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Denuncia

Vaciamiento de «El Diario» de Paraná: procesaron al macrista Etchevehere

La investigación, con más de 330 pruebas, detectó administración fraudulenta entre 2011 y 2015, con un «vaciamiento patrimonial por la venta simulada de numerosos inmuebles».

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La jueza de Garantías de Entre Ríos Carola Bacaluzzo procesó hoy al exministro de Agricultura de Cambiemos Luis Miguel Etchevehere, a su hermanos, su madre y otros empresarios por presunta administración fraudulenta a raíz del vaciamiento del periódico «El Diario» de Paraná.

La magistrada consideró que el patrimonio de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la firma responsable de ese medio de comunicación, sufrió un «detrimento considerable, quedó liquidado, al borde del vaciamiento y con un pasivo que iba in crescendo».

«Persiguieron un ilegítimo propósito de obtener un lucro indebido y de dañar a la persona jurídica», completó la magistrada al fundamentar su resolución.

La causa investiga una presunta estafa y el vaciamiento de SAER, después del pedido de dos préstamos a entidades bancarias a tasa subsidiada que los socios habrían usado en provecho propio, y un «vaciamiento» patrimonial de «El Diario» a través de una sociedad fantasma.

La denuncia, de 2011, fue realizada por Dolores Etchevehere, quien acusó a su madre, Leonor Marcial de Etchevehere, y a sus hermanos de haber solicitado préstamos al Banco Itaú por U$S 250.000, que fueron otorgados en julio y agosto de ese año para destinarse a actividades productivas con una tasa en dólares del 8% anual, pero que terminaron destinados a fines personales.

En la presentación, Dolores Etchevehere incluyó a sus hermanos Luis Miguel y Arturo Sebastián, además del exdelegado del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) Juan Diego.

También fueron acusados el exaccionaista de SAER Walter Grenón, su hermana Viviana Grenón y el empresario Germán Buffa.

La devolución de ese dinero fue pactada en pesos y con una tasa «más beneficiosa», lo que provocó que «El Diario» tomara otro crédito en el Banco Nación para pagar la diferencia.

La investigación, con más de 330 pruebas, detectó administración fraudulenta entre 2011 y 2015, con un «vaciamiento patrimonial por la venta simulada de numerosos inmuebles» de SAER «en perjuicio tanto de Dolores como de terceros».

La operación de vaciamiento significaba la «asunción de un mayor endeudamiento y la venta a precios muy inferiores a los del mercado de ocho de sus bienes», entre los cuales se incluyó la redacción de «El Diario», se indicó en los argumentos de la resolución.

Para el primero de los hechos, el préstamo en dólares, la jueza argumentó que se trata del «mismo caso» iniciado en el Juzgado Federal 1 de Paraná y por el que Etchevehere y sus hermanos fueron condenados en diciembre de 2020.

En esa causa, el juez federal Pablo Seró condenó a Etchevehere y sus heranos por los delitos de falsa declaración cambiaria e incumplimiento de la finalidad específica de los préstamos en moneda extranjera, y les impuso el pago de una multa de U$S 500.000.

En mayo del 2021, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná rechazó un recurso interpuesto por la familia Etchevehere; confirmó la pena y ordenó el pago de una multa de 500.000 dólares para la empresa «Las Margaritas».

Por eso, Bacaluzzo aseguró que «no es posible continuar» con esa investigación» y decretó el sobreseimiento por ese hecho debido a que ya habían sido condenados.

Respecto a la acusación por «obligar abusivamente a la empresa a vender» ocho inmuebles entre 2011 y 2015, la magistrada indicó que Etchevehere y sus hermanos «urdieron diversas maniobras defraudatorias y extorsivas» contra Dolores y la empresa.

El objetivo era «despojarla de sus derechos hereditarios mediante la utilización de actos intimidatorios, abuso de poder, tráfico de influencias y violencia psicológica y económica», completó.

Asimismo, la jueza precisó que «El Diario» sufrió un «detrimento considerable, quedó liquidado, al borde del vaciamiento y con un pasivo que iba in crescendo», y los acusados persiguieron «un ilegítimo propósito de obtener un lucro indebido y de dañar a la persona jurídica».

CABA

La Justicia suspendió el desalojo de la sinagoga de Flores pero el conflicto sigue abierto

El Juzgado Civil N° 99 ordenó frenar el operativo policial horas después de su inicio. La disputa entre dos sectores de la Comunidad Israelita Ortodoxa por el templo de Helguera al 270 no tiene resolución a la vista.

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Operativo suspendido, templo en disputa: el choque judicial que divide a la comunidad judía en Flores.

La Justicia dio marcha atrás. El operativo de desalojo que se desarrollaba este lunes por la mañana en una sinagoga del barrio porteño de Flores quedó suspendido por orden del propio tribunal que lo había dispuesto. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 99, a cargo del doctor Camilo Jorge Almeida Pons, emitió la medida de frenado horas después de que la Policía de la Ciudad comenzara a ejecutar la resolución en el inmueble de la calle Helguera al 270 (expediente N° 65521/2026). El conflicto de fondo, una disputa civil entre dos sectores de la misma comunidad judía, permanece sin solución.

El operativo y la resistencia de los fieles

El procedimiento se había iniciado en las primeras horas del lunes como consecuencia de un fallo civil que habilitó a uno de los grupos litigantes, la Comunidad Israelita Ortodoxa Asociación Civil, a recuperar la posesión del inmueble. El otro sector, que ocupa el templo, se negó a retirarse. Cuando el Oficial de Justicia llegó al lugar se encontró con un grupo de fieles en pleno rezo que rechazó abandonar el edificio.

Ante esa situación, el Oficial de Justicia negoció en el lugar y acordó conceder un tiempo prudencial para que los rezos concluyeran antes de avanzar con el desalojo. Sin embargo, horas después el juzgado resolvió directamente suspender el procedimiento policial, sin que trascendieran los fundamentos de esa decisión ni si medió alguna presentación judicial de última hora por parte de los ocupantes.

Una fractura interna que escala a los tribunales

El origen del enfrentamiento es una disputa entre dos facciones de la comunidad por el control y la titularidad del templo. Uno de los sectores inició acciones judiciales y obtuvo un fallo favorable; el otro se resiste a acatarlo. Esa brecha interna, que en principio es una cuestión civil entre privados, derivó en un operativo policial con la calle Helguera cortada al tránsito y cuatro patrulleros desplegados en el lugar, una imagen inusual para un barrio con arraigo histórico en la comunidad judía porteña.

La suspensión judicial del operativo no implica la resolución del litigio. El conflicto por la posesión del inmueble sigue abierto en los tribunales, y el juzgado deberá definir los próximos pasos procesales. Mientras tanto, la situación dentro del templo permanece sin modificaciones.

Puntos clave

  • El Juzgado Civil N° 99 (expediente 65521/2026) suspendió el operativo de desalojo horas después de su inicio.
  • El inmueble en disputa está ubicado en Helguera al 270, en el barrio de Flores.
  • La Comunidad Israelita Ortodoxa Asociación Civil obtuvo el fallo favorable pero el otro sector se niega a desalojar.
  • El Oficial de Justicia había acordado un plazo para que concluyan los rezos antes de que la Justicia frenara todo el procedimiento.
  • El conflicto de fondo, una disputa civil por la titularidad del templo, no tiene resolución a la vista.
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