⬛ El viernes pasado fue un día de pánico en el Palacio de Hacienda. Luis Caputo y Santiago Bausili miraban con horror cómo en tres días se habían esfumado 1200 millones de dólares de las reservas del Banco Central. Del otro lado del mostrador, las grandes exportadoras nucleadas en CIARA CEC esperaban con la paciencia de quien conoce el libreto: sabían que el 30% de la cosecha de soja 2024-2025 estaba guardada en silobolsas y que sus casas matrices les garantizaban las espaldas financieras.

Cuando llegó el llamado desde Economía, no fue necesario explicar mucho. «Cuando tenés que negociar con estas empresas, son ellas las que te traen el proyecto casi cerrado», explicó un ex funcionario del área de Agricultura consultado por este medio. La desesperación oficial jugó a favor de las cerealeras: «Al tiburón de las finanzas, Luis Caputo, se lo comió el tiburón de las cerealeras que es Gustavo Idígoras, el lobista de la CIARA CEC», agregó la fuente.

El golpe maestro de las siete hermanas

La estocada fue doble y letal. Siete empresas —Cargill, LDC, AGD, Bunge, Cofco, Molinos Agro y Viterra— se quedaron con 1500 millones de dólares por retenciones no cobradas, mientras que además se apropiarán de las ganancias que les descontarán a los productores cuando vayan a comprar los granos con las retenciones ya reinstaladas.

Esta maniobra, consumada en apenas dos días de «retenciones cero», ya fue denunciada ante la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA). Los apuntados van desde Javier Milei hasta el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, pasando por Guillermo Francos y el propio Caputo.

«La apropiación de la riqueza que le corresponde a los productores argentinos es continua por parte de las empresas exportadoras intermediarias, trasnacionales en su casi totalidad», puede leerse en la denuncia anónima que ya investiga la PIA. El texto señala cómo «al productor rural, quién es el sujeto que genera con su trabajo el grano, otro sujeto especulador, la empresa exportadora, le va a transferir la carga de un pago que la última nunca le va a realizar al Estado».

El fantasma de la Ley Martínez Raymonda

La denuncia invoca la vigencia de la Ley Martínez Raymonda, sancionada en 2007 y aplicada por primera vez durante el conflicto por las retenciones móviles del año siguiente. Esta norma, nacida de una denuncia presentada por Claudio Lozano, Eduardo Macaluse, Lisandro Viale y Mario Cafiero, apunta exactamente a este tipo de maniobras.

En su artículo 1, la ley establece que «cuando se produjera un incremento de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios, en el período comprendido entre el Registro de la DJVE y el de la oficialización de la correspondiente destinación de exportación, las empresas deberán acreditar de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento».

La presión desde Washington

Un dato clave para entender la aceleración de la operatoria es la injerencia estadounidense. La ventana de tiempo con retenciones cero se cerró abruptamente después de que Scott Bessent, titular del Tesoro de Estados Unidos, dijera en la red social X que había que ponerle fin «al festival de rebaja de los derechos de exportación».

Los farmers norteamericanos estaban perdiendo plata porque los compradores chinos habían redirigido operaciones hacia Argentina aprovechando el «jubileo de las retenciones». Caleb Raglan, presidente de la Asociación de Soja Americana, fue claro: «Los precios de la soja en EE.UU. están cayendo, la cosecha está en marcha, y los agricultores leen titulares no sobre asegurar un acuerdo comercial con China, sino sobre que el gobierno de EE.UU. está otorgando 20 mil millones de dólares en apoyo económico a la Argentina mientras ese país reduce sus impuestos a la exportación de soja».

Los números que no mienten

Según un informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), el 23 de septiembre —día del decreto 682 que puso las retenciones en cero— se registraron apenas 69 declaraciones de exportación por el 12% del volumen total. Pero al día siguiente, tras conocerse el mensaje de Bessent, las cerealeras metieron 400 declaraciones juradas con el 88% del volumen anotado.

El complejo sojero se quedó con el 80% de los 7000 millones de dólares declarados. Los tiempos de embarque muestran la trampa: solo un 9% tiene permiso para octubre 2025, un 20% se embarcará en noviembre, 50% en diciembre y el resto recién en 2026.

«Eligieron declarar embarques cuando los precios FOB oficiales eran más bajos, para liquidar menos dólares», explica el informe de MATE. «Tienen tiempo de abastecerse de granos a precios descontados los derechos de exportación cuando termine la vigencia del decreto ya que no deben comprar los productos para embarcar en el corto plazo».

Legalidad a medida

Entre el 23 y 24 de septiembre, la Secretaría de Agricultura publicó dos resoluciones —una corrigiendo la otra— que según la denuncia ante la PIA terminaron de pergeñar «la maniobra económica detrás de las retenciones cero».

La Resolución 184/2025 estableció inicialmente que las Declaraciones Juradas tendrían vigencia por un año, pero solo si el embarque se realizaba después del 23 de septiembre. Pero como esto dejaba afuera operaciones ya embarcadas, al día siguiente la Resolución 185 eliminó esa condición.

«Una administración infiel que hicieron los funcionarios denunciados, de las herramientas normativas a su alcance, en perjuicio del Estado», concluye la denuncia.

El negocio redondo

Para cerrar la movida, las exportadoras colocaron los pesos obtenidos por la liquidación en bonos dólar linked en la licitación del Tesoro. Como explicó la periodista Luciana Glezer, «primero vendieron soja en papel, financiada con dólares prestados a sus casas matrices a tasas de apenas 2,5%. Con esos dólares liquidados obtuvieron pesos. Ahora, colocan esos pesos en bonos dólar linked: si el oficial sube tras las elecciones, el capital queda automáticamente ajustado».

El rollover fue de más del 130%, dejando 1,7 billones de pesos de financiamiento neto que ya engrosan las arcas del Tesoro. Un negocio perfecto: ganaron con las retenciones no pagadas, ganarán con el descuento a los productores y encima obtienen una tasa de interés anual de más del 50%.

¿Dónde están los ruralistas?

La pregunta que queda flotando es dónde está la Mesa de Enlace frente a este atropello a los productores. Como planteó el analista Carlos Etchepare, «si Luis Caputo o Javier Milei quisieran conocer el perjuicio que le han causado a los productores agropecuarios para beneficiar a quienes le han prestado 7.000 millones de dólares a su mesa de dinero lo pueden hacer. También las entidades de productores podrían reclamarlo».

Claudio Lozano fue directo: «Este es un quilombo entre los grandes productores y las exportadoras. En el momento en que Bessent sale con su mensaje de que se tiene que terminar la joda de la baja de las retenciones, ahí adelantaron todas las Declaraciones Juradas y los productores quedaron afuera».

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas ahora deberá investigar si hubo tráfico de información privilegiada y administración fraudulenta. Mientras tanto, las siete cerealeras se frotan las manos con una ganancia neta de 1500 millones de dólares, cortesía de un gobierno que dice defender al campo pero terminó entregándoselo en bandeja a las multinacionales.

Puntos clave:

• Siete empresas agroexportadoras se apropiaron de 1500 millones de dólares mediante una ventana de «retenciones cero» de solo dos días
• La maniobra fue denunciada ante la PIA por administración fraudulenta contra Milei, Caputo, Francos e Iraeta
• La presión de Estados Unidos aceleró el cierre de la operatoria tras quejas de farmers norteamericanos
• Las cerealeras registraron exportaciones sin tener los granos, que comprarán luego descontando retenciones a los productores
• La denuncia invoca la Ley Martínez Raymonda para frenar esta práctica especulativa