★ Una situación de alta tensión militar se desarrolla en el océano Atlántico a partir de la persecución del petrolero Marinera, antes identificado como Bella-1, un buque que transporta crudo venezolano y navega bajo bandera rusa. Según la información disponible, fuerzas estadounidenses intentan incautarlo, mientras la Armada rusa dispuso un submarino para escoltarlo y evitar su abordaje.

De acuerdo con los datos difundidos, la persecución lleva al menos dos semanas y se inscribe en una ofensiva naval más amplia de Estados Unidos contra embarcaciones vinculadas a exportaciones energéticas venezolanas.

Una operación de presión marítima sin precedentes

La operación es presentada por Washington como parte de un “bloqueo total” contra las exportaciones de petróleo de Venezuela, que, según esta versión, fue decretado el 16 de diciembre por el presidente estadounidense Donald Trump. Esta caracterización, incluida la definición de la medida como la mayor “cuarentena” marítima de la historia moderna.

En el mismo sentido, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que la estrategia apunta a “asfixiar financieramente” al entorno del gobierno de Nicolás Maduro y frenar operaciones comerciales consideradas “ilícitas” por Washington.

Antecedentes recientes en alta mar

Según el detalle difundido sobre la ofensiva naval estadounidense, se registraron los siguientes episodios:

• Buque Skipper: incautado el 10 de diciembre cuando se dirigía a China.
• Buque Centuries: abordado el 20 de diciembre y liberado tras una inspección.
• Buque Marinera: actualmente bajo persecución, con presencia militar rusa en la zona.
• Otra intercepción: un segundo petrolero vinculado a Venezuela fue detenido en aguas latinoamericanas en las últimas 48 horas.

Hasta el momento, no se mencionan comunicados oficiales de organismos marítimos internacionales ni resoluciones judiciales que avalen o detallen el marco legal de estas acciones, sin embargo, EEUU lleva adelante estás maniobras en contra de la soberanía energética venezolana y violentando todos los tratados internacionales en la materia.

La maniobra de los “buques fantasma”

Especialistas de TankerTrackers.com, un sitio dedicado al monitoreo de tráfico petrolero mediante datos satelitales, detectaron una “operatoria irregular”, desde la perspectiva estadounidense, de múltiples embarcaciones asociadas a Venezuela. Según este seguimiento, al menos 16 petroleros sancionados unilateralmente por los EEUU dejaron de emitir señales desde puertos venezolanos.

De ese total, 12 habrían apagado sus sistemas de identificación automática (AIS), mientras que otros cuatro estarían realizando spoofing, una técnica de falsificación de señales GPS para ocultar su rumbo real. Estos movimientos, siempre según el monitoreo citado, apuntarían a evadir controles internacionales.

Riesgos técnicos y disputas políticas

La salida de estos buques estaría vinculada a una situación crítica de almacenamiento de crudo en Venezuela, con terminales próximas a su capacidad máxima. De no liberarse espacio, el sistema petrolero podría sufrir daños estructurales, de acuerdo con evaluaciones técnicas mencionadas en la información disponible.

En el plano político, se sostiene que varias de estas naves habrían zarpado sin autorización formal del gobierno venezolano. También se menciona a empresarios como Alex Saab y Ramón Carretero como actores vinculados a estas operaciones, aunque no se aportan resoluciones judiciales ni documentos oficiales que confirmen los dichos provenientes de Estados Unidos.

Asimismo, se señala que en Caracas la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ahora titular del Ejecutivo tras el secuestro de Nicolás Maduro, enfrentaría tensiones internas por la falta de control sobre la estatal PDVSA.

Un escenario abierto y sin verificación plena

El episodio del Marinera expone una escalada marítima con potenciales consecuencias diplomáticas y militares. Sin embargo, buena parte de la información difundida proviene de versiones oficiales estadounidenses, monitoreos privados y trascendidos periodísticos, sin que se hayan presentado hasta ahora documentos públicos que confirmen la legalidad o ilegalidad internacional de las acciones denunciadas.