La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó a la justicia la realización de una serie de medidas de prueba antes de que el caso -en su tramo central- pase a juicio como postularon en distintas oportunidades la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, informaron hoy fuentes judiciales.

Se trata de una batería de medidas -algunas que ya habían sido solicitadas- vinculadas a la denominada «pista Milman», en la que está involucrado el legislador de Juntos por el Cambio (JxC) que lleva ese apellido y otras referidas a hallazgos aún sin explicación como la nota encontrada en la casa de la imputada Brenda Uliarte que decía «Regla Tueller».

La querella aún debe responder la vista que le fuere corrida por el fiscal Rívolo para que se exprese sobre la posibilidad de elevar el caso a juicio oral y público, pero antes presentó un escrito de 15 páginas en el que consignó las medidas cuya realización reclama, explicaron a Télam fuentes del caso.

Por esta causa están detenidos los dos imputados presuntamente vinculados a la autoría material del hecho (Fenando Sabag Montiel, el hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta, y su compañera en esa misión, Uliarte) y el amigo de ambos y jefe en el emprendimiento de venta de copos de nieve azucarada.

«Por el momento, venimos a insistir con la producción de una serie de medidas de prueba todavía pendientes y a proponer algunas nuevas», escribieron los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira en el escrito que presentaron días atrás y que trascendió.

La primera medida reclamada por la querella fue que se vuelva a convocar al testigo Jorge Abello, quien se presentó el 23 de septiembre de 2022 ante la justicia y dijo que había escuchado al diputado Gerardo Milman referirse al intento de atentado contra la vicepresidenta antes de que ocurriera.

«Cuando la maten voy a estar camino a la costa», fue lo que Abello -asesor de un diputado oficialista- dijo haberle escuchado decir a Milman a dos mujeres en el bar Casablanca, ubicado a metros del Congreso, el 30 de agosto.

Para la querella, es necesario volver a convocarlo porque entiende que todos sus dichos fueron corroborados (que Milman estaba en el bar Casablanca, que fue con dos asesoras suyas, que luego viajó a la costa) y que esa pista no puede frenarse en el hecho de que las asesoras del diputado hubieran negado que dijo la frase que se le atribuye.

Los abogados de la Vicepresidenta remarcaron que la primera declaración de Milman se produjo solo ante la jueza Capuchetti sin que la querella hubiera podido interrogarlo.

Los abogados remarcaron además que las secretarias de Milman, Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, fueron contradictorias cuando declararon sobre sus respectivas presencias en el bar Casablanca y que el hecho de que el diputado hubiera denunciado por falso testimonio al testigo no puede ser un impedimento para volverlo a declarar porque si no haría eso todos los imputados con todos los testigos.

La querella también pidió que se cite a declarar en calidad de testigos a las personas que integran el grupo de WhatsApp «Las reinas del despacho», conformado entre otras por las dos asesoras de Milman que lo acompañaron en el bar Casablanca.

Para los abogados de la Vicepresidenta, aún no habría sido aclarado a que se refería Bohdziewicz cuando, el 29 de agosto de 2022, pidió en ese grupo: «Chicas, borren todo lo del chat, mis fotos y todo lo demás, de lo de la oficina; plis, por las dudas».

El mensaje fue emitido antes del intento de atentado, ocurrido el 1 de septiembre, y según fuentes consultadas por Télam no guardaría relación con ese hecho, pero la querella considera que «sería un grave error limitarnos a aceptar que es una coincidencia temporal con lo sucedido los días posteriores» porque «la tarea de la instrucción es construir certezas a partir de medidas de prueba».

Por eso, requirieron que se identifique y se convoque a las personas integrantes del grupo «Las reinas del despacho» para que declaren acerca del mensaje enviado por Ivana Bohdziewicz.

Por otro lado, la querella solicitó avanzar con una pista surgida de un informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria sobre el teléfono de la asesora de Milman, Gómez Mónaco: allí se destaca un intercambio que mantuvo una persona identificada como Norberto Novoa.

Llamó la atención de la querella un mensaje donde Novoa le indica a Gómez Mónaco: «Lo que hay que bloquear es que Florencia se meta, que no se la intervenga, por eso, hay que emprolijarla».

«¿Quién es Florencia? ¿Por qué hay que emprolijarla y evitar que se meta?», se preguntó la querella que pidió que se identifique a Novoa y que se lo cite a prestar declaración testimonial.

La querella reclamó una vez más la producción de prueba en relación al papel encontrado en la casa de Uliarte con la inscripción «Regla Tueller», que hace referencia a la técnica que mide el tiempo y la distancia necesarias para disparar sin ser alcanzado por otras personas.

Como en los teléfonos de los tres principales acusados no se encontraron referencias a la regla Tueller, los abogados solicitaron que la búsqueda se extienda a otros teléfonos secuestrados en la investigación bajo la premisa de que alguien podría haberles alcanzado la información para evitarles tener que buscarla ellos mismos.

En ese punto recordaron que la «Regla Tueller» fue traída al país por el Ministerio de Seguridad de la Nación cuando Milman era secretario de Seguridad.

Además, insistieron con la realización de una pericia caligráfica sobre la hoja hallada en la casa de Uliarte y pidieron que sea constatada con cuerpos de escritura de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo.

Entre las medidas solicitadas, también se reclamó que se profundice aquella vinculada al hallazgo de un documento nacional de identidad, perteneciente a una persona de apellido Almada, en el allanamiento a la casa de Sabag Montiel.

Esta persona dijo en calidad de testigo que había perdido su DNI en un recital de «Divididos» en 2018 y que había denunciado la pérdida: ante la duda vinculada a los motivos por los cuales Sabag Montiel tenía ese documento en su poder la querella solicitó que se certifique la causa por la supuesta pérdida de ese DNI.

Una vez más, por otro lado, los abogados que representan a la Vicepresidenta solicitaron medidas de prueba tendientes a determinar una posible relación de la agrupación «Revolución Federal», conocida por protagonizar manifestaciones violentas en las calles de la Ciudad de Buenos Aires.

En el teléfono del referente de Revolución Federal, Jonathan Morel, se encontraron capturas de conversaciones que llamaron la atención de la querella como una que hacía referencias a movimientos del diputado nacional Máximo Kirchner en la ciudad de La Plata y otras en las que se utilizaban términos tales como «están en el punto de mira», junto a comentarios como «si se enteran no salgo vivo de acá».

A su vez, del informe elaborado por la PSA surge que Morel habría realizado consultas en el sistema privado Nosis sobre Cristina Fernández de Kirchner y otras personas públicas.

Como primera medida, los abogados de la Vicepresidenta reclamaron que esa información, que se encuentra en el expediente que lleva adelante el juez Marcelo Martínez de Giorgi con el abogado Gerardo Pollicita, quienes investigan a Revolución Federal, sea certificado en la causa del atentado.