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EEUU ratificó su respaldo a Milei tras el reembolso del “swap electoral”

Scott Bessent destacó la devolución de los USD 2.500 millones que Argentina usó para contener el dólar antes de las legislativas. El secretario del Tesoro afirmó que la operación generó «decenas de millones» en ganancias para Estados Unidos.

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★ El gobierno de Estados Unidos renovó su respaldo a Javier Milei luego de que Argentina reembolsara la totalidad de los USD 2.500 millones utilizados del swap acordado entre ambos países para contener el precio del dólar en el período previo a las elecciones legislativas nacionales.

«El Presidente Javier Milei continúa cumpliendo con firmeza el mandato renovado del pueblo argentino en favor de la libertad económica. Argentina ha recuperado el acceso a los mercados financieros y ha implementado cambios alentadores en su marco de política monetaria y cambiaria», afirmó el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en un posteo en redes sociales.

La rentabilidad del auxilio financiero

Bessent destacó que la intervención cambiaria en plena campaña electoral no solo cumplió objetivos geopolíticos sino que además generó beneficios económicos directos para Washington. «Como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) actualmente no tiene pesos», anunció el funcionario.

El secretario del Tesoro subrayó que «estabilizar a un fuerte aliado estadounidense, y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses, es un gran logro de la iniciativa ‘América Primero'». En otro pasaje de su mensaje, insistió: «el FSE nunca ha perdido dinero. Nuestra nación ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense».

La estrategia regional de Trump

Bessent vinculó el apoyo a la gestión libertaria con la política regional de la administración Trump. «Estamos transformando a América Latina en formas que priorizan a Estados Unidos y rodean a este país de estabilidad y prosperidad», declaró el funcionario.

«Marcar el rumbo para América Latina, una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero, es sin duda lo mejor para nosotros», agregó el titular del Tesoro estadounidense, explicitando la dimensión geopolítica de la operación financiera.

Justificación de la intervención electoral

El secretario del Tesoro defendió la rapidez de la intervención estadounidense en el mercado cambiario argentino durante octubre, en plena campaña para las legislativas. «El Tesoro desplegó el Fondo de Estabilización Cambiaria exactamente en línea con su propósito congresional, y nuestras acciones del FSE funcionaron exactamente como lo pretendía el Congreso: estabilizar a Argentina en su momento de crisis, con una presión de iliquidez aguda, a corto plazo y urgente sobre la estabilidad cambiaria y financiera», indicó.

Bessent remarcó la celeridad de la respuesta estadounidense frente a otros organismos internacionales: «La comunidad internacional, incluyendo el FMI a través de su amplio programa existente, se ha unido y mantiene un firme apoyo a Argentina, sus reformas actuales y su prudente estrategia fiscal. Pero solo Estados Unidos pudo actuar con la rapidez con la que lo hicimos en octubre para preservar la estabilidad del mercado y del tipo de cambio».

Respaldo político explícito

El funcionario cerró su mensaje con un espaldarazo directo a la conducción económica del gobierno libertario. «Con la estabilización de Argentina, los mercados ahora están cubriendo las necesidades financieras de la República Argentina bajo el liderazgo visionario del presidente Milei. El presidente Milei y el ministro de Finanzas, Luis Caputo están generando un impulso positivo, y anticipamos su continuo progreso», afirmó.

Finalmente, expresó su convicción de «seguir apoyando entusiastamente al Presidente Milei y a Argentina», ratificando la continuidad del alineamiento entre Washington y la Casa Rosada.

El episodio confirma la profundidad del vínculo político y económico entre la administración Trump y el gobierno libertario, con Estados Unidos asumiendo un rol activo en el sostenimiento financiero del proyecto de Milei en momentos electorales clave.

Puntos clave:

• Scott Bessent confirmó que Argentina reembolsó completamente los USD 2.500 millones utilizados del swap para contener el dólar antes de las legislativas

• El secretario del Tesoro afirmó que la operación generó «decenas de millones» de dólares en ganancias para Estados Unidos

• Bessent destacó que solo EEUU pudo actuar con la rapidez necesaria en octubre para preservar la estabilidad cambiaria argentina

• El funcionario vinculó el apoyo a Milei con la estrategia regional de Trump de transformar América Latina priorizando intereses estadounidenses

• Washington ratificó su respaldo «entusiasta» a Milei y anticipó el apoyo continuo a las reformas del gobierno libertario

Legislativo

El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.

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El Argentino Diario-Organizaciones de personas con discapacidad.
Tienen la plata, pero no la voluntad: el Gobierno bloquea derechos de personas con discapacidad escudándose en un costo que ya está presupuestado.

Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.

El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.

Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan

El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».

En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.

La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía

El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.

El superávit como escudo político

La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.

Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.

Lo que tenés que saber:

  • La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
  • El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
  • El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
  • Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
  • El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
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