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Madrid se moviliza contra avances de la derecha del PP para limitar los derechos LGBTIQ+
Las personas trans podrían volver a sufrir terapias de conversión de manera legal, al tiempo que elimina el protocolo contra el acoso de personas del colectivo LGBTIQI+ en las escuelas.
Miles de personas se movilizaron en Madrid en rechazo a los avances de la derecha contra los derechos del colectivo LGBTIQ+, después de que el Partido Popular (PP) de la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, presentará una serie de reformas a las leyes trans y LGBTI, vigentes desde 2016.
Las reformas a la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación y la Ley de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual fueron presentadas el viernes pasado por vía de urgencia por el PP en la Asamblea de Madrid, donde tiene mayoría.
Las modificaciones que propone implican que, entre otras cosas, las personas trans podrían volver a sufrir terapias de conversión de manera legal, al tiempo que elimina el protocolo contra el acoso de personas del colectivo LGBTIQI+ en las escuelas, así como la sensibilización y concienciación en medios de comunicación, la publicidad institucional o el Consejo de Participación LGBTQI+, un espacio dedicado a la inclusión desde la administración pública.
Ante esto, organizaciones que representan a familias de infancias y juventudes trans agrupadas bajo la consigna «Ni un paso atrás» se movilizaron ayer hacia Puerta del Sol, donde se encuentra la sede del Gobierno madrileño, para reclamar que no se modifiquen estas normativas, que implicarían un «grave retroceso» en derechos.
Encarni Bonilla, presidenta de la organización Chrysallis, una de las que convocó, dijo al diario español El País que el cambio propuesto por Ayuso era «la mayor pérdida de derechos en materia LGBTIQ+ que se ha producido desde la democracia», y agregó que implica un retroceso en la formación en diversidad que reciben el profesorado y el alumnado en las escuelas.
«Pierden también el protocolo de acoso. Si no previenes, aumenta la violencia contra nuestres hijes», dijo Bonilla.
Según las agrupaciones que organizaron la marcha, más de 15.000 personas colmaron Puerta del Sol, una plaza que es de los puntos más visitados de Madrid.
Por el contrario, fuentes de la Comunidad de Madrid informaron que había alrededor de 1.200.
Según el PP, la modificación de las dos normas, vigentes desde 2016, busca «dar mayor claridad y seguridad jurídica» y eliminar aspectos de tipo impositivo.
En ese sentido, Irene Montero, la ministra de Igualdad de España, sostuvo que las leyes no se pueden modificar y manifestó su apoyo y acompañamiento a la comunidad LGBTIQ+.
«Las vidas Trans y LGTBI no se pueden derogar. Nunca más un país sin vosotres. No estáis soles: la ley trans y LGTBI es ley», escribió la ministra en la red social X (ex Twitter), junto con una foto de la movilización de anoche.
Militantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de Más Madrid, la formación regional dentro de la coalición de izquierda Sumar, también participaron de la movilización de anoche.
Representantes de ambos partidos dijeron que, en caso de que sea necesario, recurrirán a la «vía judicial».
A la vez, vincularon los planes del PP con las manifestaciones que en los últimos días convocó ese partido junto al ultraderechista Vox contra la ley de amnistía acordada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los independentistas catalanes para lograr un nuevo mandato, que se espera se confirme esta semana en el Congreso de los Diputados.
«Hay una línea de continuidad entre los que van a (la sede del PSOE de) Ferraz a llamar (a la gente) ‘maricones’ y quienes aprovechan ese impulso para derogar leyes», apuntó la portavoz municipal, Rita Maestre, según elDiario.es.
«Vamos a plantar cara en la Asamblea de Madrid, pero, a continuación, a donde haya que llegar», dijo al diario El País la senadora Carla Antonelli de Más Madrid.
«Madrid se va a convertir en la capital de la transfobia y la LGBTIfobia. Ayuso va a tener el dudoso honor en convertirla en la primera capital que va a involucionar en derechos civiles», añadió.
Tanto las asociaciones trans como Antonelli señalaron que con la reforma se «vuelve a patologizar» a las personas trans mediante el estudio médico y psicológico, algo que denuncian que se había superado hace décadas.
«Le vamos a demostrar a la Señora Isabel Díaz Ayuso que este atropello a los derechos humanos y el maltrato al colectivo LGTBIAQ+ le va a pasar factura, tarde o temprano», leyó una integrante de la asociación Arcópoli, una de las que convocó a la movilización, del manifiesto que firmó «Ni un paso atrás».
La lectura estuvo acompañada de aplausos y gritos de apoyo de familias con niños y niñas y personas trans, no binarias y diversas, la población que se verá directamente afectada por los cambios en la legislación.
«Los derechos trans son derechos humanos», «Nuestros derechos no se tocan», «Si no hay ley trans habrá furia trans», «Volver al armario es un puto calvario», fueron algunos de los cantos de los manifestantes, al tiempo que flameaban banderas del orgullo LGBTIQ+.
No hubo reportes de incidentes de esta movilización, a diferencia de las que promueven PP y Vox, además de otras organizaciones de derecha y ultraderecha, contra la ley de amnistía.
Mar Cambrollé, de la Federación Plataforma Trans, aseguró tras la presentación de la propuesta que es «antagónica» no sólo a los principios de la ley estatal, sino también a los «dictámenes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que en 2018 aprobó su despatologización», las directrices de la Asociación Americana de Psiquiatría o el marco de la Unión Europea.
«Querer seguir imponiendo las terapias de conversión es algo monstruoso, una tortura, es inconstitucional y ellos deben saberlo. Todo esto no deja de ser una provocación más de una señora con delirios fascistas que no se decide entre la moderación o mimetizarse con el discurso de la ultraderecha», cuestionó en declaraciones al sitio Publico.
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Perú elige entre dos modelos de país: el fujimorismo o Sánchez
Más del 70% de los peruanos no votaron por ninguno de los dos finalistas en la primera vuelta.
Perú ante el abismo: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán el balotaje el 7 de junio
El Jurado Nacional de Elecciones confirmó la segunda vuelta entre la derechista hija del dictador condenado y el candidato de izquierda, en un país que acumula ocho presidentes en una.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú confirmó este domingo que Keiko Fujimori, candidata por Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, serán los protagonistas del balotaje presidencial fijado para el 7 de junio de 2026. La proclamación oficial llegó días después del cierre del escrutinio, en medio de reclamos y recursos presentados por diversas agrupaciones políticas.
Roberto Burneo, presidente del JNE, ratificó que ambos «son los candidatos que han obtenido las dos más altas mayorías relativas» y subrayó que el organismo «ya ha cumplido con su función constitucional». Keiko Fujimori obtuvo el 17,1% de los votos en la primera vuelta del 12 de abril, mientras que Sánchez la siguió con el 12%.
Una democracia fragmentada al límite
El dato más revelador del escrutinio final no es quiénes pasaron al balotaje, sino quiénes no: más del 70% de los peruanos no votaron por ninguno de los dos candidatos que se disputarán la presidencia. En un sistema político que acumula ocho presidentes en una década sin que ninguno completara su mandato, esa cifra habla de una desafección ciudadana profunda y de una crisis de representación que ninguna segunda vuelta puede resolver por sí sola.
Keiko, el retorno del fujimorismo
Keiko Fujimori llega a su cuarto intento presidencial con un programa centrado en tres ejes: orden, crecimiento económico y desarrollo social. Propone reforzar la seguridad, combatir la corrupción, reducir el déficit fiscal y ampliar los programas sociales. Sin embargo, su candidatura arrastra el peso histórico de ser hija de Alberto Fujimori, el expresidente que renunció por fax desde Tokio en el año 2000, fue condenado por crímenes de lesa humanidad y murió en libertad en septiembre de 2024 gracias a un indulto restituido. La propia Keiko fue procesada en causas de financiamiento irregular de campañas electorales y pasó períodos bajo prisión preventiva, aunque llega a esta elección sin condena firme.
Sánchez, la apuesta de la izquierda
Roberto Sánchez representa a los sectores progresistas y propone una reforma estructural del país, que incluye la redacción de una nueva Constitución, mayor intervención del Estado en sectores estratégicos de la economía y el indulto al expresidente Pedro Castillo, quien en noviembre de 2025 fue condenado a 11 años y 6 meses de prisión por el delito de rebelión, tras su fallido autogolpe de diciembre de 2022.
Un país sin presidentes: la crisis institucional peruana
El contexto en que se desarrolla este balotaje es el de un Estado en emergencia institucional permanente. Perú llegó a estas elecciones tras la destitución en octubre de 2025 de Dina Boluarte (acusada de enriquecimiento ilícito y de responsabilidad política en la muerte de más de 50 manifestantes), y luego de la remoción en febrero de 2026 de José Jerí, su sucesor, por presunto tráfico de influencias en el caso conocido como «Chifagate«. Desde entonces, el país es conducido de manera interina por José María Balcázar, hasta la asunción del nuevo mandatario prevista para el 28 de julio.
La historia reciente es devastadora: desde la caída de Alberto Fujimori en 2000, Perú atravesó dos presidencias de transición, cuatro destituciones parlamentarias, dos renuncias, tres condenados y un suicidio presidencial en plena investigación judicial. El expresidente Alan García se quitó la vida en abril de 2019 antes de ser detenido en el marco del caso Odebrecht; Alejandro Toledo fue condenado a 20 años de prisión por coimas millonarias a esa misma constructora brasileña; y Martín Vizcarra recibió en noviembre de 2025 una condena de 15 años en la causa Lomas de Ilo.
La sombra del fujimorismo sobre la historia
La candidatura de Keiko no puede disociarse del legado de su padre. Alberto Fujimori gobernó Perú entre 1990 y 2000 bajo un régimen que concentró poder, persiguió adversarios políticos y fue condenado por la justicia internacional por crímenes de lesa humanidad, incluyendo masacres y esterilizaciones forzadas. Que su hija llegue por cuarta vez a una segunda vuelta presidencial ilustra la profundidad de las contradicciones del sistema político peruano y la persistencia de estructuras de poder que sobreviven a todos los escándalos.
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