La administración británica en las Islas Malvinas resolvió prorrogar por cinco años las licencias otorgadas a compañías petroleras para operar en el Atlántico Sur, con la opción de sumar dos años extra si se cumplen los planes de trabajo. La medida consolida una política sistemática de avance unilateral sobre los recursos naturales estratégicos de la plataforma continental argentina, en abierto desafío a la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúe la controversia de soberanía.

El avance unilateral y la avanzada de Sea Lion

La decisión cuenta con el respaldo explícito de Londres. Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa colonial a cargo de Comercio, Industria y Recursos Minerales, justificó la maniobra al sostener que las prórrogas brindan seguridad a los operadores y argumentó: “Son recursos nuestros que debemos desarrollar”.

El foco principal de este esquema de explotación radica en el proyecto Sea Lion, situado en la cuenca Malvinas Norte, a 220 kilómetros del archipiélago. La firma israelí Navitas Petroleum (que controla el 65% del consorcio) y la británica Rockhopper Exploration (poseedora del 35% restante) proyectan iniciar la extracción comercial de crudo en marzo de 2028. Según reportó la Agencia NA, el plan contempla una primera etapa con once pozos submarinos enlazados a un buque de almacenamiento y descarga (FPSO), con un piso de extracción estimado en 50.000 barriles diarios y un objetivo inicial de recuperar 170 millones de barriles. Evaluaciones de las firmas calcularon reservas probadas y probables de hasta 314 millones de barriles en fases combinadas, requiriendo un despliegue financiero cercano a los 2.100 millones de dólares. Además de las citadas empresas, retienen permisos en el área firmas como Borders & Southern, Desire Petroleum Limited y la canadiense JHI.

Límites legales y la respuesta judicial argentina

Las operaciones foráneas carecen por completo de habilitación de la República Argentina y vulneran la Ley 26.659 (modificada por la Ley 26.915), marco normativo que sanciona las actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental con inhabilitaciones de hasta 20 años y penas de prisión de hasta 15 años. Estas penalidades alcanzan tanto a las firmas operadoras directas como a las entidades que provean financiamiento, apoyo técnico, seguros o logística.

En sede judicial, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar ordenando a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration abstenerse de iniciar o continuar obras vinculadas al desarrollo de Sea Lion. La resolución se originó a partir de una demanda impulsada por el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata junto a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, alertando sobre el riesgo ambiental y la ilegalidad de las obras sin evaluación de impacto nacional. Por su parte, la gestión de Javier Milei impulsó ante el Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional con el objetivo de elevar las penalidades económicas y administrativas para quienes operen sin permiso oficial, en un escenario donde la aplicación efectiva tropieza con la falta de cooperación internacional del Reino Unido y el control de facto que ejerce sobre el área marítima disputada.

• El régimen británico en Malvinas prorrogó por cinco años las licencias petroleras offshore, con posibilidad de extensión por dos años adicionales.
• Las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration prevén comenzar la extracción de crudo en el yacimiento Sea Lion en marzo de 2028, con picos de 50.000 barriles por día.
• La Justicia Federal de Río Grande ordenó frenar las obras de Sea Lion ante una presentación del CECIM La Plata y la Asociación de Abogados Ambientalistas.
• Argentina ratifica la ilegalidad de las licencias bajo la Ley 26.659 y la violación británica a la Resolución 31/49 de la ONU.
• El Gobierno nacional remitió al Congreso un proyecto legislativo para endurecer multas y sanciones a las corporaciones que operen sin aval del Estado.