prueba de maltrato».
La evaluación forense, aclaró Alderete, debe distinguir con precisión entre una señal de alarma, una hipótesis clínica y una conclusión judicial. Se trata, en definitiva, de evitar tanto la omisión de situaciones de riesgo real como la interpretación retrospectiva de cualquier episodio médico como evidencia de maltrato. Esa distinción no es solo técnica: define si una persona inocente es condenada o si un niño en riesgo queda desprotegido.
Puntos clave
- El psicólogo Alexis Alderete identificó como señal clave la aparición de episodios graves únicamente cuando el niño está a solas con el adulto sospechoso.
- El Trastorno Facticio Aplicado a Otro (Munchausen por Poder) se caracteriza por síntomas que desaparecen cuando el menor es separado del progenitor.
- La incongruencia entre el relato del adulto y la evidencia médica, y la desconexión emocional ante situaciones críticas, son indicadores forenses centrales.
- El historial de casos previos no se analiza como una suma de episodios, sino como la construcción de un perfil vincular y la probabilidad de repetición del patrón.
- Los especialistas advierten sobre el riesgo del sesgo de confirmación, que puede llevar a interpretar cualquier episodio médico pasado como prueba de maltrato.
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