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Denuncia

Denuncia penal contra Rappi por lavado de activos

La presentación judicial señala que «el fraude fiscal, la precarización y la explotación laboral son la marca registrada y la realidad que ocultan las plataformas, que actúan realizando un fuerte lobby y tapiando cualquier acción que las regule».

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La firma de delivery Rappi, que distribuye bienes de consumo desde 2018 mediante una plataforma digital, fue denunciada penalmente ante el Ministerio Público Fiscal para que «se investigue a quien sea responsable, partícipe o encubridor del uso de trabajadores registrados para maniobras del delito de lavado de activos», informó hoy el gremio.

La denuncia 2.551/DGPDH/07, expediente 6.402, presentada en la Unidad de Intervención Temprana (UFE), fue realizada por Gonzalo Ottaviano, un trabajador de delivery e integrante de la conducción de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (Asimm), quien también presentó documentación como prueba.

El dirigente gremial detalló que Rappi “impone a sus usuarios y trabajadores la generación de facturación a través de la firma Gestorando”, y sostuvo que ambas utilizan «un mecanismo para producir sobrefacturación en nombre de esos usuarios y empleados por montos irrisorios desconocidos por el personal y los clientes», según un documento.

Ottaviano realizó la presentación judicial luego de investigar durante mucho tiempo varias denuncias de trabajadores precarizados que cumplen tareas en esa plataforma.

El sindicalista también denunció maniobras patronales para que los trabajadores abonen «los saldos negativos a través de la aplicación ‘Pago 46’, lo que significa una manipulación para que cooperen en movimientos engañosos, ya que no hay forma de que el personal filtre o controle la manera de pago de los pedidos que reciben».

«Al llegar al tope de 10 mil pesos, la aplicación suspende la cuenta del trabajador y no autoriza tareas hasta que no sea saldada la deuda, y se le impone hacerlo con un depósito de dinero por transferencia bancaria a algún agente registrado”, puntualizó.

Ottaviano aseguró en su denuncia penal en representación del gremio que Rappi expone de forma impositiva al personal, por lo que exigió «una inmediata y pronta investigación y esclarecimiento de los hechos para alcanzar rápidamente una instancia probatoria».

«Gestorando y ‘Pago 46’ son empresas de dudosa procedencia, ya que proponen como única vía de contacto un número de whatsapp o correo electrónico que pocas veces funciona. No existe domicilio físico visible, según indicó el documento formal”, añadió.

También sostuvo que «el fraude fiscal, la precarización y la explotación laboral son la marca registrada y la realidad que ocultan las plataformas, que actúan realizando un fuerte lobby y tapiando cualquier acción que las regule», por lo que reclamó en la denuncia que «los responsables de controlar y los legisladores dejen de mirar para otro lado bajo la falsa premisa de la modernización y combatan la complicidad y corrupción».

Ottaviano adjuntó en su presentación pruebas y certificaciones legales de la actividad y metodología de las aplicaciones digitales, como «la captura de pantalla sobre el comentario de un trabajador en Facebook en el perfil de Gestorando, ocasión en la que afirmó que al intentar comunicarse con la empresa «‘nunca pudo obtener respuestas'».

«Se presentaron capturas de pantalla sobre conversaciones en los grupos de whatsapp que integran los repartidores de Rappi, en las que se refieren a las irregularidades de las tres firmas, y otras en las que ‘Pago 46’ ofrece como beneficio el pago de comisiones por operaciones realizadas a supuestos socios registrados», dijo.

Ottaviano presentó también pruebas con las denuncias de un trabajador sobre la sobrefacturación de Gestorando y otras sobre «la alianza entre las tres empresas».

En un denominado «statement corporativo», los directivos de la plataforma digital rechazaron hoy «las infundadas acusaciones» y sostuvieron que aún no recibieron notificación alguna de las autoridades respectivas, y adelantaron que se presentarán de forma proactiva en la justicia para «esclarecer los hechos y refutar las calumnias».

«No es nuevo que sectores contrarios a la innovación promuevan denuncias y ataques inconducentes contra la industria de las nuevas tecnologías para intentar dañar la reputación de las compañías que la integran y perjudicar la actividad de todo el ecosistema», sostuvo la patronal en el documento de prensa difundido hoy.

Para los directivos, Rappi generó desde 2018 en la Argentina oportunidades económicas para más de 400 mil personas y contribuyó a la digitalización de más de 15 mil pequeñas y medianas empresas locales, que utilizan «esa tecnología».

«Se vive en un contexto económico desafiante, lo que no frenó ni frenará a la empresa a la hora de apostar por el crecimiento y desarrollo del país, aun ante los embates de actores puntuales que prefieren postergar el progreso tecnológico», concluyó Rappi.

Buenos Aires

El video se hizo viral y agresor está identificado pero la Justicia no actúa, mientras una mujer espera protección

Un video que muestra una paliza brutal a una mujer se viralizó en las últimas horas, el agresor ya fue identificado y la asociación civil Madres que rompen el silencio exigió medidas urgentes al Departamento Judicial de Azul, denunciando una peligrosa demora institucional ante pruebas audiovisuales contundentes.

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La golpearon en video, al agresor lo identificaron, y la Justicia todavía no actuó.

Las imágenes son inequívocas: un hombre revisa el teléfono de su pareja, la confronta y le propina una brutal paliza mientras ella ruega que se detenga. El video, filmado en la localidad bonaerense de Tapalqué, se viralizó en las últimas horas y permitió identificar al agresor, presuntamente Rodrigo Carrica. Pese a la existencia de pruebas audiovisuales contundentes, la respuesta judicial tardó en llegar; una demora que organizaciones de mujeres calificaron como violencia institucional.

La asociación civil Madres que rompen el silencio, con sede en Río Negro, tomó conocimiento directo del caso y se constituyó en interlocutora ante las autoridades del Departamento Judicial de Azul, el fuero con competencia sobre Tapalqué. La organización presentó el material probatorio disponible, que incluye los registros fílmicos y fotográficos de la agresión, y exigió una respuesta estatal inmediata.

El reclamo: medidas urgentes ante la demora judicial

La entidad formalizó un reclamo ante el Departamento Judicial de Azul con tres exigencias centrales: la intervención urgente para revisar y agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales locales; el dictado inmediato de medidas de protección y restricción perimetral eficaces para resguardar la integridad psicofísica de la víctima; y el cese absoluto de las dilaciones burocráticas frente a la existencia de pruebas audiovisuales explícitas.

«No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian», advirtió la organización, que también alertó sobre el riesgo concreto que implica cada hora de demora en casos donde la víctima convive o tiene contacto con su agresor. Madres que rompen el silencio comunicó que se mantendrá en estado de alerta comunitaria hasta que las garantías constitucionales y de seguridad sean cumplidas de manera efectiva.

Violencia institucional por omisión

La denuncia pone sobre la mesa un problema estructural del sistema judicial argentino frente a la violencia de género: la brecha entre la disponibilidad de prueba y la velocidad de la respuesta institucional. La organización usó una categoría precisa para nombrarlo: «la violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro». En ese encuadre, la inacción no es un vacío neutral sino un acto que habilita la continuidad de la agresión.

El caso de Tapalqué no es un hecho aislado. La Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece con claridad el deber del Estado de actuar con la debida diligencia frente a situaciones de riesgo. El incumplimiento de ese mandato en contextos donde existe material probatorio disponible no solo representa una falla procesal, sino una responsabilidad estatal en los términos de los estándares internacionales de derechos humanos.

Lo que tenés que saber:

  • Un video viral muestra a un hombre, presuntamente Rodrigo Carrica, golpear brutalmente a su pareja en Tapalqué, provincia de Buenos Aires.
  • La asociación civil Madres que rompen el silencio denunció una alarmante demora de la Justicia local a pesar de contar con pruebas audiovisuales contundentes.
  • La organización exigió al Departamento Judicial de Azul medidas urgentes de protección, restricción perimetral y cese de dilaciones burocráticas.
  • La entidad advirtió que la omisión y la demora judicial son en sí mismas una forma de violencia institucional que prolonga el peligro para la víctima.
  • La organización anunció que se mantendrá en estado de alerta hasta que se garantice efectivamente la seguridad de la mujer agredida.
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