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EEUU refuerza el cerco naval y captura otro petrolero en el Caribe

Con la captura de un tercer petrolero en una semana, Washington consolida una estrategia de control militar sobre las rutas energéticas vinculadas a Venezuela, en una escalada que erosiona el derecho internacional y reaviva la lógica imperial en América Latina.

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La escalada militar de Estados Unidos en altamar sumó este jueves un nuevo episodio de alto voltaje geopolítico. En una operación coordinada entre infantes de marina, el Comando Sur y el Departamento de Seguridad Nacional, Washington capturó el buque petrolero Olina en el mar Caribe, el tercero interceptado en lo que va de la semana y uno más dentro de una ofensiva que ya despierta alertas por su legalidad internacional y su impacto regional.

El abordaje fue presentado oficialmente como parte de la Operación Southern Spear, una misión que, según el discurso del Pentágono, busca “poner fin a actividades ilícitas y restaurar la seguridad en el hemisferio occidental”. Sin embargo, detrás de esa formulación genérica se consolida un bloqueo de facto sobre rutas energéticas estratégicas, con Venezuela como principal objetivo, pero con derivaciones que involucran a Irán, Rusia y, cada vez más, a América Latina.

Un cerco que se expande

El Olina se suma a una seguidilla de capturas que marcaron las últimas semanas. Días atrás, EEUU interceptó un petrolero ruso en el Atlántico Norte tras una persecución de más de dos semanas, un episodio que incluyó el envío de un submarino por parte de Moscú para escoltar la nave, elevando la tensión a niveles inéditos desde el fin de la Guerra Fría.

Ese buque, que históricamente transportaba crudo venezolano, había partido desde Irán rumbo a Venezuela y habría intentado evadir las sanciones estadounidenses operando cerca de aguas venezolanas. Según información difundida por Washington, la nave cambió de nombre y bandera en pleno trayecto, pasando de llamarse Bella 1 a Marinera y sustituyendo la bandera de Guyana por la de Rusia, una práctica habitual en el comercio energético bajo sanciones.

A ese episodio se sumó luego la captura de un segundo petrolero en el Caribe, hasta desembocar ahora en el abordaje del Olina. El mensaje es claro: Estados Unidos decidió intensificar el control militar sobre el tráfico petrolero en aguas internacionales, sin mediación de organismos multilaterales y bajo una interpretación expansiva de su propia política de sanciones.

Seguridad hemisférica o poder sin contrapesos

Desde el Comando Sur insisten en que estas operaciones envían “un mensaje inequívoco: no hay refugio para los criminales”. El problema es que la noción de “criminalidad” queda definida de manera unilateral por Washington, sin resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU ni consensos regionales que respalden este tipo de abordajes.

Especialistas en derecho internacional advierten que la captura de buques en altamar, fuera de escenarios de guerra declarada, roza la ilegalidad y abre un precedente peligroso: la normalización del uso de la fuerza para hacer cumplir sanciones económicas impuestas de forma unilateral.

En América Latina, el despliegue no pasa desapercibido. La región, históricamente considerada “patio trasero” por la doctrina estadounidense, vuelve a quedar atrapada en una lógica de militarización del comercio y disciplinamiento geopolítico, en un contexto donde la disputa por la energía y las rutas marítimas se volvió central.

Energía, sanciones y geopolítica dura

La ofensiva naval se inscribe en un tablero global marcado por la guerra económica, la fragmentación del orden internacional y el debilitamiento de los organismos multilaterales. Estados Unidos no solo busca asfixiar financieramente al gobierno venezolano, sino también enviar señales a Rusia, Irán y China sobre su capacidad de controlar puntos clave del comercio energético global.

Pero el costo de esta estrategia no es menor. Cada captura eleva el riesgo de incidentes militares, erosiona el derecho internacional y profundiza la lógica de bloques, en un mundo ya tensionado por conflictos abiertos y guerras híbridas.

Mientras tanto, bajo el eufemismo de “restaurar la seguridad”, la militarización del mar avanza sin frenos, dejando una pregunta incómoda flotando en aguas caribeñas:

¿hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos para sostener su poder en un orden global que ya no le responde como antes?

Geopolítica 🌎

Irán declaró terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea por la medida unilateral de Milei

Teherán designó a la Armada y a la Fuerza Aérea como “organizaciones terroristas”, en represalia por inscribir al CGRI en el RePET. Invocó una ley de 2019 y atribuyó a Buenos Aires la responsabilidad por las consecuencias. La decisión de Milei fue ministerial, sin ley del Congreso ni fallo judicial.

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El Argentino Diario-Placa de la nota sobre Irán en un televisor de una redacción.

La Cancillería de Irán declaró este miércoles a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas como “organizaciones terroristas”. Lo hizo en un comunicado oficial, en represalia por la inscripción del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en el registro argentino de entidades vinculadas al terrorismo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní presentó la medida como una respuesta recíproca a lo que describe como un paso “hostil” de Buenos Aires, contrario a principios fundamentales del derecho internacional, al designar como entidad terrorista al CGRI, al que Teherán señala como un componente oficial de sus Fuerzas Armadas.

Lo que dijo Teherán

La decisión, según el comunicado, se adopta al amparo de una ley de 2019 sobre medidas recíprocas, dictada tras la designación del CGRI como “organización terrorista” por Estados Unidos. El texto de esa norma, citado por la Cancillería iraní, establece que “todos los países que, de cualquier manera, acaten o respalden la decisión de los Estados Unidos de América de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista estarán sujetos a una acción recíproca”.

El comunicado no menciona al Ejército Argentino y no anunció sanciones ni otras medidas concretas, más allá de la calificación. Advirtió: “Es evidente que el Gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias derivadas de esta acción”.

Qué implica esa designación

La calificación es un acto unilateral del Gobierno de Teherán, que somete a dos ramas de las Fuerzas Armadas argentinas a su norma de reciprocidad. El comunicado no precisó congelamiento de bienes, restricciones de tránsito ni disposiciones operativas sobre buques o aeronaves.

El 1 de noviembre, Irán aplicó el mismo mecanismo a la Marina Real y a la Fuerza Aérea del Reino Unido, como publicó El Argentino Diario. En abril, después de la inscripción del CGRI en el RePET, la Cancillería argentina declaró persona non grata al encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, y le dio 48 horas para dejar el país. El ministro Pablo Quirno confirmó entonces su salida.

Una decisión ministerial, sin Congreso ni sentencia

El Gobierno de Javier Milei anunció el 31 de marzo que declaraba al CGRI “organización terrorista” y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La formalización fue la Resolución Conjunta 3/2026 de los ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, firmada ese día por la ministra Alejandra Monteoliva y el ministro Pablo Quirno, y publicada el 6 de abril en el Boletín Oficial, cuando entró en vigencia.

No es una ley del Congreso ni una sentencia judicial. Es un acto administrativo del Ejecutivo, apoyado en el Decreto 918/2012, que habilita a ambos ministerios a pedir la inscripción en el RePET cuando consideren que hay “motivos fundados para sospechar” una amenaza externa a la seguridad nacional. Los considerandos invocan “informes de carácter reservado”.

El Comunicado Oficial 143 de la Oficina del Presidente, del 31 de marzo, sostuvo que esa inscripción habilita sanciones financieras y restricciones operativas para limitar la capacidad de acción del CGRI en el país. Esa vía unilateral, sin aval legislativo ni de la Justicia, es la que ahora Teherán toma como base para señalar a dos ramas de las Fuerzas Armadas argentinas.

Los atentados de los 90 y lo que dice la Justicia

La Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de su historia. El 17 de marzo de 1992, un atentado con coche bomba destruyó la Embajada de Israel en Buenos Aires: 29 muertos y más de 200 heridos. El 18 de julio de 1994, otro ataque demolió la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA): 85 personas asesinadas y más de 300 heridas, el peor atentado en suelo argentino.

El Comunicado Oficial 143 atribuye ambos ataques a Hezbolá, al que presenta como “el brazo operativo del CGRI en la región”, y afirma que las investigaciones judiciales y los trabajos de inteligencia “determinaron que ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”. En virtud de ello, añade, la Justicia argentina emitió alertas rojas de Interpol contra varios ciudadanos iraníes, entre ellos el exministro de Defensa Ahmad Vahidi, a quien el texto de marzo señaló como recién designado al frente del CGRI.

El Gobierno de Irán niega responsabilidad en esos atentados y rechaza las acusaciones contra sus funcionarios como infundadas, según la posición oficial de su Cancillería.

El costo del alineamiento

La Oficina del Presidente vinculó en marzo esa designación a un realineamiento: el Gobierno, dijo, está decidido a que la Argentina “vuelva a alinearse a la civilización occidental”. Teherán, en el comunicado de este miércoles, encuadró la decisión argentina en el acatamiento o el respaldo a la designación que Estados Unidos hizo del CGRI.

Hasta el cierre de esta nota, no trascendió una respuesta pública de Cancillería, del Ministerio de Defensa ni de Casa Rosada.

Lo que tenés que saber:

  • Irán declaró este miércoles “organizaciones terroristas” a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas.
  • Lo hizo en represalia por la inscripción del CGRI en el RePET, anunciada el 31 de marzo y formalizada el 6 de abril.
  • Esa inscripción fue una resolución conjunta de dos ministerios, sin ley del Congreso ni sentencia judicial.
  • Teherán invocó una ley de reciprocidad de 2019 y advirtió que el Gobierno argentino será responsable de las consecuencias derivadas de esta acción, sin detallarlas.
  • No trascendió, al cierre, una respuesta oficial de Buenos Aires.
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