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Atentado contra Cristina: querella apunta a Delfina Wagner
Para los abogados de Cristina Kirchner, la panelista Delfina Wagner podría ser el nexo entre la denominada banda de ‘los copitos’ y la organización Revolución Federal.
La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó a la justicia la realización de una nueva serie de medidas de prueba, en el marco de la investigación por el intento de magnicidio de la exmandataria, del que se va a cumplir un año el próximo viernes 1º de septiembre.
Las medidas apuntan contra la panelista de Crónica TV Delfina Wagner, tras revelar que actualmente vive en la vivienda de Ximena Tezanos Pintos, vecina de la Vicepresidenta en el barrio porteño de Recoleta, así como a investigar sus vínculos con los integrantes de Revolución Federal Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, según indica el escrito presentado en las últimas horas por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal.
Para los abogados de Cristina Kirchner, Wagner podría ser el nexo entre la denominada banda de ‘los copitos’ y la organización Revolución Federal.
Según explica la presentación, el pasado 4 de agosto, Wagner -actualmente panelista del canal de noticias Crónica TV- declaró en un programa de la señal televisiva LN+ que, actualmente, vive en la casa de la vecina de Cristina Kirchner en su departamento de Juncal y Uruguay, Ximena de Tezanos Pinto.
«Delfina Wagner es una activista de ultraderecha con contactos directos con personas vinculadas con esta causa y con personas de la agrupación Revolución Federal», indica la presentación de los abogados de Cristina Kirchner.
En el escrito, los letrados buscan demostrar que Wagner habría participado de la marcha que Revolución Federal organizó el 9 de julio de 2022 y que tenía contactos directos con Jonathan Morel, uno de los líderes de esa organización.
Se indica, asimismo, que Wagner comenzó a trabajar en Crónica TV el 4 de julio de 2022, tras un contrato que firmó el 26 de junio, lo que puede «ser una explicación a las repetidas apariciones de Uliarte en Crónica TV», según el escrito.
Los abogados de la Vicepresidenta indicaron además que Wagner, aparte de sus vínculos con Revolución Federal, tenía relación con la agrupación Nueva Centro Derecha, cuyos integrantes se contactaron con Uliarte antes y después del atentado contra la Vicepresidenta.
La investigación indica que Wagner también podría haber operado como vínculo entre Uliarte y Sabag Montiel y el círculo del diputado del PRO Gerardo Milman.
Es que en el canal Crónica TV, además de Wagner, trabaja María Alejandra Mroue, la persona con la que Carolina Gómez Mónaco tenía planeado poner un emprendimiento de estética, que se habría frustrado a partir de las sospechas surgidas en la causa.
Gómez Mónaco es la asesora de Milman que mintió en la causa respecto de la reunión en el bar Casablanca, ubicado frente a la sede del Anexo de la Cámara de Diputados, y que llevó a una colega a borrar su celular cuando era de interés para la investigación.
La presentación judicial ahonda también en la relación entre Wagner y Ximena de Tezanos Pinto luego de que hace pocos días la primera declarara en La Nación+ que en la actualidad reside en el domicilio de la segunda, a la que calificó como una suerte de «madrina».
Tezanos Pinto vive en el departamento de arriba del de Cristina Fernández de Kirchner, en la intersección de las calles Juncal y Uruguay, y «es de público conocimiento que Tezanos Pinto manifestó, por años, su aversión a Cristina Fernández de Kirchner», plantea el escrito.
Se señala además que Tezanos Pinto «participó como fiscal general partidaria para Patricia Bullrich, en el distrito de Almirante Brown» en las PASO del 13 de agosto, municipio en el que la precandidata a intendenta por el partido de la referente del PRO fue Florencia Retamoso, la esposa de Gerardo Milman.
«Los contactos entre los imputados, los sospechados en esta causa y actores de grupos de ultraderecha son prolíficos y reiterativos. Esto hace imperante estudiar con profundidad estos vínculos», solicitan los abogados.
Es por eso que solicitan como nuevas medidas de prueba como oficios al medio de comunicación Crónica TV, del Grupo Olmos, para informar sobre las contrataciones de Mroue y Wagner, y pide que informen quien planificó y ordenó disponer los móviles en los que se entrevistó a Uliarte.
También pide que se secuestre el celular de Wagner y que se recabe del aparato toda la información que pudiera estar vinculada con el intento de asesinato.
Además, se solicita se libre oficio a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) para que informe la situación impositiva de Tezanos Pinto.
En el mismo sentido, se solicita asimismo que «se dé intervención a la DAJuDeCO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado) con el fin de que informe la geolocalización de los celulares de todas las personas mencionadas en el escrito desde junio de 2022 hasta enero de 2023, con el fin de estudiar posibles coincidencias geográficas de interés para la causa».
Sobre el final, los abogados de la titular del Senado solicitan «se libre oficio a la Dirección Nacional de Migraciones con el fin de que informe de toda entrada o salida del país de Hernán Carrol, y de que detalle si alguno de los viajes los habría realizado con Fernando Ángel Villares».
Carrol fue candidato a concejal en La Matanza por el espacio de José Luis Espert, aunque también se identificaba como integrante de Nueva Centro Derecha (NCD).
Además, participó en actos con referentes del PRO y de los libertarios; también estuvo en contacto con Brenda Uliarte antes y después del intento de asesinato a Cristina Kirchner.
En octubre del año pasado, Sabag Montiel informó a la Justicia federal que pretendía cambiar de abogado defensor y que asignaba a Carrol la tarea de definir a su nuevo letrado.
«Dejo la defensa en poder a elección del señor Hernán Carrol, quien dispone los medios necesarios para la implementación del cargo al nuevo abogado», escribió en aquella oportunidad, de puño y letra, el propio Sabag Montiel.
En tanto, Fernando Ángel «Teco» Villares, excolaborador de Milman, es sindicado como el posible vínculo entre Carrol y el legislador del PRO.
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Asesoramiento contable gratis en la UBA: charlas y horarios de la jornada del 30 de septiembre
La Facultad de Ciencias Económicas abrirá sus puertas el miércoles 30 con asesoramiento contable, charlas sobre deudas, sueldos y ciberestafas. Es una jornada de visibilización por la Ley de Financiamiento Universitario, justo cuando vence la intimación judicial al Gobierno para cumplirla.
Mientras el Gobierno nacional se resiste a pagar lo que ordena una ley votada dos veces por el Congreso, la universidad pública vuelve a hacer lo que mejor sabe: poner su conocimiento al servicio de la comunidad. El miércoles 30 de septiembre, el mismo día en que vence el plazo judicial para que el Ejecutivo cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA ofrecerá asesoramiento y capacitaciones gratuitas a vecinos, trabajadores y emprendedores.
La jornada extraordinaria de visibilización se realizará entre las 9 y las 19 en la sede de la Facultad, en avenida Córdoba 2122, en la Ciudad de Buenos Aires. Según informó la casa de estudios, la propuesta combina stands permanentes con una agenda de charlas breves destinadas a estudiantes, trabajadores, emprendedores, personas mayores y público en general, en el marco del reclamo de las universidades para que el Gobierno aplique la Ley 27.795.
Asesoramiento para la economía de todos los días
Durante toda la jornada, el Centro de Estudios y Gestión de la Economía Personal y Negocios (CEGEPYN) brindará asesoramiento continuo y personalizado sobre economía personal y gestión de pequeños negocios y emprendimientos. La idea es acercar herramientas concretas a quienes sostienen actividades económicas de pequeña escala en un contexto de fuerte deterioro del consumo y del empleo.
La Secretaría de Responsabilidad Social, Emprendedores e Innovación (SERSEI) tendrá un espacio para visibilizar y acompañar iniciativas emprendedoras. También funcionará un servicio de orientación sobre la oferta académica de grado y de diplomaturas, y el Centro Cultural Sábato desarrollará actividades, funciones y muestras abiertas a toda la comunidad.
Deudas, sueldos y ciberestafas: el cronograma de charlas
En paralelo, en el Aula 16 (planta baja del Edificio Histórico) se dictará un ciclo de capacitaciones prácticas pensadas para situaciones cotidianas. Los temas elegidos funcionan casi como un mapa de las urgencias que atraviesan hoy los hogares:
- 9.30: Claves para cumplir con las obligaciones fiscales del trabajo independiente, a cargo del contador Rodrigo Campilay.
- 11: Entender mi recibo de sueldo, una guía para interpretar aportes, descuentos, derechos y obligaciones, a cargo de la contadora Mariela Callejas.
- 13.30: Ciberestafas, cómo reconocerlas y protegerse, a cargo del doctor Arturo Pozzali.
- 15: Tu CV como puerta de entrada al mercado laboral, a cargo de las licenciadas Luciana Zeballos y Tatiana Spadafore.
- 16: Billeteras virtuales sin vueltas, claves para usarlas de forma segura, a cargo de la licenciada Candela de Luca Pino.
- 17.30: Deudas bajo control, herramientas para abordar el endeudamiento y la morosidad, a cargo de los licenciados Ezequiel Gutierrez y Candela de Luca Pino.
Que una facultad pública dedique una tarde a enseñar cómo ordenar deudas y cómo armar un currículum dice mucho sobre el país que dejó el ajuste. Son saberes que la universidad produce con recursos que el propio Gobierno le niega.
Una ley vigente que el Gobierno no cumple
La Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso, vetada por Javier Milei y luego ratificada por ambas cámaras al rechazar el veto. Sin embargo, el Ejecutivo la promulgó mediante el Decreto 759/2025, que suspendió su aplicación hasta que el Parlamento determinara las fuentes de financiamiento. La UBA calificó esa maniobra como «un fraude constitucional» y llevó el caso a la Justicia.
El 1 de septiembre, el juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, hizo lugar a una medida cautelar de la UBA y ordenó al Gobierno cumplir «de forma inmediata» con los artículos 4, 5, 6 y 7 de la ley, que contemplan gastos de funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación. En su fallo, el magistrado sostuvo que el proceso legislativo «no admitía variantes suspensivas para la aplicación de la ley» y estimó el impacto fiscal de la medida en el 0,23% del PBI, una cifra que, según escribió, «representaría un ahorro poco significativo para el presupuesto global de gastos de la administración pública».
Ante la falta de respuesta, Cormick volvió a intervenir el 22 de septiembre: concluyó que «no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos», intimó al Estado a cumplir en cinco días y advirtió que podrá aplicar multas por cada día de demora. El Gobierno había intentado que la cautelar se levantara con el argumento de los acuerdos paritarios firmados durante el año, pero el juez rechazó ese planteo.
La secretaria general de la Asociación Gremial de Docentes de la UBA, Laura Carboni, explicó en diálogo con una radio riojana que el Gobierno deberá cumplir con la totalidad de la medida antes del miércoles 30 de septiembre. «Es una muy buena noticia después de un año de batallar para que este gobierno finalmente pague lo que tiene que pagar», sostuvo, y precisó que el reclamo incluye la actualización salarial docente, el financiamiento de universidades y hospitales universitarios y el aumento de las becas estudiantiles.
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