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Fakenews y discursos de odio en Latinoamérica: cómo combatirlos

En el encuentro virtual organizado por la Televisión América Latina (Red Tal) se habló de noticias falsas y el boom de los memes, entre otros temas esenciales para la comunicación pública.

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Por Romina Calderaro

Autoridades de medios públicos de América Latina intercambiaron este viernes miradas sobre el fenómeno de las fake news y propusieron ideas para frenar su avance en un encuentro virtual organizado por la Televisión América Latina (Red Tal), en el que participó la presidenta de Télam, Bernarda Llorente, quien hizo referencia a «los contextos de proliferación de noticias falsas» y habló de los «pecados» de la comunicación expuestos por el Papa Francisco.

Llorente puso el acento en los discursos de odio que contienen las noticias falsas, cuyo objetivo es generar determinado estado de ánimo en la gente que las consume, y dijo que «proliferan en momentos de frustración de la sociedad; se aprovechan de los estados anímicos de lo que denominamos ‘la gente'».Al citar al Papa Francisco, a quien entrevistó recientemente en exclusiva para la agencia Télam, Llorente dijo que el Sumo Pontífice «es además de un líder religioso un líder social y político cuyo discurso es disonante frente al discurso plano general».

Sobre los discursos de odio, la presidenta de Télam subrayó que tienen el objetivo «de marcar la cancha, de distorsionar la visión de la política y de llevar a los ciudadanos a la inacción».

También se analizó que las guerras entre países hoy son tan importantes como las llamadas infowars o guerras informativas, que mucha gente dejó de creer en los medios de comunicación tradicionales y se vuelca por eso a otras plataformas, que las fake news proliferan en contextos de frustración de la población, que los jóvenes son menos propensos a caer en la trampa de una noticia falsa, que su reproducción tiene fines políticos y económicos porque las redes sociales ganan dinero con su reproducción.

Que una parte importante de la población de Latinoamérica ni siquiera puede desinformarse porque no se le garantiza la conectividad como derecho humano.

Ésas fueron algunas de las tesis expuestas en el zoom Infodemia y Comunicación pública, el rol de los medios, que se desarrolló hoy con la exposición y el debate que dieron representantes de medios públicos de América Latina en una convocatoria impulsada por el Consejo Directivo de la Red Tal (Televisión América Latina) que agrupa a más de 150 canales públicos, culturales, cooperativos, comunitarios, parlamentarios y universitarios de la región.

Cada expositor tuvo siete minutos para exponer su visión sobre la infodemia y las noticias falsas y empezó con su tesis el mexicano Jenaro Villamil, presidente de la Red Tal.»El contexto político en América Latina está virando a la izquierda, pero el sistema mediático que incluye a los medios masivos y a los digitales no ha cambiado, son grandes reservorios de la derecha en contra de los procesos de cambio«, contextualizó.

Luego habló de la importancia que hay que darle a las guerras informativas o infowars y a su preocupación porque los contenidos desinformativos penetran con más facilidad que los contenidos informativos.

También se refirió a la inclinación adrede de los medios a la comunicación afectiva entendida como esa que genera miedo.

En representación de Perú, habló Hugo Coya, escritor y periodista, quien dijo que «las noticias falsas tienen una razón política y una razón económica. Las redes por ejemplo ganan dinero con la difusión de las noticias falsas y estamos frente a la cultura de la memecracia porque hay un desencanto y una baja credibilidad de lo que informan los medios«, afirmó.

Para exponer la visión brasileña, Chico Marés, coordinador de la agencia Lupa, aseguró que «antes de la pandemia, la confianza de los brasileños en las vacunas era del 90 por ciento. Después de la campaña antivacunas cayó al 75 por ciento«.La analogía que hizo con ese dato es preocupante e importante de cara al proceso electoral que se viene, que tiene a Lula como gran favorito para destronar a Jair Bolsonaro. «Usan métodos para reducir la confianza en las creencias que van a intentar usar pata horadar la confianza en el sistema electoral», destacó.

Patricia Villegas, periodista colombiana y Presidenta de teleSUR,fue la encargada de compartir la visión de los medios públicos latinoamericanos.

«Los medios hegemónicos están atravesando una crisis de legitimidad. La gente no les cree, pero además dice que las noticias se vuelcan demasiado a la política y a la covid, que las noticias son desesperanzadoras y que nunca se ofrece una solución«, dijo. Y se mostró convencida de la necesidad de darle más participación a las audiencias para que expresen sus intereses».

Ana María Ruiz, de Colombia, hizo eje en las audiencias de los más jóvenes, dijo que son menos vulnerables a creer en fake news y habló de la necesidad de prestarle atención al metaverso y ver cómo ingresa ahí el periodismo y dejó planteada la pregunta: ¿Qué les sucede a les chiques con la información? Protestar por algo sin proponer un modo de cambiarlo no tiene sentido.

De modo que después de la exposición del problema, los participantes dijeron cómo les parece que puede empezar a cambiarse el fenómeno de la infodemia y las falsas noticias.

Llorente habló de que que la salida tiene que ser colaborativa y de la necesidad de aumentar el derecho humano a la conectividad en América Latina.

Desde México propusieron que la Red Tal cree un sistema de verificación de noticias y un departamento de investigación de las fake news, se habló de hacer coproducciones en las audiencias infantiles, de agregar más buenas noticias a los contenidos y de la necesidad de alfabetizar desde la más tierna edad a los niños y niñas para que sean consumidores menos propensos al engaño.

Fake News

Bomberos desmienten al Gobierno de Milei: no enviaron fondos ni ayuda excepcional por los incendios

La Federación de Bomberos de Chubut aclaró que los $100.810 millones difundidos como asistencia especial corresponden a la Ley 25.054, vigente desde 1998, y se financian con aportes ciudadanos. El anuncio oficial llegó en medio de la emergencia ígnea, pero se trata de fondos que corresponden por ley, no de una decisión excepcional del Ejecutivo.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ Mientras la Patagonia enfrenta los peores incendios forestales de las últimas tres décadas, con más de 230.000 hectáreas arrasadas, el Gobierno nacional difundió la transferencia de $100.810 millones al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios presentándola como una ayuda directa ante la emergencia. Sin embargo, la Federación de Bomberos de Chubut salió públicamente a desmentir que se trate de un aporte extraordinario.

Rubén Oliva, presidente de la Federación de Bomberos de Chubut, fue categórico al explicar el origen de esos recursos. Según detalló a medios locales, el dinero corresponde a la Ley Nacional N° 25.054, sancionada en 1998 y vigente desde hace más de dos décadas, que establece un mecanismo permanente de financiamiento para los cuarteles de todo el país.

Plata de la gente, no del Gobierno

La aclaración apuntó al corazón del anuncio oficial: los fondos no surgen de ninguna partida presupuestaria discrecional ni de una decisión excepcional del Ejecutivo. El dinero proviene del 5 por mil de las primas de seguros de automotores y viviendas que paga la ciudadanía en todo el país. El Estado nacional solo administra y distribuye esos recursos.

«No existe un aporte extraordinario por parte de Nación. Los recursos corresponden al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y el financiamiento surge de un esquema legal vigente. El origen del dinero no depende de partidas discrecionales», explicó Oliva.

La Federación remarcó que la transferencia incluye fondos adeudados del ejercicio 2025 que no se giraron en su totalidad durante ese año, más la primera cuota correspondiente a 2026. Es decir, parte del dinero anunciado como «ayuda» en realidad es deuda del año anterior.

Una distribución insuficiente

Los $100.810 millones se reparten entre las 1.062 asociaciones bomberiles del país, lo que resulta en aproximadamente $95 millones por cuartel. La distribución es igualitaria, sin importar si los cuarteles están en zonas de alto riesgo de incendios o enfrentan emergencias activas.

Para dimensionar la insuficiencia del monto, desde la Federación de Bomberos señalaron que un solo traje forestal cuesta más de $5.000. Con el monto asignado, cada cuartel apenas podría adquirir 19 trajes, un número claramente insuficiente para atender emergencias de la magnitud de los incendios patagónicos.

Según denuncias de trabajadores de Parques Nacionales, actualmente hay 400 brigadistas para cubrir más de 5 millones de hectáreas, cuando el mínimo necesario sería de 700 efectivos para una respuesta adecuada.

El timing del anuncio

El anuncio gubernamental se produjo el 27 de enero, en plena crisis por los incendios que ya habían consumido decenas de miles de hectáreas en Chubut, La Pampa, Río Negro y Neuquén. La difusión oficial presentó los recursos como una respuesta directa del Gobierno de Javier Milei ante la emergencia ambiental.

Sin embargo, la aclaración de la Federación de Bomberos evidenció que se trató de una operación de comunicación política: presentar como ayuda excepcional lo que en realidad corresponde por ley y se financia con dinero de los ciudadanos, no del Estado.

La estrategia comunicacional generó malestar en distintos cuarteles del país. Desde el sistema bomberil remarcaron la necesidad de comunicar con precisión el origen de los recursos, especialmente en momentos de emergencia, para no generar expectativas erróneas ni confusión en la población.

Cuarteles endeudados

La desmentida de Bomberos de Chubut se suma a denuncias sobre la situación crítica del financiamiento al sistema bomberil. Según declaraciones de representantes de cuarteles de la provincia, «los cuarteles están endeudados» por la falta de fondos adecuados para equipamiento, mantenimiento de unidades y capacitación del personal voluntario.

El diputado nacional Martín Soria requirió al Ministerio de Seguridad que informe sobre el funcionamiento del sistema de alertas tempranas, la cantidad de alertas emitidas desde septiembre de 2025, las zonas afectadas y las campañas de prevención implementadas para el verano 2025-2026.

La diferencia entre el cumplimiento de obligaciones legales y la asistencia extraordinaria ante catástrofes se vuelve crucial en un contexto donde la información oficial resulta determinante para la gestión de la emergencia y la confianza ciudadana.

Un patrón comunicacional

La desmentida de Bomberos de Trelew y la Federación de Chubut vuelve a poner el foco en la forma en que el Gobierno nacional comunica políticas sensibles. En plena crisis ambiental, la precisión sobre el origen de los recursos destinados a quienes combaten incendios se transforma en un tema central del debate público.

El caso se inscribe en una serie de anuncios oficiales que presentaron como logros de gestión lo que en realidad corresponde a obligaciones legales preexistentes o a recursos que se financian con aportes de la ciudadanía, no con partidas del Tesoro Nacional.

Mientras tanto, la Patagonia continúa ardiendo con más de 230.000 hectáreas devastadas, 700 personas evacuadas y un daño ambiental irreparable en ecosistemas de bosque nativo que tardarán décadas en recuperarse, si es que pueden hacerlo.

Puntos clave:

• La Federación de Bomberos de Chubut desmintió que los $100.810 millones anunciados sean un aporte extraordinario del Gobierno por los incendios

• Los fondos corresponden a la Ley Nacional 25.054, vigente desde 1998, y se financian con el 5 por mil de las primas de seguros que paga la ciudadanía

• La transferencia incluye fondos adeudados del ejercicio 2025 que no se giraron en su totalidad, más la primera cuota de 2026

• El monto se reparte entre 1.062 cuarteles, unos $95 millones por asociación, mientras un solo traje forestal cuesta más de $5.000

• El anuncio se produjo en pleno pico de la crisis ígnea, presentando como ayuda excepcional lo que en realidad corresponde por ley ★

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