A dos días del fallo definitivo de la Corte Suprema en la causa Vialidad, frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner en el barrio porteño de Constitución se mantuvo una vigilia constante de militantes, agrupaciones sociales y simpatizantes. Desde la esquina de San José y Humberto I, con carteles, canciones y mantas contra el frío, expresaron su rechazo a lo que calificaron como “una condena política con ropaje judicial”.

La Corte ratificó el martes 10 de junio la condena impuesta por el Tribunal Oral Federal N.º 2 a seis años de prisión por el delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, en el marco de la adjudicación de obras viales en Santa Cruz. También quedó firme su inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

“La mafia judicial al servicio de los poderosos. A Cristina la defiende el pueblo”, se leía en varios de los carteles sostenidos por manifestantes que llegaron desde distintas provincias. Algunos pasaron la noche frente a su domicilio, donde también se desplegó una fuerte presencia policial.

La ejecución de la condena y los plazos judiciales

De acuerdo con lo resuelto por la Corte, la expresidenta tiene cinco días hábiles para presentarse voluntariamente en los tribunales de Comodoro Py. Si no lo hiciera, el Tribunal podría ordenar su detención. Sin embargo, el juez Jorge Gorini —presidente del Tribunal Oral Federal N.º 2— rechazó el pedido de arresto inmediato solicitado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, al igual que en los casos de los otros condenados.

El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, confirmó que solicitaron que, en caso de hacerse efectiva la pena, se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria. Argumentó su edad —tiene 71 años— y el antecedente del intento de magnicidio del 1° de septiembre de 2022 como razones fundadas para evitar el encierro en una cárcel común.

“Cumple con todos los requisitos para permanecer en su domicilio, no solo por edad, sino por su rol institucional como vicepresidenta hasta diciembre y por haber sido víctima de un ataque que todavía no fue debidamente investigado”, señaló Beraldi en declaraciones a Radio 10.

Inhabilitación electoral y consecuencias políticas

Uno de los efectos inmediatos del fallo es la imposibilidad de que la actual presidenta del Partido Justicialista pueda postularse a cargos electivos. La Cámara Nacional Electoral deberá oficializar su inhabilitación en los próximos días, lo que impedirá una eventual candidatura como senadora por la provincia de Buenos Aires, una alternativa que había deslizado en sus últimas apariciones públicas.

Esta decisión configura un quiebre institucional de alto impacto, tanto para el peronismo como para el tablero electoral argentino. Sectores del Frente de Todos y de otras agrupaciones vinculadas a movimientos sociales ya convocaron a nuevas acciones de protesta bajo la consigna “Proscripción nunca más”.

El fallo ratificó también las penas contra otros exfuncionarios y empresarios involucrados en la causa, como Julio De Vido, Lázaro Báez y José López. A diferencia de Kirchner, algunos de ellos ya purgan otras condenas en el sistema penitenciario federal.

Una condena con lectura política

Diversas organizaciones de derechos humanos, como el CELS y Abuelas de Plaza de Mayo, manifestaron su preocupación por el “uso del sistema judicial con fines persecutorios”, en línea con las denuncias de lawfare. Desde el oficialismo señalaron que la resolución de la Corte “carece de imparcialidad” y responde “a un entramado de poder que excede lo jurídico”.

Por su parte, dirigentes opositores celebraron el fallo como “un avance contra la impunidad”, mientras que sectores libertarios redoblaron sus críticas al kirchnerismo y al “populismo corrupto”. Sin embargo, en redes sociales también se evidenció una fuerte movilización digital en respaldo a la expresidenta, con hashtags como #TodosConCristina y #TerraplanismoJudicial.