Elecciones
Ecuador elige: de un admirador de Bukele a un líder indígena
Ocho candidatos aspiran a la presidencia de Ecuador en las elecciones del domingo, con la particularidad de que casi ninguno es postulado por una fuerza propia, sino que van al frente de alianzas que les ofrecieron sus estructuras.
Además de Luisa González, candidata de la correísta Revolución Ciudadana (RC), única mujer al frente de un binomio y primera en todas las encuestas, y de Christian Zurita, de repentina notoriedad porque es el reemplazo del asesinado Fernando Villavicencio al frente del Movimiento Construye, estos son los otros seis aspirantes al Palacio de Carondelet:
Bolívar Armijos: a sus 46 años, es candidato por el Movimiento Amigo, después de haber simpatizado por años con el correísmo. Afirma ser uno de los fundadores de Unión por la Esperanza, la vieja alianza que hegemonizaba Revolución Ciudadana.
Nacido en Esmeraldas y recibido de abogado, se dedicó mucho tiempo a la compra y venta de terrenos. «Vendí cerca de 100 mil hectáreas», se jactó en una entrevista televisiva.
Durante casi 20 años fue la voz y el rostro del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare). Aunque intentó conformar Fuerza Rural, su propio partido, no llegó a tiempo y aceptó ser el postulante del Movimiento Amigo.
Tras el debate de candidatos, su figura estalló en las redes, pero porque se multiplicaron los «memes» sobre sus actitudes.
En la campaña, quiso mostrar que se atrevía a todo, al punto que ficcionó para las redes un encuentro en el que, de traje, le susurraba sus propuestas de campaña a Angelina Jolie.
Jan Topic: admirador de las políticas de seguridad del salvadoreño Nayib Bukele y millonario, el candidato de Juntos Triunfaremos buscó en toda la campaña mostrarse como el único capaz de terminar con la ola de violencia que vive Ecuador.
Su pretensión de mostrarse como «lo nuevo» en la política local se choca con que la coalición que lo postula está integrada por el Partido Social Cristiano (PSC) y Sociedad Patriótica (PSP) -dos de las fuerzas más tradicionales- y Centro Democrático.
Exintegrante del Ejército de Francia -tiene doble nacionalidad-, paracaidista, este empresario nacido en Guayaquil hace 40 años es hijo de Tomislav Topìc, dueño de Telconet, una empresa de telecomunicaciones involucrada en el llamado «caso Odebrecht», el pago de sobornos a cambio de obras públicas.
«Por un país sin miedo» es su lema de campaña, que no se limitó a Ecuador: hace semanas su imagen aparece en una de las pantallas de Times Square, en Nueva York, con la leyenda, en inglés, «Del miedo a la esperanza».
Daniel Noboa: asambleísta 2021-2023, el postulante de Acción Democrática Nacional (ADN) es hijo del magnate bananero Álvaro Noboa, considerado uno de los hombres más ricos de Ecuador.
Sus títulos académicos son de universidades de EEUU: es administrador de negocios de la Universidad de Nueva York, máster en el área de la Kellogg School of Managment, máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y tiene una maestría en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica de la Universidad George Washington.
Hincha del Emelec, su página personal dice que presidió en la Asamblea Nacional la Comisión de Desarrollo Económico, «una de las más destacadas en cuanto a eficiencia, transparencia y consenso, según datos oficiales».
El eje de su campaña es la creación de empleo. «Yo soy un hombre de proyectos, que no se rinde y no renuncia. Entre todos podemos hacer del Ecuador el proyecto que deseamos», remarca en su plan.
Otto Sonnenholzner: puede jactarse de haber sido vicepresidente, aunque por algunos meses: fueron 18, como segundo de Lenín Moreno, tras la renuncia de María Alejandra Vicuña. Se fue del cargo con buena imagen y eso hizo que se especulara con una nueva candidatura.
Ahora encabeza la fórmula de la coalición Actuemos, que junta a los partidos Suma y Avanza. Presentó un plan de 74 puntos, con acento en la economía, la seguridad y la corrupción, incluyendo una reforma de la justicia.
Economista, máster en Administración Pública, Sonnenholzer fue titular de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) en Guayas.
«Tenemos el mejor plan para combatir de frente a la delincuencia, traer paz y no guerra a nuestras calles», destaca en su cuenta de la red X (ex Twitter), en la que, a sus 40 años, propone además «un cambio generacional».
Yaku Pérez: será su segundo intento de llegar al Ejecutivo. En 2021 fue por Pachakutik y ahora va por Claro que se Puede, una alianza de Unión Popular, el Partido Socialista y Democracia Sí.
Promete guiar a su administración con tres principios indígenas: no robar, no mentir, no ser vago.
Nacido en Cuenca hace 54 años, Pérez siempre estuvo ligado a los movimientos indígenas, fuertes en el país, al punto que hace dos años lo dejaron en el tercer lugar de los comicios.
Tres años antes había cambiado su nombre de Carlos a Yaku.
Y en 2019 ganó la prefectura de Azuay, que dejó justamente para ser candidato a la presidencia.
Es abogado especializado en Derecho Penal y Justicia Indígena (Universidad Regional Autónoma de Los Andes), en Gestión de Cuencas Hidrográficas y Población y en Derecho Penal y Criminología. Y en su presentación en la red X se presenta también como músico y escritor.
Xavier Hervas: es el otro postulante que repite el intento de llegar a Carondelet. Fue cuarto en los comicios de 2021, entonces por Izquierda Democrática, pero ahora va por el Movimiento Reto.
Empresario, de 50 años, es ingeniero en Producción Agroindustrial.
Es titular de una firma que exporta alimentos congelados y su plan de gestión tiene tres ejes: seguridad, obras de emergencia y salud.
«Emprendedor, Agricultor, Industrial, Exportador, y Visionario», se define en su cuenta en la red X.
Nacido en Guayaquil, hijo de un exrepresentante de Ecuador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), por la condición de diplomático de su padre vivió en varios países.
Fue la sorpresa de los comicios de 2021, porque nunca había actuado en política.
En esta campaña, igual que hace dos años, hizo de Tik Tok un arma central para difundir su plan.
Elecciones
La Rural, escaparate de la oligarquía: Milei, Pino y Bullrich blindan la ley de tierras
En la apertura de la 138° Exposición Rural, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, respaldó el proyecto oficial de ley de tierras bajo la bandera del «pleno respeto al derecho de propiedad». La senadora Patricia Bullrich fue más lejos: culpó a una ley impulsada por el kirchnerismo de la caída del valor de los campos y prometió «retenciones cero» junto a un modelo de libre comercio con control de fronteras.
El predio de Palermo volvió a funcionar este domingo como el gran escaparate del poder terrateniente argentino. En la inauguración oficial de la 138° Exposición Rural, los grandes propietarios de la tierra recibieron el espaldarazo político que esperaban: el respaldo explícito al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el oficialismo, de la mano de dos de sus figuras más representativas. El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, y la senadora nacional Patricia Bullrich coincidieron en blindar la iniciativa, cada uno desde su rol, en un escenario que históricamente ha sido el territorio privilegiado de las elites agropecuarias del país.
Pino: «el pleno respeto al derecho de propiedad»
En su tradicional discurso de apertura, Pino fijó la postura institucional de la entidad que conduce ante el proyecto de ley que el Gobierno de Javier Milei impulsa en el Congreso. La consigna fue precisa: «Toda regulación debe asentarse sobre un principio esencial: el pleno respeto al derecho de propiedad, que comprende la libertad de cada propietario para decidir el destino y uso de su tierra», afirmó el dirigente rural.
Con un tono que buscó presentarse como moderado, Pino aclaró que ese ejercicio debe producirse «siempre dentro del marco de la ley y procurando que no ocasione perjuicios a terceros ni afecte el interés común». Pero a continuación deslizó una crítica directa a las compras de campos patagónicos por parte de fondos o inversores que los destinan a reservas ecológicas privadas, señalando que «no es bueno, como sucede en la Patagonia, que compradores que destinan áreas a creaciones de reservas ecológicas no estén obligados a establecer resguardos que protejan a los vecinos».
El dirigente también argumentó que la ley proyectada debe reconocer las «diversas realidades productivas, ambientales y geográficas» del territorio argentino y concluyó que «es posible armonizar el ejercicio del derecho de propiedad con la protección del ambiente y la seguridad nacional», presentando ese equilibrio como «el mejor camino para cuidar nuestros recursos, fortalecer la producción y generar confianza para invertir».
El mensaje central fue, sin embargo, inequívoco: la SRA quiere una ley que garantice la libertad irrestricta de los terratenientes sobre sus propiedades, sin las limitaciones que hoy establece la normativa vigente sobre la extranjerización de la tierra. Lo que Pino llama «confianza para invertir», en la práctica, se traduce en la apertura de la venta de suelo productivo argentino sin mayores restricciones.
Bullrich apunta al kirchnerismo y promete «retenciones cero»
Antes de que comenzara el acto oficial, la senadora Patricia Bullrich llegó al predio de Palermo y marcó un tono aún más confrontativo. La exministra de Seguridad aprovechó el espacio para apoyar el proyecto de ley de propiedad privada que impulsa junto al bloque oficialista, y construyó su argumento central sobre una comparación histórica que presentó como irrefutable.
«Desde la ley de Máximo Kirchner hemos perdido un 233% del valor de nuestra tierra. Lo queremos recuperar porque la tierra tiene que valer más de lo que vale. Esa ley fue un verdadero desastre», afirmó la senadora. Para ilustrar la supuesta degradación, comparó el precio de la tierra argentina con el mercado canadiense: «En el mismo momento una hectárea valía lo mismo en la zona núcleo argentina que en Ontario. Hoy nosotros aumentamos el valor apenas un 25%, mientras ellos crecieron un 250%».
La ley a la que Bullrich apunta es la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, sancionada en 2011, que estableció límites a la extranjerización del suelo productivo y a la concentración de la propiedad en pocas manos. Para los grandes propietarios y sus aliados políticos, esa norma fue siempre un obstáculo; para quienes defienden la soberanía sobre los recursos estratégicos del país, representó un piso mínimo de protección que el actual proyecto gubernamental busca desmantelar.
Bullrich también vinculó el proyecto con una visión más amplia de política económica. Definió al campo como «el lugar de mayor producción de dólares del país» y planteó un modelo de libre comercio combinado con control de fronteras para combatir el narcotráfico. «Vamos a cuidar las fronteras, vamos a cuidar todo el territorio fronterizo porque siempre ahí hay riesgo de narcotráfico», sostuvo. Y al ser consultada sobre la eliminación de los derechos de exportación, fue categórica: «Retenciones cero es posible«, respondió.
Una ley para los dueños de la tierra
El proyecto que tanto Pino como Bullrich respaldaron en La Rural busca reformar el régimen de propiedad privada para facilitar la libre disposición de los inmuebles, incluyendo los rurales, y combatir las usurpaciones. Sin embargo, los sectores críticos advierten que, bajo esa retórica, se esconde la intención de derogar o vaciar de contenido la normativa que hoy limita la concentración y extranjerización de la tierra.
En un país donde la estructura de la propiedad agraria es históricamente concentrada, donde el latifundio ha sido una constante desde la época colonial y donde la reforma agraria nunca fue una política de Estado sostenida, la Exposición Rural de Palermo funciona cada año como el escenario donde los grandes propietarios marcan la agenda política que esperan que el Gobierno ejecute. Este domingo no fue la excepción.
La presencia de Milei, Bullrich y el conjunto del gabinete en el acto inaugural confirma que el Gobierno ve en la SRA y en los grandes terratenientes uno de sus pilares de apoyo más sólidos. Y que la ley de tierras, lejos de ser una política de soberanía, apunta en sentido contrario: a facilitar que el suelo argentino, con todo lo que produce y lo que guarda bajo tierra, sea un bien de mercado sin restricciones.
Puntos clave
- Nicolás Pino respaldó el proyecto de ley de tierras del Gobierno con la consigna del «pleno respeto al derecho de propiedad» para «generar confianza» a los inversores.
- Bullrich responsabilizó a la Ley 26.737 de protección de tierras, impulsada durante el kirchnerismo, de una caída del 233% en el valor de los campos argentinos.
- La senadora oficialista volvió a defender la meta de «retenciones cero» para el sector agropecuario.
- Pino cuestionó las compras de campos patagónicos destinados a reservas ecológicas privadas sin obligación de proteger a los vecinos linderos.
- La apertura de la 138° Exposición Rural concentró a toda la cúpula del Gobierno de Milei y al bloque del PRO como respaldo al sector terrateniente.
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