La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió que cinco policías puntanos sean imputados por privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales cometidos contra una mujer que el 5 de abril de 2020 que fue hallada ahorcada en una celda de la comisaría de Santa Rosa de Conlara, San Luis, donde había sido detenida por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) decretado ante la pandemia de coronavirus.

Mientras que desde el organismo de Derechos Humanos buscan llegar a fondo para determinar si la muerte de Florencia Magalí Morales (39) fue un caso de violencia institucional, el fiscal que investiga el hecho, Roberto Silvestre, imputó a los cinco policías que ese día estaban en la dependencia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero no les endilgó responsabilidad en el fallecimiento de la mujer .

Para el organismo nacional, constituido a principios de este mes como parte en la causa, los hechos no pueden encuadrarse en un mero incumplimiento policial, lo que le hicieron saber al juez del caso, Jorge Pinto, quien mediante un traslado solicitó conocer su posición.

En el escrito, que está firmado por Horacio Pietragalla Corti, como particular damnificado por la Secretaría de DDHH, se enumeran las pruebas que constan en el expediente y que hacen presumir que se está ante un caso de violación de los derechos humanos.

«Morales fue ilegalmente detenida, incomunicada, golpeada en sede policial (no presentaba golpes antes de su ingreso) y luego apareció muerta en un calabozo con un cordón que -según consta- no tenía en su poder. Estos hechos de inusitada gravedad no pueden ser livianamente subsumidos al art. 249 del Código Penal, porque eso sería obviar los graves delitos que hemos enunciado, propiciando directamente un escenario de impunidad», expresa el escrito.

Por tal motivo, la Secretaría de DDHH solicitó que «se cite a indagatoria a los policías que estaban cumpliendo funciones en día 5 de abril de 2020» en esa comisaría «por haber sido responsables de la privación ilegítima de la libertad de Florencia Magali Morales mediando abuso de autoridad; y por haberle propinado apremios ilegales».

«Ello, sin perjuicio de que se continúe investigando la causa de la muerte de Morales y la posible responsabilidad de los agentes policiales en dicho resultado, que hasta aquí no puede descartarse, sino todo lo contrario», añade la presentación judicial.

Para esa parte, la privación ilegítima de la libertad de Morales quedó probada en base a testigos que indicaron que fue detenida y encerrada en un calabozo «por exclusiva decisión policial, sin orden judicial, por un supuesto delito que sólo requería la realización de un acta y su inmediata liberación», ya que se trataba de la violación del ASPO.

En cuanto a los apremios ilegales, desde el organismo dejaron asentando que el informe médico realizado a Morales antes de ser alojada en la comisaría indica que se hallaba «sin lesiones corporales» y que «en el lapso de tiempo de las 9:45 horas, que salió del hospital, y alrededor de las 19 horas, cuando fue encontrada sin vida por efectivos policiales, recibió apremios ilegales» en la comisaria.

Al respecto, destaca que la mujer fue hallada ahorcada con un cordón negro a pesar de que le habían quitado el calzado y que no había ningún elemento de ese tipo en la celda antes de que fuera encerrada. «Es inexplicable hasta aquí la presencia del cordón negro con el cual Morales se habría ‘suicidado'», indica el escrito.

Otro punto abordado por la secretaría fue la inexistencia de un informe pericial en la causa que indique las circunstancias de la muerte de Morales, debido a que las muestras tomadas del cuerpo y de la escena del hecho no fueron debidamente conservadas.

«Para colmo, la búsqueda de verdad se vio seriamente amenazada con la frustrada pericia, en donde se informó que no se puede determinar la causa de muerte por haberse conservado mal los elementos orgánicos, lo que constituye una acción de encubrimiento que debe ser investigada debidamente», indicaron.

En ese sentido, y con el fin de continuar con la investigación de la causa de muerte, la secretaría solicitó la realización de una pericia criminalística para analizar las distintas hipótesis de la muerte. Por su parte, el abogado de la familia Morales, Federico Putelli, consideró que la respuesta del organismo nacional «es un gran impulso para la investigación».

Según la pesquisa, el 5 de abril Morales se retiró de su domicilio en bicicleta rumbo a la comisaría 25, lo que quedó registrado por las cámaras de video del un banco y corroborado por testigos. A metros, Morales fue interceptada por el subcomisario Heraldo Clavero -lo que también quedó asentando- quien le indicó que debía ingresar a la comisaría, lo que la mujer hizo tras dejar su bicicleta en la calle.

De los elementos reunidos surge que dentro de la comisaría se ordenó que la mujer quedara detenida, incomunicada y alojada en una celda por violación al ASPO, pese a que no existió orden, al menos escrita, de ninguna autoridad judicial. Una vez reducida y privada de su libertad, Morales fue llevada al Hospital de Santa Rosa del Conlara para que la revisara un médico de turno, quien constató que no presentaba las lesiones en los brazos y otros sectores del cuerpo que se detectaron luego, cuando fue hallada ahorcada.

En base a dichos de testigos y de algunos policías, nuevamente en la seccional, Morales gritó, golpeó puertas y pidió ser liberada para cuidar a sus hijos que habían quedado solos en su casa. Finalmente, fue hallada muerta por asfixia, con un cordón alrededor del cuello, en una celda que, según los propios policías de la dependencia, no estaba en condiciones de ser utilizada.

Por el momento, los únicos acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público son el subcomisario Clavero y los policías María Eugenia Arguello, Johana Paola Torres, Marcos Ontiveros y Gabriel Tarano, para quienes la Secretaría de DDHH pidió las indagatorias por delitos más graves.