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GestapoGate: Villegas declarará el miércoles ante la Bicameral

El exministro fue citado en la investigación por la reunión celebrada en la sede porteña del Banco Provincia, en la que el funcionario de Vidal y otros miembros del gabinete bonaerense, junto a agentes de inteligencia y empresarios, analizaron la conformación de una mesa judicial para impulsar causas contra organizaciones sindicales.

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Por Silvina Angiono.

El exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, funcionario de la gestión que encabezó como gobernadora María Eugenia Vidal, deberá comparecer el miércoles ante los miembros de la subcomisión de espionaje de la Bicameral de Inteligencia del Congreso para explicar el alcance de sus dichos registrados en un video de 2017, en el cual expresaba sus deseos de contar con una «Gestapo» para accionar contra los gremios.

Villegas fue citado por ese cuerpo parlamentario que investiga una reunión celebrada en la sede porteña del Banco Provincia, en la que el ministro de Vidal y otros miembros del gabinete bonaerense, junto a agentes de inteligencia y empresarios, analizaron la conformación de una mesa judicial para impulsar causas contra organizaciones sindicales.

El exfuncionario les daba a los empresarios instrucciones sobre la forma en la cual debían actuar para el armado de causas contra los dirigentes sindicales y les confiaba que la Procuración estaba al tanto sobre cómo debían ejecutarse estas maniobras, según lo que pudieron reconstruir los legisladores a partir de testimonios que se aprecian en ese registro audiovisual.

La citación a Villegas se resolvió luego de que el jueves último los legisladores escucharan el testimonio del procurador bonaerense, Julio Conte Grand, quien intentó desvincularse de la mesa judicial contra sindicalistas con argumentos «poco convincentes», según confiaron los parlamentarios oficialistas que componen la Bicameral.

De hecho, según afirmó el presidente de la Bicameral, Leopoldo Moreau, «pudimos corroborar que en esa reunión en el Banco Provincia el ministro Villegas efectivamente involucró de manera directa a la Procuración y al Procurador en particular».

Conte Grand negó ante los legisladores el involucramiento y aseguró que no se hacía cargo de los dichos de Villegas» y que «había actuado irresponsablemente», según relató Moreau.

«A raíz de los dichos de Conte Grand se confirma que fiscales del Ministerio Público han tenido vínculo con los servicios de inteligencia para el armado de causas y queda pendiente dirimir lo que dijo el exministro por un lado y lo que dijo el procurador por el otro. Porque, insisto, uno de los dos falta a la verdad», afirmó el diputado del Frente de Todos (FdT).

Por ese motivo, Moreau confirmó que «vamos a citar al exministro Marcelo Villegas para el miércoles próximo». Los legisladores investigan los alcances de la reunión realizada en la sede porteña del Banco Provincia, donde el entonces ministro de Trabajo le manifestó a los presentes sus deseos de contar con «una Gestapo» -la policía política del régimen nazi- para perseguir a los gremios.

El audio de ese video -que constituyó el inicio de la investigación judicial y parlamentaria- reveló que algunos de los asistentes aludían a la colaboración asegurada de una fiscal y de la Procuración General en el objetivo de perjudicar a sindicalistas.

Además del testimonio de Conte Grand, esta semana los legisladores recibieron a la exfuncionaria del Banco Provincia (Bapro) Emilia Jaime, quien admitió que ella misma pidió reserva de la sala donde se realizó la reunión, a pedido del extitular de esa entidad Juan Curuchet. Ante los legisladores, Jaime dijo que se dedicaba, entre otras funciones como secretaria de Curuchet, a «mandar los mails para reservar los lugares para determinadas reuniones».

De esta forma, Jaime confirmó la información que surgió de los mails en los cuales se pide por tres días la sala de multiuso en la cual se grabó esa reunión. La empleada pidió la sala de reuniones como figura en los mails que tiene la subcomisión y que fueron entregados por las actuales autoridades del Banco Provincia.

En el marco de la investigación parlamentaria, los miembros del cuerpo se reunieron además días atrás con el exjefe de seguridad del edificio Mariano Albito, quien aseguró a los legisladores que históricamente «nunca hubo cámaras» en el lugar.

De acuerdo con la investigación que llevan adelante, los legisladores pudieron acreditar que la sala del Banco Provincia fue reservada por la Gobernación de Vidal por un lapso de tres días y que las cámaras fueron instaladas y desmontadas un día antes y otro posterior a cuando ocurrió el encuentro.

En tanto y en el marco de la causa judicial, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak pidió a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que informe si la exgobernadora Vidal recibió un teléfono encriptado o satelital y, en caso de ser así, si lo devolvió a ese organismo, informaron fuentes tribunalicias.

Además, el magistrado citó como testigos a exfuncionarios del Banco Provincia, algunos de ellos ya declararon ante la subcomisión, y que participaron de la reunión realizada en la sede porteña de esa entidad.

Judiciales ⚖️

La Justicia retiene el celular de Grabois y avanza con la pericia biométrica

Ramos rechazó un nuevo pedido de devolución y la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica. La investigación por la toma del Instituto Perón sigue abierta.

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Causa por la toma del Instituto Peron

El procesamiento no cerró la investigación, y el celular de Juan Grabois es la prueba que falta. El juez federal Sebastián Ramos rechazó un nuevo pedido para devolverle el aparato porque todavía debe extraerse la información que podría mostrar si el diputado dio órdenes a los militantes que ocuparon el edificio.

Grabois, diputado nacional de Unión por la Patria, referente de Patria Grande y dirigente de la UTEP, está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos, por la ocupación del ex Instituto Juan Domingo Perón, en Austria 2593, barrio porteño de Recoleta, el 7 de junio de 2025. El Ministerio de Capital Humano, de cuya órbita depende el inmueble, es querellante en la causa.

Qué dijo el juez

Ramos sostuvo que «el dictado del procesamiento no implicó la culminación de la investigación» y que sigue pendiente la extracción de los datos almacenados en el equipo. También rechazó el planteo subsidiario de la defensa, que pedía conservar el teléfono como depositario judicial mientras se resolvía un pedido de nulidad sobre el peritaje. Según el magistrado, quedan además medidas para identificar a otras personas que intervinieron en la ocupación.

El juez reconoció que la medida supone «una injerencia significativa en la esfera de privacidad e intimidad» y que, llegado el momento, deberá sopesar su alcance y su utilidad concreta.

La Cámara Federal cerró dos puertas

Según trascendió de fuentes judiciales, la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, declaró inadmisible el recurso con el que la defensa buscaba llevar el procesamiento ante la Casación: entendió que esa resolución no es recurrible por esa vía y que el planteo de arbitrariedad era insuficiente. La misma Sala declaró inadmisible el recurso contra el fallo que había ratificado el rechazo de la nulidad de la pericia biométrica, presentado por el abogado Nicolás Rechanik el 14 de octubre. Consideró insuficientes los argumentos sobre la posible afectación de derechos de «las personas que pudieran ser identificadas».

Ese mismo tribunal había confirmado el 1 de octubre el procesamiento por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, y mantuvo los embargos: 5 millones de pesos para Grabois y 1 millón para Valentín Peralta, dirigente de Patria Grande. El teléfono ya había sido motivo de otra batalla: en octubre de 2025 la Casación rechazó un recurso extraordinario de Grabois contra el peritaje y, a fines de junio, seguía pendiente en la Corte Suprema un planteo de la defensa para evitar que se abra el aparato.

Dos lecturas de lo que pasó en el Instituto

La defensa sostiene que Grabois fue al lugar como abogado de la cooperativa que administraba el espacio gastronómico lindero, Un Café con Perón; Rechanik habló de venganza política y Patria Grande denunció persecución. Ramos, en cambio, consideró que Grabois habría alentado la permanencia de los manifestantes dentro del edificio y los habría instado a enfrentar a la policía durante el desalojo. Un día antes, el diputado había convocado por redes sociales a un «café con Perón», y la ocupación ocurrió días antes de la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

En el plano político, Grabois planteó en los últimos días que «si Cristina no es candidata, es obvio que el candidato es Axel», en referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Lo que tenés que saber

  • El juez federal Sebastián Ramos rechazó devolver el celular a Juan Grabois porque falta extraer los datos del aparato.
  • Grabois está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos.
  • La Sala I de la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica.
  • El procesamiento había sido confirmado por esa Sala el 1 de octubre.
  • Capital Humano es querellante; la defensa denuncia persecución política.
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