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Denuncia

Juicio político a Rosatti: FdT tiene mayoría en comisión

El bloque oficialista ya podría tramitar la apertura del sumario para empezar a investigar. La investigación dura 60 días. Los acusados y testigos pueden ser citados a comparecer.

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El Frente de Todos (FdT) tiene mayoría para abrir una investigación y emitir dictamen en la comisión que debe tratar el pedido de juicio político que impulsará el presidente Alberto Fernández contra el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, por presunto mal desempeño de sus funciones, informaron hoy fuentes parlamentarias.

De todos modos, para concretar la acusación, el artículo 53 de la Constitución Nacional establece que se deberá aprobar en el recinto con los dos tercios de los miembros presentes en una sesión.

De hecho, la Cámara de Diputados aprobó el 16 de diciembre de 2004 la ultima acusación, que fue contra el exministro de la Corte Antonio Boggiano, y el resultado fue abrumador porque superó los dos tercios de los presentes al cosechar 159 votos a favor, 6 negativos y 5 abstenciones.

Boggiano fue finalmente destituido por el Senado por 44 votos de los 56 presentes en la sesión -con lo cual superó los dos tercios- el 28 de septiembre del 2005.

Fue el último magistrado del tribunal destituido por ese mecanismo y el juicio político había sido presentado por el ex presidente Néstor Kirchner.

Dos años antes antes había sido destituido Eduardo Eduardo Moliné O’Connor, mientras que los restantes miembros del tribunal, Julio Nazareno, Guillermo López y Adolfo Vásquez, renunciaron cuando se inició el proceso de juicio político.

De acuerdo con el reglamento de la Cámara, la comisión de Juicio Político podrá rechazar «in limine» o abrir a prueba un sumario sobre un pedido de enjuiciamiento presentado contra algún miembro de la Corte Suprema, ministros del Poder Ejecutivo o el Presidente y Vicepresidente de la Nación.

Para poder abrir la investigación debe tener mayoría en la comisión de Juicio Político y eso sucede hoy en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo posee 16 de los 31 miembros en ese organismo clave del cuerpo legislativo, que hoy preside la legisladora entrerriana del FdT Carolina Gaillard.

En ese sentido, la legisladora oficialista ratificó que «el bloque del Frente de Todos tiene mayoría en la comisión para tramitar en la apertura del sumario para empezar a investigar».

«La investigación dura 60 días», dijo, y aseguró que, en ese plazo, «se pueden llamar a los acusados y testigos para que comparezcan».

El reglamento de la comisión de Juicio Político permite cuando se abra la investigación con mayoría simple -lo que no sucede hace años- que se pueda pedir documentación a la justicia, llamar a los acusados -aunque pueden excusarse de testimoniar- y citar a otros testigos.

Un detalle de la importancia que tiene esa comisión es que la integran los presidentes del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez; de la Coalición Cívica, Juan Manuel López (vicepresidente de la comisión); de la UCR, Mario Negri (secretario), y del Interbloque Federal, Alejandro Rodríguez.

El vicepresidente de la Cámara, Omar De Marchi (PRO), es secretario de la comisión, así como el diputado del PRO y miembro del Consejo de la Magistratura, Álvaro González. También integran la comisión los representantes oficialistas en el Consejo, Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley.

Tras el proceso de investigación, el Frente de Todos tiene los números para emitir el dictamen en la comisión de Juicio Político, pero no puede alcanzar los dos tercios de los votos de los miembros presentes en el plenario si Juntos por el Cambio mantiene su postura de rechazo a este enjuiciamiento contra Rosatti, ya que existe una extrema paridad entre las dos fuerzas políticas.

El artículo 53 de la Constitución Nacional fija que la Cámara de Diputados puede acusar «ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de Gabinete de Ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes».

El artículo 59 establece que «al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto».

Denuncia

Nadia Beller anunció nuevas pruebas contra Cerimedo y se ofreció a declarar en Argentina

La abogada boliviana afirmó que conserva grabaciones y otros elementos que comprometerían a su expareja, y aseguró que puede identificar al destinatario de una nota en la que se hablaba de «eliminarla». Sus dichos también apuntan al corazón de la causa ANDIS, donde señaló a Natalia Basil como la ejecutora de la filtración de los audios de Diego Spagnuolo.

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Las grabaciones de Beller podrían revelar quién decidió filtrar los audios de Spagnuolo y por qué: Basil en el centro de la escena.

Nadia Beller ya tiene el alta médica. Y, con ella, una determinación que incomoda a más de uno en Argentina: entregar nuevas pruebas contra Fernando Cerimedo y declarar ante la justicia argentina si es convocada. La abogada boliviana, que sobrevivió a un ataque a balazos el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, afirmó que conserva mensajes, grabaciones y otros elementos que, según sostuvo, podrían comprometer aún más a su expareja, hoy bajo prisión preventiva en Bolivia por ser señalado como presunto instigador del atentado.

La causa boliviana avanza sobre los autores materiales

La Policía boliviana identificó a dos hombres señalados como posibles autores materiales del atentado y mantiene operativos activos para localizarlos. En paralelo, una pareja de sospechosos fue enviada al penal de Palmasola por 120 días preventivos: el hombre está acusado de haber vendido o proporcionado el arma presuntamente utilizada en el ataque; su pareja quedó imputada como cómplice.

Cerimedo, consultor político que trabajó para el entorno de La Libertad Avanza, permanece detenido en Bolivia mientras la Fiscalía de ese país avanza en la investigación. Según trascendió, el expediente boliviano y la causa ANDIS que tramita en Argentina ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi están comenzando a retroalimentarse a través de las declaraciones de Beller.

El hilo que lleva a ANDIS: grabaciones, audios y Natalia Basil

El aspecto más sensible de las nuevas declaraciones de Beller no es el relato del atentado, ya ampliamente documentado, sino lo que apunta directamente a la causa ANDIS en Argentina. La abogada afirmó que posee grabaciones de conversaciones con Cerimedo en las que el consultor habría hablado sobre el origen de los audios atribuidos al extitular del organismo, Diego Spagnuolo; audios que desencadenaron el escándalo de las presuntas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Beller fue más lejos y señaló que Cerimedo y su exesposa, Natalia Basil, habrían sido los artífices de la filtración de esos audios. Según su versión, fue Basil quien «ejecutó» esa maniobra. El dato no es menor: Basil se desempeñó como directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas en ANDIS entre abril y diciembre de 2024, período que coincide con las irregularidades investigadas, y renunció semanas antes de que la causa judicial adquiriera estado público.

Si las grabaciones que Beller dice conservar son incorporadas como prueba al expediente, la investigación podría abrir una nueva línea sobre el origen y el propósito político de esa filtración: quién decidió que esos audios salieran a la luz, cuándo y con qué objetivo.

Pagano pide videoconferencia y protección de testigos

La diputada Marcela Pagano solicitó al juez Lijo y al fiscal Picardi que convoquen a Beller a declarar mediante videoconferencia desde Bolivia y que sea incorporada al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. El pedido fue presentado con el argumento de que el testimonio de Beller podría resultar determinante para establecer el contexto en que se produjeron sus conversaciones con Cerimedo, si las grabaciones son auténticas y pueden incorporarse legalmente al expediente, y cuál es la cadena de decisiones detrás de la filtración de los audios de Spagnuolo.

Cabe recordar que Cerimedo ya había declarado en Argentina en septiembre de 2025 sobre sus conversaciones con el entonces titular de ANDIS. En aquella oportunidad afirmó que Spagnuolo le habló de presuntas coimas y de supuestos retornos vinculados con funcionarios nacionales. La versión que ahora aporta Beller no contradice necesariamente ese relato, pero agrega una capa sobre quién controló el flujo de esa información y hacia dónde fue dirigida.

Mientras la investigación avanza simultáneamente en dos países, Beller reiteró su disposición a colaborar con la justicia argentina. La pregunta que orbita en los pasillos de Comodoro Py es cuánto de lo que dice conservar puede transformarse en prueba jurídicamente válida, y cuánto de esa verdad el expediente estará en condiciones de sostener.

Puntos clave

  • Nadia Beller recibió el alta médica tras el ataque del 17 de agosto y anunció que entregará grabaciones a la justicia.
  • Afirmó que puede identificar al destinatario de una nota en la que se planeaba «eliminarla».
  • Señaló a Natalia Basil, exdirectora de ANDIS y exesposa de Cerimedo, como la ejecutora de la filtración de los audios de Spagnuolo.
  • La diputada Marcela Pagano pidió al juez Lijo que cite a Beller por videoconferencia e ingresarla al Programa de Protección de Testigos.
  • Cerimedo permanece en prisión preventiva en Bolivia; la causa ANDIS en Argentina suma potencial nueva evidencia.
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