Denuncia
Procesan con prisión preventiva a García Furfaro por el fentanilo mortal
El empresario dueño de HLB Pharma ya no podrá evitar la cárcel mientras continúa la investigación por las 96 muertes causadas por el medicamento adulterado.
⬛ Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., fue procesado con prisión preventiva por su responsabilidad en el caso del fentanilo contaminado que causó 96 muertes, según confirmaron a este medio fuentes judiciales que pidieron reserva de identidad.
La medida representa un endurecimiento de la situación procesal del empresario, quien anteriormente había sido procesado sin prisión preventiva por contrabando agravado relacionado con importaciones fraudulentas desde China.
Dos frentes judiciales que se consolidan
García Furfaro enfrenta acusaciones en investigaciones paralelas que ahora confluyen. Por un lado, el procesamiento por contrabando agravado ante el Juzgado Penal Económico a cargo del juez Pablo Yadarola, donde fue procesado por «sobrefacturación de importaciones y operaciones comerciales con China por las que declaró un monto falso ante la Aduana, realizadas a través de varias empresas».
El segundo frente, que ahora se endureció con la prisión preventiva, apunta directamente a las responsabilidades por la tragedia sanitaria. El titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, había ordenado previamente la detención de diez personas, entre directivos y directores técnicos de los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
La familia empresaria tras las rejas
Según las fuentes consultadas por este medio, la medida de prisión preventiva no solo alcanza al empresario principal. García Furfaro, su madre, Nilda Furfaro, su abuela, Olga Luisa Arena y sus hermanos, Diego y Damián, fueron detenidos junto a las autoridades y accionistas de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Todos están acusados de la tragedia sanitaria que ya tiene 96 víctimas.
Un crimen que conmocionó al país
El fentanilo producido por estos laboratorios causó una de las peores crisis sanitarias argentinas, con decenas de muertes por intoxicación masiva que obligó a las autoridades sanitarias a retirar del mercado todos los productos relacionados y a implementar controles extraordinarios en la cadena de distribución farmacéutica.
La decisión de procesar con prisión preventiva indica que la Justicia considera que existen riesgos de fuga o entorpecimiento de la investigación, elementos que no habían sido evaluados de la misma manera en las etapas previas del proceso.
Penas que pueden llegar a 25 años
Ariel García Furfaro afronta una pena de hasta 25 años de prisión por el fentanilo contaminado. Esta acusación también recae en los otros arrestados, entre ellos directivos, accionistas y directores técnicos.
El empresario también enfrenta un embargo de 25.000 millones de pesos por las operaciones de sobrefacturación con China, lo que completa un cuadro de responsabilidades penales y patrimoniales que lo ubican entre los casos más graves de la justicia sanitaria argentina.
Puntos clave:
• García Furfaro fue procesado con prisión preventiva por el fentanilo contaminado
• La medida endurece su situación procesal respecto a procesamientos anteriores sin prisión
• Su familia directa también enfrenta la misma situación judicial
• El caso involucra 96 víctimas fatales por intoxicación masiva
• Podría enfrentar hasta 25 años de prisión si se confirman todas las acusaciones
Denuncia
Talerico, lapidaria contra Adorni: “La sociedad solo puede corregir esto con el voto”
La exvicepresidenta de la UIF cuestionó los controles del sistema antilavado, habló de señales de alerta ignoradas en las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete y apuntó contra la complicidad del entorno político. Su diagnóstico es lapidario: la Justicia no alcanza; el voto es el único correctivo real.
Talerico, dura por la causa Adorni: «La sociedad solo puede corregir esto con el voto»
★ La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, lanzó este sábado una batería de críticas contra el manejo de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el jefe de Gabinete Manuel Adorni. En diálogo con el programa Dicen que Dicen, por Radio Rivadavia, la especialista en lavado de activos y financiamiento del terrorismo advirtió que el caso presenta irregularidades que debieron haber activado las alertas del sistema financiero mucho antes de que interviniera la Justicia.
«Acá tenemos operaciones con dudoso origen de fondos»
Talerico apuntó directamente al rol de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la UIF: escribanos, bancos e inmobiliarias. «Acá tenemos operaciones con dudoso origen de fondos», afirmó, y cuestionó la actuación de quienes debían informar ante este tipo de situaciones, especialmente tratándose de personas políticamente expuestas (PEP), categoría que incluye a funcionarios de alto rango como Adorni.
La exfuncionaria fue categórica al evaluar los esquemas de compra y financiación que la Justicia investiga. «Eso no existe, simplemente no cierra», sostuvo en referencia a los valores y condiciones declaradas en las operaciones vinculadas al funcionario y su entorno, y subrayó que no hace falta un análisis técnico sofisticado para detectar esas inconsistencias.
Como informó este medio en reiteradas ocasiones, la investigación que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita se centra en la adquisición de un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, financiada en un 87% mediante préstamos privados otorgados por cuatro mujeres, jubiladas y empleadas públicas, con ingresos que no guardan relación con las sumas prestadas. La Justicia ya allanó tres inmobiliarias vinculadas a la operación y ordenó el levantamiento del secreto bancario del funcionario para investigar también el pago de vuelos privados al exterior.
«Que entre bomberos no se pisan la manguera, y es una vergüenza»
Talerico no se limitó a la dimensión técnica del caso. Apuntó contra la falta de controles con una frase que resume el problema estructural: «Que entre bomberos no se pisan la manguera en política no tengas ninguna duda, y es una vergüenza». La expresión alude a la protección mutua entre funcionarios del mismo espacio político como obstáculo real para el funcionamiento de los mecanismos de control del Estado.
La especialista advirtió que este tipo de situaciones no solo pone en riesgo la credibilidad del caso individual, sino que profundiza la desconfianza institucional en los organismos encargados de velar por la transparencia pública.
El escepticismo sobre la Justicia y el peso del voto
En el cierre de su intervención, Talerico expresó un escepticismo marcado sobre la capacidad del sistema judicial para resolver el caso de manera satisfactoria. «La sociedad solo puede corregir esto con el voto», sentenció, y encuadró la lucha contra la corrupción como uno de los desafíos estructurales más persistentes de la Argentina.
La frase cobra particular relevancia en un contexto de año electoral, con Adorni como figura visible del Gobierno de Javier Milei y con una causa judicial que no deja de sumar elementos. La semana pasada, incluso el biógrafo del presidente, Nicolás Márquez, había pedido públicamente su renuncia, mientras que este sábado la senadora Carolina Losada intentó defenderlo en la mesa de Juana Viale y terminó reconociendo que la situación «complicó al Gobierno».
Puntos clave:
- La exvicepresidenta de la UIF, María Eugenia Talerico, cuestionó la actuación de escribanos, bancos e inmobiliarias obligados a reportar operaciones sospechosas en el caso Adorni.
- Afirmó que los esquemas de compra y financiación investigados «simplemente no cierran» y no requieren análisis técnico complejo para detectar inconsistencias.
- Denunció la complicidad política entre funcionarios del mismo espacio: «Que entre bomberos no se pisan la manguera, y es una vergüenza».
- Expresó escepticismo sobre la Justicia y advirtió que «la sociedad solo puede corregir esto con el voto».
- El caso acumula allanamientos a inmobiliarias, levantamiento del secreto bancario, declaración de la escribana y la investigación de vuelos privados al exterior.
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