Denuncia
Vaciamiento de «El Diario» de Paraná: procesaron al macrista Etchevehere
La investigación, con más de 330 pruebas, detectó administración fraudulenta entre 2011 y 2015, con un «vaciamiento patrimonial por la venta simulada de numerosos inmuebles».
La jueza de Garantías de Entre Ríos Carola Bacaluzzo procesó hoy al exministro de Agricultura de Cambiemos Luis Miguel Etchevehere, a su hermanos, su madre y otros empresarios por presunta administración fraudulenta a raíz del vaciamiento del periódico «El Diario» de Paraná.
La magistrada consideró que el patrimonio de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la firma responsable de ese medio de comunicación, sufrió un «detrimento considerable, quedó liquidado, al borde del vaciamiento y con un pasivo que iba in crescendo».
«Persiguieron un ilegítimo propósito de obtener un lucro indebido y de dañar a la persona jurídica», completó la magistrada al fundamentar su resolución.
La causa investiga una presunta estafa y el vaciamiento de SAER, después del pedido de dos préstamos a entidades bancarias a tasa subsidiada que los socios habrían usado en provecho propio, y un «vaciamiento» patrimonial de «El Diario» a través de una sociedad fantasma.
La denuncia, de 2011, fue realizada por Dolores Etchevehere, quien acusó a su madre, Leonor Marcial de Etchevehere, y a sus hermanos de haber solicitado préstamos al Banco Itaú por U$S 250.000, que fueron otorgados en julio y agosto de ese año para destinarse a actividades productivas con una tasa en dólares del 8% anual, pero que terminaron destinados a fines personales.
En la presentación, Dolores Etchevehere incluyó a sus hermanos Luis Miguel y Arturo Sebastián, además del exdelegado del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) Juan Diego.
También fueron acusados el exaccionaista de SAER Walter Grenón, su hermana Viviana Grenón y el empresario Germán Buffa.
La devolución de ese dinero fue pactada en pesos y con una tasa «más beneficiosa», lo que provocó que «El Diario» tomara otro crédito en el Banco Nación para pagar la diferencia.
La investigación, con más de 330 pruebas, detectó administración fraudulenta entre 2011 y 2015, con un «vaciamiento patrimonial por la venta simulada de numerosos inmuebles» de SAER «en perjuicio tanto de Dolores como de terceros».
La operación de vaciamiento significaba la «asunción de un mayor endeudamiento y la venta a precios muy inferiores a los del mercado de ocho de sus bienes», entre los cuales se incluyó la redacción de «El Diario», se indicó en los argumentos de la resolución.
Para el primero de los hechos, el préstamo en dólares, la jueza argumentó que se trata del «mismo caso» iniciado en el Juzgado Federal 1 de Paraná y por el que Etchevehere y sus hermanos fueron condenados en diciembre de 2020.
En esa causa, el juez federal Pablo Seró condenó a Etchevehere y sus heranos por los delitos de falsa declaración cambiaria e incumplimiento de la finalidad específica de los préstamos en moneda extranjera, y les impuso el pago de una multa de U$S 500.000.
En mayo del 2021, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná rechazó un recurso interpuesto por la familia Etchevehere; confirmó la pena y ordenó el pago de una multa de 500.000 dólares para la empresa «Las Margaritas».
Por eso, Bacaluzzo aseguró que «no es posible continuar» con esa investigación» y decretó el sobreseimiento por ese hecho debido a que ya habían sido condenados.
Respecto a la acusación por «obligar abusivamente a la empresa a vender» ocho inmuebles entre 2011 y 2015, la magistrada indicó que Etchevehere y sus hermanos «urdieron diversas maniobras defraudatorias y extorsivas» contra Dolores y la empresa.
El objetivo era «despojarla de sus derechos hereditarios mediante la utilización de actos intimidatorios, abuso de poder, tráfico de influencias y violencia psicológica y económica», completó.
Asimismo, la jueza precisó que «El Diario» sufrió un «detrimento considerable, quedó liquidado, al borde del vaciamiento y con un pasivo que iba in crescendo», y los acusados persiguieron «un ilegítimo propósito de obtener un lucro indebido y de dañar a la persona jurídica».
Denuncia
Hackean el celular de Tomás Méndez en vivo: desde Crónica TV acusan a la SIDE y a la Federal
El conductor de «Duro de Callar» de Crónica TV denunció en pantalla que su teléfono fue intervenido y bloqueado remotamente mientras el programa estaba al aire. Apuntó directamente a organismos de inteligencia del Estado y advirtió: «Están censurando a Crónica».
¿Milei espía periodistas? Hackearon el celular de Tomás Méndez en vivo en Crónica TV
★ El periodista Tomás Méndez, conductor del ciclo Duro de Callar por Crónica TV, realizó una grave denuncia pública durante una emisión reciente del programa: su teléfono celular fue hackeado e inutilizado en tiempo real mientras transmitía en vivo, en lo que calificó como un ataque deliberado de inteligencia estatal para silenciar el programa.
«Es la primera vez que me pasa. No puedo usar más el teléfono», afirmó Méndez frente a las cámaras, mostrando el dispositivo bloqueado a la audiencia. Según describió, la intrusión comenzó el fin de semana previo a la emisión, cuando agentes no identificados habrían extraído información de su equipo. El punto crítico ocurrió durante la transmisión en vivo, cuando el sistema operativo y aplicaciones como WhatsApp se cerraron o bloquearon de forma remota, dejando el celular totalmente inutilizable.
Señalamientos directos a la SIDE y la Policía Federal
Méndez no dudó en identificar a los responsables. «Creo que hay gente capacitada en el Estado que está manipulando los teléfonos celulares», sostuvo, y señaló específicamente a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y a la Policía Federal Argentina como posibles autores de la maniobra. Para el conductor, se trata de un desvío inadmisible de funciones institucionales: «No hay narcotraficantes que tengan que ir a seguir que nos están censurando a nosotros, un programa de tele».
La denuncia tomó una dimensión más amplia cuando Méndez extendió los alcances del ataque más allá de su persona: «Están censurando el programa, están censurando a Crónica y nos están censurando a nosotros». El periodista cuestionó además qué horizonte pretende el oficialismo para la prensa argentina: «¿Qué pretenden que se transforme la televisión en repetidores de lo que el Estado quiere que se diga?».
Una SIDE que puso la mira en la prensa crítica
La denuncia de Méndez no emerge en el vacío. En mayo de 2025, La Nación reveló el contenido del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), un documento secreto de 170 páginas elaborado por la cúpula de la SIDE bajo la conducción de Sergio Neiffert, que abre la puerta al espionaje sobre periodistas, economistas, académicos y cualquier ciudadano que cuestione las políticas del gobierno de Javier Milei. Según ese documento, la SIDE tiene facultades para recabar información sobre quienes «erosionen la confianza» en los funcionarios o generen «pérdida de confianza» en las políticas económicas oficiales.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que ese plan incorpora hipótesis de conflicto que incluyen a quienes «cuestionen la política económica en la opinión pública», e incluso a quienes «organicen protestas», quienes podrían ser catalogados como una amenaza a la gobernabilidad. La reforma del sistema de inteligencia impulsada por el gobierno mediante el DNU 614, señaló el CELS, «debilita cualquier tipo de control sobre las actividades de inteligencia» y habilita «el uso de fondos reservados para financiar grupos de propaganda oficial en redes».
El antecedente no es menor: en mayo de 2025, el periodista Hugo Alconada Mon denunció haber sufrido diez intentos de hackeo a su cuenta de WhatsApp en pocas horas, justo después de revelar en La Nación los contenidos del Plan de Inteligencia. El patrón que describe Méndez guarda una llamativa similitud con aquel episodio.
Un patrón de acoso que escala
La denuncia de Méndez se inscribe en una escalada sostenida de hostigamiento oficial contra la prensa crítica. A principios de abril de 2026, el gobierno bloqueó las acreditaciones de periodistas de al menos cinco medios, entre ellos El Destape, A24, Ámbito Financiero, Tiempo Argentino y La Patriada, impidiéndoles el ingreso a la Casa Rosada mediante la inhabilitación de sus registros biométricos. La medida fue calificada como «preventiva» por voceros oficiales, que la justificaron en una supuesta vinculación de esos medios con una red de desinformación financiada por el espionaje ruso.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y legisladores de la oposición repudiaron la medida. El periodista Santiago O’Donnell definió la quita de acreditaciones como «un acto cínico y peligroso de censura que el periodismo debería repudiar y combatir sin grieta».
Democracia y vigilancia tecnológica
Con visible indignación pero sin amedrentarse, Méndez trazó una distinción que considera fundamental: aunque el presidente Milei ha atacado verbalmente al programa en reiteradas oportunidades, eso forma parte del «debate democrático». El hackeo, en cambio, constituye para el conductor una «enfermedad» y una forma de violencia que supera cualquier crítica política legítima.
«Tanto miedo le tienen a la información, a los datos, a los periodistas», sentenció Méndez, quien defendió la pluralidad de voces de su espacio y cerró su descargo con una declaración de principios: «Vamos a seguir. ¿Qué se creen, que no vamos a seguir?».
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advirtió que el decreto de reforma de inteligencia impulsado por el gobierno «habilita prácticas que remiten a los períodos más oscuros de la historia argentina», entre ellas el «espionaje político» y la «ausencia de controles efectivos sobre los organismos de inteligencia». Organismos que, según la denuncia de Méndez, ya habrían actuado contra su programa en horario de máxima audiencia.
Puntos clave
- Tomás Méndez denunció en vivo por Crónica TV que su celular fue hackeado e inutilizado durante la emisión de Duro de Callar.
- El conductor señaló a la SIDE y la Policía Federal como posibles responsables del ataque digital.
- El hackeo comenzó el fin de semana previo y escaló durante la transmisión, con el cierre remoto de WhatsApp y el bloqueo del sistema operativo.
- El episodio se enmarca en el Plan de Inteligencia Nacional de la SIDE que, según documentos filtrados en 2025, habilita el espionaje sobre periodistas críticos del gobierno.
- En abril de 2026, el gobierno ya había bloqueado las acreditaciones de periodistas de cinco medios para el ingreso a la Casa Rosada.
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