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El revolucionario gabinete diverso y joven de Boric

El recientemente electo presidente de Chile presentó un gabinete con mayoría de mujeres, un promedio de edad bajo e integrado en un tercio por independientes, en lo que se espera una gestión sin precedentes en el vecino país.

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El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, confirmó este viernes al extitular del Banco Central Mario Marcel como ministro de Hacienda, mientras que la nieta del exmandatario Salvador Allende, la diputada Maya Fernández Allende, estará al frente de la cartera de Defensa, en lo que será un gabinete con mayoría de mujeres, un promedio de edad bajo e integrado en un tercio por independientes.

A 33 días de ganar el balotaje, el próximo mandatario anunció lo que será a partir del 11 de marzo su gabinete que constará de 24 nombres, 14 mujeres y 10 hombres, un promedio de edad de 49 años, y con varios dirigentes que no pertenecen a la coalición Apruebo Dignidad (Frente Amplio y el Partido Comunista) con la que triunfó en las elecciones.

«Hoy presentamos un Gabinete con mayoría de mujeres y quiero recalcar este hecho, este es un Gabinete diverso, con presencia de personas de provincias, un Gabinete intergeneracional, con pluralidad política y diversos puntos de vista», señaló el mandatario electo durante la ceremonia de presentación en el Museo de Historia Natural en Santiago.

Uno de los nombres más esperados era el de Hacienda y, sin sorpresas, Boric escogió al extitular del Banco Central Marcio Marcel, que el jueves renunció a ese cargo. Antes, ocupó diversas funciones en los gobiernos de centro izquierda, entre 1990 y 2008, y era el preferido para los mercados, que ve en su nombramiento un gesto de moderación en las reformas económicas que busca implantar el próximo presidente.

Izkia Siches, en tanto, será la futura ministra del Interior, transformándose en la primera mujer en la historia en encabezar esta cartera. Tiene 35 años, es médico cirujana de la Universidad de Chile y en 2017 se convirtió en la primera mujer en alcanzar la presidencia del Colegio Médico. Desde ese lugar tuvo una activa participación en la lucha contra la pandemia de Covid-19.

El futuro jefe de Estado se nutrió además de su círculo más íntimo para puestos de relevancia: Camila Vallejo será vocera de Gobierno y Giorgio Jackson estará a cargo de la Secretaría General de la Presidencia, oficina encargada de las relaciones con el Parlamento.

Se trata de dos exlíderes estudiantiles y diputados que, junto a Boric, encabezaron las protestas de 2011 en busca de «educación pública, gratuita y de calidad». En el listado también figura la legisladora socialista (centroizquierda) y nieta del expresidente Salvador Allende (1970-1973), Maya Fernández, que será ministra de Defensa a partir de marzo.

Más allá del peso histórico, su inclusión es una de las tantas de dirigentes de partidos de la antigua Concertación, como el Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Liberal y el Partido Radical (PR), que no respaldaron a Boric en la primera vuelta.

Es que el presidente electo asumirá con un Parlamento altamente fragmentado y sin mayorías, por lo que debe buscar ampliar sus alianzas de cara a tener gobernabilidad y unidad en su Gobierno.

Además de estar a punto de convertirse en el presidente más joven de la historia de Chile (cumplirá 36 años el 11 de febrero), Boric será también el primer mandatario en llegar a La Moneda (sede del Gobierno) que no forma parte de los bloques tradicionales que lideraron el país desde el retorno a la democracia en 1990, la Concertación (centro izquierda) y la Alianza (centro derecha).

En ese marco, para la Cancillería nombró a Antonia Urrejola, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también independiente pero cercana al socialismo.

María Begoña Yarza, médica cirujana de la Universidad de Chile y también independiente quedará a cargo del Ministerio de Salud con el gran objetivo de mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus. Mario Ávila va a ser el titular de Educación, en lo que Boric destacó como «la primera vez que un profesor» llevará los mandos de esa cartera.

Antonia Orellana, periodista de la Universidad de Chile, asumirá como ministra de la Mujer (será la más joven del gabinete con 32 años), Marisa Rojas en Medioambiente y Alexandra Benado en el de Deportes.

En el ministerio de Economía, Fomento y Turismo estará Nicolás Grau; en Desarrollo Social y Familia, Jeanette Vega; en Trabajo y Previsión Social, Jeanette Jara; Marcela Hernando en Minería; Juan Carlos García en Obras Públicas; y Claudio Huepe en Energía, entre otras designaciones.

Tras presentar a sus futuros ministros, Boric marcó algunos ejes de su Gobierno como la continuidad en «exitosa» política de vacunación, «recuperar la economía» y su compromiso con la Convención Constituyente que está delineando la futura Carta Magna que reemplazará la actual, vigentes de la dictadura de Augusto Pinochet.

Estos temas y otros se espera que sean abordados en el primer encuentro que sostendrá el mandatario electo con su recién nombrado equipo ministerial, fijado para el próximo 28 de enero.

América Latina

Aviones militares a Bolivia: la oposición acusa a Milei de encubrir represión y exige explicaciones

Diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el envío de dos aviones Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira, en medio de una escalada de violencia estatal contra manifestantes que reclaman su renuncia. El antecedente del envío de armas de Macri a la dictadura de Áñez en 2019 tiñe de sospechas la operación.

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La oposición exige que el gobierno explique qué transportaron los aviones militares enviados a Bolivia

★ Un numeroso grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), encabezados por Juan Marino, presentó este lunes un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el envío de dos aviones militares Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente violencia estatal en Bolivia contra las manifestaciones populares que exigen la renuncia del mandatario, y reactualiza el fantasma del episodio más oscuro de la relación bilateral reciente: el envío de armamento represivo por parte del gobierno de Mauricio Macri al régimen de facto de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.

El pedido de informes y sus ejes centrales

El proyecto presentado por la bancada opositora exige que el Gobierno de Javier Milei detalle la carga transportada por los aeronaves, el personal embarcado, los acuerdos militares vigentes con Bolivia y con el denominado «Escudo de las Américas», el esquema de seguridad regional impulsado por la administración de Donald Trump, y el estado procesal actual de la causa judicial abierta por el envío de armas y munición antitumulto del macrismo al gobierno de facto de Áñez.

«Es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza», declaró Marino ante la agencia. El legislador, referente del Partido Piquetero y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue categórico: «No se puede tolerar que el Estado argentino respalde la represión».

El pedido de informes lleva la firma, entre otros, del jefe de la bancada de UxP en Diputados, Germán Martínez, de la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y de los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés.

La voz boliviana y la sospecha sobre la carga

La iniciativa parlamentaria recoge las denuncias públicas del diputado nacional de la oposición boliviana Rolando Pacheco, quien afirmó que los aviones Hércules no transportan ayuda humanitaria sino material destinado a «reprimir» las movilizaciones en curso. La versión extraoficial, que el Gobierno argentino no desmintió con datos concretos, alimenta la desconfianza opositora.

«Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión. El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda», sostuvo Marino, al tiempo que cuestionó el encuadre oficial de las protestas bolivianas: «Es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense. Romper el Estado de Derecho es masacrar las manifestaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta».

Una resolución en defensa de la protesta popular

En paralelo al pedido de informes, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social, que rechaza toda forma de represión estatal, criminalización de las movilizaciones populares e injerencia externa en los asuntos internos de Bolivia. La iniciativa reafirma que «el derecho a la protesta, a la huelga, a la libre expresión y a la libre asociación son pilares fundamentales de todo orden democrático».

El proyecto plantea, además, que la Cámara de Diputados debe diferenciarse de la posición asumida por el Poder Ejecutivo Nacional, que se alineó con comunicados regionales y del Departamento de Estado de los Estados Unidos que, según la oposición, omiten toda referencia a la represión y a las violaciones de derechos humanos denunciadas en territorio boliviano. «Exigimos que ningún recurso del Estado argentino sea utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano», insistió Marino.

El peso del antecedente: Macri, Áñez y las armas de 2019

El episodio de noviembre de 2019 opera como telón de fondo ineludible de toda esta discusión. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina envió material represivo, incluyendo munición antitumulto, al régimen de facto instaurado tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y colocó a Jeanine Áñez en la presidencia de Bolivia. Ese material fue utilizado en la represión de manifestaciones que dejó decenas de muertos y heridos. La causa judicial por ese envío permanece abierta en la justicia federal argentina y constituye uno de los antecedentes que la bancada de UxP invocan para reclamar transparencia sobre la actual operación.

Para Marino, «frente a la protesta social, la respuesta no puede ser la criminalización ni la represión: debe ser el respeto irrestricto al derecho a la protesta y a la autodeterminación de los pueblos». La Argentina, advirtió, «no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez».

Puntos clave

  • Diputados de UxP presentaron un pedido de informes por el envío de dos Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira.
  • La oposición exige saber qué carga transportan los aviones y si existe vinculación con el «Escudo de las Américas» de Trump.
  • El diputado boliviano Rolando Pacheco denunció que los aviones no llevan ayuda humanitaria sino material represivo.
  • El proyecto lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
  • La bancada opositora alertó sobre la repetición del antecedente de 2019, cuando Macri envió armamento al régimen de facto de Áñez.
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