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Denuncia

Denuncian que Milei y Caputo habilitaron a las cerealeras a consumar una estafa millonaria

Una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas apunta contra el jefe de Estado, el ministro de Economía y las agroexportadoras por una operación que les significó 1.500 millones de dólares de ganancia neta mientras los chacareros quedaron pagando los platos rotos.

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El Argentino Diario-Toto Caputo-Javier Milei.

⬛ El viernes pasado fue un día de pánico en el Palacio de Hacienda. Luis Caputo y Santiago Bausili miraban con horror cómo en tres días se habían esfumado 1200 millones de dólares de las reservas del Banco Central. Del otro lado del mostrador, las grandes exportadoras nucleadas en CIARA CEC esperaban con la paciencia de quien conoce el libreto: sabían que el 30% de la cosecha de soja 2024-2025 estaba guardada en silobolsas y que sus casas matrices les garantizaban las espaldas financieras.

Cuando llegó el llamado desde Economía, no fue necesario explicar mucho. «Cuando tenés que negociar con estas empresas, son ellas las que te traen el proyecto casi cerrado», explicó un ex funcionario del área de Agricultura consultado por este medio. La desesperación oficial jugó a favor de las cerealeras: «Al tiburón de las finanzas, Luis Caputo, se lo comió el tiburón de las cerealeras que es Gustavo Idígoras, el lobista de la CIARA CEC», agregó la fuente.

El golpe maestro de las siete hermanas

La estocada fue doble y letal. Siete empresas —Cargill, LDC, AGD, Bunge, Cofco, Molinos Agro y Viterra— se quedaron con 1500 millones de dólares por retenciones no cobradas, mientras que además se apropiarán de las ganancias que les descontarán a los productores cuando vayan a comprar los granos con las retenciones ya reinstaladas.

Esta maniobra, consumada en apenas dos días de «retenciones cero», ya fue denunciada ante la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA). Los apuntados van desde Javier Milei hasta el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, pasando por Guillermo Francos y el propio Caputo.

«La apropiación de la riqueza que le corresponde a los productores argentinos es continua por parte de las empresas exportadoras intermediarias, trasnacionales en su casi totalidad», puede leerse en la denuncia anónima que ya investiga la PIA. El texto señala cómo «al productor rural, quién es el sujeto que genera con su trabajo el grano, otro sujeto especulador, la empresa exportadora, le va a transferir la carga de un pago que la última nunca le va a realizar al Estado».

El fantasma de la Ley Martínez Raymonda

La denuncia invoca la vigencia de la Ley Martínez Raymonda, sancionada en 2007 y aplicada por primera vez durante el conflicto por las retenciones móviles del año siguiente. Esta norma, nacida de una denuncia presentada por Claudio Lozano, Eduardo Macaluse, Lisandro Viale y Mario Cafiero, apunta exactamente a este tipo de maniobras.

En su artículo 1, la ley establece que «cuando se produjera un incremento de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios, en el período comprendido entre el Registro de la DJVE y el de la oficialización de la correspondiente destinación de exportación, las empresas deberán acreditar de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento».

La presión desde Washington

Un dato clave para entender la aceleración de la operatoria es la injerencia estadounidense. La ventana de tiempo con retenciones cero se cerró abruptamente después de que Scott Bessent, titular del Tesoro de Estados Unidos, dijera en la red social X que había que ponerle fin «al festival de rebaja de los derechos de exportación».

Los farmers norteamericanos estaban perdiendo plata porque los compradores chinos habían redirigido operaciones hacia Argentina aprovechando el «jubileo de las retenciones». Caleb Raglan, presidente de la Asociación de Soja Americana, fue claro: «Los precios de la soja en EE.UU. están cayendo, la cosecha está en marcha, y los agricultores leen titulares no sobre asegurar un acuerdo comercial con China, sino sobre que el gobierno de EE.UU. está otorgando 20 mil millones de dólares en apoyo económico a la Argentina mientras ese país reduce sus impuestos a la exportación de soja».

Los números que no mienten

Según un informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), el 23 de septiembre —día del decreto 682 que puso las retenciones en cero— se registraron apenas 69 declaraciones de exportación por el 12% del volumen total. Pero al día siguiente, tras conocerse el mensaje de Bessent, las cerealeras metieron 400 declaraciones juradas con el 88% del volumen anotado.

El complejo sojero se quedó con el 80% de los 7000 millones de dólares declarados. Los tiempos de embarque muestran la trampa: solo un 9% tiene permiso para octubre 2025, un 20% se embarcará en noviembre, 50% en diciembre y el resto recién en 2026.

«Eligieron declarar embarques cuando los precios FOB oficiales eran más bajos, para liquidar menos dólares», explica el informe de MATE. «Tienen tiempo de abastecerse de granos a precios descontados los derechos de exportación cuando termine la vigencia del decreto ya que no deben comprar los productos para embarcar en el corto plazo».

Legalidad a medida

Entre el 23 y 24 de septiembre, la Secretaría de Agricultura publicó dos resoluciones —una corrigiendo la otra— que según la denuncia ante la PIA terminaron de pergeñar «la maniobra económica detrás de las retenciones cero».

La Resolución 184/2025 estableció inicialmente que las Declaraciones Juradas tendrían vigencia por un año, pero solo si el embarque se realizaba después del 23 de septiembre. Pero como esto dejaba afuera operaciones ya embarcadas, al día siguiente la Resolución 185 eliminó esa condición.

«Una administración infiel que hicieron los funcionarios denunciados, de las herramientas normativas a su alcance, en perjuicio del Estado», concluye la denuncia.

El negocio redondo

Para cerrar la movida, las exportadoras colocaron los pesos obtenidos por la liquidación en bonos dólar linked en la licitación del Tesoro. Como explicó la periodista Luciana Glezer, «primero vendieron soja en papel, financiada con dólares prestados a sus casas matrices a tasas de apenas 2,5%. Con esos dólares liquidados obtuvieron pesos. Ahora, colocan esos pesos en bonos dólar linked: si el oficial sube tras las elecciones, el capital queda automáticamente ajustado».

El rollover fue de más del 130%, dejando 1,7 billones de pesos de financiamiento neto que ya engrosan las arcas del Tesoro. Un negocio perfecto: ganaron con las retenciones no pagadas, ganarán con el descuento a los productores y encima obtienen una tasa de interés anual de más del 50%.

¿Dónde están los ruralistas?

La pregunta que queda flotando es dónde está la Mesa de Enlace frente a este atropello a los productores. Como planteó el analista Carlos Etchepare, «si Luis Caputo o Javier Milei quisieran conocer el perjuicio que le han causado a los productores agropecuarios para beneficiar a quienes le han prestado 7.000 millones de dólares a su mesa de dinero lo pueden hacer. También las entidades de productores podrían reclamarlo».

Claudio Lozano fue directo: «Este es un quilombo entre los grandes productores y las exportadoras. En el momento en que Bessent sale con su mensaje de que se tiene que terminar la joda de la baja de las retenciones, ahí adelantaron todas las Declaraciones Juradas y los productores quedaron afuera».

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas ahora deberá investigar si hubo tráfico de información privilegiada y administración fraudulenta. Mientras tanto, las siete cerealeras se frotan las manos con una ganancia neta de 1500 millones de dólares, cortesía de un gobierno que dice defender al campo pero terminó entregándoselo en bandeja a las multinacionales.

Puntos clave:

• Siete empresas agroexportadoras se apropiaron de 1500 millones de dólares mediante una ventana de «retenciones cero» de solo dos días
• La maniobra fue denunciada ante la PIA por administración fraudulenta contra Milei, Caputo, Francos e Iraeta
• La presión de Estados Unidos aceleró el cierre de la operatoria tras quejas de farmers norteamericanos
• Las cerealeras registraron exportaciones sin tener los granos, que comprarán luego descontando retenciones a los productores
• La denuncia invoca la Ley Martínez Raymonda para frenar esta práctica especulativa

Denuncia

Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad

El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni da la cara en el Congreso.
De “enriquecimiento ilícito” a “tema de impuestos”: el giro en la causa Adorni que indignó a la oposición.

La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.

El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.

Lo que dijo el fiscal

Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.

Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.

La oposición: “ES JODA”

El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.

En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.

El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.

El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.

Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero

La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.

Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.

Qué viene

Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.

Lo que tenés que saber:

  • El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
  • No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
  • El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
  • Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
  • Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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