Judiciales ⚖️
Cristina denunció que el abogado de los «copitos» favoreció al ladero de Rosatti
«Impresiona el entramado mafioso, pero como siempre: Todo hace juego con todo», tuiteó la Vicepresidenta.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó una vez más al Poder Judicial y se refirió a la denuncia que presentó recientemente contra Silvio Robles el abogado de los «copitos» Gastón Marano, defensor de Gabriel Carrizo, procesado y detenido en el caso del atentado en su contra.
«¿Entendés por qué en Comodoro Py no se investiga a fondo el intento de magnicidio? Impresiona el entramado mafioso, pero como siempre: Todo hace juego con todo«, tuiteó
Marano denunció a Silvio Robles por “la posible comisión de un delito de acción pública”. En el escrito, aclara que lo presenta a título personal, como abogado “y autoridad, miembro o delegado de numerosas asociaciones de profesionales abogados”. En la presentación sostuvo: No “resulta inocuo enterarme de que un funcionario del Poder Judicial podría estar incurso en un ilícito, incluso implicando su conducta un desvío de poder con entidad suficiente para torcer el contenido de resoluciones judiciales”.
Así se refiere al presunto intercambio de chats del ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro. Con la denuncia del abogado del jefe de los «copitos», la denuncia contra Robles se fue de Santiago del Estero y viajó a los tribunales de Comodoro Py. «Justito lo que andaba necesitando el bloque integrado por Juntos por el Cambio y la mayoría de la Corte Suprema«, subrayó el periodista Raúi Kollmann en el artículo que posteó Cristina.

Marano fue asesor de Ignacio Torres, senador nacional de Juntos por el Cambio, en la Comisión Bicameral de Inteligencia.
Judiciales ⚖️
Revés judicial para el Gobierno: la Corte Suprema rechazó una presentación por el financiamiento universitario
El máximo tribunal desestimó una presentación realizada por el Poder Ejecutivo en una causa vinculada a recursos destinados al sistema universitario. Además, rechazó un pedido de excusación y ordenó avanzar con el cumplimiento de una obligación procesal prevista por la normativa vigente.
Puntos clave
- La Corte Suprema rechazó una queja presentada por el Poder Ejecutivo.
- La causa está vinculada al Decreto 759/25.
- El expediente fue impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades.
- El tribunal consideró que el recurso no estaba dirigido contra una sentencia definitiva.
- También rechazó un pedido de excusación.
- Ordenó intimar al Estado para el pago de un depósito previsto por la ley.
- El caso se tramita en el fuero Contencioso Administrativo Federal.
La Corte Suprema desestimó una presentación del Gobierno
La Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar una queja presentada por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otros actores contra el Estado nacional por el Decreto 759/25.
La decisión quedó plasmada en una resolución firmada este jueves por el máximo tribunal.
Según el fallo, el recurso extraordinario cuya denegación parcial originó la queja no cumplía con uno de los requisitos exigidos por la legislación para su tratamiento.
El argumento central del máximo tribunal
Los jueces sostuvieron que la presentación impulsada por el Gobierno no estaba dirigida contra una sentencia definitiva o equiparable.
De acuerdo con la resolución, esa condición resulta indispensable conforme a lo establecido por el artículo 14 de la Ley 48 para habilitar la intervención extraordinaria de la Corte Suprema.
Por ese motivo, el tribunal resolvió desestimar la presentación.
También fue rechazado un pedido de excusación
Además de pronunciarse sobre la queja, la Corte rechazó un pedido de excusación formulado dentro del mismo expediente.
En ese punto, remitió a lo resuelto previamente el 4 de junio de 2026 en el incidente de recusación con causa relacionado con el mismo proceso judicial.
La decisión quedó incorporada dentro de la misma resolución dictada por los magistrados.
Intimación al Estado por un depósito procesal
Como parte de la resolución, el máximo tribunal también ordenó intimar al recurrente para que efectúe el depósito previsto en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
El pago se encontraba diferido conforme a lo establecido por la Acordada 47/91.
La intimación deberá cumplirse dentro del ejercicio financiero correspondiente, según dispuso la Corte.
Cómo se originó la causa judicial
La presentación rechazada fue impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Educación, en calidad de parte demandada.
El expediente se inició en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11.
Posteriormente intervino la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, instancia desde la cual continuó su recorrido judicial hasta llegar a la Corte Suprema.
El conflicto por el financiamiento universitario
La causa tiene como eje el Decreto 759/25 y los planteos realizados por el Consejo Interuniversitario Nacional junto a otros actores vinculados al sistema universitario.
El expediente forma parte de las controversias judiciales abiertas en torno al financiamiento de las universidades nacionales y las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo en materia presupuestaria.
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