Lawfare
La fiscalía pidió el decomiso de bienes de Cristina Kirchner, incluso San José 1111
El planteo incluye más de 140 inmuebles y alcanza al departamento de Constitución, donde la ex presidenta cumple prisión domiciliaria. El pedido fue presentado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ante el Tribunal Oral Federal 2.
★ La Justicia avanzó este jueves con un nuevo requerimiento patrimonial en una de las causas más sensibles del escenario político y judicial argentino. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de más de 140 bienes inmuebles vinculados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al empresario Lázaro Báez, según confirmaron fuentes judiciales oficiales.
El pedido incluyó el departamento ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria, un punto que le agregó alto impacto político y simbólico a la presentación fiscal.
El alcance del pedido fiscal
De acuerdo a la solicitud presentada ante el tribunal, el decomiso abarcó propiedades atribuidas tanto a Cristina Kirchner como a Báez, en el marco de las causas en las que ambos fueron condenados. El planteo se apoyó en el criterio de recuperación de activos que, según la acusación, se habrían obtenido a partir de maniobras investigadas y juzgadas por el Poder Judicial.
Fuentes del ámbito judicial indicaron que el pedido buscó hacer efectiva la ejecución de la pena económica, una instancia posterior a las sentencias, y que ahora deberá ser evaluada por los jueces del TOF 2, que resolverán si hacen lugar total o parcialmente al decomiso solicitado.
San José 1111, un inmueble bajo disputa judicial
Uno de los puntos más controvertidos del requerimiento fue la inclusión del inmueble de San José 1111, actual lugar de detención domiciliaria de Cristina Kirchner. La solicitud fiscal no distinguió ese departamento del resto de los bienes alcanzados por el decomiso, lo que abrió interrogantes sobre cómo se instrumentaría una eventual ejecución sin vulnerar las condiciones impuestas por la propia Justicia.
Hasta el momento, no se informó oficialmente si el tribunal analizó este aspecto en particular ni si se prevé algún tratamiento diferenciado por tratarse del domicilio donde se cumple la prisión domiciliaria.
Un nuevo capítulo en una causa de alto voltaje político
El pedido de Luciani y Mola se inscribió en una causa que desde su inicio estuvo atravesada por fuertes controversias políticas y jurídicas, con cuestionamientos públicos de la defensa de Cristina Kirchner, que en reiteradas oportunidades denunció persecución judicial y lawfare, y con respaldo de sectores del oficialismo y organismos que pusieron en duda la imparcialidad del proceso.
Por ahora, el planteo fiscal quedó en manos del Tribunal Oral Federal N°2, que deberá definir los próximos pasos. No hubo, hasta el cierre de esta nota, una respuesta pública de la defensa de la ex presidenta.
Puntos clave
- Los fiscales Luciani y Mola pidieron el decomiso de más de 140 inmuebles.
- El requerimiento fue presentado ante el Tribunal Oral Federal N°2.
- El listado incluyó el departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.
- La medida forma parte de la etapa de ejecución patrimonial tras las condenas.
- Aún no hay resolución judicial sobre el pedido. ★
Judiciales ⚖️
El naufragio de los cuadernos: un video editado expone las grietas del armado judicial contra CFK
El Tribunal Oral Federal 7 aceptó un material audiovisual donde el «arrepentido» Oscar Centeno admite ante la justicia española que no conoce a los empresarios ni vio entregas de dinero; lo que debilita aún más una causa viciada por irregularidades y tachaduras.
★ En una jornada que dejó al desnudo la fragilidad del andamiaje probatorio construido en los tribunales de Comodoro Py; el Tribunal Oral Federal N°7 permitió la reproducción de un video editado que compromete seriamente la acusación central del juicio. El empresario Juan Carlos De Goycochea, exdirectivo de Isolux; fue quien encabezó la sesión del pasado jueves al exhibir una declaración de Oscar Centeno ante la justicia de España que contradice los pilares del expediente local.
Una audiencia bajo control de la defensa
La dinámica en la sala Auditorium resultó inédita. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli autorizaron la proyección del material a pesar de la fuerte oposición de la fiscal Fabiana León. La funcionaria judicial argumentó que el tribunal desconocía la cadena de custodia del video y que su reproducción forzaba la voluntad del exchofer; quien ya manifestó su decisión de no declarar en el debate argentino.
A pesar de las advertencias sobre la falta de certeza sobre el origen del material; los magistrados hicieron lugar al pedido de la defensa. Este hecho se suma a la larga lista de anomalías de una causa que se sostiene sobre cuadernos que el propio Centeno dijo haber quemado; pero que luego aparecieron parcialmente en manos de un periodista; con claras evidencias de adulteraciones, sobreescrituras y tachaduras confirmadas por peritajes calificados.
Las confesiones de Centeno en el exterior
El contenido del video; correspondiente a una teleconferencia en un proceso vinculado a la firma Isolux Corsán en Madrid; dinamitó la narrativa de la fiscalía. Ante las preguntas de los funcionarios españoles; Centeno fue categórico al afirmar que no conocía a los directivos de la empresa ni sabía de la existencia de una matriz en España. «No conozco a nadie», sentenció el testigo clave cuando le consultaron por los interlocutores de la firma.
El golpe de gracia a la acusación llegó cuando le preguntaron sobre las supuestas entregas de fondos entre 2011 y 2014. «Tampoco lo sé», respondió Centeno; para luego rematar asegurando que no le constaba que ningún responsable de la empresa hubiera entregado dinero a funcionarios públicos. Estas declaraciones contrastan con las anotaciones de los cuadernos; donde el propio Centeno vinculó a la compañía con licitaciones de la central termoeléctrica de Río Turbio. Al respecto; admitió en España que escribió esos datos basándose en comentarios de terceros y no en una percepción directa.
El fantasma del Lawfare y las pruebas viciadas
Este episodio refuerza la tesis de las defensas; especialmente la de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner; sobre la existencia de una persecución judicial coordinada por el denominado Partido Judicial. La causa Cuadernos acumuló desde su inicio cuestionamientos por la utilización de la Ley de Arrepentidos bajo presunta coacción y la falta de grabaciones de las declaraciones testimoniales durante la instrucción del fallecido juez Claudio Bonadio.
La justicia española ya descartó en 2022 los cargos contra directivos de Isolux al considerar que las pruebas; basadas en los mismos cuadernos y el testimonio de Centeno; eran insuficientes. Ahora; el TOF 7 enfrenta el desafío de sostener un juicio con 87 imputados mientras su prueba estrella admite bajo juramento en el extranjero que el relato incriminatorio carece de sustento fáctico.
Puntos clave:
- El TOF 7 aceptó un video de Centeno declarando en España donde niega conocer a empresarios de Isolux.
- La declaración desmiente las anotaciones de los cuadernos sobre presuntas coimas de esa firma.
- La fiscalía se opuso a la prueba por desconocerse su cadena de custodia y ser un material editado.
- El antecedente de la justicia española ya desestimó estas pruebas por considerarlas débiles.
- El juicio continúa en medio de denuncias por adulteración de documentos y falta de garantías procesales. ★
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