La Justicia dispuso este jueves el desalojo de la estancia «Casa Nueva», en la localidad entrerriana de Santa Elena, por lo que los militantes del Proyecto Artigas abandonaron el predio en disputa, y Dolores Etchevehere, que había cedido ese terreno a la organización agroecológica, fue detenida por la policía provincial.

La jueza María Carolina Castagno ordenó el «reintegro en forma inmediata» del predio a los hermanos varones de la familia Etchevehere, en el conflicto que mantienen con Dolores, y ordenó a la policía provincial el desalojo de sus ocupantes. Pasadas las 19, los integrantes de la organización abandonaron el predio en vehículos particulares, escoltados por móviles de la policía provincial, para tomar luego la ruta 14.

Tras el desalojo, el Proyecto Artigas publicó en redes sociales imágenes de la detención de Dolores Etchevehere, quien fue escoltada por los efectivos hasta la salida del predio y trasladada a la Jefatura Departamental de Policía de La Paz, donde permanecía aprehendida.

«Los integrantes del Proyecto Artigas se retiraron del predio. Dolores, lamentablemente, fue detenida por la policía de Entre Ríos al servicio de los Etchevehere corruptos», publicó en su cuenta de Twitter el dirigente social Juan Grabois, quien patrocina como abogado a la mujer en el litigio.

«algún día se va a dar vuelta la taba y festejarán los desheredados y excluidos. A veces las semillas se plantan con dolores. Orgullo inmenso por nuestra militancia. Nada más que decir», aseguró grabois, abogado de dolores.

El dirigente planteó que «hoy festejan los dueños de Argentina» pero «algún día se va a dar vuelta la taba y festejarán los desheredados y excluidos. A veces las semillas se plantan con dolores. Orgullo inmenso por nuestra militancia. Nada más que decir», cerró.

Por su parte, los hermanos Luis, Juan y Sebastián Etchevehere, que disputan el terreno con su hermana Dolores, esperaron el desalojo junto a su madre, Leonor Barbero Marcial, en el acceso a la estancia, acompañados por ruralistas locales.

«Vamos a tomar posesión de la casa y se va a hacer un relevamiento», señaló Juan Diego Etchevehere, antes de ingresar al campo. En tanto, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, resaltó en redes sociales el «valor» del «precepto constitucional de la propiedad privada» y expresó: «Nunca estuvo en duda eso. Aunque desde el comienzo del conflicto en Casa Nueva se ha querido instalar otra cosa».

«Si bien es un conflicto familiar, se lo ha presentado como algo político para generar una oposición (…) La oposición tiene que discutir en el terreno de las ideas y no apelar a golpes bajos», dijo y añadió: «Adoptamos la misma posición que el Gobierno nacional: que el conflicto debe resolverse en la Justicia y respetar los fallos. Nunca tomamos partido por ninguna de las partes que estaban en litigio, no nos corresponde».

En la resolución judicial, la magistrada resolvió «restituir el campo» y «disponer el reintegro en forma inmediata del predio, con cuidado de las personas y bienes, solo acudiendo a las fuerzas en caso de que se torne indispensable».

La jueza indicó que de la prueba aportada surge que el «dueño del campo es Las Margaritas S.A y su titular es Leonor de Etchevehere», por lo que dispuso hacer lugar a los recursos de apelación que habían sido interpuestos por la fiscalía y la querella, que habían cuestionado la resolución del juez de La Paz Raúl Flores de rechazar el desalojo.

Tras la resolución Dolores Etchevehere había advertido que se trataba de una muestra de que «la Justicia de Entre Ríos falló a favor de los poderosos, a favor de los corruptos» y un «ejemplo» de lo que ella vivió en los últimos «11 años de calvario», en un audio difundido por Grabois.

Por su parte, Grabois había anunciado que los militantes del Proyecto Artigas se retirarían a las 19 para acatar el fallo, aunque advirtió que continuarán «la batalla en la justicia» y, de hecho, confirmó que ya apelaron ese dictamen.

Tras 14 días de conflicto, la jueza falló «disponer el reintegro inmediato» del campo a Las Margaritas S.A., en la persona de Leonor Marcial de Etchevehere, que junto a sus tres hijos varones había pedido el desalojo del predio familiar bajo el argumento que había sido usurpado ilegalmente por 40 personas el pasado 15 de octubre.

La magistrada aclaró que el fallo no abarca la cuestión de fondo -el pleito entre los hermanos sobre la herencia familiar- sino que se aboca a definir la pertinencia de la medida cautelar solicitada.Además, consignó que el fallo que dispone el desalojo «no quiere decir que Dolores Etchevehere no tenga derecho a reclamar sus derechos sucesorios», sino que eso debe resolverse en otra instancia judicial.