Economía 💲
Cancillería recomienda a «asumir cuidadosamente» la decisión de viajar a Perú
Uno de los destinos más elegidos es el Machi Picchu. Están cerrados el ferrocarril y tres aeropuertos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores recomendó hoy a los ciudadanos argentinos que asuman «cuidadosamente la decisión» de visitar Perú, donde como consecuencia de la protestas que tienen lugar en el país continúan los cortes de ruta que impiden la circulación del transporte vehicular; los aeropuertos de Juliaca (Puno), Cusco y Andahuaylas (Apurimac) se encuentran cerrados, y el ferrocarril a Machu Picchu suspendió sus operaciones «hasta nuevo aviso».

«Al día de la fecha, en la República del Perú continúan registrándose manifestaciones y se producen cortes de carretera y vías nacionales que interrumpen el normal funcionamiento del transporte en todas sus modalidades», señaló el Palacio San Martín a través de un comunicado.
En ese sentido, se informó que la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías del Perú (Sutran) actualiza minuto a minuto el mapa de carreteras y vías con cortes a la circulación. A esta información puede accederse a través del sitio web, o a través de la cuenta de Twitter de la Sutran (@sutranperu).
Y se detalló que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima ha dispuesto tres nuevas medidas que deberán tener en cuenta los pasajeros:
- Sólo podrán ingresar al aeropuerto los pasajeros que posean un billete aéreo.
- Esto incluye el ingreso peatonal y vehicular
- Para ascenso y descenso por acceso vehicular, sólo se permitirá el ingreso a los pasajeros con billete aéreo y al conductor del vehículo
- No se permiten acompañantes».
«En virtud de lo anterior, se sugiere a los ciudadanos argentinos que estén planificando visitar la República del Perú próximamente, asumir la decisión cuidadosamente, recabar la mayor información posible antes de iniciar su viaje, y tener en cuenta las eventuales dificultades e imprevistos que podrían presentarse tanto para los propios connacionales como para sus familias, teniendo en cuenta además que la situación vigente en Cusco hace imposible la actividad turística«, se puntualizó en la comunicación de Cancillería.
Medio Ambiente 🌱
La Hidrovía quedó en manos de Jan De Nul: el negocio de los amigos de Caputo se concretó
El Gobierno nacional completó la privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay y adjudicó la concesión al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus. La decisión se oficializó mediante la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), publicada en el Boletín Oficial, a pesar de las advertencias de irregularidades formuladas por organismos del propio Estado.
Jan De Nul opera el canal desde 1995. La concesión se extiende por 25 años, con posibilidad de prórroga de hasta cinco años adicionales. El contrato definitivo deberá firmarse en los próximos 30 días. Este diario alertó en febrero de 2025 que el proceso licitatorio registraba poca competencia y falta de transparencia: en la apertura de ofertas de aquel momento, solo una empresa había presentado propuesta.
Un proceso cuestionado desde el inicio
La licitación nunca estuvo exenta de polémicas. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas emitió un dictamen formal ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal alertando sobre irregularidades graves: ausencia de estudios de impacto ambiental, incumplimiento del Acuerdo de Escazú, falta de participación de las provincias ribereñas y cláusulas que exigen una garantía de diez millones de dólares para poder impugnar decisiones administrativas. Fue el tercer informe crítico sobre el proceso.
El diputado nacional Jorge Taiana tomó ese dictamen para exigir la suspensión inmediata de la licitación. El juez federal Daniel Rafecas rechazó el pedido cautelar, coincidiendo con el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, y concluyó que no existían elementos suficientes para detener el proceso. El Gobierno siguió adelante.
La trama Neuss-Caputo-Servimagnus
El reparto del negocio no sorprende a quienes siguen la trama de poder del gobierno de Javier Milei. Este diario publicó en marzo de 2025 que los hermanos Juan, Patricio y Georgi Neuss, ligados al asesor presidencial Santiago Caputo, figuraban entre los principales beneficiarios de las privatizaciones del ciclo Milei. Los Neuss financian la Fundación Faro, que conduce Francisco Caputo, hermano de Santiago. Son dueños del Yacht Club donde se organizan cenas de recaudación para La Libertad Avanza y, en febrero de 2025, aportaron 35 millones de pesos a la estructura partidaria de cara a las elecciones de medio término.
El Grupo Neuss figura como probable subcontratista del dragado que ejecutará Jan De Nul. Servimagnus, el socio local del consorcio adjudicatario, pertenece a Ricardo Román, cuya familia integra el mapa de empresarios vinculados al entorno del Gobierno junto a los nombres de Gustavo Elías y Juan Ondarcuhu. El periodista Alejandro Bercovich describió el esquema: una vez firmado el contrato, Jan De Nul deberá subcontratar servicios a otras empresas para cumplir con las demandas del Estado, y ahí es donde ingresa el círculo de Caputo.
Como señaló el análisis de Jesús Rivero en El Argentino, la dimensión del negocio es también geopolítica. El congresista republicano Brian Mast, aliado de Donald Trump, envió una carta al Secretario de Estado Marco Rubio alertando sobre una presunta «influencia maligna china» en la puja. Esa misma semana, Santiago Caputo viajó a Washington y se reunió con Mast, con el director senior del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional y con el embajador Alec Oxenford. El consorcio competidor DEME intentó instalar que Servimagnus tenía vínculos con capitales chinos a través de Agrofina; Jan De Nul y Servimagnus rechazaron esas acusaciones como «falsas y malintencionadas».
Las cifras de la entrega
Por la Hidrovía transita cerca del 80% de las exportaciones argentinas, más de 80 millones de toneladas de granos y derivados por año. Las proyecciones oficiales de la Anpyn estiman una facturación anual promedio cercana a los 628 millones de dólares para la concesionaria, con ingresos acumulados que podrían superar los 15.700 millones de dólares en 25 años. El esquema no contempla garantías ni aportes del Estado: es concesión por peaje y a riesgo empresario.
Las proyecciones prevén un crecimiento del tráfico internacional del 38,1% durante la concesión, del cabotaje un 28,2%, y del tramo Santa Fe-norte del país un 52,4%. La mayor parte de las inversiones se concentrará en los primeros siete años; la rentabilidad máxima llegaría recién a partir del año dieciséis.
El contrato está firmado en los papeles. Lo que queda por verse es cuánto de ese negocio estratégico termina en manos del círculo que rodea al poder, y cuánto le queda al país.
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