Judiciales ⚖️
Causa Cuadernos: el Tribunal rechaza planteo empresarial y ratifica a la UIF como querellante
El procesado Hugo Dragonetti había pedido apartar al organismo del juicio que comenzará el 6 de noviembre. Los jueces del TOF 7 sostuvieron que la UIF puede continuar como querella en causas donde ya intervenía antes del decreto de Milei.
⬛ El Tribunal Oral Federal 7 que llevará adelante el juicio en la causa Cuadernos rechazó un planteo del empresario procesado Hugo Dragonetti que pretendía apartar a la Unidad de Información Financiera (UIF) de su rol como querellante. La decisión garantiza que el organismo podrá participar del debate y formular su alegato final cuando comience el juicio el próximo 6 de noviembre.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli fundamentaron su resolución en que el decreto PEN 274/2025 —que estableció que la UIF no participaría más como querella en causas judiciales— no aclara si rige para investigaciones en las cuales el organismo ya estaba presentado con anterioridad.
La interpretación judicial del decreto mileista
El tribunal interpretó que «no puede inferirse el efecto que pretende la defensa» del decreto presidencial, ya que «la norma en cuestión no hace alusión alguna al destino de aquellas causas en trámite en las que la UIF ya interviene como querellante».
Los magistrados señalaron que esta circunstancia «involucra procesos con años de trámite y etapas avanzadas» y que ante la «falta de previsión normativa expresa» corresponde interpretar su finalidad. En ese sentido, destacaron que la UIF manifestó su «voluntad» de continuar como querella en esta causa.
La resolución estableció un antecedente judicial relevante al recordar que en 2020, la Oficina Anticorrupción se presentó en esta misma causa para «desistir de la querella ya que existía una orden del titular del organismo de dejar de intervenir en esa calidad en los procesos penales pendientes». Los jueces concluyeron que «cuando el organismo pretende abandonar la querella en causas en trámite, lo dice expresamente».
El tribunal incorpora confesiones de arrepentidos
En paralelo, el TOF 7 aceptó como prueba las confesiones de 25 imputados colaboradores, cuya validez probatoria será motivo de análisis durante el proceso. Esta decisión, plasmada en un fallo de 244 páginas, complica la estrategia de las defensas que buscaban anular esas confesiones alegando presiones durante la instrucción.
Entre los 25 «arrepentidos» cuyos legajos fueron incorporados al expediente se encuentran empresarios como Ángel Calcaterra (primo de Mauricio Macri y exdueño de Iecsa), Enrique Pescarmona (del grupo Impsa), Aldo Roggio (del Grupo Roggio) y exfuncionarios como José López (exsecretario de Obras Públicas) y Víctor Fabián Gutiérrez (exsecretario privado de Cristina Kirchner).
Audiencia por reparación integral
El viernes 12 de septiembre, el tribunal realizará una audiencia virtual por Zoom para escuchar los ofrecimientos de reparación integral de una treintena de empresarios y exfuncionarios procesados. Según fuentes judiciales consultadas, buscarán evitar sentarse en el banquillo de los acusados mediante acuerdos que incluirían resarcimientos económicos.
Entre los empresarios que participarán de esta audiencia figuran Enrique Pescarmona, Gabriel Romero, Ángelo Calcaterra y el expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain. El fiscal de juicio Fabiana León y la querella de la UIF deberán opinar sobre estos acuerdos de «reparación integral».
El juicio que viene
El proceso judicial tendrá como principal acusada a la expresidenta Cristina Kirchner, procesada como supuesta jefa de asociación ilícita. La exmandataria se encuentra con prisión domiciliaria tras ser condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad.
El juicio oral, que comenzará el 6 de noviembre, involucra a 74 imputados en total acusados de integrar un esquema de recaudación ilegal de fondos a través de sobornos en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
Puntos clave:
- El TOF 7 rechazó el pedido del empresario Hugo Dragonetti para apartar a la UIF como querellante
- Los jueces interpretaron que el decreto PEN 274/2025 no alcanza a causas en trámite donde la UIF ya intervenía
- Se incorporaron como prueba las confesiones de 25 imputados colaboradores
- El viernes habrá audiencia para evaluar ofertas de reparación integral de empresarios procesados
- El juicio comenzará el 6 de noviembre con Cristina Kirchner como principal acusada
Judiciales ⚖️
El lawfare contra la AFA se agudiza con un pedido de detención basado en pruebas invalidadas
La justicia federal de Santiago del Estero pide detener a la cúpula de la AFA ignorando pericias previas de la DAJuDeCO. Hace solo dos días se certificó que el material probatorio principal contra Tapia es falso y carece de validez legal.
El acoso judicial contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha ingresado en una fase de abierta persecución política. En una maniobra que ignora los recientes dictámenes técnicos del propio Poder Judicial, un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria de Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero.
La embestida, que se presenta bajo un ropaje de legalidad, colisiona frontalmente con la realidad de un expediente donde la principal pieza de artillería —un dispositivo digital— ya fue declarada nula por carecer de integridad, autenticidad y trazabilidad.
Pruebas viciadas y real malicia
La ofensiva judicial parece calcada de los peores precedentes de lawfare en la Argentina. Apenas hace 48 horas, Gregorio Dalbón, abogado de la entidad, hizo público un dictamen de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) que desmorona la validez del soporte presentado contra la AFA.
Según la pericia oficial, el material no cumple con los estándares técnicos mínimos ni con la cadena de custodia básica. Insistir en un pedido de detención basado en elementos ya invalidados configura, según la defensa, un acto de real malicia destinado únicamente a generar daño reputacional.
El fútbol como botín: Las SAD en el horizonte
Detrás de los trascendidos sobre sociedades fantasma en Estados Unidos y triangulación de activos, late una disputa de fondo mucho más profunda: la soberanía deportiva de los clubes argentinos. Esta nueva embestida coordinada desde sectores judiciales y amplificada por el engranaje mediático oficialista busca quebrar la resistencia de la AFA frente al proyecto de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). El objetivo es claro: montar una narrativa de corrupción para justificar una intervención federal que allane el camino al desembarco del capital privado sobre el fútbol campeón del mundo.
Persecución y desinformación
La trama denunciada por el fiscal Pedro Simón involucra a 24 personas del entorno de los dirigentes, incluyendo familiares y pequeños contribuyentes, en lo que parece ser una redada mediática más que una investigación rigurosa. Mientras se agitan fantasmas de lavado, se omite deliberadamente que la justicia ya destruyó la validez de la prueba madre del caso. La estrategia busca forzar el escándalo para doblegar a una dirigencia que se mantiene como el último obstáculo institucional contra la privatización de las asociaciones civiles sin fines de lucro.
El fantasma de la intervención
Con el arma principal de la acusación ya desmantelada técnicamente, el carácter político de la persecución queda en evidencia. La insistencia en pedidos de indagatoria y privación de libertad, en medio de una pericia que certifica la falsedad del material probatorio, recuerda las épocas donde el trascendido reemplazaba a la prueba auténtica. La batalla por la AFA no es solo una disputa judicial, es la defensa de un modelo de clubes de barrio frente a la voracidad de un mercado que cuenta con el auxilio de despachos judiciales predispuestos a la operación política.
Puntos clave:
- La justicia federal de Santiago del Estero pide detener a la cúpula de la AFA ignorando pericias previas de la DAJuDeCO.
- Hace solo dos días se certificó que el material probatorio principal contra Tapia es falso y carece de validez legal.
- La defensa advierte que la difusión de contenidos ya invalidados oficialmente constituye un acto de real malicia.
- El avance judicial es visto como una maniobra coordinada para forzar la intervención de la AFA e imponer las SAD.
- La causa involucra a 24 personas en una redada que busca erosionar la imagen de la gestión deportiva nacional.
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