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¿En qué terminó el escándalo de los «Panamá Papers»?

El escándalo estalló a raíz de una filtración de 11,5 millones de archivos digitales de la firma legal panameña Mossack Fonseca.

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El mundo fue sacudido en 2016 por el escándalo conocido como “Panama Papers”, que provocó temblores en gobiernos, puso al descubierto a figuras destacadas, desencadenó investigaciones judiciales y dañó la reputación de Panamá como centro financiero internacional. Este jueves, los abogados informaron que Ramón Fonseca, uno de los líderes del bufete en el centro de este escándalo, falleció a los 71 años debido a problemas de salud mientras esperaba sentencia por este caso en Ciudad de Panamá.

El escándalo surgió a partir de una filtración de 11,5 millones de archivos digitales de la firma legal panameña Mossack Fonseca. Esta filtración reveló cómo las personas ricas del mundo crearon empresas offshore para ocultar propiedades, empresas, activos y ganancias con el objetivo de evadir impuestos o lavar dinero. Los datos fueron obtenidos por el periódico alemán Sueddeutsche Zietung, que los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), y se divulgaron a partir de abril de 2016 por varios medios.

Se reveló que estas personalidades crearon sociedades opacas a través del bufete panameño con el fin de abrir cuentas bancarias y crear fundaciones pantalla en múltiples países para esconder dinero, que en algunos casos provenía de actividades ilícitas, según la investigación.

Entre los nombres mencionados se encontraban el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y los exgobernantes de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson; de Pakistán, Nawaz Sharif; de Gran Bretaña, David Cameron; y de Argentina, Mauricio Macri; además del astro argentino del fútbol Lionel Messi. Se iniciaron al menos 150 investigaciones en 79 países para examinar posibles casos de evasión fiscal o lavado de dinero.

Después de años de retraso, en Panamá se celebró un juicio cuyas audiencias terminaron el pasado 19 de abril y se espera la sentencia en las próximas semanas. Debido al escándalo, el despacho Mossack Fonseca cerró, y la imagen internacional de Panamá, país acusado de ser un paraíso fiscal, se vio gravemente afectada. Desde entonces, el país introdujo reformas y mayores exigencias para la conformación de empresas o sociedades, lo que le permitió en 2023 salir de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Sin embargo, Panamá permanece en la lista de territorios considerados como “paraísos fiscales” por la Unión Europea.

Fonseca y su colega Jürgen Mossack, nacido en Alemania pero residente en Panamá desde hacía décadas, fundaron el bufete panameño Mossack Fonseca en 1977. Según la fiscalía, fueron responsables de facilitar la creación de sociedades opacas en las que directivos de la multinacional alemana Siemens depositaron millones de euros al margen de la contabilidad real de la compañía. Esa “caja B” habría sido utilizada para esconder dinero procedente del pago de comisiones. El bufete panameño también fue utilizado para guardar dinero proveniente de una estafa masiva en Argentina, según la fiscalía.

Los fiscales pidieron 12 años de cárcel para Mossack y para Fonseca, la pena máxima por blanqueo de capitales. “Verdaderamente ha habido una gran injusticia (…) reitero que tanto mi socio como todas las personas que han laborado conmigo han sido personas serias, honestas y correctas”, declaró Mossack en su alegato final el 19 de abril. Fonseca no asistió al juicio porque estaba hospitalizado, según su defensa. “Lo cierto es que después de más de 500 tomos (de expedientes) nos encontramos que (solo) tenemos el caso de Siemens (en Alemania) y un caso en Argentina, de las miles y miles de personas que supuestamente estuvieron involucradas”, dijo la abogada Daika Indira Levy, defensora de Fonseca, durante el juicio.

El escándalo inspiró una película dirigida por Steven Soderbergh, La Lavandería (2019), en la que Fonseca fue interpretado por Antonio Banderas, que coprotagonizó la cinta junto a Meryl Streep y Gary Oldman.

Denuncia

Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad

El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni da la cara en el Congreso.
De “enriquecimiento ilícito” a “tema de impuestos”: el giro en la causa Adorni que indignó a la oposición.

La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.

El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.

Lo que dijo el fiscal

Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.

Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.

La oposición: “ES JODA”

El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.

En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.

El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.

El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.

Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero

La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.

Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.

Qué viene

Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.

Lo que tenés que saber:

  • El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
  • No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
  • El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
  • Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
  • Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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