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Alberto se refirió al fallo contra Cristina y repudió a la mafia judicial

«La suerte estaba echada desde el comienzo y tan solo hizo falta un simulacro de juicio que inició uno de los jueces que disfrutó del viaje pagado por el Grupo Clarín», sostuvo el presidente.

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El presidente Alberto Fernández afirmó que «hoy en Argentina ha sido condenada una persona inocente», al rechazar el fallo que sentenció a seis años de prisión a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Fernández calificó en Twitter a la vicepresidenta como «alguien a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación y perseguido a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana».

«Hoy no puedo dejar de conmoverme por la sentencia condenatoria a Cristina. Es el resultado de un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso. En el que se violó el principio de no juzgar dos veces un mismo hecho, en el que no se explica como puede administrar fraudulentamente quien no tiene capacidad de disponer y decidir en licitaciones públicas», planteó el mandatario.

El presidente señaló que el jurista italiano Francesco Carrara, mítico representante del derecho penal de ese país, «alguna vez enseñó que cuando la política se mete en los tribunales la justicia se escapa por la ventana. Eso ha pasado en este caso».

«La suerte estaba echada desde el comienzo y tan solo hizo falta un simulacro de juicio que inició uno de los jueces que disfrutó del viaje pagado por el Grupo Clarín», añadió.

El mandatario puntualizó que «acompaña» y se «solidariza» con la vicepresidenta «sabiendo que es víctima de una persecución absolutamente injusta. Se de su inocencia».

«Todos los hombres y todas las mujeres de bien que amamos la democracia y el Estado de Derecho debemos ponernos a su lado», concluyó.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 condenó hoy a Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por la obra pública en Santa Cruz, una sentencia que para la vicepresidenta fue dictada por un «estado paralelo, una mafia judicial».

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Organizaciones populares denunciaron campaña de persecución del gobierno de Milei y Bullrich

Los allanamientos fueron irregulares, violentos y clandestinos.

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En una conferencia de prensa llevada a cabo este lunes frente al Congreso, los movimientos sociales se pronunciaron enérgicamente ante los recientes allanamientos a locales y domicilios de militantes. Estos actos, que incluyeron el allanamiento al local principal del Polo Obrero, fueron denunciados como parte de una campaña de persecución judicial y difamación mediática por parte del gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich.

Irregularidades en los allanamientos

Eduardo “Chiquito” Belliboni, dirigente nacional del Polo Obrero, expuso algunas de las múltiples irregularidades observadas durante los allanamientos. Se destacó que los allanadores apagaron las cámaras de seguridad en el local central del Polo Obrero, intentando realizar la acción en la clandestinidad. Además, varios de estos operativos se llevaron a cabo en contextos violentos, según denunciaron las abogadas presentes.

Ofensiva represiva y ataque a la organización popular

Belliboni situó los allanamientos dentro de una ofensiva represiva más amplia, que incluyó el desalojo violento de las organizaciones en la avenida 9 de Julio durante una protesta. Acusó al gobierno de intentar “destruir la organización popular” y señaló la supresión de la entrega de alimentos a comedores populares como prueba de esta actitud.

La conferencia: solidaridad y reclamo de justicia

En la conferencia, diversos referentes de organizaciones como el Frente de Lucha Piquetero, la Utep, la Coordinadora por el Cambio Social y la CTA Autónoma expresaron su solidaridad y repudio ante los allanamientos. También estuvieron presentes diputados nacionales y referentes sindicales, así como recibieron adhesiones de diversas instituciones y organizaciones.

Los participantes de la conferencia destacaron la necesidad de resistir frente a estos ataques y demandaron justicia ante las acciones del gobierno. Se subrayó el papel crucial de las organizaciones populares y se rechazó la campaña de difamación promovida desde el poder.

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