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Denuncia

Vaciamiento de «El Diario» de Paraná: procesaron al macrista Etchevehere

La investigación, con más de 330 pruebas, detectó administración fraudulenta entre 2011 y 2015, con un «vaciamiento patrimonial por la venta simulada de numerosos inmuebles».

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La jueza de Garantías de Entre Ríos Carola Bacaluzzo procesó hoy al exministro de Agricultura de Cambiemos Luis Miguel Etchevehere, a su hermanos, su madre y otros empresarios por presunta administración fraudulenta a raíz del vaciamiento del periódico «El Diario» de Paraná.

La magistrada consideró que el patrimonio de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la firma responsable de ese medio de comunicación, sufrió un «detrimento considerable, quedó liquidado, al borde del vaciamiento y con un pasivo que iba in crescendo».

«Persiguieron un ilegítimo propósito de obtener un lucro indebido y de dañar a la persona jurídica», completó la magistrada al fundamentar su resolución.

La causa investiga una presunta estafa y el vaciamiento de SAER, después del pedido de dos préstamos a entidades bancarias a tasa subsidiada que los socios habrían usado en provecho propio, y un «vaciamiento» patrimonial de «El Diario» a través de una sociedad fantasma.

La denuncia, de 2011, fue realizada por Dolores Etchevehere, quien acusó a su madre, Leonor Marcial de Etchevehere, y a sus hermanos de haber solicitado préstamos al Banco Itaú por U$S 250.000, que fueron otorgados en julio y agosto de ese año para destinarse a actividades productivas con una tasa en dólares del 8% anual, pero que terminaron destinados a fines personales.

En la presentación, Dolores Etchevehere incluyó a sus hermanos Luis Miguel y Arturo Sebastián, además del exdelegado del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) Juan Diego.

También fueron acusados el exaccionaista de SAER Walter Grenón, su hermana Viviana Grenón y el empresario Germán Buffa.

La devolución de ese dinero fue pactada en pesos y con una tasa «más beneficiosa», lo que provocó que «El Diario» tomara otro crédito en el Banco Nación para pagar la diferencia.

La investigación, con más de 330 pruebas, detectó administración fraudulenta entre 2011 y 2015, con un «vaciamiento patrimonial por la venta simulada de numerosos inmuebles» de SAER «en perjuicio tanto de Dolores como de terceros».

La operación de vaciamiento significaba la «asunción de un mayor endeudamiento y la venta a precios muy inferiores a los del mercado de ocho de sus bienes», entre los cuales se incluyó la redacción de «El Diario», se indicó en los argumentos de la resolución.

Para el primero de los hechos, el préstamo en dólares, la jueza argumentó que se trata del «mismo caso» iniciado en el Juzgado Federal 1 de Paraná y por el que Etchevehere y sus hermanos fueron condenados en diciembre de 2020.

En esa causa, el juez federal Pablo Seró condenó a Etchevehere y sus heranos por los delitos de falsa declaración cambiaria e incumplimiento de la finalidad específica de los préstamos en moneda extranjera, y les impuso el pago de una multa de U$S 500.000.

En mayo del 2021, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná rechazó un recurso interpuesto por la familia Etchevehere; confirmó la pena y ordenó el pago de una multa de 500.000 dólares para la empresa «Las Margaritas».

Por eso, Bacaluzzo aseguró que «no es posible continuar» con esa investigación» y decretó el sobreseimiento por ese hecho debido a que ya habían sido condenados.

Respecto a la acusación por «obligar abusivamente a la empresa a vender» ocho inmuebles entre 2011 y 2015, la magistrada indicó que Etchevehere y sus hermanos «urdieron diversas maniobras defraudatorias y extorsivas» contra Dolores y la empresa.

El objetivo era «despojarla de sus derechos hereditarios mediante la utilización de actos intimidatorios, abuso de poder, tráfico de influencias y violencia psicológica y económica», completó.

Asimismo, la jueza precisó que «El Diario» sufrió un «detrimento considerable, quedó liquidado, al borde del vaciamiento y con un pasivo que iba in crescendo», y los acusados persiguieron «un ilegítimo propósito de obtener un lucro indebido y de dañar a la persona jurídica».

Denuncia

Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad

El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni da la cara en el Congreso.
De “enriquecimiento ilícito” a “tema de impuestos”: el giro en la causa Adorni que indignó a la oposición.

La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.

El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.

Lo que dijo el fiscal

Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.

Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.

La oposición: “ES JODA”

El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.

En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.

El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.

El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.

Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero

La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.

Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.

Qué viene

Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.

Lo que tenés que saber:

  • El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
  • No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
  • El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
  • Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
  • Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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