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Denuncia

Vaciamiento de «El Diario» de Paraná: procesaron al macrista Etchevehere

La investigación, con más de 330 pruebas, detectó administración fraudulenta entre 2011 y 2015, con un «vaciamiento patrimonial por la venta simulada de numerosos inmuebles».

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La jueza de Garantías de Entre Ríos Carola Bacaluzzo procesó hoy al exministro de Agricultura de Cambiemos Luis Miguel Etchevehere, a su hermanos, su madre y otros empresarios por presunta administración fraudulenta a raíz del vaciamiento del periódico «El Diario» de Paraná.

La magistrada consideró que el patrimonio de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la firma responsable de ese medio de comunicación, sufrió un «detrimento considerable, quedó liquidado, al borde del vaciamiento y con un pasivo que iba in crescendo».

«Persiguieron un ilegítimo propósito de obtener un lucro indebido y de dañar a la persona jurídica», completó la magistrada al fundamentar su resolución.

La causa investiga una presunta estafa y el vaciamiento de SAER, después del pedido de dos préstamos a entidades bancarias a tasa subsidiada que los socios habrían usado en provecho propio, y un «vaciamiento» patrimonial de «El Diario» a través de una sociedad fantasma.

La denuncia, de 2011, fue realizada por Dolores Etchevehere, quien acusó a su madre, Leonor Marcial de Etchevehere, y a sus hermanos de haber solicitado préstamos al Banco Itaú por U$S 250.000, que fueron otorgados en julio y agosto de ese año para destinarse a actividades productivas con una tasa en dólares del 8% anual, pero que terminaron destinados a fines personales.

En la presentación, Dolores Etchevehere incluyó a sus hermanos Luis Miguel y Arturo Sebastián, además del exdelegado del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) Juan Diego.

También fueron acusados el exaccionaista de SAER Walter Grenón, su hermana Viviana Grenón y el empresario Germán Buffa.

La devolución de ese dinero fue pactada en pesos y con una tasa «más beneficiosa», lo que provocó que «El Diario» tomara otro crédito en el Banco Nación para pagar la diferencia.

La investigación, con más de 330 pruebas, detectó administración fraudulenta entre 2011 y 2015, con un «vaciamiento patrimonial por la venta simulada de numerosos inmuebles» de SAER «en perjuicio tanto de Dolores como de terceros».

La operación de vaciamiento significaba la «asunción de un mayor endeudamiento y la venta a precios muy inferiores a los del mercado de ocho de sus bienes», entre los cuales se incluyó la redacción de «El Diario», se indicó en los argumentos de la resolución.

Para el primero de los hechos, el préstamo en dólares, la jueza argumentó que se trata del «mismo caso» iniciado en el Juzgado Federal 1 de Paraná y por el que Etchevehere y sus hermanos fueron condenados en diciembre de 2020.

En esa causa, el juez federal Pablo Seró condenó a Etchevehere y sus heranos por los delitos de falsa declaración cambiaria e incumplimiento de la finalidad específica de los préstamos en moneda extranjera, y les impuso el pago de una multa de U$S 500.000.

En mayo del 2021, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná rechazó un recurso interpuesto por la familia Etchevehere; confirmó la pena y ordenó el pago de una multa de 500.000 dólares para la empresa «Las Margaritas».

Por eso, Bacaluzzo aseguró que «no es posible continuar» con esa investigación» y decretó el sobreseimiento por ese hecho debido a que ya habían sido condenados.

Respecto a la acusación por «obligar abusivamente a la empresa a vender» ocho inmuebles entre 2011 y 2015, la magistrada indicó que Etchevehere y sus hermanos «urdieron diversas maniobras defraudatorias y extorsivas» contra Dolores y la empresa.

El objetivo era «despojarla de sus derechos hereditarios mediante la utilización de actos intimidatorios, abuso de poder, tráfico de influencias y violencia psicológica y económica», completó.

Asimismo, la jueza precisó que «El Diario» sufrió un «detrimento considerable, quedó liquidado, al borde del vaciamiento y con un pasivo que iba in crescendo», y los acusados persiguieron «un ilegítimo propósito de obtener un lucro indebido y de dañar a la persona jurídica».

Buenos Aires

Provincia rechazó la desregulación de la VTV: “El Estado nacional pone en juego la seguridad de millones”

El gobierno de Axel Kicillof marcó distancia de la reglamentación nacional que habilita a talleres privados a realizar la Verificación Técnica Vehicular y libera los precios del servicio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que la provincia sostendrá los estándares vigentes y cuestionó la coherencia de desregular controles vehiculares mientras las rutas nacionales se deterioran.

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La provincia de Buenos Aires rechazó la desregulación de la VTV y mantendrá sus propios controles.

Rutas rotas y controles sueltos: la peligrosa coherencia del modelo Milei en seguridad vial.

★ El mismo día en que el Gobierno nacional reglamentó los cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la administración bonaerense salió a marcar diferencias con claridad. A través del ministro de Transporte, Martín Marinucci, la provincia de Buenos Aires anticipó que no seguirá el criterio nacional y que mantendrá los estándares de control vigentes en su territorio para garantizar la seguridad vial.

La medida impulsada por la gestión de Javier Milei establece que los talleres particulares que cumplan condiciones técnicas podrán inscribirse para prestar el servicio de VTV, en una apertura que el Gobierno enmarcó en su política de desregulación y eliminación de «monopolios». La nueva normativa incluye además la liberación de precios del servicio, hasta ahora regulados.

«Una herramienta de prevención que evita tragedias»

El funcionario bonaerense salió a cuestionar el fondo y la forma de la medida. Marinucci subrayó que el debate público giró en torno a quién presta el servicio, pero omitió la pregunta central: cómo se garantiza que los controles mantengan rigor y confiabilidad.

«La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos», sostuvo Marinucci.

La postura de la Provincia no es nueva ni improvisada. Desde el inicio de la gestión libertaria, el kirchnerismo bonaerense viene resistiendo el avance desregulatorio en materia de servicios públicos, en particular cuando la apertura al sector privado se produce sin mecanismos claros de fiscalización posterior.

La contradicción vial: rutas abandonadas y controles flexibilizados

Marinucci apuntó además a una contradicción que, en términos políticos, resulta difícil de sostener: el mismo gobierno que paralizó obras de infraestructura vial y abandonó el mantenimiento de rutas nacionales pretende al mismo tiempo relajar los controles sobre el estado de los vehículos que circulan por esas vías.

«No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial», afirmó.

El señalamiento tiene respaldo en datos concretos. Según el análisis del Foro Economía y Trabajo, el gasto de capital acumuló una caída real del 86% desde diciembre de 2023, y las transferencias destinadas a obra pública registraron un derrumbe histórico bajo la gestión libertaria. En ese marco, extender los plazos de verificación técnica y privatizar el control vehicular aparece como una combinación de alto riesgo para la seguridad de los usuarios de la red vial.

El ministro fue explícito al respecto: «Desde hace más de dos años vemos rutas con baches, banquinas deterioradas, falta de mantenimiento y obras paralizadas. Los conductores saben perfectamente lo que significa circular por gran parte de la red vial nacional. Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. En ese contexto, extender los plazos de las verificaciones técnicas parece ir exactamente en sentido contrario a lo que debería hacerse».

Más de 1.000 sitios fraudulentos dados de baja

Más allá del rechazo a la política nacional, Marinucci aprovechó para destacar la acción provincial en materia de fiscalización. A través de un trabajo articulado con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) correspondiente, la provincia de Buenos Aires logró dar de baja más de 1.000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera fraudulenta la obtención de obleas y certificados de VTV sin realizar los controles obligatorios.

La mención no es menor: si en el contexto actual, con controles centralizados, proliferó de esa manera la oferta ilegal, la pregunta sobre qué ocurrirá cuando el servicio se fragmente entre cientos de talleres privados con fiscalización incierta resulta pertinente y urgente.

«Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden», remarcó Marinucci.

El cierre: una mención que excede lo técnico

El ministro bonaerense eligió cerrar su declaración con una frase que trasciende la discusión técnica sobre la VTV y que apunta directamente al modelo de gestión libertario. «La verdadera discusión no es quién hace la revisión. La verdadera discusión es quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina», expresó.

Y remató con una ironía que no pasó desapercibida: «Está bien que hablen de controles. Los controles son importantes. De hecho, tan importantes que los argentinos todavía estamos esperando algunas explicaciones sobre patrimonios y declaraciones juradas que no terminan de cerrar. La transparencia, como la VTV, debería ser obligatoria para todos».

La referencia a los patrimonios no declarados y las declaraciones juradas con inconsistencias alude directamente al contexto político en el que se inscribe la medida: el mismo Gobierno que desregula los controles vehiculares enfrenta investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito de sus propios funcionarios, entre ellos el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuyo patrimonio bajo sospecha ya supera los 840.000 dólares según la causa que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Puntos clave

  • La provincia de Buenos Aires rechazó la reglamentación nacional que habilita talleres privados para realizar la VTV y libera precios del servicio.
  • El ministro Marinucci anunció que la Provincia mantendrá sus estándares de control vehicular, amparada en una ley provincial vigente.
  • El funcionario cuestionó la contradicción de flexibilizar controles sobre vehículos mientras las rutas nacionales acumulan más de dos años de abandono y deterioro.
  • El gasto de capital cayó un 86% en términos reales desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo.
  • La provincia dio de baja más de 1.000 sitios fraudulentos que ofrecían certificaciones de VTV falsas.
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