El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario 16 de la Ciudad de Buenos Aires Leonardo Fuchi declaró este martes la inconstitucionalidad de la ley 6.289 que fue aprobada en 2019 por la Legislatura local y autorizaba al Gobierno porteño a la venta del predio de Costa Salguero, en la Costanera Norte.

La resolución del magistrado hizo lugar al amparo presentado por la diputada nacional del Frente de Todos (FdT) Gabriela Cerruti y la asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad contra el Gobierno porteño.

En el fallo, Fuchi declaró «la inconstitucionalidad de la Ley 6.289 por ser contraria a los artículos 63, 89 incisos 4 y 6, y 90 de la Constitución de la Ciudad», lo que reglamentan los alcances de las audiencias públicas para la participación ciudadana y el proceso obligatorio para las normas sancionadas en el Parlamento denominadas «de doble lectura».

En rigor, los diputados aprobaron en diciembre del 2019 la ley por la cual se habilitó a la administración porteña a desprenderse de los terrenos de la Costanera donde funcionaron los complejos de Costa Salguero y Punta Carrasco mediante un solo debate legislativo, lo que fue objetado por la diputada Cerruti y el Observatorio ante la Justicia.

Es que, para los amparistas, la iniciativa debía encuadrarse en las normas «de doble lectura», es decir, ser sometida a dos tratamientos en comisión y en el recinto, incluyendo la realización de una audiencia pública, lo que el Ejecutivo no cumplió.

«El fallo que da lugar al amparo y declara la inconstitucionalidad de la ley que intenta vender los terrenos de Costa Salguero es fruto de la movilización de las fuerzas políticas y sociales de la Ciudad», aseguró Cerruti en su cuenta de Twitter después de conocida la resolución judicial.

De esta manera, la venta del predio de Costa Salguero quedó suspendida y se estima que la medida incidirá en la ley que aún está en debate en la Legislatura que, a su vez, avala un proyecto inmobiliario para la construcción de edificios en el lugar, lo que es resistido por organizaciones sociales y políticas que plantean que allí haya un espacio verde y público.

Los terrenos en cuestión fueron concesionados en la década del 90 a la empresa Telemetrix, que hace pocas semanas recibió una extensión del contrato de explotación hasta mediados de año por parte del Gobierno de la Ciudad.