DDHH
Aprobaron lineamientos para reducir las desigualdades de género también en empresas y sociedades del Estado
El anuncio resalta el rol del Estado como garante de los derechos humanos e impulsor de la igualdad de género. En la misma línea propone generar espacios institucionales para incorporar esta perspectiva impulsando la creación de un área especializada, capacitaciones para todes y el uso del lenguaje inclusivo.
El Gobierno nacional aprobó este jueves los “Lineamientos para la igualdad de género en las Empresas y Sociedades del Estado”, con el objetivo de «remover los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzar la igualdad real» en esta materia.
Así lo estableció en la Decisión Administrativa 1744/2020, publicada hoy en el Boletín Oficial, con la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y de la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
«Tenemos la obligación como Estado de reducir las desigualdades de género en el mundo laboral», indicó la ministra en un comunicado y consideró que «es fundamental avanzar en políticas que reviertan las brechas existentes».
«Tenemos la obligación como Estado de reducir las desigualdades de género en el mundo laboral».
«Es necesario abordar específicamente las violencias y el acoso por motivos de género en el mundo laboral. Para alcanzar la igualdad en este ámbito también es indispensable abordar la inequitativa distribución de las tareas de cuidado, que son uno de los factores estructurales a la hora de analizar las desigualdades en el mundo del trabajo entre varones, mujeres y LGBTI+” precisó Gómez Alcorta.
Los lineamientos aprobados regirán también para «los organismos descentralizados cuyo objetivo esencial sea la producción de bienes o servicios», según puntualiza el Boletín Oficial
En tanto, el ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad coordinará las acciones para el cumplimiento de esta medida al tiempo que promoverá su ejecución.
El anexo publica que los lineamientos constituyen «un conjunto de buenas prácticas destinadas a la gestión de las empresas y sociedades con participación estatal» con el objetivo de «realizar un compendio de las expectativas que el Estado tiene en relación con la organización y funcionamiento de estas entidades para promover la transversalidad de la perspectiva de géneros».
Se trata de «orientaciones» en la «organización interna de las empresas y sociedades con participación estatal».
Entre los lineamientos figuran cuestiones relativas a la «Igualdad de trato y oportunidades, el principio de no discriminación, el principio de prevención y la erradicación de la violencia por motivos de género».
Propone también «generar espacios institucionales para incorporar esta perspectiva impulsando la creación de un área especializada, capacitaciones para todos los empleados y personal jerárquico, y el fomento del uso del lenguaje inclusivo, con el desarrollo de un manual interno, y un sistema de comunicación institucional de sensibilización».
Incluye «tareas de cuidado» como «promover licencias que contribuyan a la igualdad entre los géneros» y «brindar un espacio de cuidado compartido o propio para las trabajadoras y los trabajadores con niños».
De no existir estos espacios, propone «abonar plus por guardería y fomentar la creación de espacios de lactario».
En materia de inclusión, los lineamientos establecen «promover la paridad de género en todas las áreas realizando un relevamiento de cantidad de mujeres y de personas LGBTI+, y que ocupan puestos jerárquicos, así como también de cantidad de mujeres y de personas LGBTI+ que fueron ascendidas durante los últimos cuatro años».
En prevención y erradicación de las violencias por razones de género impulsan «la creación o adecuación de protocolos, mecanismos de acceso efectivo a la presentación de quejas y denuncias», entre otros.
En tanto, la ministra sintetizó que “la definición y cumplimiento de estos lineamientos refuerza el rol del Estado como regulador de los servicios prestados por las empresas con participación estatal y, fundamentalmente, reafirma su posición de garante de los derechos humanos e impulsor de la igualdad de género».
«Por eso, trabajaremos de manera articulada con todas estas empresas para avanzar en este sentido», finalizó.
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Juicio por Loan: Benítez apuntó a Laudelina y denunció torturas en prisión
Antonio Benítez, tío político de Loan Peña e imputado en el juicio que se desarrolla en Corrientes, declaró este miércoles que su exesposa Laudelina «sabe la verdad» sobre la desaparición del niño y no se la pudo contar porque «estaba amenazada». El segundo imputado en declarar también denunció haber sufrido torturas en prisión y pidió que sean investigadas.
Antonio Bernardino Benítez declaró este miércoles ante el tribunal oral que juzga a los siete acusados por la desaparición de Loan Peña y apuntó contra su exesposa Laudelina, tía del niño: “Creo que Laudelina sabe la verdad. Para mí dijo la verdad cuando mencionó el accidente”, sostuvo ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de la ciudad de Corrientes. El tío político de Loan, segundo imputado en declarar en el juicio, se quebró durante su testimonio, negó haber participado en la desaparición y denunció haber sufrido torturas en prisión.
Benítez es el segundo imputado en declarar en el juicio, luego de su expareja Laudelina Peña, quien comparó el día anterior, pidió perdón por haber mentido y se quebró en llanto. La declaración de Benítez estuvo centrada en deslindar su responsabilidad en los hechos, reconstruir la búsqueda de Loan y arrojar responsabilidad sobre quienes él consideró que conocen la verdad.
“No podía decirme nada del accidente porque estaba amenazada”
Benítez relató que el domingo 9 de junio de 2024 fue con sus hijos a la casa de Catalina, la abuela de Loan, y que Laudelina coció. Respecto al almuerzo del 13 de junio, fecha en que Loan desapareció, el acusado manifestó hab erse sentido incómodo con la presencia de María Victoria Caillava, exfuncionaria municipal, y Carlos Guido Pérez, capitán de la Armada: “Me sorprendió la actitud de Caillava y Pérez, me sentí incómodo, no sabía quiénes iban a estar y tampoco sabía que iban a estar ellos”, declaró. Negó tener contactos previos con ambos y sostuvo que fue Laudelina o la abuela Catalina quienes los invitaron.
Al referirse a por qué Laudelina no le explicó lo que había pasado, Benítez fue directo: “No podía decirme nada del accidente porque estaba amenazada, al igual que su abogada, la doctora Chirivín”. La versión del “accidente” fue la que Laudelina presentó en su declaración para explicar la desaparición de Loan. “Yo sigo enojado con ella porque no sé bien qué pasó, qué vio ella, por qué tuvo que esperar tanto tiempo y decir que fue un accidente”, añadió.
Declaró ser inocente y negó haber cambiado de remera durante la búsqueda
A lo largo de su declaración ante su defensor Enzo Di Tella, Benítez enfatizó su inocencia y reconstruyó sus acciones durante la búsqueda del niño: “Nunca dejé de buscar a Loan. Me sentía obligado porque se había perdido mi sobrino”. También negó haberse cambiado de remera durante ese proceso, un detalle que había generado sospechas en la investigación. Sobre su vínculo actual con Laudelina, fue escueto: “Con Laudelina la única comunicación que tenemos es por nuestros hijos. Ella me pregunta cómo están”. Reconoció que la relación estaba deteriorada antes de los hechos: “Yo le era infiel. Tenía otra mujer”.
Benítez también denunció haber sufrido torturas durante su detención y pidió expresamente que esos hechos sean investigados. Negó, además, haber tenido diálogos con el comisario Walter Maciel, otro de los imputados en la causa.
Quiénes son los acusados en el juicio por la desaparición de Loan
Loan Peña desapareció el 13 de junio de 2024 tras un almuerzo en la casa de su abuela Catalina en el paraje El Algarrobal, Corrientes. Los siete acusados en el expediente principal son María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Walter Maciel, Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Mónica Del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez. En una causa paralela por desvio de la investigación, usurpación de títulos y privación ilegítima de la libertad, están imputadas otras diez personas, entre ellas Federico Rossi Colombo y Nicolás Gabriel Soria.
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