Judiciales ⚖️
Contrabando: imputaron al gendarme señalado como supuesto nexo con las fuerzas represivas de Bolivia
Se trata del comandante Adolfo Héctor Caliba, considerado como quien coordinó con la Policía boliviana el envío de elementos represivos durante los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales.
Se trata del comandante Adolfo Héctor Caliba, considerado como quien coordinó con la Policía boliviana el envío de elementos represivos durante los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales.
El fiscal en lo Penal Económico, Claudio Navas Rial, sumó este lunes como imputado en la causa por contrabando agravado a Bolivia durante la gestión de Cambiemos al comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba, considerado como quien coordinó con la policía boliviana el envío de elementos represivos durante los días en los que se produjo el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales en noviembre de 2019, informaron fuentes judiciales.
En este expediente ya se encuentran imputados, desde el pasado 16 de julio, el expresidente de la Nación Mauricio Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; al exdirector general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
La semana pasada, Macri designó como abogado defensor para este caso al exfiscal Pablo Lanusse, Bullrich al abogado Julián Curi y, según informaron fuentes judiciales, Caliba compartirá abogado con Otero y otros imputados de la Gendarmería Nacional.
El fiscal Navas Rial presentó hoy la ampliación de la acusación ante el juez Javier López Biscayart, que le había corrido vista de los nuevos elementos aportados al expediente por los ministros Martín Soria (Justicia), Sabina Frederic (Seguridad) y por la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont la semana pasada.
El fiscal entendió que la última documentación aportada al expediente por los denunciantes permite «robustecer la hipótesis del caso originalmente trazada» al impulsar la acción penal por el posible contrabando agravado de armas y municiones al Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de noviembre de 2019, según pudo saber Télam de fuentes judiciales.
A partir de los nuevos elementos incorporados al expediente, el fiscal Navas Rial acusó a Caliba «en razón del rol que éste habría desplegado en el aeropuerto del Alto, La Paz, en las tareas de recepción del personal de Gendarmería y de los armamentos y municiones aparentemente enviado».
Caliba fue el encargado de coordinar con la Policía de Bolivia todos los movimientos previos y posteriores a la llegada del vuelo: se ocupó de dirigir a una comitiva argentina, escoltada, hasta el aeropuerto y supervisó la carga y descarga del avión que nunca apagó su motor en la madrugada del 13 de noviembre de 2019; según surge de un informe elaborado por el Ministerio de Defensa que ya está incorporado a la causa.
El comandante Caliba es el mismo que el 17 de noviembre de 2019 le envió una nota al entonces director nacional de la Gendarmería, Gerardo Otero, en la que le informaba sobre distintas protestas que por esos días se llevaban a cabo en contra del gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez.
En esa nota, que también está en el expediente, le contó sobre una reunión convocada por la conducción de la policía boliviana de la que había participado ese mismo día: «El tema a tratar fue la posibilidad de colaborar cada institución con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón que se les está acabando su stock; o bien orientar sobre mecanismos idóneos para una rápida adquisición».
Quienes siguen el expediente sospechan que Caliba es el «uniformado» al que se refirió días atrás el ministro de Gobierno de Estado Plurinacional de Bolivia, Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio, quien en una entrevista con el diario Página/12 afirmó que lo tenían extraoficialmente identificado, pero que estaban aún buscando grabaciones y documentación oficial.
El informe reconstruido por esta agencia da cuenta de los documentos que autorizaban el ingreso a Bolivia del comando Alacrán con sus pertrechos, pero en ningún caso deja constancia de la internación en ese país de un cargamento antidisturbios como el que fue encontrado en un galpón de la policía boliviana, ni como el agradecido por la Fuerza Aérea de ese país.
La segunda presentación de los denunciantes incluía, además, detalles sobre el hallazgo en depósitos de la Policía del Estado Plurinacional de Bolivia de armamentos y municiones que se corresponderían, en parte, con los pertrechos cuyo contrabando investiga el fuero penal económico de nuestro país.
Los denunciantes sostuvieron a través de sus presentaciones que existió un desvío de armamento en favor de la Policía y la Fuerza Aérea Boliviana y que, para ello, se falsearon permisos y declaraciones juradas aduaneras y administrativas con el argumento de que el fin del armamento era “la seguridad y protección del Señor embajador argentino, su residencia, las instalaciones Diplomáticas, como así también el personal que se encuentre dentro de la misma».
De la denuncia surge también que, para justificar el presunto desvío del material, la Gendarmería Nacional Argentina informó que las municiones fueron consumidas «en ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro».
Energía
El regulador abre la puerta: ENReGE autoriza el traspaso de Transener a manos privadas
Con la Resolución 130/2026, el ente regulador dio luz verde para que ENARSA transfiera su participación en CITELEC al consorcio Edison-Genneia. El Estado completa así su salida definitiva de la columna vertebral del sistema eléctrico nacional.
El regulador energético del gobierno de Javier Milei le puso la firma final a la privatización de Transener. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) publicó este lunes en el Boletín Oficial la Resolución 130/2026, mediante la cual autorizó formalmente a la empresa estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA) a transferir la totalidad de su participación accionaria en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (CITELEC) al consorcio integrado por Edison Transmisión y Genneia. El monto acordado, de US$356.174.811, había superado el piso de referencia fijado por el Ejecutivo, que rondaba los US$206 millones.
El trámite regulatorio era la última condición suspensiva que restaba cumplir para el cierre definitivo de la operación. El contrato de compraventa había sido suscripto el 11 de junio por la firma Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima (TESA), constituida específicamente para este proceso por ambas empresas en partes iguales, tras la adjudicación formal dispuesta mediante la Resolución 673/2026 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo a mediados de mayo.
Qué compra el consorcio y qué queda en manos del Estado
Lo que adquirieron Edison Transmisión y Genneia no son los activos físicos de la red: las líneas de alta tensión y las estaciones transformadoras pertenecen al Estado nacional y se mantendrán bajo la concesión que Transener S.A. opera hasta el año 2088. Lo que se transfiere es el 50% del capital social de CITELEC, la sociedad que ejerce el control de Transener y de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires (TRANSBA), que cubre otros 6.228 kilómetros de red en territorio bonaerense.
El consorcio se convierte así en accionista co-controlante de CITELEC junto a Pampa Energía, el holding de Marcelo Mindlin, que retiene el otro 50% y no participó de la licitación. En conjunto, las tres empresas, Edison, Genneia y Pampa Energía, controlarán la gestión de Transener, que administra aproximadamente el 85% de la red de alta tensión del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con más de 12.400 kilómetros de líneas de extra alta tensión.
El regulador despeja los reparos: integración vertical y poder de mercado
En el texto oficial, el ENReGE reconoció que los nuevos accionistas ya poseen activos en los segmentos de generación y distribución, lo que podría configurar una integración vertical vedada por la Ley 24.065, el marco regulatorio eléctrico vigente. Sin embargo, el organismo dictaminó que no existe transgresión legal, argumentando que la tenencia del 50%, compartida con Pampa Energía, no otorga a ninguno de ellos la condición de accionista mayoritario o controlante unilateral.
Para neutralizar los riesgos de abuso de posición dominante, el ENReGE destacó tres ejes regulatorios: el libre acceso al uso indiscriminado de la capacidad de transporte; las tarifas reguladas por el propio ente, que impiden cargos discriminatorios; y las ampliaciones controladas, ya que cualquier extensión de la red requiere audiencia pública y aprobación estatal, bajo el marco del Decreto 921/25.
Quiénes son los nuevos socios de la red eléctrica
Genneia es la principal generadora de energías renovables del país, con una capacidad instalada superior a los 1.580 MW distribuidos en ocho parques eólicos y seis solares. Su principal accionista es el banquero Jorge Brito, quien asumió la conducción de la empresa en enero de 2026. La familia Brito ocupa el puesto 13 entre las 50 mayores fortunas de Argentina, según estimaciones de Forbes. Edison Transmisión, por su parte, es el brazo especializado en transporte eléctrico de Edison Energía, empresa encabezada por los hermanos Juan y Patricio Neuss, quienes están vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo, según informó el portal El Litoral. Entre los socios del fondo Inverlat, que integra el grupo Edison, figuran Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai. Completan la estructura los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, del Grupo Newsan.
No es dato menor que Edison Energía ya operaba desde enero de 2026 las represas hidroeléctricas del Comahue, adjudicadas en una licitación previa que ingresó aproximadamente US$700 millones al Tesoro nacional. La adquisición de CITELEC representa su segunda apuesta en la infraestructura eléctrica del país en menos de un año.
Una red envejecida y sin obligación de inversión
El desafío que hereda el consorcio es de magnitud: Transener no incorporó obras de alcance nacional desde 2017 y el 35% de sus instalaciones se encuentra al final de su vida útil, según datos relevados por el portal especializado Shale24. La paradoja es que el nuevo accionista no tendrá obligación de expandir la red. Las ampliaciones responden al Decreto 921/25, que las licita como concesión de obra independiente, lo que supone que el crecimiento de la capacidad de transporte dependerá de decisiones futuras del Estado, no de los nuevos socios privados.
La insuficiencia de la red de alta tensión es hoy uno de los principales cuellos de botella para nuevas inversiones en generación, tanto en energías renovables como en la expansión vinculada a Vaca Muerta y a los proyectos mineros de cobre y litio. Buena parte de las futuras inversiones en generación dependerán de la capacidad de transportar esa energía hacia los centros de consumo, lo que convierte a Transener en un activo estratégico cuya gestión privada no elimina la necesidad de regulación estatal efectiva.
La Ley Bases como habilitante y el segundo paso de ENARSA
La venta se realizó bajo los lineamientos de la Ley Bases (27.742) y el Decreto 286/2025, que establecieron el marco legal para la desinversión de activos estatales. La participación en CITELEC era el segundo gran movimiento de este proceso para ENARSA, tras la privatización de las represas del Comahue. Con la autorización del ENReGE, se cumple la última condición suspensiva del contrato y queda habilitado el cierre formal de la transacción.
El origen de la participación estatal en CITELEC remite a la salida de Petrobras de sus activos energéticos en Argentina. Tras ese retiro, ENARSA ocupó esa posición y pasó a compartir el control de la sociedad con Pampa Energía, otorgando al Estado influencia sobre una de las empresas más importantes de la infraestructura energética nacional. La administración libertaria decidió desandar ese camino.
Puntos clave
- El ENReGE emitió la Resolución 130/2026 que autoriza la transferencia del 50% de CITELEC al consorcio Edison-Genneia por US$356.174.811.
- La operación convierte a Edison Transmisión y Genneia en accionistas co-controlantes de Transener junto a Pampa Energía, completando la salida del Estado de la red troncal de energía eléctrica.
- Genneia es controlada por el banquero Jorge Brito; Edison Transmisión está conducida por los hermanos Neuss, vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo.
- Transener opera el 85% de la red de alta tensión del SADI; el 35% de sus instalaciones se encuentra al final de su vida útil y el consorcio no tendrá obligación de expandir la red.
- La operación se encuadra en la Ley Bases (27.742) y es el segundo gran paso de la desinversión de ENARSA, tras la privatización de las represas del Comahue.
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