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Perú: 9 muertos, 71 detenidos y más de 400 heridos

Se trata de cifras oficiales difundidas por el Gobierno tras las protestas antes la destitución del presidente Pedro Castillo.

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Al menos 71 personas fueron detenidas y 216 policías resultaron heridos en las protestas que sacuden a Perú desde la semana pasada en apoyo al destituido expresidente Pedro Castillo, informaron autoridades, que además subieron a nueve la cifra de muertos, con la confirmación de una de anoche y el dato de una nueva víctima.

El Ministerio de Salud dijo anoche que 171 personas fueron hospitalizadas o atendidas como resultado de lesiones o problemas sufridos en las protestas, incluyendo a 19 que seguían hospitalizadas y 152 que ya habían recibido el alta médica.

La cartera dijo en Twitter que movilizó a 53 profesionales de la salud y 13 ambulancias para atender a afectados por protestas en las regiones de Apurímac y Arequipa, en el sur, Huancavelica, en el centro-sur, y La Libertad, en el norte, así como en la ciudad de Lima.

Y la Policía Nacional confirmó la muerte de dos personas más durante las protestas, una de la que ya se sabía anoche y una nueva víctima, por lo que suman 9 los fallecidos.

Por su parte, el ministro del Interior, César Cervantes, dijo a una radio que 216 policías resultaron heridos en las protestas, que comenzaron el jueves pasado, al día siguiente de la destitución de Castillo y su reemplazo por su vicepresidenta Dina Boluarte.

El ministro agregó que 16 dependencias públicas fueron destruidas y que 71 personas estaban detenidas por distintos presuntos delitos cometidos en su participación en las manifestaciones.

Hay «216 policías heridos, de los cuales cuatro están graves, uno se encuentra en UCI», dijo anoche a la radio RPP. Entre los 16 «locales públicos» destruidos hay «sedes de Fiscalía, comisarías, Poder Judicial», prosiguió. «Tenemos 71 intervenidos y 40 daños a la propiedad», agregó.

Cervantes sostuvo que, con el estado de emergencia por 30 días en todo el territorio nacional, que comenzó a regir hoy tras ser declarado ayer, quienes se reúnan para acciones de protesta serán detenidos por la Policía y las Fuerzas Armadas.

El estado de emergencia «dará el sustento jurídico a la Policía y las Fuerzas Armadas en la aplicación de determinados derechos que lo va a fortalecer. Vale decir si la inviolabilidad de domicilio, si ven que están reunidos para hacer acciones de protesta, ya no necesitan de una orden judicial» para detener a esas personas, enfatizó.

Más temprano, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, aseguró que no habrá toque de queda junto al estado de emergencia, pero que podría ser decretado en ciertos lugares en situaciones específicas si fuera necesario.

«El toque de queda va a ser situacional. Se circunscribe allí donde sea necesario. Si viéramos un aeropuerto que es tomado definitivamente allí se tomará esa medida para recuperarlo», expresó en declaraciones a RPP.

Autoridades estatales o regionales habían informado de ocho muertos hasta ahora en las protestas, aunque la Defensoría del Pueblo solo identificó seis.

RPP informó anoche del octavo muerto, un manifestante atropellado por un camión en un corte de ruta en Virú, en el departamento de La Libertad.

La Policía confirmó esa nueva víctima, un hombre de 51 años, y sumó a otro hombre, muerto por un piedrazo, según Augusto Ríos, jefe de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad, con lo que el total de fallecidos llega a nueve.

Economía 💲

Histórico en la OIT: el mundo reconoció que los repartidores son trabajadores y tienen derechos

¿Que garantiza el nuevo convenio?. La delegación argentina, encabezada por dirigentes de la CGT y la CATT, participó activamente del debate y presentó denuncias contra el gobierno de Milei por violaciones a la libertad sindical.

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En la histórica 114ª Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra, los 187 países miembros de la OIT adoptaron por amplia mayoría un convenio vinculante que garantiza salario mínimo, seguridad social, libertad sindical y transparencia algorítmica para repartidores, conductores y trabajadores de aplicaciones.

La delegación argentina, encabezada por dirigentes de la CGT y la CATT, participó activamente del debate y presentó denuncias contra el gobierno de Milei por violaciones a la libertad sindical.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó este viernes, en el cierre de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, el primer convenio global destinado a garantizar derechos laborales básicos para los trabajadores de la economía de plataformas digitales. El texto, resultado de dos años de negociaciones tripartitas entre gobiernos, empleadores y organizaciones sindicales, se adoptó por 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones en la asamblea anual del organismo, presidida por el ministro de Trabajo y Seguridad Social del Uruguay, Juan Castillo.

El convenio entrará en vigor una vez sea ratificado por al menos dos países miembros, a los doce meses de ese acto de ratificación. Su alcance es universal: se aplica a todos los trabajadores de plataformas digitales, independientemente de su situación laboral formal, lo que incluye a conductores de aplicaciones como Uber y Bolt, repartidores de servicios como Rappi y Glovo, y trabajadores remotos de plataformas de servicios digitales.

Un hito histórico tras décadas de precarización

La aprobación del convenio pone fin a décadas de vacío regulatorio que permitió a las grandes empresas tecnológicas operar en todo el mundo bajo el argumento de que sus trabajadores son «colaboradores independientes», negándoles acceso a salario mínimo, cobertura médica, jubilación y derecho a la sindicalización. El texto aprobado reconoce explícitamente que la economía de plataformas «está transformando significativamente el mundo laboral» pero identifica graves «déficits» en materia de trabajo decente que los marcos regulatorios nacionales no lograron corregir de manera uniforme.

El convenio establece que los trabajadores por aplicación deberán percibir una remuneración en ningún caso inferior al salario mínimo legal o negociado vigente en cada país, y acceder a protección en materia de seguridad social en condiciones equivalentes a las de cualquier otro trabajador. Además, obliga a las plataformas digitales a ser transparentes sobre sus mecanismos de pago, las deducciones aplicadas y el funcionamiento de los sistemas algorítmicos que asignan tareas, calculan tarifas, miden rendimiento y determinan bloqueos o suspensiones de cuentas.

Libertad sindical y transparencia algorítmica, en el centro

Entre los ejes centrales del convenio figura el reconocimiento expreso del derecho a la libertad de asociación sindical y a la negociación colectiva para los trabajadores de plataformas, un derecho que las empresas del sector negaron sistemáticamente durante años. El texto también insta a los Estados miembros a adoptar medidas para garantizar la eliminación del trabajo forzoso y del trabajo infantil en el sector, la no discriminación y entornos laborales seguros y saludables.

Respecto a los sistemas algorítmicos, el convenio obliga a las empresas a informar a los trabajadores cómo se toman las decisiones automatizadas que afectan su actividad y a reconocerles el derecho a impugnar esas decisiones. Este punto fue uno de los más disputados durante las negociaciones, dado el modelo de negocio de las grandes plataformas, que utilizan la gestión algorítmica como herramienta de control laboral sin intermediación humana.

Argentina en Ginebra: entre el nuevo convenio y las denuncias contra Milei

La delegación sindical argentina tuvo una activa participación en la 114ª Conferencia. Horacio Calculli, integrante de la delegación de la Confederación General del Trabajo (CGT), actuó en múltiples frentes durante las dos semanas de trabajo en Ginebra. En su carácter de secretario de Salud y Seguridad Operacional de la Asociación Argentina de Aeronavegantes mantuvo una reunión con Horacio Guido, especialista de la OIT en normas internacionales del trabajo, para dar seguimiento a la denuncia presentada por las organizaciones sindicales aeronáuticas argentinas ante los órganos de control del organismo.

Esa denuncia acusa al gobierno de Javier Milei de violar el derecho de huelga, deteriorar las condiciones laborales y perseguir a dirigentes sindicales, según fuentes gremiales consultadas. El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, advirtió antes de la conferencia que Argentina estaba en condiciones de quedar «en el banquillo de los acusados» ante el organismo internacional, dado el historial de violaciones laborales de la gestión libertaria. La postura del gobierno nacional fue defendida en Ginebra por el embajador Carlos Foradori, representante permanente ante los organismos internacionales con sede en esa ciudad, ya que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, no concurrió a la conferencia.

En paralelo, Calculli desarrolló una agenda internacional como miembro del Comité Ejecutivo Mundial de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) y como presidente del Grupo de Asesores sobre Economía de Plataformas de esa federación. En ese marco mantuvo una reunión con el presidente de la ITF, Frank Moreels, para analizar la situación del transporte en Argentina y América Latina y los desafíos que enfrentan las organizaciones sindicales ante los cambios tecnológicos y productivos. También participó de reuniones vinculadas a la estrategia global de la ITF para garantizar derechos laborales para trabajadores de plataformas.

En ese contexto, Calculli subrayó que los debates de la OIT son fundamentales para construir respuestas globales frente a los cambios que atraviesa el trabajo. «La defensa de la libertad sindical, la negociación colectiva y el trabajo decente sigue siendo una tarea central para el movimiento sindical internacional. Del mismo modo, resulta fundamental que los organismos internacionales continúen monitoreando el cumplimiento de los convenios internacionales ratificados por nuestro país», afirmó el dirigente, quien también integra la Comisión Directiva de la CATT.

El contexto argentino: reforma laboral regresiva y denuncias en el plano internacional

La aprobación del convenio llega en un momento en que el gobierno de Milei impulsa, mediante la reforma laboral contenida en la Ley de Modernización Laboral 27.802, un esquema regresivo para los derechos de los trabajadores.

La CATT, que agrupa a los gremios del transporte, expresó públicamente su oposición a esa norma, advirtiendo que «debilita la negociación colectiva, precariza condiciones laborales y desconoce conquistas históricas del movimiento obrero argentino». En ese cuadro, el nuevo convenio de la OIT sobre economía de plataformas ofrece al movimiento sindical local un instrumento jurídico de carácter internacional para disputar los derechos de los trabajadores digitales en el plano nacional.

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