Una narrativa sin sustento: el armado judicial en cuestión

Un reciente informe difundido por el colectivo Abogadxs Populares expone 20 puntos clave del expediente conocido como “causa Vialidad”, que terminó con la condena en primera instancia a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El texto desmantela, punto por punto, los principales argumentos utilizados por la Fiscalía. Las afirmaciones más graves, como el direccionamiento de fondos hacia Lázaro Báez o la manipulación del presupuesto por parte del Poder Ejecutivo, no fueron probadas en el juicio.

Según testimonios incluidos en el documento, exjefes de Gabinete, técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y legisladores de distintos espacios negaron haber recibido instrucciones para favorecer a empresas específicas o a la provincia de Santa Cruz. Incluso, se citan declaraciones de referentes opositores como Margarita Stolbizer y Fernando Sánchez, que desmienten cualquier tipo de presión durante el tratamiento de las leyes de presupuesto.

El uso del presupuesto como argumento político

Uno de los núcleos de la acusación fue el supuesto uso irregular de partidas presupuestarias por parte de Néstor y Cristina Kirchner para favorecer a Báez. Sin embargo, los decretos de necesidad y urgencia (DNU) utilizados para ampliar partidas fueron validados por el Congreso, contaron con los controles de legalidad pertinentes y beneficiaron a múltiples provincias, no sólo a Santa Cruz.

El informe destaca que “todas las obras viales investigadas estaban incluidas en proyectos de presupuesto presentados al Congreso y aprobados por mayoría, incluso con votos de legisladores opositores”. Además, se aclara que las cuentas de inversión —es decir, cómo se ejecutaron los fondos— fueron revisadas y aprobadas por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, un órgano bicameral del Congreso.

Acusaciones sin pruebas y manipulación mediática

Varias de las imputaciones giraron en torno a presuntos sobreprecios, demoras injustificadas en las obras y relaciones comerciales irregulares. Pero la prueba judicial no respaldó esas denuncias. Por ejemplo, la afirmación de que Cristina Fernández de Kirchner viajó a reunirse con Báez en noviembre de 2015 fue desmontada con transmisiones públicas que mostraban a la mandataria en un acto en Río Negro ese mismo día.

También se derribó la versión de que el gobierno kirchnerista usó el fideicomiso vial de forma ilegítima. En realidad, ese instrumento fue creado en 2001, durante la presidencia de Fernando De la Rúa, y continuó utilizándose en gestiones posteriores.

La causa Vialidad en contexto: una condena sin evidencia

La condena dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N° 2 se basó, principalmente, en la figura de la “asociación ilícita”. Una figura jurídica controvertida, usada frecuentemente en causas de lawfare contra líderes progresistas en América Latina, como Lula da Silva en Brasil o Rafael Correa en Ecuador. En el caso argentino, esa acusación fue sostenida por fiscales como Diego Luciani, pero sin presentar pruebas directas de órdenes ni de enriquecimiento personal de la expresidenta.

La Corte Suprema aún debe revisar la sentencia. Mientras tanto, el informe de FAP se suma a un creciente corpus de documentos, investigaciones periodísticas y análisis jurídicos que cuestionan la legalidad y la legitimidad de la causa.

Puntos clave:

• El informe de FAP enumera 20 falsedades sostenidas por la Fiscalía en la causa Vialidad.
• No se probó que Cristina Fernández de Kirchner diera órdenes para beneficiar a Báez ni que se manipularan los presupuestos con ese fin.
• Las partidas presupuestarias fueron aprobadas por el Congreso y los mecanismos legales fueron respetados.
• Muchas de las obras señaladas por la acusación fueron votadas incluso por legisladores opositores.
• La figura de asociación ilícita, central en la condena, no fue respaldada con pruebas directas.