Denuncia
El proyecto de juicio político a la Corte está en Diputados
En el mencionado proyecto de resolución impulsado por Alberto se agregaron nuevas denuncias.
El proyecto para iniciar el juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia impulsado por el presidente Alberto Fernández y once gobernadores ingresó formalmente hoy a la Cámara de Diputados, junto con los argumentos de la acusación y distintas alternativas para avanzar en la investigación, incluidas propuestas para la citación de varios testigos.
La iniciativa, presentada en las últimas horas por el diputado del FdT Eduardo Valdés junto a otros legisladores del oficialismo, consta de 410 páginas y propone citar a los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti -su presidente-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, para que se presenten ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, que llevará adelante la investigación.
En el proyecto de resolución, que elaboraron los diputados en base al documento impulsado por el Presidente, se agregaron además nuevas denuncias para ser investigadas a lo largo del proceso, entre ellas una sobre el manejo de la obra social del Poder Judicial.
En torno al fallo del máximo tribunal sobre la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, el texto sostiene que «resulta evidente que la decisión adoptada por los ministros de la Corte es eminentemente política y parcial, por ende, como tal, debe ser analizada bajo el prisma del enorme impacto político y económico que provoca dentro del esquema de coparticipación federal».
«La Corte Suprema privilegió, de manera ostensible e infundada, un acuerdo político partidario que a partir de 2016 promovió elevar el coeficiente de coparticipación del distrito más rico del país», señala el texto.
En ese sentido, expresa que «esto así, en tanto que los numerosos argumentos vertidos en pos de dar cuenta de las arbitrariedades que justificaron un aumento desproporcionado de este coeficiente no fueron debidamente atendidos».
En el texto, los diputados sostienen que deben ser citados como testigos «todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados».
«El enjuiciamiento político, en el que se acusa y se intenta destituir a jueces de la Corte Suprema de Justicia, es una instancia excepcional en la que se persigue la determinación de la responsabilidad política del gobernante», añade el documento.
Agrega que «el mal desempeño de los jueces de la Corte Suprema de Justicia se pone en evidencia cuando el magistrado no aplica o decide contra el Derecho en vigor o carece de aptitudes morales o intelectuales para el cumplimiento de la tarea».
«Ese mal desempeño, además, se encuentra afianzado en una composición homogénea de resoluciones jurisdiccionales que demuestran inequívocamente una interpretación infiel y dañina para el orden jurídico del Estado, en cuya cima, la Constitución resulta espectacularmente violada», señalan los diputados.
El Gobierno nacional oficializó esta mañana la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el «23 de enero hasta el 28 de febrero» para tratar 27 proyectos, entre los que figuran además del pedido de enjuiciamiento a la Corte Suprema, un proyecto para ampliar el número de integrantes del máximo tribunal, la modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura y una norma relacionada al tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación.
El número de expediente es 6905-D-2022, y lleva las firmas de los diputados nacionales Eduardo Valdés, Marisa Uceda, Marcelo Casaretto, Agustín Fernández, Julio Pereyra, Varinia Marín, Mabel Caparrós, Bernardo Herrera, Silvana Ginocchio, Gustavo González, Graciela Parola, Ricardo Herrera, Aldo Leiva, Blanca Osuna y Mara Brawer.
El oficialismo cuenta con el número necesario en la comisión de juicio político para firmar el dictamen del proyecto, pero no con la mayoría de dos tercios que se precisa en el plenario para impulsar la acusación ante el Senado.
Pero el diputado Valdés aseguró hoy que «con el devenir de pruebas contundentes», el oficialismo podría sumar mayores respaldos a favor del juicio político contra a los jueces de la Corte Suprema, como ocurrió en 2003 cuando Néstor Kirchner impulsó el enjuiciamiento de los integrantes del máximo tribunal.
En declaraciones a Télam, el legislador del FDT consideró que «si bien somos minoría porque la oposición dice que no dará quórum, con el devenir de las pruebas contundentes» el oficialismo «podría sumar mayores respaldos y construir mayorías» para avanzar en el juicio político contra los integrantes del máximo tribunal.
Denuncia
Primero el disparo, después la censura: Villarruel y Bullrich prohíben muestra fotográfica de Pablo Grillo
Cancelaron la exhibición y la ceremonia en la que se le iba a entregar al fotoperiodista gravemente herido durante una represión un diploma de honor. La familia convocó a un encuentro en la puerta del Congreso para las 16:30, decidida a no ceder al silencio.
Censura y represión: Villarruel y Bullrich vetaron la muestra fotográfica de Pablo Grillo en el Congreso
★ En el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, cancelaron la muestra fotográfica y el diploma de honor que iba a entregarse este viernes al fotoperiodista Pablo Grillo, gravemente herido durante la represión del 12 de marzo de 2025. La familia convocó a un encuentro en la puerta del Congreso para las 16:30, decidida a no ceder al silencio.
La actividad estaba programada para este viernes 8 de mayo a las 16:30 en el Salón Azul del Senado, organizada por el senador justicialista Eduardo «Wado» De Pedro en el marco del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional. El evento incluía la entrega de un diploma de honor a Grillo y una exposición de su obra fotográfica, pero fue cancelada intempestivamente horas antes de su realización, a pesar de haber contado con autorización previa.
La denuncia de De Pedro
«La actividad había sido autorizada, coordinada y anunciada públicamente, hasta que intempestivamente y sin explicación se nos comunicó que la autorización había sido revocada», señaló De Pedro en una publicación en la red social X. El senador por la provincia de Buenos Aires apuntó directamente contra las responsables: «Victoria Villarruel y Patricia Bullrich no quieren que se vean las fotos porque tienen miedo de que Pablo hable a través de su obra, tienen miedo al testimonio de su familia y le tienen miedo a la voz de las víctimas de violencia institucional». De Pedro calificó la medida como «una decisión autoritaria, un atropello a los valores democráticos y un nuevo acto de censura».
La familia: «No solo censuran fotos, atacan la libertad de expresión»
El padre de Pablo, Fabián Grillo, fue contundente al repudiar la cancelación: «No se censuran solamente fotos. Se ataca la libertad de expresión, la cultura y el derecho a mostrar quién es realmente Pablo. Pero no van a callar su mirada». Convocó a reunirse este viernes a las 16:30 en la puerta del Congreso (Hipólito Yrigoyen 1849) para compartir igualmente la obra del fotógrafo.
La fecha elegida no fue casual: el 8 de mayo es el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, y Patricia Bullrich era ministra de Seguridad cuando Gendarmería Nacional y Policía Federal reprimieron a los jubilados y a trabajadores de prensa que cubrían la marcha del 12 de marzo de 2025.
El ataque y sus consecuencias
Pablo Grillo, de 36 años, resultó gravemente herido el 12 de marzo de 2025 cuando el cabo primero de la Gendarmería Nacional, Héctor Jesús Guerrero, disparó una lata de gas lacrimógeno directamente hacia su cabeza. Según estableció la investigación judicial, Guerrero efectuó seis disparos de forma antirreglamentaria (en ángulo horizontal) «sin que existiera un contexto de agresión». Grillo sufrió fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, con secuelas cognitivas permanentes. Permaneció meses en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas. El 27 de noviembre de 2025 recibió el alta de la unidad de cuidados intensivos.
El gendarme, a un paso del juicio oral
La cancelación del homenaje se produjo en medio de un avance judicial de enorme trascendencia: el fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, solicitó la elevación a juicio oral de la causa contra el gendarme Guerrero. Los delitos imputados son lesiones gravísimas agravadas por abuso de la función pública y abuso de armas agravado, cometido en cinco oportunidades. Taiano sostuvo que el comportamiento del efectivo representó «un peligro concreto para la vida e integridad física» de los manifestantes y que actuó con «plena conciencia de que infringía las normas». A su vez, la querella de la familia Grillo también requirió a la jueza María Servini la elevación a juicio oral del caso.
La Editorial Perfil le otorgó a Grillo el Premio Perfil 2025 a la Libertad de Prensa Nacional en reconocimiento a su trabajo y al impacto institucional del ataque sufrido mientras ejercía su labor informativa. El galardón fue recibido por su padre, Fabián, quien expresó: «No debería estar acá yo. Pablo estaría ahí, tendría que estar ahí con sus colegas».
Censura que confirma el patrón
La decisión de vetar la muestra de Grillo se inscribe en una serie de restricciones a la libertad de prensa que el actual gobierno impulsa de manera sistemática: acreditaciones negadas a periodistas críticos en la Casa Rosada y el Congreso, cierre de medios públicos y reducción del financiamiento a la comunicación. Desde la cuenta «Justicia por Pablo Grillo» el resumen fue lapidario: «Primero el disparo. Después la estigmatización. Ahora la censura».
Puntos clave:
- Villarruel y Bullrich cancelaron la muestra fotográfica y el diploma de honor a Grillo en el Salón Azul del Senado, pese a estar autorizada previamente.
- La cancelación ocurrió en el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, el 8 de mayo de 2026.
- El fiscal federal Taiano y la querella de la familia Grillo pidieron la elevación a juicio oral del gendarme Héctor Guerrero.
- Guerrero está imputado por lesiones gravísimas agravadas por abuso de la función pública y abuso de armas agravado en cinco oportunidades.
- La familia convocó a mostrar la obra de Grillo en la puerta del Congreso (Hipólito Yrigoyen 1849) a las 16:30 del viernes 8 de mayo.
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