A 32 años del peor ataque terrorista de la historia argentina, el país volvió a detenerse ante Pasteur 633 para recordar a las 85 personas asesinadas y más de 300 heridas en la voladura de la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrada el 18 de julio de 1994. La conmemoración, adelantada este año al viernes 17 en respeto al Shabat, reunió frente al edificio reconstruido del barrio porteño de Once a familiares de las víctimas, sobrevivientes, dirigentes comunitarios y funcionarios nacionales, entre ellos el presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El acto, conducido por el reconocido actor Martín Seefeld, quien perdió a su amigo Fabián Schalit en el atentado, se inició con el sonido de la sirena a las 09:53, la hora exacta en que la explosión destruyó el edificio tres décadas atrás. Bajo el lema «Hoy no podemos perder la memoria», los nombres de las 85 víctimas fueron leídos en voz alta por familiares directos, como ha sido tradición en cada aniversario.

32 años de impunidad: una herida que no cicatriza

El discurso central estuvo a cargo de Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA, quien abrió su intervención afirmando que «luego de 32 años, el terrorismo asesino» no logró «vencernos». Sin embargo, la emotividad del reconocimiento a la resiliencia comunitaria cedió rápidamente ante un diagnóstico contundente sobre el estado de la causa judicial. «Nos dejó una herida profunda, y la impunidad no permite que esa herida cicatrice», afirmó Armoza ante un Milei que lo seguía desde la primera fila, visiblemente emocionado.

La frase más lapidaria llegó cuando el titular de la mutual evaluó el desempeño del sistema judicial en el último año: «Durante este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa. Es como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada«, afirmó. El reclamo de Armoza se inscribe en una historia que acumula décadas de promesas incumplidas, testigos sospechosos, encubrimientos documentados y una arquitectura institucional que parece más funcional a la dilación que a la verdad.

Juicio en ausencia: el laberinto burocrático que no termina

Armoza dirigió su reclamo con nombre y apellido hacia la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, quienes deben resolver la validez constitucional del juicio en ausencia contra los 10 acusados iraníes. «Exigimos que resuelvan de manera urgente y definitiva. No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles», reclamó el titular de la AMIA.

La situación tiene ribetes kafkianos: en mayo pasado, la propia Cámara Federal había destrabado el avance del proceso, pero la Cámara de Casación mantiene pendiente el pronunciamiento sobre la constitucionalidad de esa instancia. Uno de los señalados por Armoza, el juez Barroetaveña, se encontraba entre el público durante el discurso. Según consignaron varios medios, al escuchar su nombre mantuvo la mirada baja y apenas intercambió palabras con un colega.

También recayeron cuestionamientos directos sobre el juez federal Daniel Rafecas, titular de la instrucción: «Debe concertar de inmediato los pasos previos al juicio oral. Es incomprensible esta lentitud en permitir que el proceso sobre el juicio en ausencia siga avanzando», señaló Armoza, quien además advirtió que el Juzgado Federal N° 6 lleva seis años sin un magistrado titular y exigió al Poder Ejecutivo cubrir esa vacante.

Basso aplaudido, Miranda cuestionado: la disputa en el Ministerio Público

El presidente de la AMIA marcó una diferencia explícita entre los fiscales intervinientes. Destacó la labor del fiscal Sebastián Basso, aunque le reclamó profundizar la investigación para esclarecer preguntas que permanecen abiertas después de tres décadas: el origen del explosivo utilizado, el lugar donde se ensamblaron los materiales del atentado y la identidad de quienes brindaron apoyo local a la célula terrorista.

En contraste, Armoza calificó como «absolutamente nulo» el accionar del fiscal Gonzalo Miranda y solicitó al procurador general, Eduardo Casal, que revise su designación. El pedido de remoción de un fiscal desde el escenario del acto más visible del año en materia de derechos humanos constituye, por sí solo, una señal de la profunda desconfianza que la entidad judía mantiene hacia sectores del Ministerio Público.

Triple Frontera, pasos internacionales e Interpol: el mensaje a Milei

Sobre el final de su discurso, Armoza giró hacia la dimensión de la seguridad exterior y dirigió un mensaje directo al presidente Milei, quien lo escuchaba de pie en primera fila. «La vulnerabilidad de nuestros límites geográficos es un riesgo que ya no nos podemos permitir», afirmó, con foco en la Triple Frontera y en los pasos limítrofes con Bolivia y Chile como zonas de riesgo ante la presencia de redes vinculadas al terrorismo de origen iraní.

Armoza también reclamó que Interpol mantenga vigentes las alertas rojas contra los acusados y que Brasil declare a Hezbollah como organización terrorista, en tanto la colaboración regional, sostuvo, «no es una opción, es un deber de supervivencia». La mención a una información que relacionaría a Carlos Telleldín, figura clave del encubrimiento, con allegados a diplomáticos iraníes que habría estado en poder de la SIDE por décadas sin ser informada, sumó un nuevo elemento de tensión al panorama judicial.

Puntos clave

• El presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, afirmó que la causa lleva un año sin novedades relevantes y la calificó como «detenida, adormecida o cajoneada».
• Exigió a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que resuelva «de manera urgente y definitiva» la validez del juicio en ausencia contra los 10 acusados iraníes.
• Cuestionó al juez Daniel Rafecas por la lentitud en los pasos previos al juicio oral y denunció que el Juzgado Federal N° 6 lleva seis años sin titular.
• Calificó como «absolutamente nulo» el desempeño del fiscal Gonzalo Miranda y pidió al procurador Eduardo Casal revisar su designación.
• Reclamó al Gobierno reforzar controles en la Triple Frontera y en pasos con Bolivia y Chile, y solicitó que Interpol mantenga las alertas rojas contra los acusados.