Denuncia
Prohíben el consumo de alcohol en los cuarteles del Ejército
El jefe de Estado Mayor del Ejército, general de División Guillermo Pereda, ordenó «la prohibición de ingesta de bebidas alcohólicas por parte de los integrantes de la fuerza en actividades del servicio o fuera del servicio, en el ámbito de las jurisdicciones militares (incluye casinos, clubes, quinchos, etcétera)», según informó un comunicado oficial.
El Ejército argentino prohibió hoy el consumo de alcohol dentro de los cuarteles de la fuerza, incluidos los casinos de oficiales o suboficiales y los quinchos o cantinas, una decisión anunciada después de la muerte del subteniente Matías Chirino durante un rito de «bienvenida» en Paso de Los Libres, el 19 de junio pasado.
El jefe de Estado Mayor del Ejército, general de División Guillermo Pereda, ordenó «la prohibición de ingesta de bebidas alcohólicas por parte de los integrantes de la fuerza en actividades del servicio o fuera del servicio, en el ámbito de las jurisdicciones militares (incluye casinos, clubes, quinchos, etcétera)», según informó un comunicado oficial.
También dispuso la «elaboración de una norma particular que regule la organización y desarrollo de actividades sociales en el ámbito de la fuerza».
Esta norma, prosigue el comunicado, deberá incluir expresamente «las instrucciones en relación con bienvenidas o despedidas de socios, como así también la finalización de cursos, las cuales deberán contar con la expresa autorización del titular del organismo que se trate y, además, ser presididas por el titular del mismo».
El texto de la fuerza enumera además un «mensaje con una exhortación, reflexiones y órdenes particulares del jefe del Ejército para ser leído por el titular de cada organismo a los oficiales y suboficiales».
La muerte del subteniente Chirino, de 22 años, se produjo en la madrugada del 19 de junio, luego de haber participado de un rito de «bienvenida» en el que al parecer fue forzado o instigado a beber alcohol en la guarnición militar de la localidad fronteriza de Paso de los Libres, a 370 kilómetros de la Capital provincial.
La autopsia realizada al cuerpo del joven de 22 años determinó que el deceso se produjo por broncoaspiración, informó oportunamente la Fiscalía.
Representantes de la querella en la causa que investiga la muerte de Chirino requirieron una segunda autopsia y que los oficiales participantes del denominado «ritual de iniciación» sean imputados por homicidio, según uno de los abogados de la familia de la víctima.
En tanto, el cabo Michel Natanael Verón, de 26 años, sufrió el desplazamiento de dos vértebras tras participar de un almuerzo en el Club de Suboficiales del Ejército, en Apóstoles, donde, según lo denunciado por su madre, se realizó un bautismo a los cinco egresados que se iban a incorporar al Regimiento de Monte 30.
Tras el hecho, el Ejército radicó una denuncia en la justicia por «abuso de autoridad» y suspendió en sus funciones a dos oficiales y 13 suboficiales.
En ese contexto, el Ejército anunció que inició un proceso «de revisión de medidas y regulaciones» entre las cuales se encuentra la prohibición de ingesta de bebidas alcohólicas en los cuarteles, «con el objetivo de desterrar prácticas» como las que causaron la muerte de Chirino, quiien al parecer fue forzado a beber alcohol en el rito de «bienvenida».
«Ante los repudiables hechos ocurridos en las Guarniciones Ejército Paso de los Libres y Apóstoles, donde perdió la vida el Subteniente Chirino y fue gravemente lesionado el Cabo Verón, la Institución siente el ineludible deber de expresar su posición ante lo sociedad e informar las acciones que se han tomado para erradicar estas prácticas», señaló el Ejército Argentino en un comunicado.
«A partir de lo ocurrido, El Ejército ha iniciado un proceso de revisión de medidas y regulaciones con el objetivo de desterrar prácticas que se aparten de lo establecido en el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas y de los valores que fundaron y buscan sostener a esta Institución bicentenaria», agregó.
Añade que «los comportamientos manifestados por el personal estuvieron, de forma inequívoca, reñidos con la ética militar», precisa la nota.
«El uso del poder que realiza un superior, investido de la autoridad legal que le otorgan las leyes y reglamentos militares, no puede afectar, en ningún caso, la dignidad del subalterno, ni producirle algún tipo de daño o menoscabo material o moral», puntualiza.
Aclara que «no se ajusta a la normativa legal quien, prevalecido de su autoridad, la emplea en forma excesiva y arbitraria más allá de aquella que corresponde a los fines del cumplimiento eficiente de las funciones y tareas militares».
«La extralimitación de dicha autoridad carece de legalidad, convirtiéndola en una decisión personal de quien la imparte y que se manifiesta por la arbitrariedad», abunda.
Denuncia
Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad
El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.
La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.
El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.
Lo que dijo el fiscal
Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.
Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.
La oposición: “ES JODA”
El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.
La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.
En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.
El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.
El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.
Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero
La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.
Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.
Qué viene
Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.
Lo que tenés que saber:
- El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
- No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
- El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
- Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
- Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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