Denuncia
¿En qué terminó el escándalo de los «Panamá Papers»?
El escándalo estalló a raíz de una filtración de 11,5 millones de archivos digitales de la firma legal panameña Mossack Fonseca.
El mundo fue sacudido en 2016 por el escándalo conocido como “Panama Papers”, que provocó temblores en gobiernos, puso al descubierto a figuras destacadas, desencadenó investigaciones judiciales y dañó la reputación de Panamá como centro financiero internacional. Este jueves, los abogados informaron que Ramón Fonseca, uno de los líderes del bufete en el centro de este escándalo, falleció a los 71 años debido a problemas de salud mientras esperaba sentencia por este caso en Ciudad de Panamá.
El escándalo surgió a partir de una filtración de 11,5 millones de archivos digitales de la firma legal panameña Mossack Fonseca. Esta filtración reveló cómo las personas ricas del mundo crearon empresas offshore para ocultar propiedades, empresas, activos y ganancias con el objetivo de evadir impuestos o lavar dinero. Los datos fueron obtenidos por el periódico alemán Sueddeutsche Zietung, que los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), y se divulgaron a partir de abril de 2016 por varios medios.
Se reveló que estas personalidades crearon sociedades opacas a través del bufete panameño con el fin de abrir cuentas bancarias y crear fundaciones pantalla en múltiples países para esconder dinero, que en algunos casos provenía de actividades ilícitas, según la investigación.
Entre los nombres mencionados se encontraban el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y los exgobernantes de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson; de Pakistán, Nawaz Sharif; de Gran Bretaña, David Cameron; y de Argentina, Mauricio Macri; además del astro argentino del fútbol Lionel Messi. Se iniciaron al menos 150 investigaciones en 79 países para examinar posibles casos de evasión fiscal o lavado de dinero.
Después de años de retraso, en Panamá se celebró un juicio cuyas audiencias terminaron el pasado 19 de abril y se espera la sentencia en las próximas semanas. Debido al escándalo, el despacho Mossack Fonseca cerró, y la imagen internacional de Panamá, país acusado de ser un paraíso fiscal, se vio gravemente afectada. Desde entonces, el país introdujo reformas y mayores exigencias para la conformación de empresas o sociedades, lo que le permitió en 2023 salir de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Sin embargo, Panamá permanece en la lista de territorios considerados como “paraísos fiscales” por la Unión Europea.
Fonseca y su colega Jürgen Mossack, nacido en Alemania pero residente en Panamá desde hacía décadas, fundaron el bufete panameño Mossack Fonseca en 1977. Según la fiscalía, fueron responsables de facilitar la creación de sociedades opacas en las que directivos de la multinacional alemana Siemens depositaron millones de euros al margen de la contabilidad real de la compañía. Esa “caja B” habría sido utilizada para esconder dinero procedente del pago de comisiones. El bufete panameño también fue utilizado para guardar dinero proveniente de una estafa masiva en Argentina, según la fiscalía.
Los fiscales pidieron 12 años de cárcel para Mossack y para Fonseca, la pena máxima por blanqueo de capitales. “Verdaderamente ha habido una gran injusticia (…) reitero que tanto mi socio como todas las personas que han laborado conmigo han sido personas serias, honestas y correctas”, declaró Mossack en su alegato final el 19 de abril. Fonseca no asistió al juicio porque estaba hospitalizado, según su defensa. “Lo cierto es que después de más de 500 tomos (de expedientes) nos encontramos que (solo) tenemos el caso de Siemens (en Alemania) y un caso en Argentina, de las miles y miles de personas que supuestamente estuvieron involucradas”, dijo la abogada Daika Indira Levy, defensora de Fonseca, durante el juicio.
El escándalo inspiró una película dirigida por Steven Soderbergh, La Lavandería (2019), en la que Fonseca fue interpretado por Antonio Banderas, que coprotagonizó la cinta junto a Meryl Streep y Gary Oldman.
Denuncia
Fuga de Bolsonaro por Puerto Iguazú: denuncian a Milei por encubrimiento agravado
Comodoro Py investiga si el Gobierno de Javier Milei facilitó la salida de Flávio Bolsonaro, quien tenía prohibido abandonar Brasil, cruzó por Puerto Iguazú y viajó a Estados Unidos en un jet privado. Ya hay al menos tres denuncias penales, un pedido de interpelación al canciller y sospechas sobre la presencia en Misiones del asesor Santiago Caputo.
Flávio Bolsonaro, con prohibición judicial de salir de Brasil, cruzó la frontera argentina, abordó un jet privado en Puerto Iguazú y horas después estaba en Estados Unidos, con el aval de una Migraciones que informó que no existía ningún impedimento legal. Ahora la Justicia federal investiga si el Gobierno de Javier Milei hizo algo más que mirar.
El senador y excandidato presidencial del Partido Liberal, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ingresó por el Puente Internacional Tancredo Neves el martes 27 de octubre a las 22:50, junto a su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas, según confirmó la Dirección Nacional de Migraciones. La primera denuncia penal contra Milei y funcionarios de su gobierno la presentó el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano y recayó en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, en Comodoro Py.
La denuncia: encubrimiento, abuso de autoridad y malversación
Solano denunció la presunta comisión de los delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales. En su escrito sostuvo que era imposible que Milei desconociera la prohibición de salida del país que le impuso el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes. Para el denunciante, el Presidente “es cómplice de este accionar ilícito” y utilizó los recursos del Estado para ejecutar una maniobra clandestina.
El dirigente también apuntó contra Migraciones, a la que acusó de omitir dolosamente la colaboración internacional y las alertas sobre la restricción dictada en Brasil. Pidió medidas de prueba, entre ellas un pedido de informes urgente a las fuerzas federales de Misiones para que detallen la presencia de Bolsonaro en la zona.
El expediente quedó sorteado en el juzgado de Capuchetti, que este año está de turno con la Fiscalía Federal N°10, a cargo de Paloma Ochoa. Según pudo saberse, la magistrada todavía no había girado la presentación a la fiscal para que dictamine. Capuchetti es una jueza cuestionada por su actuación en la causa por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.
Migraciones: de la falta de registro a la confirmación
Según trascendió, Migraciones había informado primero que no tenía notificada ninguna entrada de Bolsonaro. En la madrugada del miércoles, el organismo confirmó que el excandidato cruzó la frontera y que lo hizo con documentación hábil de viaje, sin ningún impedimento legal para ingresar al país. Las autoridades argentinas aclararon que no existía pedido de captura que activara una alerta en sus sistemas.
De acuerdo con los datos oficiales difundidos, el avión privado despegó del aeropuerto de Puerto Iguazú a las 00:21 del miércoles. La denuncia de Solano señala que se trató de un vuelo de la empresa Baires Fly. Horas más tarde, según trascendió, Bolsonaro ya estaba en Miami.
Caputo en Misiones y una lluvia de denuncias
Según trascendió, el asesor presidencial Santiago Caputo se encontraba en Misiones cuando partió la aeronave. La diputada nacional Marcela Pagano incorporó ese dato a su denuncia penal y pidió que se esclarezca su presencia. La legisladora presentó su escrito ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú, donde el fiscal Fabián Martínez solicitó informes a organismos oficiales para determinar cómo ingresó Bolsonaro y si existía algún impedimento legal. Pagano pidió además preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional y del aeropuerto.
El diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) también radicó una denuncia por presunto encubrimiento agravado contra Milei, el canciller Pablo Quirno y Caputo. Su presentación quedó sorteada en el Juzgado Federal 3, a cargo de Sebastián Ramos, aunque como la de Solano entró primero es probable que las causas se acumulen en el juzgado de Capuchetti. En la Cámara baja, el diputado Pablo Juliano pidió la interpelación de Quirno.
Un aliado que prometió no irse
Tras perder el domingo la segunda vuelta frente a Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro grabó un video en el que contó que la Policía Federal lo interceptó para pedirle que entregue sus pasaportes y notificarlo de la prohibición de salida del país. En ese mismo mensaje afirmó: “Nunca pensé en abandonar el país”. La frase quedó desmentida por los hechos.
El episodio llega después de meses de alineamiento político. En julio, durante su visita a San Pablo, Milei respaldó la candidatura de Flávio y llamó “ladrón” a Lula sin nombrarlo. Tras la primera vuelta del 4 de octubre, celebró en su cuenta de X la derrota de un “zurdo comunista”.
La Justicia deberá determinar si el Gobierno cumplió con sus deberes de cooperación internacional y control fronterizo, o si puso la estructura del Estado al servicio de un aliado político. La Casa Rosada sostiene que no hubo impedimento legal; los denunciantes sostienen que hubo una maniobra.
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