Denuncia
La Justicia rechazó habilitar feria para tratar la suba de prepagas por el DNU
Los jueces de la sala de feria resolvieron «desestimar el recurso de apelación interpuesto» contra la desregulación de la medicina prepaga del mega DNU.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó hoy el rechazo a un pedido de habilitación de la feria judicial para tratar un amparo presentado contra el Decreto de Necesidad y Urgencia en lo que respecta a las modificaciones introducidas en el marco regulatorio de la medicina prepaga.
Los jueces de la sala de feria resolvieron «desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar el rechazo del pedido de habilitación de la feria judicial formulado», según surge de la resolución emitida este mediodía.
«En las presentes actuaciones el recurrente no acredita ninguna circunstancia apremiante que importe un riesgo actual o inminente en su cobertura médica, en tanto sus agravios sólo refieren a situaciones hipotéticas y conjeturales carentes de respaldo documental», sostuvieron los jueces.
«Adviértase que más allá de sus propias manifestaciones, el apelante no invoca una circunstancia actual de incumplimiento en el pago de las cuotas de salud que, en el hipotético caso de que se tornase efectiva pudiera representar una -también- conjetural situación de inminente desprotección en el derecho a la salud», señalaron en el fallo.
La resolución lleva la firma de los jueces de la Sala A de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal Fernando Uriarte, Florencia Nallar y Alfredo Guzmán.
La decisión fue adoptada en el marco del expediente iniciado por una acción de amparo presentada por el abogado Eduardo Santiago Wilson, asociado de Swiss Medical S.A., que recayó en el juzgado Civil y Comercial Federal, a cargo del magistrado Juan Stinco.
Apenas entró en vigencia el DNU, las empresas de medicina prepaga comenzaron a notificar unilateralmente y de manera coordinada a sus clientes la imposición de aumentos en sus aranceles para los meses de enero y febrero.
Los aumentos fueron impuestos por montos similares en las principales empresas, en un mercado en el que en este caso no se verificó la existencia de una competencia como la que alienta el Gobierno del presidente Javier Milei, al punto de que algunos directivos del sector dijeron públicamente que es posible que algunos de sus afiliados no tengan otra opción que salir del sistema por no poder hacer frente a los incrementos.
En la apelación al rechazo a habilitar la feria dispuesto por Stinco, Wilson había señalado que la urgencia de su petición se fundamenta en que los afiliados «en el supuesto de mora cargarán con el pago de intereses, la suspensión de los descuentos en medicamentos y que las prestaciones se limitarán a las de atención médica de emergencia, con la inmediata afectación de la atención médica farmacéutica y la interrupción de sus tratamientos en curso».
Por otro lado, un juez de Lomas de Zamora dispuso que una causa que había recaído en su juzgado, también por el tema del aumento de las prepagas, sea remitida al proceso colectivo «Wilson» que tramita el juez Stinco.
Esa presentación fue realizada por un juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo del distrito Avellaneda-Lanús que se presentó ante la justicia federal en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora para para frenar los efectos del DNU que impacto directo en su bolsillo a través de la suba del valor de la prepaga, según surge de la presentación a la que accedió Télam.
El magistrado peticionante fue Maximiliano Alberto Ceballos quien reclamó que se declare la inconstitucionalidad del DNU 70/2023 «en relación a los aspectos desregulatorios de las empresas de medicina prepaga y ordene a la empresa Swiss Medical S.A. a actualizar los aranceles del suscripto, conforme a las autorizaciones que le disponga el Ministerio de Salud».
Denuncia
Dalbón pide detener a Caputo y Bausili: pérdida de más de mil millones de dólares en derivados de oro del BCRA
El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, del presidente del Banco Central y del director de la entidad por las operaciones con derivados sobre las reservas de oro que registraron un resultado negativo de más de 1.023 millones de dólares, según consignó la Auditoría General de la Nación. La causa también alcanza al entorno de la diputada Marcela Pagano, quien presentó una denuncia penal en agosto.
Las operaciones con derivados sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares, según surge de la Auditoría General de la Nación (AGN). Ese número, que ningún funcionario del gobierno de Javier Milei explicó con documentación pública suficiente, es hoy el eje de un pedido de detención contra los máximos responsables de la política económica y monetaria del país.
El abogado Gregorio Dalbón presentó ante la justicia federal la solicitud de detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y del director y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet. Les atribuye los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Las figuras penales y el rol de Caputo
En declaraciones televisivas, Dalbón precisó los fundamentos jurídicos de la presentación. «Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5 del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba», señaló el letrado. Y agregó: «Por ejemplo la asociación ilícita como jefe: Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables».
El escrito también solicitó medidas cautelares: prohibición de salida del país, impedimento de acceso a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde exista documentación relacionada con la investigación, y prohibición de comunicación con funcionarios, auditores o testigos.
El desglose de las pérdidas: opciones, primas y cobertura
Según detalla la denuncia, el resultado negativo de 1.023 millones de dólares se conforma de dos componentes. Por un lado, $1.400.793 millones (equivalentes a 960,2 millones de dólares) registrados como resultado negativo por opciones. Por otro, $68.362 millones (equivalentes a 62,8 millones de dólares) en concepto de primas de opciones abonadas. En paralelo, la tenencia de oro registró durante el ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, dato que el BCRA utilizó para relativizar el impacto de la operatoria.
Dalbón también señaló que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines declarados de cobertura, y que al cierre de 2025 la entidad ya no mantenía posiciones de ese tipo. La pregunta que la justicia deberá responder es si esa cobertura fue técnicamente justificable o si constituyó una operación en perjuicio del Estado.
El juez Lijo y la obstrucción a la auditoría
Al ser consultado sobre el paradero del oro, Dalbón apeló directamente a la cadena judicial: «Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Pollicita de averiguar». El abogado expresó confianza en que la ampliación del martes, que incluirá el pedido formal de detención de Bausili y Curutchet, será tomada con seriedad por el magistrado.
Sobre los motivos para solicitar la detención a pesar de que no habría peligro de fuga, Dalbón fue directo: «Está comprobado que han obstruido a la Justicia en base a lo que fue el examen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que mintieron en la auditoría». La AGN, según surge de los documentos citados en la presentación, registró el resultado negativo de las operaciones con egresos de divisas y constató que el ejercicio 2025 no había sido debidamente auditado por demoras del BCRA en enviar la información requerida.
Pagano había denunciado primero: casi cuatro billones sin destino trazable
La denuncia de Dalbón se suma a la que la diputada Marcela Pagano presentó en agosto pasado. En su cuenta de la red social X, Pagano comunicó: «DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable». Y citó la respuesta del presidente del BCRA ante ese cuestionamiento: «En algún lado están».
La legisladora consideró que esa contestación «no alcanza» e hizo hincapié en que «la plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra». Concluyó: «Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició».
La causa concentra así dos denuncias penales convergentes, sumadas a la investigación en curso ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita, que ya en septiembre tramitaba la ampliación presentada por senadores peronistas sobre las contradicciones del BCRA respecto a la ubicación de los lingotes, supuestamente depositados en el Banco de Pagos Internacionales de Suiza pero señalados por distintas fuentes como radicados en el Bank of England de Londres.
Lo que tenés que saber:
- El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet por administración fraudulenta, abuso de autoridad y asociación ilícita.
- La AGN registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados de oro del BCRA durante 2025.
- Dalbón afirmó que los imputados mintieron en la auditoría y obstruyeron a la Justicia, argumento central para justificar los pedidos de detención.
- La diputada Marcela Pagano ya había denunciado penalmente a Caputo y Bausili en agosto, señalando casi $4 billones sin destino trazable.
- La causa se acumula a la investigación del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que también tramita la ampliación de senadores peronistas sobre el paradero del oro del BCRA.
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