Denuncia
Exministro de Agricultura calificó de “fraudulenta” la baja de retenciones que favoreció a cerealeras
Norberto Yauhar denunció que la medida benefició a un grupo selecto de empresas en detrimento del Estado y los productores. Alertó sobre el impacto en los precios de alimentos básicos.
⬛ El exministro de Agricultura de la Nación, Norberto Yauhar, lanzó duras críticas contra las recientes medidas del Gobierno nacional que redujeron las retenciones a ciertos cereales. En diálogo con Splendid AM 990, calificó la operatoria como «muy turbia» y denunció que constituyó «un cachetazo rotundo a la producción argentina».
Según Yauhar, la medida favoreció exclusivamente a un pequeño grupo de cerealeras a costa del Estado y de los productores. El exfuncionario cuestionó la rapidez con la que se generó la liquidación de divisas, lo que evidenció para él un manejo opaco de la situación.
Una operatoria planificada con anticipación
«Necesitaba que liquiden las cerealeras con todo lo que implica en la logística de la cerealera, o sea, esto ya estaba planeado de antes, sin duda», declaró Yauhar. El exministro argumentó que no es «fácil para que en 48 o 72 horas aparezca este movimiento extraordinario de más de 7.000 millones de dólares» sin previo aviso.
Esta logística, según su análisis, demuestra que las empresas «estaban avisadas con antemano». La medida resultó ser un «negocio redondo absolutamente» para un selecto grupo de «10 o 11 empresas» y un «negocio financiero sin ningún tipo de duda», sostuvo.
Impacto negativo en productores y consumidores
Yauhar subrayó que, si bien la baja de retenciones podría parecer beneficiosa, el momento y la forma en que se implementó perjudicaron directamente al productor al impedirle «tener acceso a la devolución de esas retenciones». «Esto ha sido un cachetazo rotundo a la producción argentina», enfatizó.
Además del daño al sector productivo, el exministro apuntó contra la administración del Estado. Afirmó que esta maniobra «le vuelve a meter la mano en el bolsillo de los argentinos» al quitarle ingresos al Estado Nacional que son esenciales «justamente para el funcionamiento del Estado mismo».
Críticas a la gestión gubernamental
«Cuando uno ve el andar del gobierno de sacar puchitos de echar 10 empleados de echar 50 de cerrar una oficina y por el otro lado darle a determinado sector de amigos 1.500 millones de dólares es realmente preocupante y es realmente nos habla de la crueldad y fundamentalmente nos marca la oscuridad con la que se está manejando el gobierno con determinadas situaciones en la administración de la cosa pública. Muy turbio todo eso que ha pasado en estas últimas horas», declaró Yauhar.
El exfuncionario alertó que la decisión del Gobierno tendría un impacto directo en el consumo de la población. La quita de retenciones y la salida «bruta de miles y miles de toneladas de grano» provoca «un encarecimiento a los productos» básicos de la canasta, como los balanceados, los alimentos para engordes y las mascotas.
Llamado a un nuevo marco de diálogo
El exministro concluyó que el reciente accionar gubernamental expone un «modelo absolutamente fraudulento de administración del Estado». En ese marco, abogó por una reflexión de los actores políticos: «Me parece que en ese sentido tienen que dar algunos sectores un pasito al costado de su visión ideológica ir a la cuestión de administración de las cosas públicas».
Finalmente, Yauhar instó a establecer un «marco nuevo de discusión» y un «diálogo mucho más maduro» entre el sector político y las organizaciones del campo, reconociendo la necesidad de «trazar un camino en común» que favorezca la producción y la industria frente a lo que calificó como «campo arrasado».
Puntos clave:
• El exministro Yauhar denunció que la baja de retenciones favoreció a 10 o 11 empresas cerealeras
• La operatoria movilizó más de 7.000 millones de dólares en 48-72 horas
• La medida perjudicó tanto a productores como al Estado Nacional
• Alertó sobre el encarecimiento de productos básicos de la canasta alimentaria
• Calificó la gestión gubernamental como un «modelo absolutamente fraudulento»
Denuncia
Dalbón pide detener a Caputo y Bausili: pérdida de más de mil millones de dólares en derivados de oro del BCRA
El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, del presidente del Banco Central y del director de la entidad por las operaciones con derivados sobre las reservas de oro que registraron un resultado negativo de más de 1.023 millones de dólares, según consignó la Auditoría General de la Nación. La causa también alcanza al entorno de la diputada Marcela Pagano, quien presentó una denuncia penal en agosto.
Las operaciones con derivados sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares, según surge de la Auditoría General de la Nación (AGN). Ese número, que ningún funcionario del gobierno de Javier Milei explicó con documentación pública suficiente, es hoy el eje de un pedido de detención contra los máximos responsables de la política económica y monetaria del país.
El abogado Gregorio Dalbón presentó ante la justicia federal la solicitud de detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y del director y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet. Les atribuye los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Las figuras penales y el rol de Caputo
En declaraciones televisivas, Dalbón precisó los fundamentos jurídicos de la presentación. «Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5 del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba», señaló el letrado. Y agregó: «Por ejemplo la asociación ilícita como jefe: Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables».
El escrito también solicitó medidas cautelares: prohibición de salida del país, impedimento de acceso a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde exista documentación relacionada con la investigación, y prohibición de comunicación con funcionarios, auditores o testigos.
El desglose de las pérdidas: opciones, primas y cobertura
Según detalla la denuncia, el resultado negativo de 1.023 millones de dólares se conforma de dos componentes. Por un lado, $1.400.793 millones (equivalentes a 960,2 millones de dólares) registrados como resultado negativo por opciones. Por otro, $68.362 millones (equivalentes a 62,8 millones de dólares) en concepto de primas de opciones abonadas. En paralelo, la tenencia de oro registró durante el ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, dato que el BCRA utilizó para relativizar el impacto de la operatoria.
Dalbón también señaló que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines declarados de cobertura, y que al cierre de 2025 la entidad ya no mantenía posiciones de ese tipo. La pregunta que la justicia deberá responder es si esa cobertura fue técnicamente justificable o si constituyó una operación en perjuicio del Estado.
El juez Lijo y la obstrucción a la auditoría
Al ser consultado sobre el paradero del oro, Dalbón apeló directamente a la cadena judicial: «Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Pollicita de averiguar». El abogado expresó confianza en que la ampliación del martes, que incluirá el pedido formal de detención de Bausili y Curutchet, será tomada con seriedad por el magistrado.
Sobre los motivos para solicitar la detención a pesar de que no habría peligro de fuga, Dalbón fue directo: «Está comprobado que han obstruido a la Justicia en base a lo que fue el examen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que mintieron en la auditoría». La AGN, según surge de los documentos citados en la presentación, registró el resultado negativo de las operaciones con egresos de divisas y constató que el ejercicio 2025 no había sido debidamente auditado por demoras del BCRA en enviar la información requerida.
Pagano había denunciado primero: casi cuatro billones sin destino trazable
La denuncia de Dalbón se suma a la que la diputada Marcela Pagano presentó en agosto pasado. En su cuenta de la red social X, Pagano comunicó: «DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable». Y citó la respuesta del presidente del BCRA ante ese cuestionamiento: «En algún lado están».
La legisladora consideró que esa contestación «no alcanza» e hizo hincapié en que «la plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra». Concluyó: «Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició».
La causa concentra así dos denuncias penales convergentes, sumadas a la investigación en curso ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita, que ya en septiembre tramitaba la ampliación presentada por senadores peronistas sobre las contradicciones del BCRA respecto a la ubicación de los lingotes, supuestamente depositados en el Banco de Pagos Internacionales de Suiza pero señalados por distintas fuentes como radicados en el Bank of England de Londres.
Lo que tenés que saber:
- El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet por administración fraudulenta, abuso de autoridad y asociación ilícita.
- La AGN registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados de oro del BCRA durante 2025.
- Dalbón afirmó que los imputados mintieron en la auditoría y obstruyeron a la Justicia, argumento central para justificar los pedidos de detención.
- La diputada Marcela Pagano ya había denunciado penalmente a Caputo y Bausili en agosto, señalando casi $4 billones sin destino trazable.
- La causa se acumula a la investigación del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que también tramita la ampliación de senadores peronistas sobre el paradero del oro del BCRA.
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