Jueces y juezas especializados en infancia de todo el país salieron a responder una ofensiva que ya no discute un fallo, sino la posibilidad misma de que una magistrada controle la constitucionalidad de una ley. Para la Red Argentina de la Magistratura de Niñez y Familias, cuestionar a una jueza por el contenido de sus decisiones es una abierta intromisión en el Poder Judicial y una seria amenaza a la división de poderes.

La destinataria del respaldo es Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, que edeclaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801 del nuevo Régimen Penal Juvenil para el caso puntual de un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo, a quien sobreseyó. La norma, que bajó a 14 años la edad de punibilidad y reemplazó el esquema de la Ley 22.278, rige desde el 5 de septiembre.

Control de constitucionalidad

En su declaración pública, la Red sostuvo que la resolución representa un acto legítimo de control de constitucionalidad y convencionalidad, amparado por los incisos 22 y 23 del artículo 75 de la Constitución Nacional y por la Convención sobre los Derechos del Niño, normas que otorgan a la infancia la categoría de sujetos de tutela constitucional preferente.

El fallo se apoyó en el principio de progresividad: la jueza consideró que, en este caso concreto, la baja de la edad resultaba regresiva frente al estándar de protección del régimen anterior. «Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia», escribió De Marinis en la resolución, donde también advirtió que «la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero».

El propio juzgado aclaró luego que la declaración de inconstitucionalidad se circunscribe exclusivamente a ese adolescente y a las circunstancias acreditadas en el expediente, y que no implica la invalidez general de la ley. Aun así, el oficialismo porteño y sus aliados libertarios eligieron presentar el fallo como un desafío institucional que merece la destitución.

La ofensiva ignorante de Jorge Macri y La Libertad Avanza

La reacción del Gobierno de la Ciudad fue inmediata. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, anticipó que impulsaría un jury contra la magistrada, y su ministro de Justicia, Gabino Tapia, que primero anunció que lo haría a título personal, terminó formalizando el pedido ante el Consejo de la Magistratura porteño. «Los jueces no están para interpretar la ley, porque para eso están los legisladores», afirmó Tapia en declaraciones radiales. La frase desconoce un principio elemental del sistema republicano: el control de constitucionalidad es una atribución propia del Poder Judicial.

La Libertad Avanza se sumó a la cruzada. Pilar Ramírez, jefa del bloque libertario en la Legislatura porteña y mano derecha de Karina Milei, convocó a los demás espacios: «Instamos a todos los bloques a pedir el juicio político y a avanzar de una vez por todas con el Régimen Penal Juvenil en la Ciudad». El reclamo tiene un problema de origen: la Legislatura no tiene facultades para destituir magistrados, un proceso que se sustancia en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.

En paralelo, la asociación civil Usina de Justicia denunció a De Marinis por presunto prevaricato y mal desempeño. En el escrito, firmado por el abogado Fernando Soto, la entidad sostuvo que «la juez denunciada omitió deliberadamente cumplir la Ley» y calificó la decisión como «basada en pura ideología».

El disenso tiene su vía: la apelación

La Red instó a encauzar cualquier desacuerdo con el fallo mediante los recursos de apelación ante los tribunales de alzada y exigió desterrar de manera definitiva los mecanismos de coacción o intimidación. Ese camino, de hecho, ya está en marcha: la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil, a través del fiscal coordinador Mauro Andrés Tereszko, apeló la resolución, pidió que se revoque, que se mantenga la aplicación de la norma y que la jueza sea apartada de la causa.

Si el propio sistema ya activó sus mecanismos de revisión, el pedido de jury queda expuesto como lo que es: una herramienta de presión política sobre el contenido de una sentencia. La entidad advirtió que estos intentos buscan disciplinar a los magistrados que aplican garantías fundamentales y que, además de vulnerar el libre ejercicio de la magistratura, exponen a niños, niñas y adolescentes a respuestas punitivas desproporcionadas, ineficaces e incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.

La organización también remarcó que la independencia judicial no debe entenderse como un fuero ni como un privilegio corporativo de los jueces. Es, según la Red, la garantía ciudadana indispensable para frenar los excesos del Estado y proteger a las personas en situación de vulnerabilidad.

Un respaldo que crece dentro y fuera de la Justicia

El pronunciamiento nacional se suma al de 91 magistrados y magistradas del Poder Judicial porteño, que firmaron un comunicado en respaldo de De Marinis y en rechazo del pedido de juicio político, en una adhesión de una magnitud y velocidad poco frecuentes en la Justicia de la Ciudad. Los firmantes remarcaron la diferencia entre revisar una sentencia por las vías procesales y sancionar a una jueza por lo que resolvió.

En la Legislatura porteña, el legislador Andrés La Blunda, del bloque Fuerza por Buenos Aires, presentó un proyecto de declaración de repudio a los dichos de Macri, en el que advierte que el juicio político «no debe utilizarse como instrumento de disciplinamiento frente al contenido de una sentencia». La legisladora Viviana Biasi (FIT) fue más allá y acusó a Macri y a Ramírez de «tomar de rehén a un adolescente vulnerable de 14 años para armar sus campañas políticas reaccionarias».

El caso De Marinis se convirtió así en una prueba de fuego para la independencia judicial en tiempos de punitivismo: lo que está en juego no es solo el destino de un chico de 14 años, sino el margen que tendrán los jueces para aplicar la Constitución cuando el poder político exige obediencia.