Judiciales ⚖️
Vialidad: defensor oficial apuntó contra Luciani y Molla por ignorar testigos y falsear los hechos
Luis Alonso Martínez detalló que 47 de las 51 obras estuvieron a cargo de la provincia y no de la Nación.
En el marco de la llamada causa Vialidad, el lawfare que involucra a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el abogado Luis Alonso Martínez explicó que la gran mayoría de las obras (47 sobre 51) estuvieron a cargo de la provincia y no de la Nación, y que hasta la auditoría realizada por el gobierno de Mauricio Macri concluyó que no hubo irregularidades. Es defensor de Mauricio Collareda, ex titular del Distrito Santa Cruz de Vialidad Nacional.
Según publica el periodista Tuny Kollman en Página 12, Luis Alonso Martínez acusó a los fiscales, Diego Luciani y Sergio Molla, de usar pruebas falsas, de ignorar lo que dijeron los testigos en el juicio y de tergiversar los hechos.
La base de su alegato es que las licitaciones las hizo la Provincia de Santa Cruz, también las adjudicaciones y el control de las obras y que su misión, como delegado de Vialidad Nacional, era enviar la documentación a Buenos Aires y hacer una mínima supervisión.
El defensor oficial recurrió a lo que dijeron los testigos a lo largo de tres años, incluyendo los convocados por la fiscalía. Collareda era el titular del distrito 23 y tenía a su cargo el mantenimiento de las rutas, los talleres, los equipos, la relación con intendentes y la administración del poco personal que tenía Vialidad en Santa Cruz.
Del total de las 51 obras cuestionadas, 47 directamente las hizo Vialidad Provincial. En sólo cuatro casos las constructoras trabajaron bajo la órbita de Vialidad Nacional.
El defensor fue repitiendo numerosos testimonios según los cuales Collareda no tenía ningún favoritismo con Lázaro Báez, que no había relación personal y que el trato a su gestor era como el trato a los demás gestores de las constructoras.
En 2013 se hizo una auditoría de cómo funcionaban los distritos. Se hizo respecto de Santa Cruz, La Rioja, Chubut, Chaco y Formosa. La conclusión fue que había cosas por mejorar, pero que todas las delegaciones hacían el mismo trabajo y que hubiera sido bueno que tuvieran más personal para supervisar mejor las obras. Pero no se trató de cuestionamientos de fondo y, sobre todo, no fueron cuestionamientos a Vialidad en los distritos, sino al centro, en Buenos Aires.
Judiciales ⚖️
$LIBRA: dos recusaciones frenan el regreso de las víctimas como querellantes
Piden apartar a Ledesma y a Yacobucci de la Sala II de Casación. La decisión sobre la reincorporación de los damnificados quedó en suspenso.
La Cámara Federal de Casación Penal no puede definir si los damnificados vuelven como querellantes en la causa $LIBRA. Dos recusaciones contra jueces de la Sala II frenaron la resolución, según fuentes judiciales.
La Sala II está integrada por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci. Los pedidos se presentaron en los últimos días y apuntan a dos de ellos por razones de imparcialidad. La decisión recae principalmente en Slokar, el único que no recibió objeciones.
Los dos planteos
Mauricio Novelli, uno de los once imputados, que fue sobreseído, pidió apartar a Ledesma por su cercanía con dos organizaciones que intervinieron en la causa: el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). Ambas intentaron ser querellantes y, tras el cierre del caso por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, pidieron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que asuma la acción penal. Según la defensa de Novelli, ese vínculo basta para dudar de su imparcialidad.
Juan Patricio Marchetto, uno de los cinco afectados por la presunta criptoestafa, pidió apartar a Yacobucci. Lo patrocinan los abogados Nicolás Rechanik y Juan Grabois. Argumenta que el hijo del juez, Ignacio Martín Yacobucci, fue designado el 29 de septiembre al frente del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, un cargo «de libre designación y remoción» que depende del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Es un cargo dispuesto por el Poder Ejecutivo que encabeza Javier Milei, uno de los principales investigados por haber promocionado la presunta criptoestafa. La causa también alcanza a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El antecedente del 4 de noviembre
Ledesma y Yacobucci quedaron en la mira después del fallo del 4 de noviembre. Ese día Ledesma votó junto a Slokar para habilitar las quejas de los damnificados, que habían sido apartados del expediente, y abrió la posibilidad de que sean querellantes. Yacobucci fue el único que votó en disidencia.
«La relación del Ministerio de Justicia con esta causa resulta evidente desde un análisis objetivo», dice el escrito de Marchetto, que recuerda que el área que dirige el hijo del juez tiene competencias vinculadas con el posible lavado de activos, uno de los ejes de la investigación.
Lo que tenés que saber
- Dos recusaciones frenan la definición de Casación sobre la vuelta de los querellantes en $LIBRA.
- Novelli pidió apartar a Ledesma y Marchetto pidió apartar a Yacobucci.
- La decisión recae principalmente en Slokar, que no recibió objeciones.
- El 4 de noviembre, Ledesma y Slokar habilitaron las quejas de los damnificados y Yacobucci votó en disidencia.
- El hijo de Yacobucci fue designado en un programa que depende del Ministerio de Justicia.
-
Fútbol & Goles!3 días“Vos sos el sucesor de mi hijo”: el emotivo mensaje de Celia Messi a Nico Paz
-
Goles! ⚽3 díasTévez arma una despedida de lujo con Messi, Riquelme y Ferdinand
-
Economía 💲20 horasSanCor: tres empresas ofrecieron producir a fasón en sus plantas
-
Salud 🩺7 díasSolo el 1,5% de los argentinos dona sangre, lejos del 3% al 5% necesario
-
CABA3 díasPatos de Palermo: el robo destapó 60 animales hacinados en Billinghurst
-
América Latina4 díasA diez meses de la captura de Maduro, Caracas y EE.UU. sellan un pacto militar
-
Deportes6 díasBeligoy compró un departamento a US$1.650 el metro; la constructora pide 4.000
-
Economía 💲1 díaEl Tesoro podría necesitar US$13.200 millones en 2027 con el mercado cerrado
