Denuncia
Denuncia penal contra Rappi por lavado de activos
La presentación judicial señala que «el fraude fiscal, la precarización y la explotación laboral son la marca registrada y la realidad que ocultan las plataformas, que actúan realizando un fuerte lobby y tapiando cualquier acción que las regule».
La firma de delivery Rappi, que distribuye bienes de consumo desde 2018 mediante una plataforma digital, fue denunciada penalmente ante el Ministerio Público Fiscal para que «se investigue a quien sea responsable, partícipe o encubridor del uso de trabajadores registrados para maniobras del delito de lavado de activos», informó hoy el gremio.
La denuncia 2.551/DGPDH/07, expediente 6.402, presentada en la Unidad de Intervención Temprana (UFE), fue realizada por Gonzalo Ottaviano, un trabajador de delivery e integrante de la conducción de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (Asimm), quien también presentó documentación como prueba.
El dirigente gremial detalló que Rappi “impone a sus usuarios y trabajadores la generación de facturación a través de la firma Gestorando”, y sostuvo que ambas utilizan «un mecanismo para producir sobrefacturación en nombre de esos usuarios y empleados por montos irrisorios desconocidos por el personal y los clientes», según un documento.
Ottaviano realizó la presentación judicial luego de investigar durante mucho tiempo varias denuncias de trabajadores precarizados que cumplen tareas en esa plataforma.
El sindicalista también denunció maniobras patronales para que los trabajadores abonen «los saldos negativos a través de la aplicación ‘Pago 46’, lo que significa una manipulación para que cooperen en movimientos engañosos, ya que no hay forma de que el personal filtre o controle la manera de pago de los pedidos que reciben».
«Al llegar al tope de 10 mil pesos, la aplicación suspende la cuenta del trabajador y no autoriza tareas hasta que no sea saldada la deuda, y se le impone hacerlo con un depósito de dinero por transferencia bancaria a algún agente registrado”, puntualizó.
Ottaviano aseguró en su denuncia penal en representación del gremio que Rappi expone de forma impositiva al personal, por lo que exigió «una inmediata y pronta investigación y esclarecimiento de los hechos para alcanzar rápidamente una instancia probatoria».
«Gestorando y ‘Pago 46’ son empresas de dudosa procedencia, ya que proponen como única vía de contacto un número de whatsapp o correo electrónico que pocas veces funciona. No existe domicilio físico visible, según indicó el documento formal”, añadió.
También sostuvo que «el fraude fiscal, la precarización y la explotación laboral son la marca registrada y la realidad que ocultan las plataformas, que actúan realizando un fuerte lobby y tapiando cualquier acción que las regule», por lo que reclamó en la denuncia que «los responsables de controlar y los legisladores dejen de mirar para otro lado bajo la falsa premisa de la modernización y combatan la complicidad y corrupción».
Ottaviano adjuntó en su presentación pruebas y certificaciones legales de la actividad y metodología de las aplicaciones digitales, como «la captura de pantalla sobre el comentario de un trabajador en Facebook en el perfil de Gestorando, ocasión en la que afirmó que al intentar comunicarse con la empresa «‘nunca pudo obtener respuestas'».
«Se presentaron capturas de pantalla sobre conversaciones en los grupos de whatsapp que integran los repartidores de Rappi, en las que se refieren a las irregularidades de las tres firmas, y otras en las que ‘Pago 46’ ofrece como beneficio el pago de comisiones por operaciones realizadas a supuestos socios registrados», dijo.
Ottaviano presentó también pruebas con las denuncias de un trabajador sobre la sobrefacturación de Gestorando y otras sobre «la alianza entre las tres empresas».
En un denominado «statement corporativo», los directivos de la plataforma digital rechazaron hoy «las infundadas acusaciones» y sostuvieron que aún no recibieron notificación alguna de las autoridades respectivas, y adelantaron que se presentarán de forma proactiva en la justicia para «esclarecer los hechos y refutar las calumnias».
«No es nuevo que sectores contrarios a la innovación promuevan denuncias y ataques inconducentes contra la industria de las nuevas tecnologías para intentar dañar la reputación de las compañías que la integran y perjudicar la actividad de todo el ecosistema», sostuvo la patronal en el documento de prensa difundido hoy.
Para los directivos, Rappi generó desde 2018 en la Argentina oportunidades económicas para más de 400 mil personas y contribuyó a la digitalización de más de 15 mil pequeñas y medianas empresas locales, que utilizan «esa tecnología».
«Se vive en un contexto económico desafiante, lo que no frenó ni frenará a la empresa a la hora de apostar por el crecimiento y desarrollo del país, aun ante los embates de actores puntuales que prefieren postergar el progreso tecnológico», concluyó Rappi.
Denuncia
Cruce de llamadas: la Justicia va tras los contratos del amigo de Adorni en la TV Pública
La Justicia busca pruebas sobre contratos irregulares en la TV Pública vinculados a Marcelo Grandio. En paralelo, declaró el hijastro de una de las prestamistas por la compra de los inmuebles en Caballito.
Amigos, productoras y TV Pública: la nueva veta de la investigación contra Adorni
★ El cerco judicial sobre el entorno del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se estrechó este miércoles con nuevas medidas dispuestas por el juez federal Ariel Lijo. Según confirmaron fuentes judiciales, el magistrado ordenó revisar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, estrecho amigo del funcionario. La medida busca detectar irregularidades en las contrataciones de su productora, ImHouse, con la Televisión Pública, organismo que depende de la Secretaría de Comunicación y tiene como terminal jerárquica a la Jefatura de Gabinete.
La ruta de las dádivas en la TV Pública
La investigación intenta determinar si existieron los delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública. La orden de Lijo alcanza no solo a los contactos de Grandio, sino también a las comunicaciones cruzadas con el presidente de la productora, Horacio Silva. Esta medida es la continuidad del procedimiento realizado semanas atrás, cuando el juez motorizó un oficio para que la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) ingresara a la TV Pública con el fin de recolectar documentación oficial sobre los contratos de ImHouse.
La sospecha de la justicia radica en la posible utilización de vínculos personales para el beneficio de terceros con fondos estatales, en un contexto donde el área de comunicación está bajo el mando directo de Adorni. Mientras el Gobierno nacional impulsa el cierre o vaciamiento de medios públicos, la productora del amigo del jefe de ministros logró cerrar acuerdos comerciales que hoy son objeto de pericias tecnológicas y auditorías documentales.
Hipotecas y herederos bajo sospecha
En una jornada de intensa actividad en los tribunales de Comodoro Py, también se produjo la declaración de Leandro Miano, hijastro de una de las jubiladas que aparecen como prestamistas de Adorni. Miano declaró en el marco de la investigación por la compra-venta de uno de los departamentos situados en el barrio porteño de Caballito. Este inmueble, según consta en el expediente por enriquecimiento ilícito, se escrituró por 230.000 dólares, de los cuales el funcionario solo habría aportado 30.000 dólares iniciales, financiando el resto mediante hipotecas con particulares.
Este testimonio resulta clave para contrastar la versión del oficialismo sobre el origen del patrimonio familiar. Cabe recordar que Adorni acumula deudas y gastos por más de 800.000 dólares, incluyendo refacciones de lujo con jacuzzi y cascada pagadas en efectivo. La declaración de Miano busca arrojar luz sobre la veracidad de esos préstamos otorgados por adultos mayores, una maniobra que la justicia analiza como una posible ingeniería para blanquear fondos no declarados mientras el funcionario ostenta el tercer lugar en la jerarquía del mando gubernamental.
Puntos clave:
- El juez Ariel Lijo ordenó el cruce de llamadas y mensajes del productor Marcelo Grandio.
- Se investigan contratos de la productora ImHouse con la Televisión Pública.
- La Justicia sospecha de dádivas y negociaciones incompatibles con el cargo de Adorni.
- Declaró Leandro Miano, hijo de una de las «prestamistas» de los departamentos de Caballito.
- El caso se suma a la investigación por un patrimonio injustificado de 840.000 dólares.
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