Judiciales ⚖️
Absuelven a ex cura acusado de abusar durante 9 años de una alumna porque la causa prescribió
El ex sacerdote Carlos Eduardo José, de 62 años, fue absuelto con un fallo dividido en el juicio que se le seguía por abuso sexual infantil agravado y se dispuso su inmediata libertad.
El ex sacerdote Carlos Eduardo José, de 62 años, fue absuelto con un fallo dividido en el juicio que se le seguía por abuso sexual infantil agravado, contra una alumna del colegio parroquial que dirigía en la localidad bonaerense de Caseros. Y con el argumento de que los delitos están prescriptos se dispuso su inmediata libertad, a pesar de que la fiscalía había solicitado 20 años de cárcel.
El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de San Martín, integrado por los jueces Raúl Luchelli Ramos, Carolina Martínez y Mónica María Carreira, fue recibido con muestras de enojo y dolor por parte de las denunciantes, sus familiares y amigos, que se cruzaron en la calle con quienes acudieron a apoyar al exsacerdote.
“Los jueces, los abogados, los que vinieron a defenderlo son cómplices. Cubren a un pedófilo, él ahora sale y vuelve a abusar. De mí abusó 15 años y no me va a volver a abusar, va a abusar a otra nena”, dijo la denunciante, Mailin Gobbo, visiblemente conmocionada y entre lágrimas al salir del tribunal.
Señalando a las otras denunciantes y víctimas de otros casos de abuso en el mismo colegio San José Obrero de Caseros, la joven aseguró: “No soy yo nomás, son ellas, las que me escribieron, las que se dieron cuenta con mi caso de que cuando te apoyan el pene erecto, te tocan o te besan sin que vos quieras, es abuso”.
En la parte resolutoria del fallo, los magistrados desdoblaron en dos los hechos sucedidos entre 1999 y 2008, según hubieran ocurrido en la escuela o en la casa familiar de la denunciante, votando unánimemente por la absolución en el primer caso y mayoritariamente por ésta en el segundo caso, con el voto en disidencia de Martínez.
Por su parte, el abogado de Gobbo, Héctor Silveira, calificó el veredicto como “impresentable”, “bochornoso” y “una vergüenza”. En ese sentido, el letrado explicó que la absolución sobrevino porque el tribunal consideró un hecho “prescripto” y en el otro aplicó “el beneficio de la duda” ante una votación dividida.

“Todavía nadie se pone los pantalones largos en la justicia de la provincia de Buenos Aires; gobierne quien gobierne tenemos el mismo procurador que es del Opus Dei y donde está la iglesia, hay prescripción”, afirmó Silveira en declaraciones a la prensa.
El abogado contó que los jueces “partieron los hechos en dos, que es algo que podían hacer”, pero aseguró que “el Juzgado de Garantías y la Cámara ya habían confirmado que no había prescripción».
«Ahora iremos a Casación y si no hay respuesta iremos a la Suprema Corte de Justicia, a la Corte Interamericana (de Derechos Humanos) y donde tenga que ser porque se tiene que cortar de una vez por todas” la impunidad, agregó.
Silveira se refirió a la ley de imprescriptibilidad vigente, pero se preguntó qué se va a hacer con «todos los que fueron abusados antes de 2011» y sentenció: «Alguien se tiene que hacer cargo».
“En la provincia de Buenos Aires somos parias, porque a 25 cuadras, en la Ciudad, mi colega Alejandro Stipancic logró un fallo que por lo menos te protege y te da una chance. ¿Por qué no lo tenemos en provincia? Son los jueces que tenemos, acá es tierra de nadie”, se quejó.
A su lado, Stipancic, quien lo acompaña en la querella, dijo que “hoy es un día de luto para la justicia argentina” por este fallo que “denigra a la mujer” y que se produce justamente “un día después del Día Internacional de la Mujer”.
“No fue un capricho de esta parte ir a juicio sino que hay convenciones internacionales suscriptas por Argentina, como la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de Belén Do Pará (Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer) que garantiza el derecho de acceso a la justicia para las mujeres y las niñas; y una prescripción es lo contrario, una carta libre a todos los pedófilos”, señaló.
Si el del tribunal de San Martín fuera el criterio que siguiera siempre de la justicia, “todos los que cometieron hechos antes de la sanción de la ley Piazza (la 26.705 de 2011) y la ley 27.206 (de 2015), podrían quedar libres de culpa y cargo por un tecnicismo legal” porque la prescripción “no significa que son inocentes”.
“Para que le quede claro a la gente, Carlos Eduardo José es un pedófilo independientemente de lo que diga la justicia, no porque lo diga esta parte, sino porque todos los que estuvimos en el juicio podemos dar fe de que fue así”, añadió.
El juicio
José había llegado a juicio acusado de «abuso sexual gravemente ultrajante y agravado», por la condición de sacerdote y ser tutor del colegio. En tanto, Gobbo había accionado judicialmente y venía dando testimonios en los medios desde hace cuatro años.
Tanto la querella como el fiscal Ricardo Romero habían solicitado la pena máxima prevista para este tipo de delitos, que va de 8 a 20 años. Mientras tanto, la defensa había solicitado la prescripción del delito y la consecuente absolución.
El juicio comenzó el 4 de febrero pasado y durante las audiencias declararon 36 testigos: 21 por la defensa y 16 por la acusación, incluyendo a las dos peritos psicólogas oficiales además del testimonio de la denunciante. Por su parte, José declaró dos veces para declamar su inocencia.
La querella difundió un video que fue desestimado por el tribunal por un tema procesal, donde se ve a José bailando con muchos niñas y niños alrededor, pero a la única que agarra sin soltarla, abraza y habla al oído es a Mailin, que por entonces tenía unos 6 años.
Para la querella, en este video, que forma parte del trabajo documental de María Silvia Esteve, “se evidencia el modus operandi del acusado” porque “en las imágenes puede verse de manera clara la metodología manipuladora del abusador”.
José estaba detenido desde julio de 2017 por haber permanecido prófugo una semana -tiempo durante el cual se comprobó estuvo escondido en un seminario-, por lo que la justicia le denegó sucesivos pedidos de excarcelación o prisión domiciliaria.
Según la acusación, el ex sacerdote la sacaba del aula casi diariamente para confesarla sentada en su falda, momento que aprovechaba para manosearla. Estos abusos se habrían repetido también dentro de una pileta, con la excusa de enseñarle a nadar, y cada vez que el religioso iba casa de los Gobbo, donde concurría como amigo de la familia.
Estos hechos son coincidentes con los denunciados por otras tres jóvenes que no estaban en el mismo grado, quienes fueron testigos en el juicio iniciado por Gobbo, y que esperan la resolución de la Suprema Corte bonaerense, que tiene que fallar sobre 12 hechos que la Cámara y Casación de la provincia declararon prescriptos.
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ARCA sumo nueva denuncia contra la AFA, mientras el titular del organismo es investigado por lavado y evasión
La agencia fiscal presentó una segunda causa penal que recae sobre Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la institución. El fiscal Claudio Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal. En simultáneo, el propio titular de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades millonarias no declaradas en Miami.
La ARCA sumó una nueva denuncia contra la AFA mientras el titular del organismo también es investigado por evasión
★ La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): el presidente Claudio «Chiqui» Tapia y el tesorero Pablo Toviggino volvieron a quedar en el centro de una causa por delitos tributarios. Esta vez, el organismo recaudador denunció el uso de facturas apócrifas por un monto superior a los $916 millones correspondientes a servicios que, según el fisco, nunca se prestaron.
La nueva causa y el fiscal que la lleva
El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial resolvió abrir una investigación a partir de la ampliación de denuncia que ARCA presentó ante la Justicia. Según fuentes judiciales, el fiscal ya solicitó al juez Diego Amarante las primeras medidas de prueba. La pesquisa apunta a los delitos de evasión agravada mediante la utilización de facturas ideológica o materialmente falsas, y asociación ilícita fiscal.
En el dictamen que fundamentó la apertura de la causa, Navas Rial señaló que «las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino, en atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero cuyo respaldo documental es inconsistente, presumiéndose, de los elementos aportados en el marco de las tareas de fiscalización propias del organismo de control, su apocrificidad». El fiscal también resaltó que se trataría de conductas «considerables en su volumen, y reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo».
Las cifras bajo la lupa fiscal
Según la denuncia de ARCA, la AFA habría registrado entre enero de 2023 y marzo de 2025 facturación por $916.527.614,05 sin abonar el impuesto a las Ganancias en concepto de salidas no documentadas. La evasión estimada asciende a $320.784.664,61, que con intereses escala a los $341 millones, a lo que se suma una multa de $125.792.579,86. El organismo también advirtió que la AFA emitió facturas a empresas con diversas irregularidades que hacen sospechar que se trata de gastos simulados.
Una segunda causa que se monta sobre la primera
Esta nueva presentación no surge del vacío. Se suma a una causa anterior impulsada también por ARCA, en la que el juez Diego Amarante citó a indagatoria en marzo pasado a Tapia y Toviggino por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según fuentes judiciales, en ese expediente los mismos dirigentes ya están procesados por haber apropiado de manera ilícita unos $19.300 millones.
Además de Tapia y Toviggino, el fiscal Navas Rial extendió la investigación al gerente general Gustavo Lorenzo y a los secretarios generales, actual y ex, Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente. Todos ellos estaban a cargo de la administración de la institución durante el período en que se habrían producido los hechos investigados.
La paradoja: el jefe del fisco también bajo investigación
El escenario adquiere un carácter paradójico que no puede soslayarse. En simultáneo con la ofensiva judicial que ARCA ejerce sobre la AFA, su propio director ejecutivo, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó que Vázquez habría adquirido tres propiedades en Miami por un total de 2,1 millones de dólares a través de sociedades offshore panameñas, sin declarar esos bienes ante el fisco ni ante la Oficina Anticorrupción. Las propiedades identificadas son una unidad en el Icon Brickell (USD 710.000), un departamento en la avenida Brickell 1060 (USD 400.000) y una suite en el Chateau Beach Residences de Sunny Isles (USD 980.000). La inconsistencia resulta llamativa: al momento de realizar esas compras, Vázquez declaraba ante la entonces AFIP activos líquidos de apenas 44.000 dólares.
El fiscal titular de la PIA, Sergio Rodríguez, solicitó su indagatoria ante el juez Martínez de Giorgi, quien habilitó una batería de medidas de prueba. También intervienen en la causa el fiscal federal Guillermo Marijuán y la PROCELAC, a cargo del fiscal Diego Velasco. El Gobierno, en la voz del asesor presidencial Santiago Caputo, intentó cerrar el debate argumentando sobreseimientos previos, pero los nuevos hallazgos de la PIA reabrieron la línea de investigación. El propio presidente Javier Milei defendió a Vázquez señalando que «es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina», justificando así su permanencia en el cargo pese a las causas abiertas.
Doble estándar en la cima del fisco
La combinación de estos elementos configura un cuadro institucional de difícil sostenimiento: el organismo que persigue la evasión de la AFA está conducido por un funcionario al que la Justicia investiga por los mismos tipos de delitos que le imputa a los dirigentes del fútbol. En ese contexto, la credibilidad y la consistencia de la acción fiscal quedan expuestas a una contradicción que el Gobierno no parece dispuesto a resolver.
Puntos clave:
– ARCA presentó una nueva denuncia contra la AFA por facturas apócrifas por más de $916 millones correspondientes a servicios que no habrían existido.
– El fiscal Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal contra Tapia, Toviggino, Lorenzo, Malaspina y Blanco.
– La causa anterior, por retención indebida de $19.300 millones, ya tiene a Tapia y Toviggino con citación a indagatoria.
– El director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades no declaradas en Miami valuadas en USD 2,1 millones.
– El Gobierno mantiene a Vázquez al frente de ARCA pese a las investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión.
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