Judiciales ⚖️
Alberto afirmó que «es un delito utilizar la maquinaria del Estado contra una persona»
También se refirió a Vidal y lo preocupante de que la ex gobernadora enviara a ministros e intendentes a reunirse con agentes de inteligencia.
El presidente Alberto Fernandez rechazó este lunes los argumentos esgrimidos por María Eugenia Vidal sobre la mesa judicial bonaerense y dijo que «es un delito utilizar la maquinaria del Estado para volcarla en perjuicio de una persona y construir las razones para poder detenerla».
Fernández señaló que «es muy preocupante que haya mandado a un ministro y a un intendente a reunirse con agentes de inteligencia y empresarios para inventar la manera de meter preso a un sindicalista» y dijo que si para Vidal «eso es una acción institucional, yo me rindo».
También destacó que «la Corte Suprema de Justicia tiene un problema de funcionamiento muy serio» y dijo que la «el servicio de justicia funciona mal, no para una Vicepresidente o un Presidente, sino para los ciudadanos». Fernández dijo que «la Justicia parece ser un coto cerrado para la oposición; cada vez que uno habla de la Justicia reaccionan de un modo increíble»
Investigación 🔎
“Cárcel o bala”, pero no para él: piden procesar a Espert por lavado
El fiscal Fernando Domínguez pidió que el ex diputado libertario sea procesado por lavado de activos por los US$ 200.000 que recibió de una firma ligada a Fred Machado, quien se declaró culpable de lavado y fraude en Estados Unidos. La decisión quedó ahora en manos del juez Lino Mirabelli.
Los US$ 200.000 que llegaron desde una empresa del entramado de Federico «Fred» Machado no fueron un honorario: para la Fiscalía, fueron dinero sucio que se volvió limpio en la vida cotidiana del economista que hizo campaña al grito de «cárcel o bala». El Ministerio Público Fiscal pidió formalmente el procesamiento de José Luis Espert por lavado de activos, el paso previo a un eventual juicio oral.
El dictamen lleva la firma del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, que tiene delegada la investigación, y alcanza también al ex contador del ex diputado nacional y ex primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Mariano Cosentino. El pedido llegó semanas después de la indagatoria de Espert, en la que el economista se negó a responder preguntas y reclamó el sobreseimiento o, en su defecto, la falta de mérito. Ahora es el juez federal Lino Mirabelli quien debe resolver si hace lugar; según fuentes judiciales, la decisión está en preparación por estos días.
Un contrato sin viajes, sin mina y sin trabajo
La reconstrucción fiscal ubica el giro en enero de 2020: los fondos salieron de Wright Brothers Aircraft Inc., firma integrada entre otros por Machado, y aterrizaron en una cuenta de Espert radicada en Estados Unidos. La cobertura formal fue un contrato de asesoría con Minas del Pueblo, una empresa de Guatemala que, para la Fiscalía, funcionó como pantalla. Espert nunca viajó a ese país ni consta que haya pisado la mina que supuestamente asesoraba.
Domínguez ya había señalado que el economista no tenía experiencia en minería y que la firma no registraba una actividad real que justificara esa contratación. En su dictamen fue más lejos: sostuvo que el dinero «fue ingresado por el denunciado Espert en el sistema económico financiero argentino y aplicado a la adquisición de distintos bienes, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen ilícito».
Según la acusación, esos bienes fueron dos vehículos de alta gama, un BMW y un Lexus, y aportes a un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda, en la costa atlántica bonaerense. Por pedido del fiscal, Mirabelli ya había dispuesto la inhibición general de bienes de Espert y de su esposa, María de las Mercedes González, junto con una orden de no innovar sobre sus activos.
El contador y el menú para esconder la plata
El caso de Cosentino expone la trastienda. El fiscal encontró material que muestra que el contador evaluó distintas alternativas para sortear los obstáculos que planteaban esos fondos: declararlos como prestación de servicios, como prestación de servicios incumplida, como donación o aporte de campaña, o directamente «no mostrar nada». «Con su actividad materializó la incorporación de los activos al circuito formal de la economía», escribió Domínguez en junio, cuando pidió su indagatoria.
Los intercambios entre los contadores de Espert se intensificaron tras la detención de Machado en Argentina, en abril de 2021, según surge de los chats incorporados al expediente a partir de los allanamientos. Para el fiscal, la opción de ocultar no fue un descuido técnico: «La decisión de no mostrar nada, adoptada evidentemente por la única persona que así lo podía decidir (Espert), encontró reflejo en los días subsiguientes en las DDJJ de Bienes Personales y Ganancias». La estrategia del desconocimiento, advirtió Domínguez, no puede funcionar como blindaje para la impunidad.
La defensa: «Ni un dólar volvió a él»
Los abogados Julio Pueyrredón y Claudio Lamelas presentaron en los últimos días un nuevo escrito con elementos que, según su criterio, desarman la postura fiscal. Calificaron la imputación como una suposición, sostuvieron que no se probó la ilicitud del dinero girado por Machado y defendieron que el contrato de asesoría está documentado con firma certificada, apostilla internacional y correos electrónicos que reflejan su gestación.
En un comunicado difundido tiempo atrás, el propio Espert planteó su argumento central: «Todo lavado tiene un para qué: o se le devuelve el dinero limpio a su dueño, o uno disfraza el origen de dinero propio. Aquí no ocurre ni lo uno ni lo otro. (…) Ni un dólar volvió a él: el dinero quedó en mi cuenta, a mi nombre, gastado a mi nombre y con impuestos que pagué yo». Tras la indagatoria, el ex diputado también apuntó contra el fiscal y le pidió al juez que reasumiera la dirección del sumario.
El problema para esa línea defensiva es el origen del dinero. Machado aceptó declararse culpable de lavado de activos y fraude ante la Justicia de Texas para evitar ser juzgado por narcotráfico, tras haber sido extraditado a Estados Unidos luego de cuatro años de prisión domiciliaria en Viedma.
Del discurso de mano dura al banquillo
El escándalo estalló hace poco más de un año, a partir de la revelación del periodista Sebastián Lacunza y de la denuncia penal del diputado nacional Juan Grabois. La pieza clave fue una contabilidad paralela atribuida por fiscales de Texas a la empresa de Machado y a su socia Debra Lynn Mercer-Erwin, en la que figuraba un giro de US$ 200.000 a favor de Espert con fecha 1° de febrero de 2020. El vínculo venía de antes: Machado había colaborado con la campaña presidencial del economista en 2019.
En ese momento, Espert encabezaba la lista de diputados de LLA en territorio bonaerense, bendecido por Javier Milei. La magnitud de la denuncia lo obligó a bajarse de la candidatura y, en los hechos, a abandonar la vida política. El dirigente que construyó su perfil público exigiendo castigo implacable para los delincuentes enfrenta hoy la posibilidad concreta de quedar procesado por blanquear dinero de un condenado. Desde entonces, solo reapareció por la citación a indagatoria y por una foto que lo mostró haciendo un trámite en una sede de la ANSES.
Lo que tenés que saber:
- El fiscal Fernando Domínguez pidió procesar a José Luis Espert y a su ex contador Mariano Cosentino por lavado de activos.
- La causa investiga US$ 200.000 que Espert recibió en enero de 2020 de Wright Brothers Aircraft Inc., firma ligada a Fred Machado.
- Para la Fiscalía, el contrato con la guatemalteca Minas del Pueblo fue una pantalla: Espert nunca viajó a ese país.
- Machado se declaró culpable de lavado de activos y fraude ante la Justicia de Texas.
- El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli debe resolver si hace lugar al pedido de procesamiento.
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