Gremiales
La CGT expresó su «total repudio» al espionaje del gobierno de Vidal
El «objetivo de Cambiemos era disciplinar y condicionar, entre otros, a los representantes del movimiento obrero organizado».
La CGT expresó este lunes su «total repudio» ante «la aparición de hechos que confirman de forma definitiva y sin dudas que en la Argentina existió durante el gobierno de la Alianza Cambiemos un artero ataque político cuyo objetivo era disciplinar y condicionar, entre otros, a los representantes del movimiento obrero organizado».
El modo de discernir las diferencias siempre es «la discusión política y nunca la ilegalidad de una coacción de quienes representan al Estado».
Un documento firmado por el consejo directivo de la CGT, que colideran Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, aseveró que el hecho de que en la gestión de Cambiemos «el poder político bonaerense haya querido tener como herramienta de control y dominación una policía secreta tipo Gestapo nazi habla del objetivo persecutorio y disuasorio contra las organizaciones gremiales y democráticas».
«Se trata de un verdadero modus operandi coordinado por el poder político, en el que el fin era quitar derechos y condiciones a los trabajadores, apuntando de forma directa y con causas armadas a los dirigentes sindicales», señaló la central obrera.
Los dirigentes rechazaron «ese tipo de maniobras alejadas de las prácticas democráticas necesarias para construir un país en el que la división de poderes sea un valor importante para convivir en paz y en armonía social», puntualizó.
La central sindical enfatizó que el modo de discernir las diferencias siempre es «la discusión política y nunca la ilegalidad de una coacción de quienes representan al Estado», y aseguró que esa coacción tuvo como objetivo «atacar a los más débiles y sus instituciones obreras en la búsqueda de quita de derechos y representatividad».
Además, la CGT remarcó que «es urgente que la justicia tome directa intervención y avance con la aplicación de la ley que esos funcionarios querían forzar y evadir».
«Los derechos y conquistas laborales no pueden ser saqueados a través de mesas judiciales o acuerdos a espaldas de los trabajadores. Cada beneficio en cualquier convenio colectivo o en el marco legislativo de protección laboral fue producto de la fuerza solidaria de los trabajadores. Y eso no puede ni debe someterse a la intencionalidad política de un gobierno para beneficiar a socios de turno», concluyó.
Daer compartió el comunicado en su cuenta de Twitter y aseveró que «desde la CGT repudiamos absolutamente las declaraciones del exministro Villegas, quien, durante el gobierno de Cambiemos deseaba una ‘Gestapo’ para eliminar las organizaciones sindicales y avasallar los derechos de lxs trabajadorxs con métodos persecutorios y violentos».
Añadió que «lxs trabajadorxs tenemos que ser muy conscientes de lo que está en juego en cada elección. Vienen por nosotrxs y por nuestrxs derechos, pero lxs trabajadorxs unidxs y organizadxs somos fuertes. Vamos a sostener nuestros derechos y nuestra libertad para defenderlos».
Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, señaló en un video ante empresarios que hubiese querido tener una Gestapo o fuerza de choque para terminar con los gremios, lo que fue repudiado hoy por gran cantidad de sectores políticos, gremiales e institucionales de la Argentina.
Gremiales
Marcha Federal por la Salud: trabajadores, gremios y organizaciones le dicen basta a Milei
Bajo el lema «La salud no puede esperar», la movilización central partió desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo. El presupuesto del área cayó un 40% desde que asumió Javier Milei y el Programa Remediar pasó de distribuir 79 medicamentos gratuitos a solo 3.
Remediar sin remedios, PAMI sin presupuesto: el mapa del desfinanciamiento sanitario bajo Milei
★ Miles de trabajadores de la salud, sindicatos, organizaciones sociales y colectivos de pacientes se movilizaron este miércoles en la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública, convocada por el Foro por el Derecho a la Salud bajo la consigna «La salud no puede esperar». La columna central partió a las 13 horas desde el Ministerio de Salud de la Nación, en Avenida 9 de Julio y Moreno, por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo. La protesta se replicó de manera simultánea en Jujuy, Chaco, Rosario, Córdoba y otras provincias del país.
Un sistema sanitario bajo la motosierra
Los datos que motorizaron la movilización son contundentes. Según cifras difundidas por los propios convocantes y reportadas por diversos medios, desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud cayó un 40%. A ese retroceso acumulado se sumó, para el ejercicio 2026, un recorte adicional de más de 63.000 millones de pesos en las partidas del área sanitaria.
Las consecuencias son concretas e inmediatas. El Programa Remediar, que históricamente distribuyó 79 medicamentos gratuitos, quedó reducido a solo 3, dejando sin acceso a más de 20 millones de personas. El presupuesto del PAMI fue recortado un 40%, con deudas que superan los 500.000 millones de pesos a prestadores, lo que se traduce en jubilados y jubiladas sin turnos ni atención. Según datos difundidos por los organizadores, más de 742.000 personas perdieron su cobertura médica y un millón de familias quedaron sin respuestas frente a un sistema que se retira.
El médico Manuel Fonseca, referente del Foro por el Derecho a la Salud, describió la situación con precisión: «El ajuste empieza a sentirse en cada hospital, en cada centro de salud y en cada paciente que no puede acceder a su tratamiento.» Por su parte, el médico sanitarista Leonel Tesler advirtió, en la previa a la movilización, que «el sistema estatal está en una crisis sin pandemia», mientras los hospitales públicos operan con una ocupación cercana al 90% y el personal trabaja desgastado y sin refuerzos.
Los reclamos del sector
La convocatoria articulada por el Foro sintetizó una agenda de reclamos precisos:
- No al cierre o desfinanciamiento del Programa Remediar.
- No al desfinanciamiento del PAMI ni a la imposición de topes en coberturas.
- No al desguace del Programa Nacional de Inmunizaciones, exigiendo la provisión de vacunas para personas mayores de 65 años, embarazadas, niños y niñas.
- No al retroceso en políticas de Salud Mental.
Los organizadores también señalaron que el 80% de las obras sociales no logra cubrir con su recaudación el Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que se traduce en una reducción de prestaciones y mayores dificultades para acceder a tratamientos. Además, advirtieron que uno de cada cuatro jubilados no puede acceder a los medicamentos que necesita.
La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (Fesintras) declaró un paro nacional en el sector para acompañar la jornada de protesta. Su secretario general, Pablo Maciel, afirmó que la jornada tendría «carácter federal» y que el gobierno de Milei «avanza en la eliminación del principio de la salud como derecho universal, reemplazando el rol del Estado como garante del acceso sanitario por una lógica mercantil y excluyente.» También adhirieron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA), la CICOP y numerosas agrupaciones de residentes y estudiantes.
La posición oficial y las acusaciones cruzadas
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, rechazó el encuadre de la protesta. Argumentó que «el financiamiento de los programas que impulsa el Ministerio de Salud está garantizado» y atribuyó los ahorros a «un sistema de compras más ordenado, eficiente y libre de intermediarios». Desde La Libertad Avanza, funcionarios y legisladores del oficialismo apuntaron al gobernador bonaerense Axel Kicillof y a su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, a quienes acusaron de operar como «promotores activos» de la movilización a través de redes sociales. La provincia de Buenos Aires fue además la única jurisdicción que no participó de la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) del lunes 18 de mayo, donde los ministros provinciales acordaron un comunicado conjunto sobre reglas y responsabilidades entre Nación y provincias.
El contexto de un ajuste en cadena
La marcha federal del sector salud llega pocas semanas después de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria que sacudió al país en rechazo al ajuste en educación. La repetición del formato no es casual: los mismos mecanismos de desfinanciamiento que vaciaron las universidades nacionales, con recortes reales que según datos del Foro Economía y Trabajo superan el 20% desde 2023, se aplican ahora con igual o mayor intensidad sobre el sistema sanitario. El patrón es el mismo: achicamiento del Estado, transferencia de responsabilidades a las provincias sin transferir recursos, y una lógica de ajuste que recae sobre los sectores que más dependen del sistema público, aquellos que no pueden pagar una prepaga ni costear un medicamento en una farmacia.
Puntos clave:
- El presupuesto del Ministerio de Salud cayó un 40% desde diciembre de 2023.
- Un recorte adicional de 63.000 millones de pesos se aplicó para el ejercicio 2026.
- El Programa Remediar pasó de 79 medicamentos gratuitos a solo 3, afectando a más de 20 millones de personas.
- Fesintras declaró paro nacional y movilizaciones simultáneas en varias provincias.
- Un millón de familias quedaron sin cobertura médica según los convocantes.
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