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La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná ratificó la condena por estafa a los Etchevehere

Los vocales Mateo Busaniche, Cinthia Gómez y Beatriz Aranguren confirmaron la condena en un fallo unánime y ordenaron el pago de una multa de 500.000 dólares a la empresa «Las Margaritas».

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Los vocales Mateo Busaniche, Cinthia Gómez y Beatriz Aranguren confirmaron la condena en un fallo unánime con fecha de 10 de mayo pasado, y ordenaron el pago de una multa de 500.000 dólares a la empresa «Las Margaritas».

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná rechazó un recurso interpuesto por la familia Etchevehere en contra de la condena de primera instancia; y confirmó la pena a tres hermanos, entre ellos el ex ministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere, su madre y una de sus empresas, por estafa a partir del vaciamiento del periódico local «El Diario».

Los vocales Mateo Busaniche, Cinthia Gómez y Beatriz Aranguren confirmaron la condena en un fallo unánime con fecha del 10 de mayo pasado, y ordenaron el pago de una multa de 500.000 dólares para la empresa «Las Margaritas».

La causa investigó una presunta estafa y el vaciamiento de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la firma responsable de El Diario de Paraná, por la cual solicitaron dos préstamos a entidades bancarias a tasa subsidiada que los socios usaron en provecho propio; y un «vaciamiento» patrimonial de El Diario a través de una sociedad fantasma.

En la denuncia, de 2011, Dolores Etchevehere le atribuyó a su madre, Leonor Marcial de Etchevehere, y a sus hermanos haber solicitado préstamos al Banco Itaú por U$S 250.000, otorgados en julio y agosto de 2011 y destinados a actividades productivas con una tasa en dólares del 8% anual, pero les achaca haberlos distribuido entre los miembros del directorio para fines personales.

También acusa a sus hermanos Arturo Sebastián Etchevehere; al ex presidente de la Sociedad Rural Argentina y ex ministro de Agricultura en el gobierno de Macri, Luis Miguel; y al ex delegado del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en el macrismo, Juan Diego.

La investigación detectó administración fraudulenta entre 2011 y 2015, con un «vaciamiento patrimonial por la venta simulada de numerosos inmuebles» de SAER, «en perjuicio tanto de Dolores como de terceros».

La operación de vaciamiento significa la «asunción de un mayor endeudamiento y la venta a precios muy inferiores a los de mercado de ocho de sus bienes», entre los cuales se incluyó la redacción de El Diario. Esa denuncia fue confirmada por un fallo de primera instancia del Juzgado Federal 1 de Paraná y esta semana la Cámara Federal de Apelaciones confirmó la decisión.

Los tres vocales, en una decisión unánime, explicaron que «ha quedado demostrado que la firma y sus directores incumplieron con el destino específico de los préstamos» solicitados, y «se autofinanciaron, por lo que se evidenció la falsedad de la declaración jurada cambiaria».

Además, ratificaron la multa de U$S 500.000 a la empresa y los acusados, «atento a la gravedad de la infracción, y al movimiento económico de la empresa», monto que «no resulta irrazonable ni desproporcionado».

Por ello, rechazaron el recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor, Rubén Pagliotto, y ratificaron la condena «por falsa declaración cambiaria e incumplimiento de la finalidad específica de préstamos solicitados».

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Seis detenidos en Brasil por la muerte de la joven lanzada sin cuerdas en el Puente del Esqueleto

La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis.

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Sin habilitación, sin cuerdas y sin Estado: la cadena de negligencias que mató a María Eduarda.

La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis. El comisario Antonio Luis Tuckumantel confirmó que las detenciones apuntan a evitar la destrucción de pruebas sobre el negocio de la actividad de aventura en el denominado Puente del Esqueleto.

Más arrestos en una causa que suma imputados

La Policía Civil del estado de San Pablo detuvo este sábado a tres nuevas personas en el marco de la investigación por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, ocurrida el pasado 13 de junio en Limeira, cuando la joven fue lanzada desde el Puente del Esqueleto, una estructura ferroviaria inconclusa utilizada como escenario para actividades de deporte extremo, sin que la cuerda de seguridad estuviera correctamente ajustada a su arnés. Según confirmó la Policía, el total de personas detenidas por este hecho ascendió a seis.

El comisario Antonio Luis Tuckumantel indicó que no podía precisar públicamente el rol específico de cada uno de los nuevos arrestados dentro del entramado investigado, aunque señaló que las detenciones buscan preservar la integridad de la evidencia y evitar que los responsables interfieran con el curso de la investigación.

Los tres primeros detenidos siguen en prisión preventiva

Los tres instructores detenidos desde el mismo día del accidente permanecen en prisión preventiva: Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años; Maicon Fernandes Cintra, de 42 años; y Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años. Los tres fueron acusados de homicidio con dolo eventual y sus solicitudes de habeas corpus fueron rechazadas por la Justicia, que consideró que existía riesgo real de fuga e interferencia en la investigación.

Según la investigación, el trío integraba el grupo que organizaba los saltos desde el puente, donde se cobraban 180 reales (aproximadamente 35 dólares) por persona. El negocio funcionaba sin habilitación ni constitución formal como empresa, condición que la Justicia valoró al denegar las excarcelaciones.

La secuencia fatal: sin cuerdas y sin verificación

La investigación reconstruyó con precisión cómo se produjo la tragedia. De acuerdo con la Policía Civil, la cuerda que debía sujetar a María Eduarda no fue ajustada y permaneció enrollada sobre la plataforma desde donde se realizó el salto en el momento en que la joven fue empujada al vacío. Una grabación realizada por testigos presentes en el lugar mostró que los instructores llevaron a la víctima hasta el borde del puente y la empujaron sin haber completado la verificación del equipo de seguridad. Los propios testigos declararon ante la Justicia que los responsables omitieron la revisión final antes del salto.

María Eduarda, residente de la localidad de Jandira, cayó desde una altura aproximada de 40 metros y murió como consecuencia del impacto. La joven tenía 21 años.

Un negocio sin habilitación y sin controles

La investigación estableció además que la organización que promovía los saltos en el Puente del Esqueleto no operaba como una empresa formalmente constituida. La estructura, ubicada en las afueras de Limeira, se había convertido en un punto habitual para actividades de rope jump sin ningún tipo de control estatal, regulación ni fiscalización municipal o federal. Este dato no es menor: la cobertura previa de este medio señaló que la municipalidad de Limeira había alertado a las autoridades nacionales sobre la situación del puente desde principios de 2025, sin que se adoptaran medidas efectivas de control.

La muerte de María Eduarda reabre el debate sobre la ausencia de regulación en el sector de los deportes de aventura en Brasil, donde la actividad de rope jumping se ofrece de manera informal en múltiples puntos del país sin que exista un marco normativo que establezca estándares mínimos de seguridad, habilitaciones obligatorias ni protocolos de verificación previos al salto.

Puntos clave

  • La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas, elevando a seis el total de detenidos por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas.
  • Los tres instructores detenidos desde el 13 de junio, Egoroff, Cintra y Gonçalves, permanecen en prisión preventiva acusados de homicidio con dolo eventual.
  • La cuerda de seguridad no estaba ajustada al arnés de la víctima cuando fue empujada al vacío desde 40 metros de altura.
  • El grupo organizador de los saltos no operaba como empresa formalmente constituida y carecía de habilitaciones municipales o nacionales.
  • La causa reaviva el debate sobre la falta de regulación de los deportes de aventura en Brasil y la responsabilidad del Estado en la fiscalización de estos espacios.
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