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Vialidad: defensor oficial apuntó contra Luciani y Molla por ignorar testigos y falsear los hechos

Luis Alonso Martínez detalló que 47 de las 51 obras estuvieron a cargo de la provincia y no de la Nación.

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En el marco de la llamada causa Vialidad, el lawfare que involucra a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el abogado Luis Alonso Martínez explicó que la gran mayoría de las obras (47 sobre 51) estuvieron a cargo de la provincia y no de la Nación, y que hasta la auditoría realizada por el gobierno de Mauricio Macri concluyó que no hubo irregularidades. Es defensor de Mauricio Collareda, ex titular del Distrito Santa Cruz de Vialidad Nacional.

Según publica el periodista Tuny Kollman en Página 12, Luis Alonso Martínez acusó a los fiscales, Diego Luciani y Sergio Molla, de usar pruebas falsas, de ignorar lo que dijeron los testigos en el juicio y de tergiversar los hechos.

La base de su alegato es que las licitaciones las hizo la Provincia de Santa Cruz, también las adjudicaciones y el control de las obras y que su misión, como delegado de Vialidad Nacional, era enviar la documentación a Buenos Aires y hacer una mínima supervisión.

El defensor oficial recurrió a lo que dijeron los testigos a lo largo de tres años, incluyendo los convocados por la fiscalía. Collareda era el titular del distrito 23 y tenía a su cargo el mantenimiento de las rutas, los talleres, los equipos, la relación con intendentes y la administración del poco personal que tenía Vialidad en Santa Cruz.

Del total de las 51 obras cuestionadas, 47 directamente las hizo Vialidad Provincial. En sólo cuatro casos las constructoras trabajaron bajo la órbita de Vialidad Nacional.

El defensor fue repitiendo numerosos testimonios según los cuales Collareda no tenía ningún favoritismo con Lázaro Báez, que no había relación personal y que el trato a su gestor era como el trato a los demás gestores de las constructoras.

En 2013 se hizo una auditoría de cómo funcionaban los distritos. Se hizo respecto de Santa Cruz, La Rioja, Chubut, Chaco y Formosa. La conclusión fue que había cosas por mejorar, pero que todas las delegaciones hacían el mismo trabajo y que hubiera sido bueno que tuvieran más personal para supervisar mejor las obras. Pero no se trató de cuestionamientos de fondo y, sobre todo, no fueron cuestionamientos a Vialidad en los distritos, sino al centro, en Buenos Aires.

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Parrilla de lujo, cascada y pileta: las excentricidades de Adorni que el Gobierno quiere ocultar

Desde el Ejecutivo intentan desacreditar al contratista que reveló pagos por US$ 245 mil en efectivo para refaccionar la casa del jefe de Gabinete, pero el arquitecto entregó documentación que prueba obras de alta gama en el country Indio Cuá.

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El Gobierno niega los montos de las refacciones de Adorni, pero la cascada y el quincho de lujo no se pueden ocultar

★ El Gobierno nacional inició una contraofensiva para intentar contener el impacto de la declaración judicial de Matías Tabar, el contratista que confesó ante la Justicia haber recibido 245.000 dólares en efectivo por parte de Manuel Adorni. Mientras el jefe de Gabinete calificó de «exagerados» los costos ante su círculo íntimo, el profesional de la construcción se presentó en los tribunales de Comodoro Py con un arsenal de documentación que incluye presupuestos, contratos y facturas que respaldan sus dichos ante el fiscal federal Gerardo Pollicita.

Excentricidades en medio del ajuste

La declaración de Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura, detalló que las reformas en la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá (Exaltación de la Cruz) convirtieron una propiedad estándar en una residencia de lujo. Las obras, que se extendieron durante diez meses entre septiembre de 2024 y julio de 2025, incluyeron la construcción de un quincho, una pileta con cascada en el jardín y una parrilla de lujo valuada en 15.000 dólares.

El monto destinado únicamente a las refacciones duplicó el valor de compra original de la vivienda, estimado en 120.000 dólares. Esta desproporción es el eje central de la causa por enriquecimiento ilícito, ya que los investigadores intentan determinar cómo un funcionario público pudo costear semejantes excentricidades con un sueldo que, hasta enero de este año, era de 3,5 millones de pesos. Según fuentes judiciales consultadas, los documentos aportados por el contratista son «consistentes» y complican la estrategia de defensa del ministro coordinador.

La defensa oficial: pericias e inspecciones

Ante la contundencia de la declaración testimonial, el entorno de Adorni dejó trascender que solicitarán una pericia técnica y una inspección ocular para demostrar que la casa «no vale ese dinero». La estrategia del oficialismo apunta ahora a desacreditar al arquitecto, sugiriendo incluso posibles denuncias por falta de facturación, a pesar de que el propio Tabar entregó comprobantes en la fiscalía. «Cualquiera que conozca mi casa sabe que no vale ese dinero», dijo Adorni según allegados, intentando minimizar el peso de la prueba recolectada por Pollicita.

Este nuevo capítulo de opacidad patrimonial se suma a la investigación por el departamento de Caballito, financiado por jubiladas, y a los gastos superiores a 800.000 dólares que el funcionario acumuló en menos de dos años de gestión. Mientras el Gobierno nacional aplica un severo programa de austeridad sobre el resto de la sociedad, los detalles sobre la cascada y la parrilla de lujo del jefe de ministros refuerzan la percepción de una administración que no logra explicar el origen de su propia riqueza.

Puntos clave:

  • El contratista Matías Tabar aportó facturas y contratos que prueban el cobro de US$ 245 mil.
  • Las obras incluyeron una cascada, una pileta y una parrilla de 15.000 dólares.
  • El costo de la refacción duplicó el valor de compra de la propiedad en el country Indio Cuá.
  • El Gobierno pedirá una pericia técnica para intentar bajarle el precio a la vivienda.
  • La Justicia investiga la desproporción entre estos gastos y el salario oficial de Adorni.
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